Puerto Rico vive una crisis de derechos civiles y humanos preocupante y peligrosa, describieron dos constitucionalistas entrevistados, a la luz de los recientes acontecimientos del 1 de mayo, citaciones a ciudadanos por el Departamento de Justicia (DJ) y declaraciones festivas por parte del Gobernador sobre el comportamiento inconstitucional de parte del cuerpo policíaco.
En entrevista el profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA) doctor Carlos Ramos, apuntó que la citación por parte del DJ al ciudadano licenciado Alvin Couto, por unas expresiones en INTERNET contra el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, a su juicio no procede ya que sus expresiones están protegidas tanto por la Constitución de Puerto Rico, como por la Constitución de Estados Unidos (EEUU).
Explicó que si bien el DJ puede citar a toda persona que entienda puede ayudarle a esclarecer la comisión de un delito o una investigación, en el contexto en que se citó a Couto sus expresiones están protegidas constitucionalmente. Pasó a explicar que para que unas expresiones hechas por INTERNET constituyan un delito tienen que ser de tal magnitud y en tales circunstancias que el estado llegue a la convicción de que hay una seguridad de que lo que se dice va a ocurrir. Para que unas expresiones se consideren amenazantes, que constituyan una alteración a la paz, el Tribunal Supremo de EE UU y el de TS de Puerto Rico han dicho que estas tienen que ser dirigidas directamente a una persona y para todos los efectos casi de frente, por lo que es difícil concluir que unas expresiones hechas en la red puedan cumplir con estas características.
“Yo no tengo la menor duda que las expresiones que hizo esta persona fueron hechas como parte de su molestia con lo que estaba sucediendo en el país en esos días y que no reúne a mi juicio los elementos para constituir el delito de alteración a la paz, amenaza, o incluso los llamados delitos cibernéticos que a propósito en Puerto Rico hay que analizarlo con detenimiento para ver si efectivamente cumplen con estos requisitos”, afirmó.
A la luz de lo anterior denunció que más bien el propósito de la citación es la de amedrentrar el ejercicio de la libertad de expresión de Couto.
Aun cuando el profesor Ramos dijo creer que una acción judicial contra Couto tiene muy pocas posibilidades de progresar. Expresó que el estado puede hacer cualquier cosa y que la razón principal además de amenazarlo, el interés del Estado es buscar un patrón general para de alguna manera evitar que el país se exprese de manera contundente sobre la forma en que está procediendo en estos tiempos de alegada austeridad.
Al comparar la acción del DJ contra el abogado militante, mientras no se ve que haya una acción similar contra otras personas, como es el caso de Angelimari Rodríguez Pabón, quien tenía un contrato con la Fortaleza y expresó en su página en la red, “que los maten a todos’”, en referencia a las personas que se manifestaron el primero de mayo, el Dr. Ramos indicó que a su juicio esta persona tiene menos protección que Couto. Esto responde a que como empleada de Fortaleza se encuentra en un contexto que es difícil separar si las expresiones las hizo como funcionaria o las hizo como empleada privada.
En ese contexto indicó que tanto el TS de EE UU y el TS de Puerto Rico, ambos han dicho que los empleados públicos cuando se expresan sobre ciertos asuntos como en este caso su parecer particular sobre un tema, la protección de la libertad de expresión es menor que si fuera un empleado privado, porque el empleo público no es un derecho constitucional, sino un privilegio. Desde esa perspectiva las expresiones de Rodríguez Pabón están menos protegidas.
Para el constitucionalista lo que se está comenzando a ver en el país respecto a la situación de los derechos civiles “es ciertamente bien preocupante”.
El Dr Ramos trajo a la atención a que hay unas indicaciones de lo sucedido el 1 de mayo que hay que observar. El gobierno tuvo dos estrategias para manejar las dos marchas, la que se dirigió al Capitolio y la que se dio en la Milla de Oro. En el caso de la marcha de la Milla de Oro describió como “preocupante”, la estrategia que siguió el estado.
“Su grado de intolerancia, un uso de fuerza desproporcionad, su actitud junto con la citación a este abogado demuestra la inseguridad que comienza a sentir el gobierno, particularmente porque sabe que ha estado perdiendo apoyo con unas medidas impopulares que ha impulsado y que ha veces ha estado a favor de la Junta de Control Fiscal y bueno se está moviendo por unos caminos desde el punto de vista de la libertad de expresión que nos debe preocupar a todos”, recalcó.
Frente a la ausencia de instancias adonde el pueblo pueda acudir el Dr Ramos reiteró que la protesta, el ejercicio de la libertad de expresión en la calle o en cualquier otro frente “nunca se debe acabar, no importa las circunstancias”. Apuntó a que cada vez más hay una desconfianza en todas las instituciones del estado para aclarar violaciones de derechos civiles, por lo que destacó el papel de instituciones como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).
“Fashion Policie”
Por su parte el presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Humanos del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), Osvaldo Burgos, coincidió que en definitiva la citación de Couto por el DJ no procede.
“EL Departamento de Justicia no se puede convertir en un ‘fashion Police’ o en la Policía de la moral”, censuró, el también presidente del capítulo en Puerto Rico de Amnistía Internacional (AIPR), en alusión a las expresiones de Alvin Couto.
El licenciado Burgos recalcó que las expresiones de Couto están protegidas por la C Cientos de miles de inmigrantes en amenaza de deportación onstitución y que el propósito del DJ es provocar un efecto disuasivo para que la gente se inhiba de expresarse como quiera. Denunció que por el contrario lo que debería estar haciendo el DJ es velar porque la gente no se sienta inhibida de expresarse.
La situación se agudiza -explicó- ya que frente al comportamiento del estado los ciudadanos parecen encontrarse indefensos. Debido a la ley Promesa los ciudadanos en la práctica no pueden reclamar remedios judiciales, ya que en cuanto el gobierno recibe una demanda lo primero que hace el DJ es pedir la paralización del proceso en virtud de la ley Promesa. Observó que la falta de reparación de agravios por parte del estado es otra violación constitucional.
“Así que tenemos por un lado una grave violación y una impunidad que la alimenta Pesquera y la alimenta el Gobernador que justificó las acciones”, manifestó. Más aun acusó que el sentido de impunidad de la Policía está alimentado por el mismo Pesquera, debido a que éste no colabora con el proceso de reforma y da la impresión de que no tiene la menor voluntad política de atender los postulados de la reforma, incluso ha atacado al monitor cada vez que hace una expresión sobre los malos manejos de la Policía.
Para el presidente de AIPR en estos momentos en el país, “estamos en un caldo de cultivo peligroso típico de gobiernos dictatoriales y por otro lado estamos en unas circunstancias políticas y violación de derechos que se me parecen mucho a las de los 70’ cuando sucedió el Cerro Maravilla.
El licenciado Burgos dio a conocer que AI lanzó una campaña a nivel internacional de envío de cartas al Gobernador de Puerto Rico exigiendo que garantice de inmediato el derecho a la libertad de expresión y de reunión y que las autoridades hagan públicas cuanto antes las conclusiones de la investigación ordenada por el tribunal sobre las manifestaciones del 1 de mayo.
Como presidente de la Comisión de Derechos Civiles del CAPR y presidente de AIPR, Burgos dio a conocer, que ambas organizaciones celebraran unas vistas públicas para que observadores y personas en su carácter personal presenten sus testimonios sobre lo ocurrido. Los testimonios serán recogidos en un informe el cual luego esperan compartir con las autoridades federales y organismos y foros internacionales, incluyendo la ONU.
El activista no tuvo dudas en considerar que la situación de violencia por parte de la Policía escale. “Me parece que estamos en un momento peligroso para lo que implica la protección de los derechos de la ciudadanía, hay que hacer un llamado a la responsabilidad que tiene el gobernador como comandante en jefe de la Policía de que cualquier cosa que pase en el país, o cualquier tragedia que ocurra, ya es trágico que ocurra, pero cualquier cosa que ocurra es responsabilidad de ese sentido de impunidad que el propio Gobernador como comandante en jefe esta propiciando”.
