Especial para CLARIDAD
Recientemente leí una frase en inglés que planteaba lo siguiente: “Our times call for management complexity, not solving problems”. La expresión se establecía en el contexto de los retos que impone la convergencia de factores agravantes como el disloque comportamiento del clima producto del calentamiento global, de la gravedad y extensión de la contaminación y degradación ambiental, de la complejidad geopolítica que implica el crecimiento demográfico, y en particular, de los movimientos masivos migratorios en varias regiones del Mundo, y todo esto suponiendo nuevos y más profundos conflictos bélicos promovidos por el control de la tierra fértil, del agua potable y de recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. La exigencia de estas circunstancias implica tener en cuenta uno de los paradigmas básicos de la planificación como disciplina que dice que no se puede recomendar una solución simple a un problema complejo, y viceversa, no se debe recomendar una solución compleja a un problema simple. Teniendo como contexto estas aseveraciones, cuestionamos las intervenciones propuestas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (en adelante Cuerpo de Ingenieros) en el proyecto de control de inundaciones del río Piedras. El Cuerpo de Ingenieros ha estado proponiendo desde el año 2019 la continuación de intervenciones en el cauce del río Piedras desde el puente en la avenida Roosevelt hasta el puente en la carretera PR 1, cercano al Jardín Botánico. Las intervenciones también incluyen la canalización o reconstrucción de los canales existentes en las quebradas Doña Ana, Josefina y Buena Vista. El proceso que se ha seguido en los recientes años se ha caracterizado por ser atropellado, carente de divulgación de información técnica actualizada y pertinente, y lo más cuestionable, actuaciones insensibles al entendimiento y expectativa de las comunidades que se perciben aceptadas por las intervenciones propuestas. Es muy notable la preocupación por el proyecto en sectores de la comunidad en el Reparto Metropolitano que se enteran tan reciente como el 1 de junio de 2023 de la posibilidad de que serán realojados con las intervenciones pensadas por esta agencia.
Conceptualmente, las intervenciones que supone este proyecto implican notables hidro-modificaciones en esta red fluvial, con impactos ecológicos, impactos sociales e impactos económicos a corto, mediano y largo plazo. En principio, el proyecto se trata de la continuación del Proyecto de Control de Inundaciones que se autorizó en el año 1978 y que se comenzó a diseñar bajo unas premisas de análisis prevalente a esa época. En el año 2015 el Cuerpo de Ingenieros se confrontó con la realidad de que le parecía incierto el poder acceder a los fondos necesarios para continuar con el proyecto dado el incremento sustancial en los costos de construcción provocados por la inflación económica y otros factores. Esta situación cambió con la asignación del Congreso federal de cerca de $7 billones al Cuerpo de Ingenieros para proyectos de control de inundaciones en Puerto Rico respondiendo a los daños provocados por el huracán María en el 2017 mediante el “Bipartisan Budget Act of 2018”, legislación que autorizó además, el que el gobierno de Puerto Rico no tenga que hacer aportaciones financieras a los proyectos a construirse. Los requerimientos de pareo local están exentos y los proyectos se cubrirán con el 100% de dineros federales. En la fase ya construida de canalización del río Piedras el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se le requirió aportar el 35% de los costos de construcción. Aunque el Cuerpo de Ingenieros ofrece una cifra menor, mi estimado es que ya se han invertido cerca de $1 billón desde que se inició la construcción hace varias décadas, de manera que el DRNA ha aportado cerca de $350 millones hasta el momento. Independientemente de que la nueva intervención propuesta no requiere asignación monetaria del gobierno local, eventualmente el DRNA tendrá que asumir todos los costos de operación, conservación y mantenimiento de la multibillonaria obra de canalización. Cualquiera que sea el por ciento anual en relación con el costo total del proyecto que se requiera para cumplir con esa responsabilidad futura, el DRNA tendrá que disponer de decenas de millones de dólares anuales para cumplir con los requisitos de conservación y mantenimiento. Si este requisito comenzara en el 1% del costo total del proyecto, el gobierno de Puerto Rico tendrá que asignar al DRNA al menos, $25 anuales a perpetuidad solamente para esta obra de control de inundaciones. Si se añade esta misma responsabilidad a todos los proyectos de control de inundación ya construidos en Ponce, Arecibo, Barceloneta, Fajardo y Humacao, entre otros, la responsabilidad financiera que se asume a futuro para operar y mantener todas esas obras supera el orden de cientos de millones anuales, requisito financiero oneroso que se asumiría en un País que está en recesión económica desde hace 17 años y con un gobierno que todavía opera bajo un supuesto de quiebra fiscal que supervisa la Junta de Control Fiscal bajo la ley PROMESA. Soy de opinión profesional que no existe viabilidad financiera en el DRNA, ni el gobierno de Puerto Rico para asumir las responsabilidades contraídas con el Cuerpo de Ingenieros, ni con el gobierno federal de los EE.UU..
Con la aprobación del “Bipartisan Act” el Cuerpo de Ingenieros separó cerca de $2 billones para continuar con el proyecto de canalización del río Piedras. La nueva propuesta que el Cuerpo de Ingenieros hace para continuar con el proyecto se pretende fundamentar con los estudios básicos requeridos como el análisis de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para dar cumplimiento con la Ley de Política Pública Ambiental federal (NEPA), el análisis de Beneficio/Costo y el análisis hidrológico-hidráulico (H-H) que fueron desarrollados en el contexto ambiental, demográfico y socioeconómico de hace más de 40 años. Según datos del Cuerpo de Ingenieros (Río Puerto Nuevo, Puerto Rico- Flood Control Project- Continuing Construction Validation Report; USACE, March 2020, p. 45), en el año 1986 el costo del proyecto se estimaba en poco más de $234 millones. Al año 2018 el costo del proyecto se estimaba en $2,285 millones ($2.285 billones). El proyecto original, comenzado en la década de 1980 contemplaba la construcción de un canal trapezoidal (canal con paredes y fondo en hormigón) en la mayor parte del cauce del río Piedras y con una extensión de intervención en el río hasta aguas arriba de la urbanización Río Piedras Heighs. Confrontado con los impactos ambientales de ese tipo de canal y con el daño anticipado al antiguo Acueducto de Río Piedras en el Jardín Botánico, el ente militar modificó en el año 2020 el alcance del proyecto de canalización limitándolo hasta el Puente de la carretera PR-1 y cambiando, además la intervención pensada del canal trapezoidal en hormigón a uno con revestimiento natural en el fondo en algunos tramos del lecho del río. Con la revisión del año 2020 el Cuerpo de Ingenieros calculó los costos del nuevo concepto de canalización que ahora totalizan $1,797 millones ($1.797 billones) (p. 9 del documento arriba citado)
El Proyecto de Canalización del río Piedras, según propuesto, requiere el remplazo y reconstrucción de una cantidad considerable de puentes sobre vías primarias de transportación. Entre éstos se encuentran el reemplazo del puente sobre el río en la avenida Roosevelt, el reemplazo de los puentes del Expreso Las Américas (en las dos vías de tránsito), el reemplazo de los puentes sobre la Avenida Piñero y de las rampas de acceso a esta vía, así como el puente en la calle Notre Dame que conecta a Jardines Metropolitanos con University Gardens. Además de esas intervenciones, se considera la construcción o reemplazo de otros 14 puentes relacionadas a los cauces de las quebradas Doña Ana, Josefina y Buena Vista. Estas intervenciones en los puentes, en particular las que se refieren al Expreso Las Américas, la Avenida Roosevelt y el Expreso Jesús T. Piñero, anticipa un disloque sustancial en el movimiento vehicular que a diario transita por estas arterias y que, ordinariamente, es lento y dificultoso. Por las implicaciones que suponen la remoción y reconstrucción de todos esos puentes, anticipamos que la intervención supondrá una anomalía vial diaria (tapón) durante varios años. Dado que la construcción de esos puentes requerirá una intervención continua, por varios años, esta anomalía afectará a decenas de miles de usuarios, suponiendo un agravamiento de la congestión que actualmente es prevalente en esa red vial. La documentación suplida por el Cuerpo de Ingenieros no ofrece información sobre el impacto social, económico y ambiental de esta perturbación en la transportación diaria ni del tiempo que estarán afectando el tránsito vial. No sabemos si en efecto han realizado un análisis de tránsito profesional que explique y ofrezca respuesta a estas graves preocupaciones de posible disloque del movimiento vehicular por las carreteras de San Juan.
En el programa Rayos X transmitido por el canal 2 de televisión de la semana pasada (6 de junio de 2023) el Cuerpo de Ingenieros presentó y defendió el proyecto desde su perspectiva institucional. El ingeniero de esa agencia que articuló la presentación estuvo acompañado de un militar, que se identificó como Mayor Soto, el cual estuvo utilizando el uniforme militar de estilo de camuflaje que ordinariamente visten los soldados cuando están activos en operativos bélicos. Aparte de representar la insensibilidad que tiene ese organismo con la comunidad puertorriqueña, el uso de la vestimenta de combate la interpreto como la intención de mostrar e imprimir un mensaje de autoridad impuesta unilateralmente por un poder colonial. Percibí esa presentación de ese Mayor Soto como una pretensión de intimidación hacia aquellos sectores de la población que pueden tener objeciones legítimas a este proyecto, en particular, las que implican el desalojo abrupto de familias cuyas residencias serán expropiadas con limitada o ninguna capacidad de negociación. Es predecible que se intente disuadir a que estos cientos de familias y comerciantes se organicen para repudiar y rechazar la intervención que se propone sin haber mediado un proceso de comunicación y participación comunitaria efectiva. El Mayor Soto dijo en televisión que el Cuerpo de Ingenieros ha realizado “Vistas Públicas” relacionadas al proyecto propuesto, expresión que es totalmente falsa. No se han celebrado Vistas Públicas para dar a conocer la justificación, la necesidad, ni las implicaciones de este proyecto. Movidos por el reclamo de algunas organizaciones comunitarias el Cuerpo de Ingenieros ha realizado reuniones informativas (es decir, reuniones para comunicar su proyección y decisión de implantar el proyecto) a pequeños grupos interesados y preocupados por el alcance e implicaciones de las intervenciones propuestas.
Del examen de los pocos documentos suplidos, he percibido que el Cuerpo de Ingenieros ha manipulado la información provista relacionada a los supuestos beneficios que se pueden asociar a este proyecto. Deliberadamente exageran la cantidad de residencias y negocios que, alegaban, se afectan por las inundaciones y que se beneficiarán con el proyecto, inflan los beneficios monetarios anuales que se derivarán una vez completada la canalización del río y no hacen una distinción entre las estructuras que ya tienen protección con las obras construidas en la primera fase del proyecto, en particular, los negocios e instalaciones en el Parque Industrial Bechara y las instalaciones públicas y de negocios que operan al margen de la carretera número 2, en el tramo conocido como J.F. Kennedy. Desde mi punto de vista, si no se construyera ningún otro segmento de la canalización, lo ya construido ofrece mucha protección a esos sectores económicos de manera que deben ser excluidos del nuevo análisis de B/C. La nueva fase de canalización y. de construcción de puentes tiene que analizarse, independiente de lo previamente realizado sobre premisas de la década del 1970, sobre la base de la realidad demográfica disminuida existente y de la proyectada (que anticipa una reducción tan dramática que tendremos una población en la Isla en el 2040 similar a la que teníamos en el año 1950), de manera que el análisis de B/C debe llevarse a cabo bajo estas nuevas premisas. Tal como está planteado en el documento de marzo de 2020, el análisis de B/C es incorrecto o intencionalmente fraudulento, lo que podría constituir una violación a la reglamentación federal que aplica para el uso de fondos públicos, fondos provistos por los contribuyentes norteamericanos.
Es notable la ausencia del DRNA en la propuesta del Cuerpo de Ingenieros, así como su silencio ensordecedor sobre este proyecto. Este Departamento, como ente auspiciador del proyecto, tiene una responsabilidad legal no discrecional de asegurar la protección y conservación del interés público relacionado a los bienes del dominio público del cauce del río y del agua que por este fluye, del agua subterránea de los acuíferos que se nutren y a la vez suplen aguas al río y las quebradas, de la flora y la fauna que habita y discurre en esa red fluvial, de las aves que utilizan estos cuerpos de agua como hábitat y como fuente de alimentación y de suministro del agua que beben, del funcionamiento del ecosistema al que contribuye el río en el Estuario de la Bahía de San Juan, así como de la vegetación arbórea y gramínea en los bienes del dominio público y patrimoniales relacionados al cauce legal del río y las quebradas. Estas responsabilidades ministeriales del DRNA las debe balancear con su responsabilidad por la seguridad pública asociada al problema de las inundaciones. Pero, en este proyecto de control de inundaciones, como ya ha sido su práctica durante las últimas décadas, el DRNA se limita a comentar superficialmente los documentos que le suple el Cuerpo de Ingenieros de forma reactiva y no crítica, asumiendo las premisas arcaicas que la agencia federal utiliza como criterios de diseño en el proyecto de referencia. Legalmente el DRNA debe mantener una relación de liderato del proyecto sobre el Cuerpo de Ingenieros para asegurar que no se violentan las responsabilidades ministeriales y constitucionales de la adecuada conservación de los recursos naturales del País. El DRNA tiene también asignado por ley la responsabilidad de preparar e implantar el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de manera que está obligado con una visión de planificación al futuro que requiere respuestas científicas y técnicas que aseguren la protección de la vida silvestre, de los ecosistemas, de los recursos de agua y, en general, de la seguridad y bienestar del Pueblo de Puerto Rico. Esa responsabilidad ministerial del DRNA es irrevocable e indelegable. Sin embargo, al ponderar la ejecución que realiza el Cuerpo de Ingenieros con este proyecto de Control de Inundaciones, percibimos a un DRNA indiferente, insensible, enajenado y sumiso a la autoridad impuesta por el gobierno federal y por los militares que dictan la pauta sobre cómo se usan los fondos públicos, cómo se protege la naturaleza y sus recursos y cómo se garantiza el bien colectivo de la presente y futuras generaciones de puertorriqueños.
Reconocemos que existe un problema de seguridad pública respecto a las inundaciones en la cuenca del río Piedras. No obstante, estoy convencido que el problema mayor que afecta a las comunidades está más relacionado a la incapacidad por obsolescencia y por el descuido en el mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial, el cual es responsabilidad del gobierno municipal. Cada vez que se produce lluvia intensa o significativa sobre las comunidades, en especial, en la parte baja de la cuenca hidrográfica, el agua se empoza, se acumula en las calles de las comunidades y le toma mucho tiempo descargar a través de las alcantarillas pluviales a los cauces de las quebradas tributarias o al cauce del río. En pocas ocasiones, durante los pasados 60 años, el río ha descargado caudales sustanciales a las comunidades durante lluvias extraordinarias. Durante ese periodo, las comunidades aguas abajo en el río se han afectado múltiples veces durante eventos de lluvia fuertes debido a la acumulación de las aguas en las calles y la ineficiencia del alcantarillado pluvial. Esta situación no se resuelve con la propuesta canalización del Cuerpo de Ingenieros pues su propuesta no interviene con el sistema pluvial de las comunidades, de manera que no ofrece garantía de que el problema recurrente de las inundaciones comunitarias se resolverá a mediano y largo plazo. Así planteado, de efectuarse la canalización, según propuesta, tendremos el absurdo social en Puerto Rico que, después de invertir $2.5 billones alterando el cauce del río Piedras y de las quebradas tributarias, y causar el gran impacto ambiental, social y económico que esa intervención supone, las comunidades seguirán recibiendo el impacto de inundaciones frecuentes por lluvias fuertes puesto que el sistema pluvial seguirá inoperante si no se hacen las mejoras necesarias. Esta es la realidad que todavía afecta a comunidades y negocios en San Patricio, aún después de haberse intervenido en la canalización de la quebrada Margarita a un costo de cientos de millones de dólares.
Lidiar con el problema de seguridad pública que plantea las inundaciones en ríos urbanos constituye una acción compleja pero pertinente. No obstante, la multiplicidad de consideraciones que esas intervenciones requieren, urge de un proceso de planificación integrado, racional y que esté orientado por una visión y enfoque de política pública ecosistémica. La práctica histórica de canalizaciones de ríos sostenidas en una visión lineal de ingeniería resulta no sólo costosa pero ineficaz para atender el problema que aspira a superar. Las canalizaciones de los ríos representan una de las intervenciones humanas más degradantes de los ecosistemas y recursos naturales fluviales. Tienen que realizarse de forma cuidadosa, científica y con una gran sensibilidad a las múltiples aspiraciones sociales y económicas de las comunicades. Canalizar los ríos históricamente se ha sostenido en un principio ingenieril de disponer rápidamente de grandes caudales de agua, pero esa opción tiene un alto costo monetario, ecológico y ambiental. El DRNA está obligado a exigir al Cuerpo de Ingenieros un cambio de visión y de enfoque para lidiar con los problemas de inundaciones del río Piedras y sus tributarios. Paradójicamente, en el 2021, el Teniente General Scott A. Spellmon, Comandante General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU adoptó una nueva guía para manejar el riesgo de inundaciones. A través del “Engineering With Nature Initiative”, el General Spellmon adoptó el “International Guidelines of Natural and Nature-Based Features for Flood Risk Management”. En este documento, el jefe del Cuerpo de Ingenieros planteó lo siguiente: “To deliver infrastructure that sustains our communities, economy, and environment, we must innovate, modernice, and even revolutionize our approach to infrastructure development” (énfasis suplido). Desde mi punto de vista, extraordinaria admisión y compromiso de ese militar. Pero esa política no se está reconociendo ni implantando en Puerto Rico. Recomiendo al Mayor Soto, aludido en este escrito, que tome nota sobre cómo su jefe militar, el General Scott A. Spellmon, piensa sobre la manera correcta de manejar los riesgos e inundaciones. En las estructuras militares, las órdenes de un superior no se cuestionan y mucho menos se contradicen, so pena de sanciones disciplinarias.
El DRNA y el pueblo de Puerto Rico tiene que exigir la adopción de un enfoque integral y responsable en la planificación de los proyectos de control de inundaciones. Hacer lo contrario constituye una falta histórica imperdonable a la generación presente y, en particular, de los funcionarios ejecutivos designados a proteger a las comunidades, a los recursos naturales y a nuestra naturaleza.
¡Los estamos observando!
