Especial para CLARIDAD
González Báez, Marilucy; Otón Olivieri, Patricia; Reyes Gil, Yanira; y Vicente, Esther; Políticas Públicas y el Trabajo de Cuidados en Puerto Rico, INTER-MUJERES PUERTO RICO 2023.
El estudio Políticas Públicas y el Trabajo de Cuidados en Puerto Rico nos permite comprender por qué no es posible discutir las salidas de la crisis económica, social y de servicios en nuestro país, o el descenso en la natalidad y el envejecimiento de nuestra población, sin comprender lo que es también una crisis de cuidados. Como señalan las autoras, los cuidados para alimentación, educación, higiene, salud, compañía, entre otros, son fundamentales para todas las personas y deben considerarse como un derecho humano. Sin embargo, no se consideran como trabajo, ni se reconoce su valor para el funcionamiento de nuestras economías y sociedades, por lo que es un asunto poco estudiado.
La investigación demuestra la importancia de una perspectiva de género para atender esta crisis de cuidados y su impacto particular sobre las mujeres. Son ellas las que realizan mayormente estos trabajos, en el ámbito privado, familiar, sin paga o con una paga precaria; casi como una definición femenina. Para las mujeres de todas las estratas socioeconómicas restringen el tiempo y la energía dedicados al mercado laboral y otras actividades, además de aquellos necesarios para su propio cuidado. Esta división sexual del trabajo es así uno de los nudos más apretados en la desigualdad de género y en la subordinación de las mujeres, tanto en el ámbito doméstico, como en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Las políticas neoliberales de privatización y de recortes de servicios, empleos y derechos laborales, acentúan la crisis de cuidados, al reducir los apoyos a estos trabajos y reforzarlos e intensificarlos como responsabilidad familiar, es decir, de las mujeres en el ámbito doméstico.
El estudio exhaustivo y riguroso se enriquece con una metodología mixta cuantitativa y cualitativa. Una Tabla de Puntuación de Políticas de Cuidado, diseñado y provisto por Oxfam, sirvió como instrumento para evaluar hasta qué punto se cumplía con una extensa gama de criterios en la implantación de estas políticas en Puerto Rico. Subraya el informe que en esta evaluación no se trata de ofrecer más tiempo y facilidades para que las mujeres realicen los trabajos de cuidado, sino que estos se reconozcan como responsabilidad social y se compartan entre hombres y mujeres, el Estado y las empresas. Entre los criterios analizados se encuentran así la existencia de políticas en diversos ámbitos pertinentes a los trabajos de cuidado, su alcance a los diversos sectores de la población, lo adecuado del presupuesto y la responsabilidad gubernamental en su ofrecimiento, así como si se han dirigido explícitamente a facilitar y reducir los trabajos de cuidado y a transformar la división sexual del trabajo, las relaciones de género y otras desigualdades. Con ello se evalúa la medida en que las políticas incorporan el reconocimiento, la reducción y la redistribución de los trabajos de cuidado, así como la representación de las personas que ofrecen y reciben los servicios de cuidado en el desarrollo de las medidas adoptadas, y la recompensa adecuada a quienes los realizan.
Es notable que los ámbitos de políticas evaluados no se limitan a las condiciones laborales de las cuidadoras asalariadas o a los apoyos a los cuidados en los lugares de trabajo, como licencias por enfermedad, por maternidad y paternidad, horarios flexibles o centros de cuidado preescolar. Se incluyen también entre los ámbitos considerados los servicios de educación, de salud, e infraestructura, como agua potable, electricidad o transportación, además de prestaciones y compensaciones sociales dirigidos a las personas que realizan los cuidados sin remuneración. Se trata de un reconocimiento de que estos servicios inciden en la intensidad de los trabajos de cuidado y de que el Estado debe compartir la responsabilidad de facilitarlos.
Por otro lado, al análisis de la tabla de puntuación de las políticas se añadieron tres grupos focales con mujeres dedicadas al trabajo de cuidados en Loíza y Aibonito y un grupo focal con representantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres, además de cuatro entrevistas a personas expertas en los planes de ajuste establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal. Es una información que amplía y profundiza el significado de las políticas establecidas, al ubicarlas en nuestro contexto social e histórico y al describir sus implicaciones en las vidas de las mujeres.
La investigación concluye que en la mayoría de los ámbitos, en Puerto Rico sí existen políticas – legislación y reglamentos- que podrían ser transformadoras en cuanto al trabajo de cuidados. Sin embargo, es en su implantación que resultan muy limitadas o son insuficientes para las necesidades de las poblaciones a atenderse. Así, por ejemplo, se da cuenta de la desprotección en que se encuentran las cuidadoras sin remuneración, sin acceso a prestaciones, pensiones o licencias laborales y otros beneficios que les ofrezcan seguridad, salud y bienestar. Aquellas que se desempeñan en el mercado laboral formal, por su parte, tampoco reciben un salario adecuado a su trabajo y suficiente para asumir el costo de vida prevaleciente, ni cuentan con los mismos derechos y seguridad social que las personas empleadas en otras ocupaciones. La situación es de mayor vulnerabilidad si el trabajo de cuido remunerado se realiza como contratistas independientes o en el sector informal, donde prevalecen los acuerdos sin contrato con familias particulares. Vulnerabilidad acentuada para las mujeres pobres, sin recursos para pagar por apoyos en sus trabajos de cuidado, y entre quienes se encuentran las que realizan, además, trabajos de cuidado que alivian a las que pueden pagarlos, lo que incluye a las migrantes dominicanas que se concentran en este oficio. En general, pues, no hay un reconocimiento de los cuidados como trabajo ni se recopila la información necesaria para atenderlos. De hecho, las políticas no se establecieron tomando en cuenta su reducción y redistribución, ni en gran parte se contó con la participación de las mujeres y personas que reciben los servicios en su elaboración e implantación.
Los comentarios de las personas expertas y en los grupos focales, por su parte, nos permiten dar cuenta de cómo las políticas neoliberales de austeridad y de privatización en Puerto Rico, acentuadas por la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, han dificultado y encarecido aún más los servicios que resultan básicos para el cuidado personal y familiar. El encarecimiento y la inestabilidad en los servicios de agua potable y electricidad, el cierre de escuelas y sus comedores, la reducción a fondos municipales, que afectan el acceso a recogido de basura y a amas de llave, son solo algunos ejemplos. Como indican las autoras, el gobierno se libera así de su responsabilidad social de cuidar y la descarga sobre las mujeres, con un mayor impacto en los sectores más vulnerables.
El informe concluye con recomendaciones dirigidas a atender las limitaciones en las políticas analizadas. Entre las de mayor alcance podemos destacar primero, el asegurar que en la reestructuración de la deuda pública se establezcan y prioricen los servicios esenciales y se garanticen los fondos públicos para atenderlos. En segundo término, el establecer un sistema gubernamental de cuidados que articule y coordine las políticas públicas que inciden sobre estos trabajos. Por su aportación, el informe reseñado debe ser así base para futuras investigaciones y para la implantación de medidas que valoren, redistribuyan y faciliten los trabajos de cuidado. Señala la necesidad de revisar nuestras prioridades económicas, sociales y fiscales desde una perspectiva de reconocimiento de los derechos humanos, la equidad de género y social.
