El cubano acostumbrado a la resistencia histórica busca formas creativas de salir adelante

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“A cualquier país que se le priva de poder satisfacer sus necesidades más básicas —cualquier país del mundo— es normal que en cualquier momento comience a sentir  desespero o desasosiego. No es menos cierto que es palpable, se siente la incertidumbre,  principalmente  porque se han visto tiempos mejores”.

Desde La Habana, el colega Luis De Jesús compartió en entrevista con CLARIDAD un panorama de cómo continúa su cotidianidad la hermana isla de Cuba a casi ya un mes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara un embargo petrolero contra el país. El bloqueo de parte de EE. UU. mediante orden ejecutiva impone aranceles comerciales a países que suministren petróleo a Cuba. Además, antes de la imposición del bloqueo, el presidente Trump y su secretario de Estado, Marcos Rubio, han hecho continuas declaraciones de la intención de un ataque militar contra Cuba.

En esa línea, De Jesús afirmó que en La Habana la información que les llega sobre la movilización militar por parte de EE. UU. es la información que transmiten  otros medios internacionales, de que buques militares de la armada de EE. UU. se han estado estacionando cerca de las aguas territoriales de Cuba, aunque se han mantenido al margen del estrecho de la  Florida. Señaló que por lo que se ha informado sí parece ser una aglomeración inusual de los buques militares de EE.UU., pero que la verdad es que esta viene dándose por toda la avanzada en el recrudecimiento de la presencia militar en el Caribe desde que se dio la incursión a Venezuela. Describió que los buques que estuvieron asediando las aguas venezolanas luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro se fueron moviendo hacia el norte, algunas se dirigieron a otras partes del mundo, pero una parte importante se ha mantenido al norte de las aguas de Cuba, otros al sur noreste, como por ejemplo, algunos que recientemente han llegado a las aguas de Haití.

Es obvio que desde La Habana esos buques no se ven, pero de llegarse a ver en las costas de La Habana, sí  ya estarían en aguas territoriales.

Otro hecho informado es el de una presencia inusual de aviones espías, de la Marina de Guerra estadounidense. Algunos medios especulan que los aviones podrían estar haciendo rastreo o trabajos de inteligencia, pero no  se sabe si han violado el espacio aéreo cubano, aunque sí hay una presencia  orientada a espiar y a hostigar a las autoridades cubanas en toda esta persecución y amenaza de la administración Trump a la isla.

Mientras, indicó que el Gobierno cubano anualmente Cuba lleva a cabo trabajos de preparación para la defensa. Esos trabajos se adelantaron para este año y se han intensificado después de lo sucedido en Venezuela y luego de las amenazas que ha hecho el secretario de Estado de EE. UU., Marcos Rubio “de que Cuba debería ser la próxima Venezuela”.“Aquí se han estado preparando. Incluso el Ministerio de Defensa de Cuba ha hecho públicas imágenes en las que se ven las prácticas militares para la defensa”.

Mencionó que el  propio presidente Miguel Díaz-Canel ha dicho en varias ocasiones que aunque Cuba no está ahora mismo en un estado de guerra,  sí se está  preparando para la posibilidad de que pudiese entrar en estado de guerra en respuesta a las amenazas que vienen de EE. UU., insistió de Jesús.

En ese  sentido, se ha visto, no tanto en La Habana, pero sí en otras provincias, preparación de sectores civiles para repeler una invasión del territorio y prácticas con tiro vivo en otras provincias, por lo que sí se han estado preparando en el caso hipotético de tener que repeler  una invasión militar.

Sobre las declaraciones de  Trump de que iba a denegar o revocar visados migratorios a personas involucradas en protestas contra funcionarios estadounidenses en Cuba, insinuando que ha habido protestas frente a la embajada en La Habana, desmintió que haya habido protestas frente a la embajada. La situación surgió por parte del embajador de negocios de EE. UU. en La Habana, Mike Hammer, que junto a otros portavoces de la administración Trump, visitó varias provincias y se reunieron con varios líderes de oposición, los cuales son abiertos antirrevolucionarios. Al salir de una de esas reuniones,  los funcionarios estadounidenses fueron  confrontados por varios ciudadanos  que les reprocharon sus visitas. El asunto no escaló.

De Jesús agregó que  no es usual que en La Habana haya protestas tanto contra la embajada estadounidense como contra otras. “Lo que sí se ha visto son protestas multitudinarias convocadas por el gobierno con muchísima seguridad y siempre protegiendo el perímetro de la embajada para evitar que alguien se vaya a acercar”.

En la presente coyuntura, hizo la observación de que las embajadas de Rusia y China  son las que han hecho las declaraciones  más notables de estar en disposición de ayudar al país en todo lo que sea posible. No obstante, señaló que había que entender que, debido a la persecución de EE. UU. contra cualquier país que pretenda ayudar a Cuba, las autoridades cubanas, no de ahora, sino de muchos años, suele ser muy discreta en dar a conocer qué país le está brindado ayuda, precisamente para no indisponer o ponerlo ante una posible represalia de parte de EE. UU. En lo que sí reconoce ha sido una acción pública, es en el ya haber recibido el primer cargamento de  ayuda de  800 toneladas, enviadas  por  la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La carga de México es transportada por su marina mercante.

El tema energético,  los vuelos hacia la Isla y las repatriaciones por ICE

El periodista desmintió que se hayan cancelado por completo los vuelos desde y hacia Cuba, como ha pretendido  hacer ver la prensa comercial occidental. Lo que sí ocurrió fue que las autoridades de aviación cubanas  avisaron a las aerolíneas internacionales que a partir del 9 de febrero comenzarían a estar escasos de combustible.

Este aviso afecta más a las aerolíneas con rutas más largas, como vuelos provenientes de España,  Canadá o de otros países que requieren recargar combustible. Aseguró que al aeropuerto de La Habana, el José Martí, siguen llegando vuelos de líneas estadounidenses que salen de Fort Lauderdale. También continúan llegando vuelos procedentes de las líneas de Panamá y México.

Una  situación que casi no es divulgada por los medios internacionales es que  continúan llegando vuelos con cubanos deportados por ICE. De Jesús dijo que han estado llegando vuelos con regularidad con 170 a 200 personas cubanas, lo que evidencia que las y los cubanos no están exentos de la política migratoria del presidente Trump. Muchos de los deportados llegaron tan recientemente a EE. UU. en los últimos dos y tres años con  el llamado permiso humanitario aprobado por el entonces presidente Biden.

En términos de la vida cotidiana del país, De Jesús expresó: “No quiero faltar a la verdad, es una situación en sumo complicada para la población en general, para la gente de a pie. Una situación  muy complicada en el sentido de que a cualquier país al que se le prohíba el suministro de petróleo, un elemento tan esencial para prácticamente todos los sectores de la economía de un país de 12 millones de habitantes, que de la noche a la mañana no entre nada de petróleo, no hay que tener una gran imaginación para entender cómo eso afecta”.

Hasta el presente, el Gobierno ha priorizado el suministro de combustible para los hospitales, la educación y el sector de defensa. En tanto,  los apagones se han hecho más recurrentes y hay provincias que al día podrían tener hasta 20 horas de apagón, algunos hasta más. En La Habana han llegado a tener  apagones de 10 y 11 horas diarias. La vida cultural igual se ha visto afectada, como todos los demás  sectores, y la Feria Internacional del Libro de la Habana, que se esperaba celebrar ahora en febrero fue cancelada.

“Ciertamente, eso afecta todos los aspectos de una vida normal, pero el cubano acostumbrado a la resistencia histórica busca formas creativas de salir adelante”.

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El biólogo estaba inmerso en un proyecto ambiental que contaba con $7.4 millones asignados, pero que generó muchísima oposición del sector agrícola

Nota editorial: Esta es la segunda entrega de una serie de cuatro artículos a partir de la entrevista que hiciera CLARIDAD a Moshayra Vicente Cruz, viuda de Viqueira. Apoya el periódico de la Nación Puertorriqueña suscribiéndote a CLARIDAD.

Anterior a su asesinato, el biólogo Robert Viqueira Ríos estaba inmerso en un proyecto ambicioso de restauración de la Laguna de Guánica para el cual recibió $7.4 millones en fondos federales, pero que el gobierno de Puerto Rico efectivamente bloqueó tras escuchar y evaluar los argumentos de oposición del sector agrícola del Valle de Lajas y áreas limítrofes.

“El proyecto, que le estaba ocupando su energía, era el proyecto propuesto para la restauración de la Laguna de Guánica”, expuso su viuda, Moshayra Vicente Cruz, en conversación con CLARIDAD. Vicente Cruz ha insistido en que se deben investigar todos los ángulos pertinentes al asesinato, sin descartar los políticos ni profesionales. Sin embargo, la jefatura del Departamento de Justicia desistió apelar la determinación judicial de absolver al asesino.

Viqueira Ríos murió baleado por su vecino, Eduardo Meléndez Velázquez, quien buscó un rifle y corrió hasta la entrada de su residencia para dispararle. El juez Ángel Llavona le absolvió del crimen tras haber creído que el acusado actuó en defensa propia, tal como había argumentado la defensa.

La familia del occiso ha mantenido que ese “fallo es una injusticia”, puesto a que no tomó en consideración la provocación del vecino ni lo desproporcionado del acto de ir a buscar su rifle y correr hasta la entrada de la residencia. Los allegados han jurado que no claudicarán en la búsqueda por justicia para su ser amado.

Protectores de Cuencas Inc., la organización sin fines de lucro que Viqueira Ríos dirigió “hasta su último respiro”, había propuesto recuperar un ecosistema de humedales de aproximadamente 1,200 acres que fue drenado en 1955 como parte de un proyecto de desarrollo agrícola en el Valle de Lajas, según información oficial. La Oficina de Administración Oceánica y Atomosférica de Estados Unidos (NOAA) acogió la propuesta y le asignó $7.4 millones para su ejecución.

Como proponentes, la entidad ambiental destacaba los beneficios potenciales, como la creación de un hábitat para la vida silvestre, oportunidades recreativas y de riego, así como su función de filtro natural para la contaminación y control de inundaciones. Un grupo de vecinos también promovía que se restaurara este cuerpo de agua dulce, que fue el más grande de Puerto Rico. Sin embargo, “la propuesta ha desatado agrias controversias, especialmente entre agricultores del Valle de Lajas, quienes aseguran que la inundación de estas tierras podría afectar severamente la producción alimentaria de la región”, recoge el informe final de la Resolución del Senado 246, publicado en enero de este año.

“Se ha reconocido públicamente que la restauración representa unos beneficios ambientales, que atentan contra las compañías que se encuentran en el área aledaña a la laguna”, mencionó Vicente Cruz. El proyecto, de hecho, había sido una iniciativa promovida por los propios residentes del área de la laguna y propuesta en el pasado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Ante la oposición al proyecto —que se hizo sentir en las ramas legislativa y ejecutiva— la gobernadora Jenniffer González nombró en, mayo de 2025, a un comité para que analizara su viabilidad legal, agrícola y ambiental.

“Robert formaba parte [del comité] como proponente… Solo pudo participar de una reunión. Lamentablemente, después del asesinato, el comité continuó reuniéndose como si nada hubiera pasado. Se suponía que iban a emitir un informe a la gobernadora y ella se pronunciara, pero eso no ha pasado, y por eso la NOAA nos tiene en pausa porque no hay una declaración del gobierno de Puerto Rico”, explicó Vicente Cruz a CLARIDAD.

El comité tenía la encomienda de rendir un informe con recomendaciones, en septiembre de 2025, que “incorporara mecanismos de mitigación y protección del sustento agrícola en la zona”. Aunque la gobernadora no se ha expresado, ya el Departamento de Agricultura —cuyo secretario preside el grupo de trabajo— hizo constar su oposición en su ponencia al Senado. “Dar paso a este proyecto de restauración podría afectar miles de cuerdas de empresas agrícolas existentes de semillas, heno, ganadería, vaquerías, cultivos diversos y de forma indirecta otras empresas”, expuso.

Agricultura reveló también que estimaron el impacto económico de inundar los terrenos agrícolas ubicados en la huella de la laguna en una perdida potencial de más de $66.9 millones en la región. Mientras tanto, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) estimó las pérdidas económicas agregadas en $330 millones.

En el área, operan empresas multinacionales como BASF y RiceTec, que desarrollan cultivos de algodón, soya, maíz y arroz. “Su presencia es crucial, ya que aportan, directa e indirectamente, cerca de $88.2 millones a la economía del suroeste de Puerto Rico”, expuso la agencia en su ponencia. Sin embargo, la oposición no se limitaba a estas multinacionales, sino también a pequeñas y medianas empresas agrícolas que alquilan terrenos a la Autoridad de Tierras y producen heno, entre otros productos agrícolas.

Abordada sobre quién asumiría la continuidad de ese proyecto, Vicente Cruz comentó que Miguel Viqueira, el hermano de Robert, es ahora el gerente del proyecto. “Los fondos ya fueron asignados y entregados a Protectores de Cuencas. Solo dependemos de la firma de la gobernadora para poder comenzar los trabajos de la restauración. Estamos a punto de perder esos fondos, cuando el gobierno de Puerto Rico históricamente apoyó ese proyecto”, puntualizó. “Protectores de Cuencas sigue”, añadió.

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Una crisis social no se mide solo por las situaciones de maltrato hacia los  menores que se alcance a denunciar, los casos de violencia doméstica, los feminicidios, los asesinatos, la violencia en general son elementos de una crisis social. Los casos de  maltrato hacia los menores son precisamente uno de los efectos de una crisis social mucho más profunda. En esa apreciación coincidieron un sociólogo y una psicóloga clínica entrevistados por CLARIDAD.

Luego de una conferencia de prensa en la que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes  insistiera en que se declare un “estado de emergencia por violencia infantil”, la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Zuzanne Roig Fuertes, hizo declaraciones públicas rechazando que en el país haya una crisis social por maltrato de menores.

Según datos de la propia agencia que dirige, en el 2025 se recibieron 13,747 referidos de maltrato de menores, de los cuales 3,862 tenían fundamentos. En lo que va de este 2026,  en la primera semana de febrero se había recibido 1,466, 85 de referidos con  fundamento.

En el cuatrienio pasado la delegación del PIP en la Cámara logró que se aprobara un proyecto de ley para declarar un estado de emergencia infantil, pero la medida quedó en suspenso en el Senado.

“Que la secretaria del Departamento de la Familia haya negado que en Puerto Rico existe una crisis por violencia infantil no es solo negligente. Es también una tergiversación decir que los casos de violencia infantil han disminuido”, expresó en declaraciones escritas el portavoz del PIP, Dennis Márquez Lebrón. Este indicó que desde hace nueve años se ha reunido, escuchado  y trabajado con diversas organizaciones y personas que luchan día a día por los derechos de las niñas y niños que sufren maltrato.

En entrevista, el sociólogo y exsecretario del Departamento de Educación (DE), doctor César Rey Hernández, apuntó  que el  país lleva décadas en una descomposición social que tiene síntomas de todo tipo. El maltrato de menores, la pobreza. En el caso de los menores de 18 años, el 56 % vive bajo el nivel de pobreza. “Estamos entre los primeros cinco países de las Américas con mayor desigualdad, lo que nos ubica en una posición de muy desprestigio”.

Aclaró que no es una  pobreza paupérrima, sino en los niveles de ingresos, que cada vez se polariza más y deja a la clase media empobrecida versus el 1 % más rico. “La violencia contra la mujer es uno de los síntomas más visibles e invisibilizado, muchas veces por toda una cultura machista y una negación de la realidad desde el punto de vista gubernamental. Y se nos hace muy difícil reconocer los problemas sociales y, al no reconocerlos, lo que se hace es profundizar más la crisis”, describió.

El doctor Rey Hernández afirmó que en el país hay una crisis social cuando una Secretaria no lo reconoce y  lo  toma personal habiendo 2 mil casos reportados de agresiones contra menores en un mes.  “Eso  nada más debería ser una primera plana para convocar una asamblea de propósito de voluntades para atacar el problema”. Acotó que la situación no se resuelve solo con la Policía, el Departamento de Educación o el Departamento de la Familia, sino que tiene que haber una  toma de conciencia social y gubernamental sobre la gravedad del problema.

El exsecretario del DE trajo señaló que hace 20 años  señaló que los protocolos de las agencias son disímiles (Salud, Educación, Familia), por lo tanto, la fotografía de cada agencia es distinta y que  de esa manera una agencia no se entera de lo que está pasando en la otra. Más aun, al presente hay una falta de transparencia en el acceso a los datos de cada agencia y de compartir un protocolo,  que lo que hace es agravar el problema porque las agencias no lo reconocen aunque el  país lo está viviendo.

“Los niveles de violencia contra la mujer, contra los viejos, los niños, la violencia en términos generales, hay una cultura violenta. Uno se levanta por las mañanas escuchando programas de radio que lo que alimentan es la violencia, programas de televisión. El careo es la forma de sobrevivir”, manifestó.

En términos de política pública, el sociólogo indicó que hay estrategias que se pueden seguir si hubiese continuidad en las administraciones versus la alternancia política. Reparó en que hasta  funcionarios  de una misma administración no permiten que haya continuidad y, por lo tanto, al no haber continuidad, no hay protocolos a seguir. De haber una estrategia clara de definición del problema, independiente de quién esté administrando, que se lleve  a cabo por espacio, por ejemplo, de 10 años, se podría medir los resultados.

“Pero ese no es el caso. Aquí se improvisa con fondos federales para la política pública que se va a asumir: eso es un disparate. En ocasiones, son fondos que no se adaptan a la idiosincrasia de nuestro país”. Agregó que no hay mirada visionaria a largo plazo para buscar atender los problemas de una manera distinta  ni una visión de alcance realista. Por el contrario, se sigue legislando para complacer en ocasiones a unos sectores que no entienden la complejidad de una realidad social.

El doctor Rey Hernández afirmó que la crisis social, incluyendo las situaciones de maltrato de menores, va a continuar si no se toman medidas radicales. Hizo la anotación de que nadie  en este momento se tiene que sentir responsable por lo que está pasando: “Se tiene que sentir corresponsable por no hacer las cosas que tenga que hacer”.

Aseguró que negar e invisibilizar el problema es un error táctico, estratégico y  hasta político que no favorece a quien lo practica y que, a la larga, el asunto va a explotar. “Es cuestión de credibilidad, sería honesto, creo, que toda aquella persona seria que quiera un mejor Puerto Rico se uniera a una convocatoria que hubiera para trabajar esta crisis social. Hay que escuchar”.

Por su parte, la psicóloga clínica Alice Pérez igual reconoció que el país vive una crisis social que se ve todos los días en actos violentos, pero que no todos aparecen en la prensa.

“En el caso de los menores, es todavía más importante, igual que ocurre con los ancianos, porque tenemos dos grupos que son vulnerables porque dependen de los cuidados de otros. La niñez y la juventud se supone que puedan contar con adultos que puedan proveerles seguridad, bienestar y protección continua para un buen desarrollo, igual que pasa con los ancianos, que necesitan de unas protecciones para su calidad de vida. Así que cuando un país empieza a ver que esos grupos están siendo afectados diariamente, tenemos que estar pensando en una crisis social”.

Pérez describió el maltrato a menores como un  problema de salud pública que está ligado a los determinantes sociales, que son la pobreza, la violencia, de género, la falta de acceso a servicios de  salud, educación y vivienda. Esos determinantes  sociales son los que permiten que una sociedad se pueda desarrollar de manera adecuada  o no. En el caso de Puerto Rico, esos determinantes sociales están muy marcados. Insistió en que el maltrato a menores es el  resultado de una violencia sistémica,  estructural a través de un Estado que no da un acceso adecuado a los servicios esenciales.

Señaló que hay distintas variables que se tienen  que mirar. En la pobreza infantil, sobre todo,  no es solo el aspecto parental. “La realidad es que es producto de esta violencia estructural bajo la que estamos viviendo y que  genera todas unas violencias que incluyen el maltrato de menores”. Hizo referencia a que los datos del mismo DF demuestran que los casos van en aumento y alertó de que, si no se atienden los problemas esenciales de país que promueven esa violencia estructural, la situación de crisis social se va agudizar.

La psicóloga clínica también apuntó que hay políticas públicas que se pueden adoptar para abordar la situación, pero que hay que tener la voluntad de querer atender el problema y, para eso, hay que nombrarlo. “Hay que decir que existe la crisis para poder trabajar con la crisis. Una vez eso, hay que tener realmente la voluntad de quererlo trabajar, porque las estrategias deben estar dirigidas a la prevención para no llegar a la crisis”.

Para ello, se necesitan políticas públicas basadas en evidencia, que se estén midiendo de manera continua los resultados, “que es algo que no pasa. A veces, se hace una política pública, pero no se mide, no se le da seguimiento y por eso no se lleva a cabo de manera correcta”, denunció. Se necesitan   programas de prevención ínteragenciales. “Vivimos en un país en que cada agencia tiene su librito y trabaja de manera desarticulada. Ciertamente, esa desarticulación trae también inconveniencias, aparte de los procesos, que son en extremos burocráticos”.

La psicóloga llamó también la atención a la falta de transparencia, a que la falta de información lo que hace  es perjudicar. No es solo fiscalizar y la rendición de cuentas, sino desarrollar programas de prevención.

“Estoy de acuerdo en que se debe declarar un estado de emergencia, que se dispongan los fondos para que se trabaje con esta necesidad de país lo antes posible”, concluyó.