Presentación de DTMF
Un gobierno en suspenso y sin soluciones
Hay cosas tan y tan torcidas que nada puede hacerlas lucir derechas. Algo así está pasando con los intentos de la Gobernadora Jenniffer González Colón y su gobierno de convencer al pueblo de que en Puerto Rico los asuntos públicos marchan a buen paso, cuando la realidad lo niega. Estamos ante un gobierno en suspenso, solo sostenido por el cada vez más pequeño grupo de empleados de carrera que, a fuerza de costumbre y disciplina, hacen funcionar a medias el engranaje gubernamental, a pesar de la improvisación, la politiquería y las malas prácticas de una administración pública caótica y despótica.
A falta de logros, este gobierno vive de mitos. Sin visión ni propósito, la Gobernadora se empeña en mantenerse a flote como si estuviera en campaña política activa, con anuncios pagados que no informan aciertos pero sí propagan mentiras. Acaba de celebrar también una convención política insulsa que pensó que le serviría para tirar puentes y relanzar su imagen, y sólo le sirvió para poner de manifiesto las profundas divisiones que existen al interior de su gobierno y de su Partido Nuevo Progresista (PNP), y de cuán disminuidas y flojas están sus huestes. Fue un cónclave forzado, sin chispa, ni brillo, ni renovación. Un más de lo mismo para los mismos de siempre.
Por eso, nada nuevo ni exitoso se anunció allí, más allá de los clichés y consignas acostumbrados y de los falsos elogios, aplausos y vítores de los alzacolas a sueldo. La realidad sobre el terreno apunta hacia un gobierno que después de diez meses aún no «cuaja». Es un rejuego de sillas políticas que se intercambian, un intento de reavivar el consenso a cambio de llenar huecos con candidatos derrotados, o con hijos, sobrinos o ahijados de las familias del «corazón del rollo». Un partido y un gobierno que, cada vez más se encierran en sí mismos y se apartan para no enfrentar la realidad de los problemas que confronta el pueblo al que le piden el voto.
El Secretario de la Gobernación ( y principal cabildero) proclama que en Puerto Rico no existe una crisis energética. LUMA y Genera PR se empeñan en hacerlo quedar mal. A diario siguen los apagones, interrupciones y los llamados «relevos de carga» que dejan sin servicio de luz eléctrica a decenas y centenares de miles de abonados residenciales y comerciales. Mientras la semana pasada se estrenaba la nueva factura agrandada de LUMA, que incluye aumentos significativos en el costo del servicio eléctrico, cientos de miles de abonados se quedaron sin luz- algunos hasta por 18 horas consecutivas- sin que siquiera se informara las causas y posible duración de dichos eventos. LUMA y GeneraPR están tan engreídos que ya ni siquiera se sienten obligados a dar explicaciones por su ineptitud y mal servicio. En esta edición de CLARIDAD, se publica un análisis de la nueva y más costosa factura eléctrica y su impacto hacia el futuro energético de Puerto Rico.
La Gobernadora, que basó su triunfo electoral en la promesa de que cancelaría el contrato de LUMA, ahora vacila y calla cada vez que se le toca el tema. Quizás es casualidad, pero la presencia en Puerto Rico hace unas semanas de «Duke» Austin, CEO de Quantas, la matriz de LUMA Energy, puede tener algo que ver con el silencio de la Gobernadora y las expresiones enajenadas del Secretario de la Gobernación, a las que nadie serio les da credibilidad.
Hablando de energía, ya se perfila también que el contrato de exclusividad por siete años para el suplido de gas metano, que firmó el gobierno de Jenniffer González con la gasífera New Fortress Energy, para el terminal en la Bahía de San Juan saldrá más caro y pagaremos más por el gas que en Europa y Estados Unidos, según proyecciones del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero ( IEEFA). En todo este proceso de la privatización energética en Puerto Rico, los análisis y proyecciones de IEEFA se han cumplido como si fueran profecía.
Por otro lado, abona a la incertidumbre que pende sobre el gobierno de Jenniffer González y el PNP, la fracturada mirada del gobierno del Presidente Donald Trump hacia Puerto Rico y hacia éste y demás gobiernos coloniales del bipartidismo PNP-PPD. A pesar de ser Republicana y de haber apoyado y votado por Donald Trump, ni Jenniffer González ni nadie de su gobierno ni del PNP parecen gozar de la confianza y los buenos oficios del círculo «trumpista». Esto se nota a leguas en la actitud de fastidio y distancia del Presidente Imperial y sus principales oficiales hacia nuestro país. Como objetivo militar en su cacería de agresión contra gobiernos de nuestra región latinoamericana y del Caribe, Puerto Rico tiene todavía uso como trinchera de entrenamiento y lanzamiento. Pero es simplemente eso, un uso indiscriminado e irrespetuoso, y no como parte de alguna visión estratégica, ni de algún acuerdo mutuo donde al gobierno de Puerto Rico se le consulte, o figure, opine o decida. Nuevamente, Puerto Rico es relegado a un rol subordinado de «carne de cañón» en las aventuras guerreristas imperiales.
Otro ejemplo, es el caso del Presidente, Donald Trump, y los despidos que hizo de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), y la contrademanda de tres de estos miembros para permanecer en sus puestos. En este caso, el gobierno y el pueblo de Puerto Rico somos meramente observadores silentes, no empece a que las consecuencias de las acciones y decisiones tomadas pesarán sobre nosotros como un baldón. Este es un diferendo que deja en carne viva la herida colonial que nos excluye de ser parte de lo que está en juego: el reto a los límites de cada uno de los poderes constitucionales del sistema estadounidense, (Presidencia, Congreso y Tribunales). A juzgar por el récord de victorias judiciales obtenidas por Trump en este primer año de su segundo mandato presidencial, puede apostarse, con cierto grado de certeza, a cuál de los dos lados se inclinará la balanza en este caso.
A diez meses desde que asumió el cargo, la Gobernadora Jenniffer González y su gobierno se encuentran en una encerrona. Ya se agotaros los chistes, los bailes y el faranduleo como herramientas de ganar el favor popular o de hacer gobernanza. Puerto Rico confronta problemas serios, que requieren soluciones serias, por parte de líderes y lideresas serios, competentes y comprometidos con nuestro pueblo. Un gobierno en suspenso, y falto de ideas y soluciones, no puede ser la respuesta para el momento crucial que vivimos.
Como leer la factura de LUMA
CLARIDAD
La lista es larga, es una factura por la cual cada día pagamos más y tenemos menos. Es la factura por el servicio de energía eléctrica a cargo de dos privatizadoras, LUMA Energy (LE) y Genera PR. LUMA transmite y distribuye (T&D), Genera es la que produce la electricidad.
A partir del 1 de octubre entró en efecto un aumento de 3.41 centavos por kilovatio hora (kvh) a la tarifa básica. Se estima que el consumo promedio de una casa en Puerto Rico es de 500 a 1,000 kilovatio horas (kvh). Eso depende del uso de enseres eléctricos, tamaño de la vivienda y miembros del núcleo familiar. A partir de esta tarifa básica será el aumento en su factura, lo cual va a depender de cuánto usted consuma.
El expresidente de la UTIER (Unión de trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ricardo Santos, nos orienta sobre cómo entender la factura. De entrada, cuestiona para qué se van a usar esos tres centavos de aumento. Dos están destinados a las pensiones y uno y medio para ajuste provisional. Este ajuste provisional es supuestamente para los gastos de producción de LUMA. Denuncia que el aumento es completo para LUMA debido a que, antes de la privatización, de la tarifa básica se pagaba la aportación patronal de las pensiones y ahora se está pidiendo un aumento para el pago de pensiones.
La factura parte de un cargo básico o un cargo fijo de $4.00, que opera indistintamente de si el cliente consume o no. Si se fija en el círculo de su factura (Desglose de cargo de electricidad), ese cargo es el de color salmón que dice Tarifa base – cargo fijo con el porciento que representó de su factura. Ese cargo fijo es lo que se le cobra a todos los abonados por la facturación. Sencillamente, es por la factura en papel que le envían y por mantener su cuenta en servicio activo.
El otro cargo es el de la Tarifa básica, que fue el aumento de 3.41 centavos por kvh que aprobó el Negociado de Energía. En ese cargo siempre habían estado incluidos todos los gastos que tienen que ver con la producción, es decir, la energía y conservación de la energía eléctrica, la nómina, los gastos administrativos. Incluso de ahí se sacaba la reserva para el pago a los bonitas, expuso el expresidente de la UTIER.
Eso fue hasta que llegó la crisis bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño, que refinanció la deuda de la AEE al extremo de duplicarla de $4,500 millones, aumentándola a $9 mil millones en sus cuatro años. Ese aumento fue lo que creó la crisis financiera, ya que después de esa emisión de bonos fue que la AEE cayó en crisis.
Esa tarifa básica es la misma para todo el mundo. El detalle es que esa tarifa básica después de las emisiones de Fortuño no se aumentó hasta el 2017. No es hasta los recientes aumentos llamados “temporeros” que se aumentó la tarifa básica.
La compra por combustibles es el otro cargo de la factura. La parte azul oscura de la factura que representa el cargo mayor que tiene la AEE es el porciento que usted pagó según su consumo por kvh. Siempre este ha sido el gasto mayor debido a que se estableció a partir de la crisis del petróleo en los años 70 del siglo XX, observó Santos. La particularidad de este cargo es que es uno variable, contrario a la tarifa básica, que es fija. Varía en términos de si aumenta o no el precio del combustible. El excelador de línea recordó que este cargo ocasionó mucha controversia al cuestionarse qué cosas se le pueden adjudicar al costo del combustible.
De hecho, la AEE empezó a adjudicarle muchos gastos que pudieran estar entre comillas relacionados o no con la compra de combustible. “El hecho es que ese cargo tenía una fórmula para sacarlo que nadie la entendía, no porque no supiesen la matemática; el secreto era que variaban los números de acuerdo al precio del petróleo o a los cambios o gastos relacionados con la compra del petróleo”, expuso.
Al respecto, denunció que antes de la entrada de News Fortress Energy (NFE), en Puerto Rico había un “cartel del petróleo”, y ahora tenemos el cartel del gas con NFE. Es más descarado, tienen control de los muelles y las plantas de generación”. Genera es una subsidiaria de NFE.
Santos arguye que al cargo por compra de energía se le puede llamar ‘Cargo por la privatización directa’, dado al hecho de que, con la privatización, es la compañía privada la que le vende energía eléctrica. Se hizo un cargo aparte, separado de la factura, para que la gente lo pague de manera directa.
Todos estos cargos los cobra LUMA, se los pasa a la AEE y esta última es quien los reparte. En un principio, LUMA tenía mano libre con el dinero, pero ahora es la AEE quien lo controla, de ahí las quejas de la privatizadora.
En resumen, al final de la factura hay un desglose de cómo se distribuye lo que la persona pagó en su factura; todo se computa por sus gastos de kvh. La factura incluye los gastos del cargo por servicio, el ajuste por cargo de combustible y por compra de energía, la cláusula del CELII (esto es, los impuestos municipales que paga la AEE a los municipios, los subsidios que se le pagan a personas con condiciones especiales que dependen del servicio eléctrico, los subsidios a los hoteles, hospitales, al Departamento de Educación, el cargo por eficiencia energética, que es la compra de energía a las personas que tienen placas solares. Todos estos renglones los pagamos los abonados en la factura.
A la anterior lista se le añade el ahora “Ajuste de costo por pensión” de $2.49. Santos, describió este cargo como “el cargo de la privatización y de la mala leche”. Indicó que antes, la aportación patronal al sistema de pensiones se sacaba de la tarifa básica sin desglosarlo. “Ahora lo desglosan para una de dos: para que el pueblo se solidarice con los jubilados o para que el pueblo se incomode con los jubilados atribuyéndoles el aumento en la luz”.
En esa línea ,cuestionó por qué no se desglosan los pagos a LUMA y Genera o los sueldos de los ejecutivos de ambas privatizadoras. “El dinero sale del mismo bolsillo, pero como la intención es hacer creer al pueblo que el aumento es por causa de los jubilados, yo rechazo ese cargo. Porque lo único nuevo que hay en la factura es el cargo a los privatizadores LUMA y Genera, en términos de gasto nuevo”.
Y por último, el cargo por “Ajuste provisional”, que es un cargo que va directo para LUMA y Genera. Santos advirtió de que todavía falta anunciar el cargo para pagar la deuda a los bonistas. Según ya han anticipado los expertos, un cargo para el pago de la deuda se podría extender por 30 a 40 años.
Hacia una cooperativa de vivienda estudiantil
CLARIDAD
Tres años de arduo trabajo, de incertidumbre, de inseguridad sobre cuándo se tendrían que ir, no saber dónde pagar la renta y enfrentar aumentos exorbitantes. Los jóvenes estudiantes que lograron mantenerse en el icónico edificio La Torre confían en que muy pronto serán propiamente dueños del edificio de su Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía.
La compra en el 2022 del histórico edificio conocido como La Torre, en Río Piedras, por el inversionista Thomas Axon, beneficiario de la Ley 60, marcó para la comunidad llamada Ciudad Universitaria el proceso del desplazamiento. Pilar Torres Lugo, residente de la ahora cooperativa Torre de Sofía, describe lo que significó la compra para los jóvenes estudiantes que se hospedaban en La Torre.
“Lo más difícil fue la incertidumbre para muchachos jóvenes que conocían ese sentimiento por primera vez. El comprador envió una carta por correo electrónico diciendo que se comunicaría con ellos. En lo que se comunicó pasaron cinco meses. Los jóvenes no sabían dónde tenían que pagar la renta, quién había comprado, si los iban a sacar. Esa incertidumbre, desesperación, fue algo que los marcó y todavía lo tienen marcado en su cabeza”, narró la madre de una joven estudiante que se mudó al edificio junto a otro joven, todos de Abonito, para que pudieran estudiar en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico(UPR).
Axon, cuya firma lleva el nombre de Fortaleza Home, al comprar subió la renta de $400 a $850 y hasta $1,100, por lo que la mayoría de los estudiantes se tuvo que ir. Los que hoy permanecen son estudiantes de maestría que trabajan. “Están sobreviviendo aferrados al proyecto de cooperativa”, nos explicó.
Con el alza en la renta, el inversionista fue haciendo algunos arreglos, pero nada lujosos. Lo más lujoso fue un ascensor nuevo, después de 15 años del edificio de 12 pisos no tener ascensor.
Gabriel González Maley, otro de los inquilinos, recordó que, antes de la venta, la mayoría de ellos eran estudiantes y jóvenes recién graduados. Comparó que el hijo del anterior dueño, que era quien administraba el edificio, tenía la visión de que fuese un edificio con comunidad y llegó a aceptar rentas bajas. La notificación de la venta les llegó por correo electrónico, sin ninguna otra información. En su caso, el apartamento estaba a nombre de su compañero de cuarto, que se había ido para Estados Unidos, por lo que necesitaba la información de dónde pagar y a quién, para cambiar los nombres de las cuentas de los servicios de agua y luz. “Hasta hace poco, había mucha gente desilusionada, diciendo yo me voy del edificio, yo no confío en esa gente, en esos gringos comprando el edificio”. Admitió que todavía es el sentir de algunos.
Cuando por fin los nuevos dueños se pusieron en contacto, les enviaron un correo pidiendo disculpas, que estaban en transición, y les invitaron a “tomar un trago” en la cantina mexicana del primer piso del edificio. “Llegamos algunos de nosotros a escuchar, preguntar. Eso fue meses después de la comunicación. En esa reunión me impresionó que dijeran: ‘Nosotros somos un grupo de inversionistas de real estate (bienes raíces), manejamos unos edificios aquí en Puerto Rico, mayormente en el Condado, pero queríamos expandir nuestro portafolio. Nos interesaba mucho el edifico y estar cerca de la universidad’, que para ellos tenía buena pinta. Con eso nos quiso decir que la renta iba a subir”.
González Maley también comentó que la remodelación de más de envergadura que ha hecho el nuevo dueño fue sellar el techo, algunos arreglos a apartamentos y el ascensor, pero nada lujoso. Incluso antes había una empleada que hacía tareas de limpieza y algo de administración y la botaron porque querían bajarle el sueldo y ella no aceptó.
Fue luego de varias reuniones semanales y una fiesta de Navidad, contó el estudiante, que surgió la iniciativa de crear una cooperativa de vivienda. “No todos querían ser socios porque están de pasada”, comentó el estudiante de maestría del Instituto de Cooperativismo de la UPR. Para el proceso de organizar la cooperativa el grupo tuvo y tiene el asesoramiento de la licenciada de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, María Hernández.
En entrevista junto a González Maley, la licenciada Hernández compartió que mas allá de asegurar una vivienda para unas personas que ya estaban más que en el límite de lo que podían pagar, su asesoramiento en cuanto al modelo cooperativo era hacerlos conscientes de que en el caso de una cooperativa hay una responsabilidad colectiva.En el esquema cooperativo, la participación activa de cada uno era mucho más importante porque no es que van a construir un edificio, sino que están trabajando con un edificio donde ya se vive y donde hay un inversionista que compró no con la idea de hacer la caridad y sí con la idea de sacar dinero.
“Era doblemente importante que el grupo de trabajo estuviese consciente de que esa organización que se iba a formar tenía que contar con el equipo de trabajo. Lo importante es estar claro de que de aquí en adelante iban a asumir una responsabilidad grande. En la medida en que hagamos bien ese trabajo, yo me tengo que mover de la cooperativa porque sé que hay otra gente interesada que va a venir. Las organizaciones uno las crea normal a perpetuidad. Nuestro trabajo tiene que ser lo suficientemente bueno para que alguien quiera venir y mejorarlo”, explicó Hernández.
El joven estudiante expresó que una de las conversaciones más importantes que tuvieron fue la diferencia entre una cooperativa de titulares y una mancomunada. “Tan pronto aprendimos, la mancomunada nos sirvió de una manera muy lógica; de que si nosotros estamos compartiendo el riesgo y la responsabilidad, queremos ser una cooperativa de vivienda para estudiantes. Estamos hablando de vivienda transitoria, no estamos hablando de que estoy buscando un hogar, un apartamento para mi vida, sino de que soy joven, estoy empezando mi bachillerato, necesito un espacio seguro con comunidad, bien ubicado, hasta que esté listo para transicional a otra cosa”.
En términos legales, la cooperativa ya está creada, ahora están en la etapa de buscar el financiamiento para adquirir el edificio. Torres Lugo y González Maley indicaron que ya han tenido conversaciones con el dueño, quien les ha pedido $2.5 millones. Según se sabe, el inversionista compró en $1.7 millones. González Maley señaló que aun cuando el edificio se puede utilizar como colateral, ha sido complicado adquirir el dinero. Reveló que tuvieron una conversación con el Departamento de la Vivienda y les dijeron que “eso sonaba súperlindo, pero que ellos nunca han trabajado un caso así”.
Sobre la contestación del DV, la licenciada Hernández reaccionó diciendo que el problema del gobierno es que no hay la visión, de que nunca se ha hecho, cuando aquí tiene la oportunidad de hacerlo. “Es la primera vez, tiene el modelo, un grupo que está dispuesto a asumir. Esa es la política pública: vivienda asequible para las personas. Hay una brecha enorme entre la realidad de nuestro pueblo y lo que se está haciendo para proveer viviendas”.
En estos momentos, dijo, trabajan con FIDECOOP para lograr el financiamiento y esperan por el resultado de una segunda tasación para tener una comparativa y empezar una negociación formal con los dueños. Aun cuando estos les dijeron que sí les gustaría vender, el joven estudiante dijo estar conscientes de que estas son personas de negocios, por lo que deben estar preparados por si les llega otra oferta.
González Maley comentó que en el proceso de organizar la cooperativa han conocido más del contexto del desplazamiento, por lo que parte del propósito de la cooperativa es que los estudiantes, mientras vivan en la cooperativa, tengan esa experiencia de cómo es vivir bajo otro modelo de vivienda. En esa sintonía, también se creó un fideicomiso para perpetuar la Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía, una vez se salde la hipoteca.
El trato desigual en la Universidad de Puerto Rico
Especial para Claridad
En algo el discurso sobre la Universidad de Puerto Rico difiere de la del gobierno: mientras la tasa de participación laboral aumenta, mientras la tasa de desempleo se encuentra en un su punto más bajo históricamente, mientras el gobierno celebra estos indicadores y cierto crecimiento económico, a la UPR se le quiere reducir el apoyo y el presupuesto. La retórica de la prosperidad para el país acompaña a la retórica de la pobreza para la universidad.
¿No hay dinero para la UPR? Ese es el discurso de la Junta de Control Fiscal, del gobierno y de la gerencia universitaria, pero el panorama se nos presenta distinto. Desde el 2018 los ingresos al Fondo General de Puerto Rico han aumentado en un 40%: de $9,334 millones en el año fiscal 2017-2018 al actual (aprobado) de $13,095 millones. Y es en ese periodo en el que con mayor fuerza se le ha recortado el presupuesto a la UPR, reduciendo los fondos que se le transfieren de $668 millones en el 2018 a $531 millones en el presente, una reducción de 20% a un presupuesto ya de por sí disminuido. Esto no quiere decir que Puerto Rico ha superado la crisis estructural en la que está inmerso desde – por lo menos – el 2006, pero sí que el gobierno hará todo lo posible para evitar que la UPR reciba los fondos que necesita, aún cuando la economía crezca.
La otorgación del presupuesto a la UPR se ha hecho, desde el 2014, incumpliendo con lo que la Ley 2-1966 establece: el 9.6% del promedio del Fondo General de los dos años previos. Eso equivaldría para el año actual aproximadamente $1,268 millones de dólares, lejos de los $531 millones otorgados. La UPR recibe, en lugar del 9.6%, solo el 4% del Fondo General. Si se sumara lo que la institución ha dejado de devengar por esta violación a la ley, ya se sobrepasan los $3,000 millones en fondos perdidos. Cuando se critique el malestado de la infraestructura universitaria, hay que recordar esta cifra.
¿Hay espacio para ahorros? Seguramente, pero quizás no donde la gerencia apuesta. Es de notar que el salario de quien ocupa la Presidencia ha aumentado en estos años de “austeridad” universitaria. Desde el 1997, se había establecido como tope un salario de $104 mil anuales. Pero esto cambió, de manera reveladora, con la llegada de la JCF: en el 2017, se le concedió un salario de $124 mil anuales a Darrel Hillman; en el 2018, se le otorgó un salario a Jorge Haddock todavía más escandaloso, de $240 mil anuales, y a Luis Ferrao, $174 mil anuales desde el 2022, lo mismo que recibirá Zayira Jordán Conde.
Los puestos de confianza de la Junta de Gobierno y de la Presidencia también le cuestan millones a la UPR, y son posiciones que no atienden a un solo estudiante. Según la información pública más reciente, el Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno gana $10,000 mensuales; el chofer del Presidente, $5,416 mensuales, y dos de sus Ayudantes Especiales, más de $9,500 mensuales cada uno. Todos son puestos de confianza, todos ganan más que un docente sin plaza con doctorado a tiempo completo. La retórica de la austeridad en la UPR va acompañada por el despilfarro indecente para la gerencia.
Incluso la JCF, que tanto dice promover ahorros, ha apostado por este aumento en la gerencia y burocracia universitaria, ordenando originalmente que $20 millones anuales se destinaran a la creación de una oficina (antes, Oficina de Transformación Institucional, OTI, ahora llamada Oficina de Desarrollo, Innovación, y Transformación, ODIT) desde donde se otorgarán contratos para enriquecer a bolsillos privados con fondos públicos. Claro, la “justificación” de la oficina es otra – hacer más eficiente la distribución de recursos de la UPR – pero en el neoliberalismo la justificación va por un lado y el verdadero propósito por otro.
De la OTI, precisamente, salieron contratos a las compañías BluHaus y Cederella, asociadas con BDO, cuyos socios fueron arrestados a nivel federal por fraude en el Departamento de Educación, el mismo caso de Julia Keleher. Esas son las compañías que la gerencia y la JCF han permitido entrar a la UPR mientras hablan de economizar y aumentar ingresos. Y todavía no se ha investigado lo suficiente la relación entre los miembros de la Junta de Gobierno y la otorgación de contratos de la UPR – los conflictos de intereses abundan, aunque aparezcan bajo el manto de la legalidad. El despilfarro indecente de la gerencia se relaciona con el robo.
Los reclamos de la comunidad universitaria se resumen en dos propuestas básicas: restitución de la fórmula presupuestaria y democratización de la toma de decisiones. Si realmente se quiere admitir un número mayor de estudiantes, como apuesta el gobierno con la admisión automática, se requiere el presupuesto para hacerlo. Y necesitamos que la distribución de los fondos de la UPR se haga en función, no de intereses privados e individuales, sino del proyecto universitario que requiere Puerto Rico.