Por Cándida Cotto
Mientras el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia defiende a brazo partido la permanencia de Luma Energy (LE), con declaraciones de que es Luma decidirá cómo proceder luego del 30 de noviembre- y dándole a la privatizadora dos opciones: continuar operando el sistema aunque no haya finalizado el proceso de quiebra o no continuar con el contrato- otros estudiosos del acuerdo presentan argumentos más puntuales sobre la realidad de la operación de la privatizadora a cargo de la transmisión y distribución (TD) del servicio eléctrico en el país. La realidad es que el contrato de Luma es tan desbalanceado a favor de la privatizadora que prácticamente ha colocado al gobierno de Puerto Rico en una encerrona.
El Centro para una Nueva Economía (CNE), en su Informe de septiembre, hace un análisis y evaluación sobre el desempeño de LE y las alternativas que tiene el gobierno “ahora y de ahora en adelante” para su trato con la privatizadora eléctrica. Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE concluye en dicho documento que tras 15 meses de operación, está claro que el desempeño de Luma no “está a la altura de las expectativas”, realidad que debe considerarse en la decisión final sobre el acuerdo entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Según el CNE, hasta ahora Luma ha excedido su presupuesto; no ha cumplido con las métricas clave de rendimiento en cuanto a la duración y frecuencia de los apagones; está atrasada en el cumplimiento de ciertos objetivos de mantenimiento (por ejemplo, el control del crecimiento de la vegetación alrededor de las líneas importantes), y ha mostrado poca evidencia de que esté logrando los ahorros que alegó que generaría con una administración más eficiente del sistema de transmisión y distribución. Por lo tanto, le corresponde al gobierno de Puerto Rico defender los intereses del pueblo puertorriqueño.
Luego, señala que la AEE y por consiguiente, Puerto Rico, sigue dependiendo del petróleo y el diésel para producir energía, por lo que está a merced de los mercados del petróleo. En ese aspecto la posición del CNE es que es necesario insistir en poner en marcha proyectos de energía renovable a gran escala.
El CNE cuestiona qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico ante esta complicada realidad. Para sus expertos y analistas, la contestación corta es que el acuerdo se puede cancelar y que este provee varias formas para hacerlo. Marxuach concluye: “quizás el más sencillo, en términos legales, sería simplemente no solicitar la extensión del período interino de operación que finaliza el 30 de noviembre. El Acuerdo Suplementario actualmente en vigor establece la cancelación automática de ambos acuerdos (tanto el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (“Acuerdo de O&M”) como el Acuerdo Suplementario) en esa fecha, a menos que el gobierno de Puerto Rico solicite extender su efectividad.”
Sin embargo, el analista advierte que cada solución propuesta conlleva consecuencias que deben ser analizadas de antemano para evitar errores o empeorar lo que ya es una situación difícil.
La primera, que en el caso de la cancelación del contrato, la AEE tendría que pagar a Luma una tarifa de cancelación de $115 millones, ajustados por inflación. Este dinero no está presupuestado al día de hoy. En segundo lugar, que con el vencimiento de los acuerdos se activaría un periodo de transición que podría durar hasta doce meses para que Luma termine sus operaciones y las transfiera a un operador sustituto. La AEE sería responsable también del pago de una tarifa de transición para cubrir el costo de las operaciones de Luma durante este período. Para Marxuach el problema importante en cualquier escenario de cancelación es que no parece haber candidatos para ser el operador sustituto. “Es decir, parece que no hay un Plan B. ¿Quién se encargaría entonces del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico?”
Para el CNE, otro factor a tomar en consideración sería el impacto que la cancelación pudiera tener en el desembolso de los fondos de FEMA y CDBG-DR asignados para la reconstrucción de la red. “Lo más probable es que ambas agencias decidan esperar a que se resuelvan los problemas legales y operativos para hacer los desembolsos. Esto significa que la reconstrucción de la red tardaría aún más de los 10 años previstos actualmente”, indica Marxuach.
De acuerdo al CNE, lo más práctico es lograr que el acuerdo entre la AEE y Luma funcione. Para ello el análisis debe proveer respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué Luma ha sido incapaz de cumplir los objetivos básicos de rendimiento durante los últimos 15 meses?:¿Qué quiere y puede hacer el gobierno al respecto?: ¿Qué consecuencias tiene la cancelación del Acuerdo de O&M?y ¿Cuáles serían las alternativas viables a Luma?, es decir, ¿cuál sería el Plan B?
La propuesta del CNE es que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3) contrate a una firma independiente de ingenieros de clase mundial, sin conexiones comerciales o políticas con Puerto Rico, para que supervise, de manera tenaz e inquebrantable, el desempeño de Luma en relación a sus obligaciones bajo el acuerdo. Según Marxuach, no existen soluciones fáciles, para los problemas energéticos de Puerto Rico.
Desmienten al gobernador
La postura del gobernador Pierluisi es que “Luma se queda pase lo que pase” y que el acuerdo solo sería cancelable si la privatizadora decide irse de Puerto Rico porque la AEE no cumpla a tiempo con salir del proceso de quiebra. Para la Coalición para el Pensamiento Energético (COPE), esta postura del Gobernador es no solo inaceptable sino engañosa.
“Es verdaderamente espeluznante escuchar estas declaraciones patentemente falsas”, expresó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, presidente del Bufete Emmanuelli CSP y portavoz de CoPE. “Decir que LUMA tiene el control para continuar en Puerto Rico o no, es falso. No es lo que el contrato dice”, afirmó. La portavoz de CoPE insiste en que Luma opera bajo un contrato suplementario, debido a que el contrato base con término de quince años no puede iniciar hasta tanto la AEE termine su proceso de quiebra. “Este contrato suplementario establece que si transcurren dieciocho meses, que vencen el próximo 30 de noviembre, y la AEE no ha ‘salido de la quiebra’, queda sin efecto automáticamente el negocio. Esto, salvo que la AP3 solicite una extensión y las partes lo acepten”, explicó la licenciada Zoé C. Negrón Comas, portavoz de CoPE. Subrayó que cuando se habla de ‘sacar a la AEE de la quiebra’ no se está hablando solamente de llegar a un acuerdo con los bonistas, sino que también haya un Plan de Ajuste (PAD) de Deuda confirmado, efectivo y consumado. A este momento, la Junta de Control Fiscal ni siquiera ha anunciado un acuerdo con los bonistas, mucho menos un proyecto de PAD, precisó Negrón Comas.
Otra portavoz de CoPE, la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, advirtió que es incorrecta la interpretación del gobernador de que al 1 de diciembre de 2022 comenzará a operar el contrato base de quince años aún si AEE no ha salido de la quiebra, y que solo Luma tiene derecho a solicitar la cancelación del contrato base por dicha razón.
“Primero, estemos claros de que el propósito del contrato suplementario es que LUMA pudiera operar en lo que se resolvía la quiebra, porque no se ha cumplido esa condición previa para que entre en vigor el contrato base”, indicó Méndez Colberg, vicepresidenta del Bufete Emmanuelli CSP. “Segundo, en ninguna parte del contrato base se establece que no salir de la quiebra es un incumplimiento de la AEE. Esa es una condición que suspende la efectividad del contrato, no una causa para cancelar y penalizar a la AEE” aclaró. “Y, estemos seguros de que no estamos ni cerca de ‘sacar a la AEE de la quiebra´, añadió.
En tanto, el presidente de CoPE, Pedro Muñiz afirmó que su organización está en posición de demostrar cada cláusula del contrato que sustenta la conclusión expresada por sus portavoces. “El gobernador no puede decir lo mismo”.
