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¡Fuego, fuego, fuego, el mundo está en llamas! ¡Fuego, fuego, los yanquis quieren fuego!

Así como cantaba Roy Brown de la Nueva Trova en los años 70 del siglo XX, en la actualidad, a 26 años del siglo XXI, el mundo sigue en llamas. A juicio del estudioso de la política internacional,  licenciado Carlos Rivera Lugo, ya se está en la tercera guerra mundial. Las dimensiones de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y la guerra entre Rusia y la OTAN (Organización del Tratado de Atlántico Norte), a través de Ucrania,  así lo evidencian.

Rivera Lugo aludió a la tesis repetida de que históricamente las guerras siempre ocurren cuando las grandes potencias están en sus momentos de declive. En tiempos modernos, la Primera Guerra Mundial  no fue otra cosa que el declive del imperio británico, que era la gran potencia en esa época. En la Segunda Guerra Mundial, básicamente, estaban Alemania y Estados Unidos disputándose la nueva hegemonía, luego del declive y colapso del imperio británico.

Lo mismo ha estado pasando en tiempos más recientes, donde se ha visto que EE.UU. en  todo su programa estratégico admite que  su poderío ya no es uno absoluto. Esto ya se vio en América Latina,  cuando a principios del siglo XXI, EE. UU.  detuvo el proyecto del ALCA (Alianza de Libre Comercio de las Américas), el cual se creó bajo la administración de  George Bush cuando empezó a  decaer el dominio de EE.UU.  De ahí  entonces EE. UU. empieza a atender  otros objetivos estratégicos  de América Latina, hasta llegar al presente en que pretende volver a aplicar la doctrina Monroe y ocupar  toda la región para todos los fines prácticos, explicó.

A juicio del entrevistado, en el resto del mundo, ya desde el presidente  Biden, EE.UU. tenía definido toda una nueva estrategia para ver cómo podía detener su declive. Eso tenía en ese momento el frente  europeo  concentrado  en atacar a Rusia a través de Ucrania. “Esa guerra es verdaderamente EE.UU., la OTAN contra Rusia”.

A esos efectos, reparó en que todo el armamento y financiamiento para Ucrania no se sostendría si no fuese por EE.UU. y la OTAN. Prosiguió con que esa guerra es fundamental porque desde Kissinger, cuando comenzó a hacer acercamientos a China, su propósito era asegurar que en términos estratégicos nunca pudiera darse una alianza entre la Unión Soviética y China. De darse esa alianza, Estados Unidos sabía que se estaba allanando  el camino para la pérdida de su hegemonía porque no iba a poder contra dicha alianza.

De acuerdo con Rivera Lugo, hay que entender que el mayor declive de EE.UU. está en el plano económico y que no hay duda de que eso es lo que permite que China aparezca como una potencia capaz de competir de tú a tú con EE.UU. en términos económicos.

China, apuntó, en el plano militar sabe que no puede competir con EE.UU. Ese es el motivo por lo que la política estratégica de China está planteada desde la perspectiva de que ellos van a contribuir al declive de EE.UU., pero desde el punto de vista económico. Observó que China no  tiene la capacidad para intervenir en conflictos en estos momentos de forma militar, por eso insiste  en la diplomacia, en reclamar el derecho internacional. Aunque sabe que el derecho internacional y la ONU están en estos momentos debilitados, la potencia económica asiática está en el grupo de los que proponen fortalecer la ONU, dado a que entiende que la ONU en la práctica  no sirve para nada.

En tanto, EE.UU. sabe que está perdiendo la batalla económica; depende de lo que en aún supera a todos los demás países, que es el poder militar. Aun cuando Rusia tiene, tal vez, una cantidad de armas mayor que EE.UU.,  Rusia hoy no tiene la misma capacidad militar que tenía cuando la Unión Soviética. En ese sentido Rusia  siente que su compromiso militar en estos momentos es Ucrania, porque  se dio cuenta de que  a través de esa batalla el objetivo de los países europeos es su aislamiento.

El profesor de Derecho contrastó que es Estados Unidos el que ha debilitado a Europa, por medio de la OTAN, lo que fue parte de su estrategia para que Europa no tuviera otra alternativa que depender  de que Estados Unidos fuera el único que lo defendiera en este nuevo mundo encendido. Ante esas circunstancias y las contradicciones con EE.UU., los países europeos se están preparando para la posibilidad de que Trump diga que ya no va a seguir en la OTAN.

Sobre esa posibilidad, España y Francia están planteando que se debe crear un ejército propio de la Unión Europea contra Rusia, fundamentalmente. Francia y Gran  Bretaña  han acordado una política para compartir toda su tecnología de armas nucleares con el resto de la Unión Europea para que sirva de sombrilla.

“Por eso de que el mundo está en llamas, efectivamente, está en llamas. Es que nosotros, lamentablemente, estamos tomando muy a la ligera las cosas que están ocurriendo y, por ejemplo, lo de lo nuclear. Hay que entender que ya estamos en un periodo histórico en que han vencido todos los tratados de armas nucleares”, puntualizó en referencia a que en la actualidad ya no existe ningún acuerdo internacional sobre el uso de armas nucleares, luego de que en el reciente mes de febrero expiró el acuerdo New Start, entre EE.UU. y Rusia.

Rivera Lugo señaló que Israel, que en estos momentos está agrediendo a Irán, tiene armas nucleares preparadas, las cuales no han sido ni inspeccionadas, ni están bajo control de la ONU. Además, según fuentes bien informadas, Israel, en términos estratégicos, está considerando utilizar una bomba nuclear “táctica” si siente que está perdiendo la guerra con Irán. Esta bomba nuclear táctica,  tiene menor impacto y es de las mismas que tiene Rusia en gran cantidad, las cuales se ha aguantado de utilizar en Ucrania.

Sobre la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán, resaltó que lo que debe de sorprender es la capacidad que ha tenido Irán en responder, lo que el propio Trump ha aceptado que no se esperaba. Rivera Lugo, indicó que es difícil saber si la guerra se va a extender a todo el medio Oriente.  Aunque observó que Irán tiene una estrategia clara y sabe lo que está haciendo. Por eso lo primero que atacó fueron  las bases estadounidense en la región: Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y hasta la sede de la CIA en Arabia Saudita. Al atacar las bases, entre ellas la principal base naval de la región, Baréin, EE.UU. está dependiendo ahora de una base que hay en la isla de Diego Gracia, territorio británico en el océano Índico, que está a dos o tres días de Irán.

La tesis de Rivera Lugo es que Irán quiere desgastar la capacidad defensiva de Israel y EE.UU., debido a que están dependiendo nada más de la guerra por el aire. Irán entiende que la guerra por el aire la puede sobrevivir, por eso es que quiere obligar a EE.UU. a tratar de meter tropas. Irán tiene un ejército de 1 millón 300 mil soldados, los cuales sí conocen el terreno. La pregunta es  cuántos  soldados estadounidenses harían falta para derrotar un ejército de esa naturaleza. “Eso, sin hablar de los que ahora se están sumando. Eso es lo que nunca entiende Estados Unidos: atacas  a mi país y yo, independiente de si estoy a favor o contra, defiendo a mi país”.

De parte de EE.UU. lo que se escucha todos los días es una improvisación absoluta, no tienen idea de qué esperar, de ganar la guerra cuál es el resultado final, no saben.  Rivera Lugo, señaló que EE.UU. ha abierto una caja de Pandora, por lo que no se sabe lo qué va a pasar y que  incluso ya hay analistas  de estrategia militar que pronostican que Estados Unidos se está quedado sin municiones y que no puede sostener a largo plazo una guerra como la que está sosteniendo porque una vez empiezan a  mermar las municiones para seguir con la guerra aérea, lo que les queda es mandar tropas.

Frente a este escenario, Rivera Lugo sostuvo el que ya existe una tercera guerra mundial. Describió que desde la guerra en Ucrania hasta ahora se había evitado la amenaza nuclear; pero dijo creer que la guerra de Irán nos mete dentro de una amenaza nuclear, no porque EE.UU. vaya a usar un arma nuclear, sino porque si Trump se ve perdiendo la guerra, va a buscar la manera de negociar algo para resolver, debido a su mentalidad de negociante que no lo puede perder todo.  “Pero lo que me preocupa son los israelíes. Son lo suficientemente fanáticos para intentar utilizar, si se encuentran en situación desesperada, un arma nuclear”.  De llegar a ese un punto, entonces sí se seguirá alargando esta guerra, concluyó.

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 El sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) opera con una obsolescencia que afecta, hace décadas, a sus consumidores, como sucede ahora en San Juan. El andamiaje de distribución y transmisión luce casi igual al de 1983, sin corregir sus roturas o salideros, explicó el ex vicepresidente de la Junta de Planificación Félix Aponte Ortiz.

Los fallos de la infraestructura redundan en una pérdida aproximada del 50 % del agua que viaja por las tuberías, de acuerdo con el planificador. Por eso, agregó, las bajas en el agua transmitida también provocan reducciones en la presión que reciben los abonados. Aponte Ortiz comparó el estado de la estructura al de un sistema cardiovascular.

“Si uno tuviera una hemorragia en una vena, técnicamente la presión arterial se va a alterar. Y cuando uno tiene una hemorragia significativa, uno tiene que ir de emergencia a un cirujano cardiovascular para que repare… Esto es un sistema que hace tiempo requería un proceso de reemplazo estructural de ese aparato físico”, expresó el experto a CLARIDAD.

De ejemplo, mencionó el Superacueducto de la Costa Norte que transmite agua potable de Arecibo hacia la zona metropolitana. El proyecto, que le costó $585 millones al Estado, transporta el servicio cuales venas, arterias y capilares por el Lago Caonillas, en Utuado, luego Jayuya, Arecibo, y eventualmente Bayamón, donde se bombea hacia la capital. Empero, advirtió el experto, este “caudal” de agua del norte agravaría el problema de las roturas.

“Así ocurrió. Pronto llegó el Superacueducto a la zona metropolitana y las pérdidas físicas aumentaron. De paso, derrotó el supuesto objetivo de traer una oferta de agua adicional de 80 millones de galones diarios para atender cualquier sequía extrema. No era que suplantaba la oferta existente, sino que añadía una oferta y le daba un sistema de seguridad”, recordó.

Como exintegrante de la Junta de Planificación desde 2014 hasta 2020, Aponte Ortiz describió la inversión del tubo como un error, puesto que solo cargó más al sistema sin resolver los fallos existentes. Con relación a la política pública estatal, entiende que la AAA no está administrada por un “programa de reemplazo” sino por uno de “respuestas a roturas”.

“Se rompe un tubo y se sale de inmediato a reparar el tramo averiado, pero no se reemplaza la tubería”, aseveró.

Además, Aponte Ortiz añadió que estas bajas en el sistema de transmisión se suman a las que ocurren cuando la AAA toma agua cruda de las represas y las filtra en sus diversas plantas. Pero la pérdida económica, elaboró, se da cuando la agencia pierde el agua que ya potabiliza.

Problemas que superan la infraestructura

 El planificador compartió que hay un aspecto de la gerencia de la AAA que “no tiene competencia profesional para administrar”. Recordando la situación del verano pasado, cuando la gobernadora designó a Carlos Pesquera coordinador especial de la AAA en medio de las averías que enfrentaba la zona metro, destacó que quedó evidenciada la “poca destreza” para abrir y cerrar válvulas de tuberías.

“Manejar esas válvulas, que son procesos manuales, físicos, requiere una destreza de que se abre una válvula y hay que cerrar parcialmente otra. No se pueden abrir las válvulas sin un razonamiento técnico, sin un entendimiento de la física mecánica que está ahí. Esa experiencia no está en la nueva gerencia de la Autoridad y va a tomar tiempo desarrollarla”, aseguró. Aponte Ortiz reparó, en cambio, que la región metropolitana estaba bajo la supervisión de un experimentado ingeniero: Roberto Martínez.

Por otro lado, resaltó la dependencia de la AAA con el sistema eléctrico. De acuerdo con Aponte Ortiz, las frecuentes interrupciones en el servicio energético comprometen los sistemas de bombeo. Con un apagón súbito, suceden los llamados “golpes de arietes” que presionan más las cañerías, rompiéndolas. El experto entiende que las averías en el servicio de agua pueden deberse a los continuos apagones eléctricos.

“Si hay más roturas cuando se bombean volúmenes grandes de agua, el punto más distante de bombeo va a tener dificultad con la presión para elevarse en la topografía, algunos metros sobre el nivel del mar. También en los edificios, a niveles de segundo piso en adelante, a menos que el edificio tenga su propio sistema de bombeo”, continuó.

El también profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) indicó que la zona metropolitana, particularmente San Juan, se beneficia de tener agua almacenada en tanques elevados. De esa manera, un poco como los inodoros, la gravedad descarga el agua y la hace llegar adonde haga falta. Cuando hay averías eléctricas, estos tanques son clave para mover el agua de forma sustituta al bombeo.

“Inclusive, el proceso de desinfección del agua se completa en los tanques porque el agua, estando quieta, pasa por el proceso y luego sigue al punto de consumo. Los tanques no son cisternas que se tienen aparte para abrirse cuando no hay agua. Están integrados al sistema. En las noches, cuando hay menos demanda de agua, los sistemas podrían operar con el agua de los tanques y ahorrar energía eléctrica en la facturación”, dijo Aponte Ortiz vía telefónica.

Ninguna de estas consideraciones están contempladas por la administración de la AAA, arguyó el profesor.

Respecto al reciente nombramiento del ingeniero José Rivera Ortiz como director ejecutivo de la región metropolitana, admitió no conocer el trasfondo profesional del designado. Reconoció, no obstante, una politización que ha permeado en la gerencia de todas las agencias del gobierno, incluido Acueductos, y que se lucran de la gestión pública y de sus fondos.

“Doy el ejemplo de Doriel Pagán. Antes de ser presidenta (de la AAA), ella dirigió la región norte y trabajó desde todas las cosas básicas. Conocía la Autoridad, conocía el sistema y sus requerimientos de tratamientos… Cuando hablamos de rigor, conocimiento y experiencia, hace falta más que un ingeniero que sepa abrir y cerrar válvulas. Es entender el sistema y el servicio que se da. Yo siento una gran carencia de eso”, puntualizó Aponte Ortiz.

Las críticas del planificador coinciden, en parte, con las denuncias que hiciera la Unión Independiente Auténtica (UIA) con relación al nuevo plan de clasificación y retribución. Desde dos perspectivas distintas, ambos frentes advirtieron sobre un manejo que privilegia al individuo sobre la experiencia. Para el sindicato de los trabajadores de la AAA, la agencia no tenía intención de negociar.

“Tenemos la obligación de levantar la voz con firmeza, porque ya basta de menospreciar el trabajo de los empleados de la UIA, quienes sostienen las operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. No estamos hablando de puestos cualquiera. Hablamos de trabajadores que enfrentan riesgos reales, que responden a emergencias y trabajan a cualquier hora, que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de que el pueblo reciba un servicio esencial”, expresaron por escrito.

Los obreros declararon un paro de 24 horas que propició, la semana pasada, un diálogo para discutir la compensación de ciertos días y el plan en cuestión. Al cierre de esta edición, el presidente de la UIA, José Cajigas Romero, no respondió los acercamientos de este periódico.

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Aun cuando al presente la mayoría de los 11 jueces que integran el Tribunal Supremo (TS) de Puerto Rico han sido nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP), igual que el resto de los jueces menores, con su llamado Proyecto de Reforma Judicial, el PS 1096, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pretende que su partido asuma por completo el control de todo el poder judicial. La medida fue presentada tan reciente como el pasado 19 de febrero.

La experta en Derecho Constitucional, profesora Yanira Reyes Gil, en entrevista con CLARIDAD, señaló que el proyecto del presidente del Senado es una restructuración total de la Ley de la Judicatura que pone en riesgo la independencia judicial de varias maneras.

Reyes Gil comentó que, pese a que siempre es conveniente que las instituciones se renueven y que se puedan hacer evaluaciones sobre las necesidades que tiene el país, en particular cuando han habido tantos avances tecnológicos que pueden modificar un poco los recursos disponibles, en el proyecto en cuestión hay elementos que resultan preocupantes.

La licenciada indicó que los tres cambios principales se refieren a la eliminación de la figura del juez municipal, a la eliminación de poderes y atribuciones que se le han dado histórica y constitucionalmente a la figura de la presidencia del TS y el llamado patronato de la judicatura. El proyecto tiene otros elementos, como el aumentar el salario de manera considerable a los jueces y juezas y crear un oficina de comunicaciones, entre otros aspectos de la Ley de la Judicatura.

Hay tres aspectos que destacó como principales. La figura del juez municipal en la judicatura que se tiene en este momento incluye el Tribunal de Primera Instancia (TPI), que a su vez incluye a los jueces municipales y a los jueces superiores. En el caso de los jueces municipales, estos son los que por lo regular ven las controversias de menor cuantía en términos monetarios y asuntos que tienen que ver con órdenes de protección, problemas entre vecinos y asuntos más cercanos a la gente.

La eliminación del juez municipal trae la preocupación de cuál sería el impacto con respecto al acceso a la justicia, en particular en pueblos lejos del Área Metro, en donde hay tribunales pequeños que son presididos por los jueces municipales. “Ese es uno de los asuntos que al Colegio de Abogados nos llama la atención y preocupa, de cuál va a ser el impacto de la eliminación de la figura del juez municipal a nivel de las regiones de los pueblos pequeños”.

El segundo aspecto de la “reforma”, la llamada coadministración, va relacionado de manera directa con lo que dice la Constitución de Puerto Rico. El Articulo V, sección VII de la Constitución establece que el TS estará encargado de establecer las reglas de administración de los tribunales y el juez presidente estará encargado de la administración de los tribunales y de nombrar un director de la Administración de Tribunales (AT), el cual le responderá directamente al juez presidente.

Reyes Gil defendió que eso se ha interpretado históricamente como dice la Constitución: que el Tribunal Supremo establece las reglas en pleno y que será el juez/ o jueza presidente quien se encargue de la ejecución de esas reglas. La administración incluye desde contratos, pago de utilidades, manejo de infraestructura, hasta asuntos tan importantes como la asignación de jueces y juezas a salas especiales y la administración regional de los tribunales.

“Entendemos por dónde va y la intención de este cambio, y es controlar cuáles son los jueces que van a estar atendiendo asuntos de controversias electorales o recursos extraordinarios, que son regularmente los que se atienden de reclamos constitucionales y otros similares”, expresó.

Al asegurar que todos esos asuntos recaen en manos del juez presidente, la constitucionalista censuró que con el proyecto de ley lo que se pretende es que sea el TS en pleno quien tome esas decisiones. En términos prácticos, eso quiere decir que ya no será la jueza Maite Oronoz quien tome esas determinaciones, sino que será un TS cuya mayoría fue nombrada por el PNP.

“Tendrían la posibilidad de controlar quiénes son los jueces y juezas que atenderían esas controversias. No debemos olvidar que esto viene atado a un momento en que el presidente del Senado ha promovido un cambio, otra vez, al Código Electoral, que ya sabemos cuántas controversias generó en las elecciones pasadas. Así que eso es una forma de controlar a la judicatura mediante la asignación de jueces específicos para atender controversias que son de interés para el partido”, denunció.

La constitucionalista trajo a la atención que el asunto de la coadministración de Rivera Schatz no viene de ahora, sino que en el pasado también lo ha hecho. Recordó que de 2007 al 2009, durante la gobernación de Luis Fortuño, tuvo la oportunidad de nombrar cuatro jueces al TS, y eso cambió la mayoría del tribunal que históricamente había sido un tribunal cuya mayoría había sido nombrada por el Partido Popular Democrático (PPD). Cuando Fortuño logró cambiar esa composición, una de las primeras acciones que hizo esa mayoría PNP del TS fue solicitar a la Legislatura un aumento del número de jueces del tribunal. Aun con la oposición de los tres jueces del PPD, el juez presidente Federico Hernández Denton, Anabell Rodríguez e Iliana Fiol Matta, lograron aumentar el número de jueces a nueve. Así fue que Fortuño pudo nombrar otros dos jueces adicionales.

Este aumento fue posible, además, porque la Constitución dice que el número de miembros del TS se puede aumentar mediante petición del tribunal. Eso fue lo que ocurrió en el 2009 con esa mayoría de seis a tres en el TS. Una de las primeras cosas que se hicieron impulsadas por Rivera Schatz fue un cambio en las reglas de la administración del TS, estableciendo que el nombramiento de jueces para casos electorales sería de forma aleatoria. Pero aun en ese momento, no le había quitado ese poder a la juez presidente.En el 2017, durante la gobernación de Ricardo Rosselló, el presidente del Senado volvió a impulsar legislación al respecto y logró enmiendas, aunque no pudo quitar por completo el poder a la presidencia, continuó. “Ahora con el PS 1096, lo que se intenta es arrebatar por completo los poderes a la jueza presidenta y que estos recaigan en el pleno del TS. Entonces no hay diferencia alguna en la práctica entre el nombramiento de un juez presidente y el resto porque las decisiones serán tomadas de forma colegiada”, afirmó.

Para la profesora Reyes, el pretendido cambio preocupa por varias razones. Una de ellas es porque es claramente contrario al texto de la Constitución y porque atenta de manera grave contra una diferencia que se establece entre las reglas de administración y la ejecución de la administración de los tribunales y refleja una intención de controlar el poder de la Rama Judicial, en los jueces que han sido o son afiliados al partido de gobierno. “Eso atenta de manera grave contra la independencia judicial y contra la democracia”.

Otro aspecto que resaltó del PS 1096 es el llamado patronato. Esta figura preocupa dado a que privatiza en cierta medida el allegar fondos para las estructuras de los tribunales, lo que levanta preocupación sobre cuánta influencia podrían tener estos fondos privados en las decisiones de los tribunales. La licenciada comentó que siempre se debe partir de la premisa de la objetividad del tribunal, sin embargo destacó que queda claro que la composición del grupo que integraría el patronato va a estar también controlado por el PNP, que recae en el pleno del TS.

Según el proyecto, el patronato estaría integrado por el juez presidente del Tribunal Supremo, la Administración de Tribunales, el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados. El resto de los miembros serían nombrados por el pleno del TS, lo que implica que la figura del patronato estaría en control pleno de ese tribunal. El patronato también implica un abandono por parte del Estado de su responsabilidad para con la estructura judicial. Eso, a juicio de la profesora de Derecho Constitucional, es preocupante, pues las donaciones privadas para infraestructura de los tribunales podrían ser utilizadas como una forma de influencia.

Sobre la necesidad de la alegada reforma, narró que hace poco el poder judicial hizo una campaña en los medios para dar a conocer el tribunal electrónico y de todas las gestiones que se pueden hacer a través de la Internet. Añadió que, después de la pandemia, la mayoría de las vistas se ven de manera remota. Resulta una incongruencia que cuando el tribunal se mueve para ser más electrónico digital, se cree una figura tan controvertible y problemática para infraestructura.

La licenciada Reyes Gil hizo hincapié en la preocupación que genera el PS 1096 ante lo que se ha visto en la práctica en este cuatrienio. “Lo que estamos viendo cada vez más de parte de la Legislatura liderada por Rivera Schatz es una estrategia de seguir acumulando poder para el PNP. Eso es lo que se está viendo a través de los cambios del código electoral y otros cambios de política pública”.

La constitucionalista advirtió que eso tiene implicaciones políticas porque es la Legislatura, dentro del esquema de separación de poderes, quien tiene el poder de aprobar las leyes, facultad que está predicada sobre el ideario de una práctica democrática.

Ante esta preocupación, el Colegio de Abogados envió una carta al Senado solicitando vistas públicas. Aunque fueron citados para una vista este 17 de marzo, aún no se sabe si habrá una sola vista, como ya ha pasado con otros proyectos, y qué otros sectores han sido convocados.