Rara vez me demoro más tiempo leyendo el libro que voy a presentar que preparando la presentación como tal. Esta es una de esas ocasiones. El libro Plan Chardón y Plan de la Coalición Republicana Socialista, 1934-1935: proyectos divergentes para Puerto Rico durante la Gran Depresión (documentos y análisis), de Iyari Ríos González y Juan Giusti Cordedo, es uno enjundioso, de más de 650 páginas. En otros contextos, me sería difícil aceptar el presentar un tomo voluminoso como este en medio del semestre académico. Sin embargo, tan pronto se me dio la oportunidad, accedí, porque reconocí en él, apriorísticamente, un libro importante, para el cual valía la pena detener otras lecturas, otras tareas, y adentrarse de inmediato en él con toda la concentración posible.

Desde hace varios años conozco de este proyecto, que buscaba publicar en conjunto el llamado Plan Chardón y el llamado Plan de la Coalición Republicana Socialista. Esta empresa nada más haría de este libro una contribución considerable, pero para nuestros tiempos pudiera cobrar todavía mayor significado. Nos encontramos, como en la década del 1930, en una profunda multicrisis, social, económica, política, colonial. En tiempos recientes, por parte de las esferas en el poder, más que propuestas, hay simulacros de planes. El estudio de una coyuntura histórica que produjo un caudal de proyectos económicos, de debates intensos, pudiera ayudarnos, no a repetir, pero sí repensar nuestro presente accionar desde la sombra del pasado. Como afirmó Rubén Dávila Santiago, en la introducción a su antología Teatro obrero en Puerto Rico (1900-1920), “el pasado siempre es un hoy”.

El llamado Plan Chardón, que realmente lleva por nombre “Report of the Puerto Rico Policy Commission”, está en boca de todxs. En términos generales, cuando se habla de él, se hace referencia a un proyecto económico y social, redactado por un comité liderado por Carlos Chardón, en respuesta a la aguda crisis que vivía Puerto Rico para finales de la década del 1920 y principios del 1930, caracterizada por un alto desempleo, salarios bajos y creciente desigualdad, exacerbada, además, por dos fenómenos atmosféricos (San Felipe en el 1928, San Ciprián en el 1932). No era este el único de los proyectos en esta época de “planofilia”, en palabras de Giusti, pero sí uno que buscó dar una respuesta original a la coyuntura. El mismo tenía como base una reforma agraria que consistía, principalmente, en que el gobierno (sea el local o el federal) comprase centrales azucareras para luego intercambiar las mejores tierras de las centrales por tierras menos productivas que pertenecían a colonos también productores de azúcar. Esto era posible, en parte, por una legislación federal, la Ley Costigan-Jones, que pondría un tope en la producción azucarera (es decir, crearía “cuotas azucareras” para regiones y centrales particulares), pero daría una compensación o subvención por esta reducción forzada, compensación que pudiera también llegar a las arcas del gobierno. Se parte, por tanto, de la premisa de que ocurriría una disminución en la producción azucarera, que afectaría principalmente a los colonos (que producirían menos azúcar) y a los obreros agrícolas (que terminarían en el desempleo); pero también de un enclave histórico que podía resultar en una oportunidad singular de redirigir fondos hacia un proyecto económico coherente distinto.

La propuesta de compra de centrales azucares, en este contexto, cumpliría varios propósitos. Esto permitiría mejorar las condiciones económicas de los colonos, al estos recibir tierras más productivas, y de los trabajadores agrícolas, cuyo salario seguiría una fórmula para ser proporcional  al precio del azúcar y las ganancias. A la vez, las tierras menos productivas que recibiría el gobierno se redistribuirían a agricultores despoesídos, con el propósito de que estas se usaran para cultivar otros frutos más allá de la caña. La idea base respondía, por tanto, a dos problemas principales en Puerto Rico: la concentración de tierras por parte de capitalistas ausentistas para el monocultivo azucarero y la desposesión de tierras de un número siginificativo de la población. El llamado Plan Chardón correspondía a una adaptación puertorriqueña de las políticas que se abrían paso con el Nuevo Trato estadounidense, en la que el gobierno intervendría activamente en la economía, con estructuras públicas o semipúblicas para, en este caso, redistribuir tierras, diversificar la producción agrícola y reducir la desposesión y el desempleo. Por eso, el llamado Plan Chardón sirvió de inspiración para la transformación de esta política en Puerto Rico, la creación del Puerto Rico Reconstruction Act, el PRRA, y, hasta cierto punto, para algunos de los proyectos económicos posteriores que vendrían a caracterizar el Puerto Rico moderno – con todas sus contradicciones – creado a mediados del siglo XX.

El llamado Plan Chardón, previo a esta publicación, solo podía consultarse en fotocopia en algunas bibliotecas en Puerto Rico y Estados Unidos. Este, además, se había escrito en inglés. Traducido al español, solo se publicó parcialmente en el periódico El Mundo en el 1934. Uno de los textos fundamentales de la historia moderna de Puerto Rico, mencionado por todxs, era, por tanto, leído y conocido por muy pocos. Ahora, no solo es accesible en formato de libro, sino que se encuentra traducido al español en su totalidad, incluyendo sus apéndices.

El llamado Plan de la Coalición Republicana Socialista fue la respuesta al llamado Plan Chardón. Conviene recordar el contexto político para entender lo significativo de que se haya redactado esta contrapopouesta. En las elecciones del 1932, el partido que más votos obtuvo fue el Partido Liberal, pero la suma de los votos del Partido Unión Republicana y el Partido Socialista de Puerto Rico, unidos como Coalición Republicana Socialista, llevaron a esta última a copar la legislatura y ocupar el puesto considerado el más importante de la época, el del Comisionado Residente, escaño que obtuvo el líder socialista Santiago Iglesias Pantín.

Una Coalición logró superar al partido más grande. Pero la trama política era todavía más compleja. Ese mismo año en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata, triunfó sobre el incumbente Herbert Hoover, del Partido Republicano, e inició el proyecto del Nuevo Trato que vendría a reconfigurar la estructura social y económica de los Estados Unidos. Este, por supuesto, recibió la resistencia del Partido Republicano en los Estados Unidos… y del Partido Unión Repúblicana en Puerto Rico.

En la estructura política colonial de entonces, el poder ejecutivo de Puerto Rico estaba en manos de Roosevelt. Por la cercanía ideológica de Roosevelt con miembros del Partido Liberal, lo que ocurrió en Puerto Rico no puede ser descrita de otra manera que no sea un gobierno dual. Si bien la Coalición ocupaba la mayoría de los escaños, será a través del esfuerzo conjunto del gobierno de Roosevelt y de cuadros del Partido Liberal que se articularía el Nuevo Trato en Puerto Rico, en parte usando como base el llamado Plan Chardón del 1934. Esta alianza federal-liberal se dio a tal nivel de que se institucionalizaron ciertas políticas del llamado Plan Chardón sin que tan siquiera se haya consultado o se hayan aprobado a nivel de la legislatura.

Ante este escenario es que responde la legislatura dominada por la Coalición Republicana Socialista con plan económico como alternativa en el 1935, que mantuviera la misma estructura azucarera pero incorporando una serie de reformas agrarias e infraestructurales para atender los graves problemas de la coyuntura. Hay que recordar que el Partido Unión Republicana había sido quien con mayor consistencia defendía los intereses de la industria azucarera, que se sentían amenazados por el proyecto novotratista. A esto se añade el que el National Industrial Recovery Act, parte del Nuevo Trato, paralizó la industria de la aguja, lo que habrá provocado reacciones adversas adicionales a la política novotratista.

Si el llamado Plan Chardón buscaba retar el monocultivo azucarero, distribuyendo tierras y diversificando la producción agrícola, el llamado Plan de la Coalición sostenía su proyecto económico en la defensa de la industria azucarera. Por eso, el plan le pedía al gobierno de Estados Unidos elevar la cuota sugerida de azúcar, producto de la Ley Costigan-Jones, y asegurar que los productores de caña fueran reembolsados por la limitación en la producción. Por otro lado, ponía una preocupación particular en el problema de la deuda, y no solo la deuda del gobierno, sino también de las deudas hipotecarias de pequeños propietarios. Siendo cierto que el proyecto económico no buscaba limitar el acaparamiento de tierras por parte del gran capital, también hay un reconocimiento implícito en que el monocultivo azucarero requiere de colonos y agricultores, cuyas tierras se encontraban amenazadas por sus deudas y cuyas consecuencias pudieran agravar la crisis. Otras cosechas o nuevas industrias serían actividades económicas complementarias; no era necesario priorizarlas, pues se entendía que el país podía suplirse de las mercancías que no producía a través de la importación, razón en parte por la que propone un proyecto de «zonas francas» y de «puertos libres» en Puerto Rico. Si bien es un proyecto tímido en los cambios que propone, tampoco deja de ser cierto que el programa detalla industrias pequeñas o caseras que pudieran promoverse, al igual que cooperativas de tierras y sistemas de granjas. Además, le presta atención a todo un proyecto de desarrollo de infraestructura importante (viviendas, escuelas, hospitales, dispensarios, puertos), razón quizás por la que implementar el llamado Plan de la Coalición podría costar dos veces lo que se pronosticaba del llamado Plan Chardón.

Este plan circuló únicamente como parte de la Resolución Concurrente Núm. 1 de la Legislatura de Puerto Rico, sometido el 12 de febrero de 1935. Para efectos prácticos, se desconocía de esta propuesta económica hasta que fue redescubierta por Ríos González. La contrapropuesta al llamado Plan Chardón, por tanto, resultaba todavía más inaccesible que este.

Añado, también, que ambos proyectos se encontraban inmersos en una transformación en la conceptualización de la política económica; términos antes equiparables, como “socorro” y “reconstrucción”, vendrían a significar ahora políticas distintas: la primera para referirse al auxilio económico a una situación de emergencia; la segunda para implicar una transformación más profunda en una estructura económica. Tristemente, esta diferenciación no ha sido internalizada por los partidos neoliberales que nos gobiernan, quienes reciben fondos federales como solución cuando, utilizados como se ha hecho, no son más que alivios pasajeros, que no conllevan mayores cambios estructurales. Como en los 1930, una posibilidad de redirección política, económica y social se aprecia, y se está a riesgos de perderse. El neoliberalismo, por su fe ciega y acéfala en el “mercado” como fuerza estabilizadora, ha vuelto a confundir y a equiparar los conceptos “socorro” y “reconstrucción”. El modelo económico que sirve de base igual para el imperio que para los partidos tradicionales está condenado a una bancarrota creativa en materia económica.

No exagero, por todo lo dicho, cuando afirmo que este libro, como muy pocos, sirve de puerta de entrada para entender una de las décadas de mayor complejidad en la historia de Puerto Rico. Y esto se debe a que el libro no trata solo sobre dos proyectos económicos encontrados, o “divergentes”, como indica el subtítulo, sino que el debate en torno a estas dos visiones ocurre en un marco más amplio, esclarecido por ambos autores en sus respectivos textos: la introducción de Giusti para el llamado Plan Chardón y la introducción de Ríos González para el llamado Plan de la Coalición. Estos proyectos divergentes vendrían a ser el punto concéntrico, la célula atómica (utilizando la conocida metáfora de Marx), de un antagonismo político mucho más amplio, razón por la cual la publicación de este libro no puede resultar indiferente para quienes estudien la historia económica y política de Puerto Rico, para quienes se interesen en el movimiento obrero y sindical, y una multiplicidad de temas más, algunos de los cuales mencionaré a lo largo de las páginas restante.

Debo diferir en algo de mi amigo Iyari. Desde hace varios años, e incluso hasta hace unas semanas, en conversaciones con él sobre este proyecto, este ponía el énfasis de la importancia de esta publicación en sus documentos históricos. Pero al hacer esta afirmación, me parece que le restaba mérito a las significativas investigaciones que él y Giusti llevaron a cabo y que se encuentran contenidas en este proyecto que, definitivamente, es más que la suma de sus dos textos históricos.

Giusti, por ejemplo, en su introducción al llamado Plan Chardón, hace una arqueología conceptual del plan, rastreando minuciosamente los proyectos económicos previos (el Informe Brookings, los Planes Bourne, el Plan Muñoz Marín) para entender la génesis y el desarrollo de las ideas que terminaron por conformar el texto. Era, realmente, una época repleta de discusiones. Sobre esto, conviene por lo menos destacar una contribución del autor que, si bien ha adelantado en otros escritos suyos, queda mejor desarrollado en este.

El “Puerto Rico Policy Commission” creado por el gobierno de Roosevelt y que redactó el plan, originalmente para el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, estaba compuesto por Carlos Chardón Palacios, Rafael Menéndez Ramos y Rafael Fernández García. Chardón fue previamente director de la Estación Experimental Agrícola, el primer puertorriqueño en ser Comisionado de Agricultura de Puerto Rico y el primer puertorriqueño en ocupar la cancillería de la Universidad de Puerto Rico. Rafael Menéndez Ramos, asociado a la Coalición Republicana Socialista, fue también director de la Estación Experimental Agrícola y el Comisionado de Agricultura a la hora de redacción del Plan. Gracias a la investigación de Giusti, sabemos, también, que participaron en la redacción del texto Luis Muñoz Marín, T. Martin Stevenon, H.C. Henricksen y Miguel Guerra-Mondragón, además de contar con la asesoría destacada de José Enrique Soltero. Pero quien verdaderamente sobresale en la ideación y en la redacción del llamado Plan Chardón – y aquí es que viene la contribución arqueológica de Giusti – es Fernández García, químico agrícola y pasado director de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Si bien desde el Plan Muñoz Marín se venía hablando de la compra por parte del gobierno de centrales azucareras, el proyecto de canjeo de tierras buenas para colonos por sus tierras menos productivas, y para destinar estas últimas a agricultores desposeídos para el cultivo de otros frutos, fue una propuesta de Fernández García. Desde la década del 1920, además, Fernández García publicaba estudios promoviendo un proyecto de industrialización vinculado al sector agrícola, que incluía la diversificación de los cultivos e industrias suplementaria como las del bagazo, cemento, botellas, zapatos… en fin, lo que vendría a caracterizar una parte del proceso industrial puertorriqueño años más tarde, bajo la gobernación de Rexford G. Tugwell y los primeros años del Partido Popular Democrático en el poder. El aspecto de desarrollo industrial a partir de una base agrícola, hasta donde pude entender por el recuento de Giusti, es una contribución fundamental y única de Fernández García en este panorama. Interesa también notar que sus propuestas no se asemejan a lo que será lo común de la política desarrollista latinoamericana, de sustitución de importaciones, con un resultado limitado y que no dio mayores oportunidades de eslabonamiento con otros sectores económicos en los respectivos países.

Por lo dicho, en algo difiero de los estudiosos, y es que cuestiono que continuemos llamando a este proyecto “Plan Chardón”. De la misma manera que el rigor histórico nos lleva a (por lo menos) señalar que lo que se conoce como Operación Manos a la Obra nunca ostentó tal nombre, deberíamos hacer un gesto similar en este caso. Solo que lo que está en juego no es mera nomenclatura, sino toda una contribución intelectual importante. Aunque sea fastidioso, me parece que deberíamos darle otro nombre a este texto para no repetir los silencios que el archivo histórico posibilitó hasta recientemente. Hasta ahora me he referido al documento en cuestión como el llamado Plan Chardón, para evitar confusión y hacer alusión al título del libro, pero intentaré abordarlo a continuación, como el Plan Económico Puertorriqueño, un nombre también usado en la época.

Por otro lado, Giusti permite reconocer que, si el Plan Económico Puertorriqueño tuvo éxito en altos círculos del gobierno federal, no se debe ni únicamente ni tan siquiera principalmente a la solidez de las ideas desarrolladas en él, sino más bien a la crisis social de estos años, a los continuos estallidos sociales, desde las grandes huelgas en la industria de la aguja y de la caña, que arropaban a una parte importante de la isla, pasando por la huelga universitaria del 1933, por los boicots a la gasolina y al pago de la electricidad (en manos monopólicas), hasta los discursos incendiarios y las acciones cada vez más radicales del Partido Nacionalista. El Puerto Rico Emergency Relief Administration, o PRERA, del Nuevo Trato, demasiado limitado en alcance y ambición (pensado más como programa de socorro que de reconstrucción), no lograba apaciguar las tensiones sociales en el país. Para el gobierno federal, en este caso, el de Roosevelt, estabilizar la colonia era una necesidad. Los viajes oficiales, igual que los “semi-secretos” de agentes federales, son detallados en la introducción, incluyendo la visita simultánea de Eleanor Roosevelt y de Rexford G. Tugwell en el 1934. Me parece que la introducción de Giusti hace un buen balance entre ambos hechos, es decir, entre la innovación en las ideas desarrolladas en Plan Económico Puertorriqueño y, por llamarlo de alguna forma, el realpolitik imperial.

El llamado Plan de la Coalición Republicana Socialista, como se dijo anteriormente, no es en esencia un plan económico divergente que se desarrolló de manera paralela al Plan Económico Puertorriqueño, sino más bien una respuesta directa a este y a la amenaza que representaba para sectores de la burguesía que representaba el Partido Unión Republicana. Dicho de otra manera, la presión política que ejerció el Plan Económico Puertorriqueño obligó a que sus detractores desarrollaran una propuesta que, por un lado, continuara con la lógica económica del momento, pero que a la vez, y desde adentro de la estructura económica, se enfrentara a los problemas que aquejaban al país. La investigación de Ríos González señala, además, semejanzas con las premisas y postulados del Informe del Instituto Brookings.

El proceso que se llevó a cabo para su redacción es detallado en la introducción de Ríos González. Esta se hizo desde la Legislatura de Puerto Rico y, en particular, a través de la Comisión Económica, o, mejor dicho, por una parte de ella. La Comisión estaba compuesta por cinco republicanos, cuatro socialistas y dos liberales. Sin embargo, se creó un “grupo de trabajo” compuesto por cuatro miembros para hacer el análisis, la crítica y la contrapropuesta al Plan Económico Puertorriqueño: tres republicanos  (Leopoldo Figueroa, Celestino Iriarte, Ettienne Totti) y un socialista (Rafael Alonso Torres). Contó además con la colaboración estrecha de Edmundo Colón y Francisco López Domínguez, ambos, en distintos momentos, Comisionados de Agricultura y directores de la Estación Experimenta Insular.

En la investigación llevada a cabo por Jaime Bagué, previamente, y, ahora, por Ríos González, se reconoce la ausencia prueba de la participación de Rafael Alonso Torres en este proyecto. Por tanto, el supuesto Plan de la Coalición fue redactado únicamente por miembros del Partido Unión Republicana, razón por la que este no incorporase promesas programáticas del Partido Socialista tan significativas como la implementación de la Ley de 500 acres. Hay, además, una notable ausencia de la fuerza laboral en el proyecto, mientras se privilegia los grandes y pequeños terratenientes.

El llamado Plan de la Coalición era tan poco representativo de la Coalición Republicana Socialista que ni tan siquiera contó, verdaderamente, con el apoyo de una parte de la Coalición, es decir, del Partido Socialista, aunque haya endosado la Resolución Conjunta al presentar el plan en la legislatura. Para tener una idea de la gravedad del asunto, Ríos González destaca la resistencia de cabildear a favor de este plan por parte del Presidente del Partido Socialista y también Comisionado Residente, Santiago Iglesias Pantín, quien abiertamente dijo que se dedicaría a promover la extensión del Nuevo Trato a Puerto Rico en Wáshington. Es de notar que Ríos González, en su introducción, probablemente por lo antes dicho, evita llamar este proyecto el Plan de la Coalición, sino que usa su nombre oficial, el Plan para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico.

El autor cierra su ensayo con dos hechos históricos que tendrán una resonancia política posterior: la Asamblea General del Partido Socialista del 15 de agosto, en la que expresa su endoso al Nuevo Trato y su rechazo a la política republicana de enriquecer bolsillos privados con fondos públicos, y a la renovación del pacto entre este y el Partido Unión Republicana tres días después, contradicción política y económica que el Partido Socialista llevaba arrastrando ya por demasiado tiempo y que vendría a sellar su colapso en los años posteriores.

El Plan Económico Puertorriqueño vendría a limitarse, finalmente, por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Costigan-Jones por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que restringiría la inyección de fondos federales que se esperaban para hacer el proyecto una realidad. Aunque se produjera de manera distinta a lo vaticinado, tenía razón Pedro Albizu Campos cuando criticaba el «plan azucarero» del Plan Económico Puertorriqueño por depender demasiado de los intereses de los Estados Unidos, que no son los intereses de Puerto Rico (ver, en Obras completas, tomo II, «Pedro Albizu Campos opina sobre el Plan Azucarero»). El impacto del PRRA, bajo la influencia del Plan Económico Puertorriqueño y, en parte, la dirección de Chardón, no fue el esperado. El Plan para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico, por otro lado, no tuvo éxito en promoverse a nivel federal, pero tampoco contó con fondos suficientes para aprobar sus propuestas en la propia legislatura de Puerto Rico. La década cerrará, pues, con nuevos rumbos para la historia económica de Puerto rico.

Aquí apenas esbozo los temas que abordan los planes, material para investigadores de toda disciplina. Incluso, si no para “analizar” propiamente los proyectos, la cantidad de material empírico resulta útil para una variedad de temáticas, además del trasfondo histórico que incluyen algunas de sus secciones. En materia de política agrícola o industrial es más que evidente que hay información de sobra, al igual que la invitación a acercarse a la historia económica de esta época bajo la óptica del “Nuevo trato agrícola”. Temas como la deuda pública o las deudas sobre propiedad, particularmente tierras, encuentran un caudal de material en estos documentos. La “ausencia de ciudades” en el Plan Económico Puertorriqueño señalada por Giusti, en posible contraste a los proyectos de desarrollo de infraestructura y vivienda en el Plan para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico, es una invitación adicional a seguir escudriñando en estos textos. Pero hay focos de análisis aun en temas menos esperados inicialmente. Interesa, por ejemplo, el contraste en las políticas de ambos proyectos sobre la densidad poblacional: el Plan Económico Puertorriqueño promovía el mito de la sobrepoblación mientras el Plan de para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico discrepaba en verlo como un problema grave. Además, la emigración que promovía el Plan Económico Puertorriqueño se pensaba, no para los Estados Unidos, sino explícitamente para la América Latina y el Caribe, distinto a lo que vendría a ser luego la política oficial del gobierno.

El libro que presentamos es importante, pues, por hacer accesible importantes documentos históricos, por las introducciones esclarecedoras, por los nuevos caminos de investigación a los que abre paso, pero también porque permite releer desde otras persepectivas lecturas ya conocidas. En mi caso, por ejemplo, tan pronto finalicé el libro, tuve dos “regresos”: la obra de Pedro Albizu Campos y la de Rexford G. Tugwell. Sobre Albizu Campos, me hizo regresar a sus textos económicos, particularmente al ensayo en algunas antologías conocido como “En torno al Informe Brookings”, y ver que la política de reforma agraria, de redistribución de tierras y de promoción de pequeños agricultores no se vincula (o no solo se vincula) a las limitaciones ideológicas de la clase pequeñoburguesa predominante en el Partido Nacionalista, sino a todo un marco de reformas agrarias en América Latina y a los problemas principales, no del pasado, sino del presente de Puerto Rico. De hecho, la relación entre las propuestas económicas del Partido Nacionalista y los respectivos planes que incluye el libro apenas se examina, más allá de la afirmación correcta de los autores de que el Partido Nacionalista y sus ideas era una fuerza e influenca implícita, nunca nombrada, en las discusiones sobre la situación social del país.

Sobre Tugwell, regreso a sus textos y a lo que sobre su gobernación se ha escrito para reconocer que mucho de lo que se le adjudica como innovador, incluso en obras recientes, no es más que la apropiación intelectual de proyectos ideados por puertorriqueños.

Cierro, por último, con señalamientos importantes que ambos autores han hecho en sus respectivas introducciones, pero también en trabajos de divulgación con circulación más amplia. Como deberán haber notado, los tres integrantes de la Comisión que produjo el Plan Económico Puertorriqueño, al igual que los asesores principales del Plan para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico, se relacionaban con las Estaciones Experimentales Agrícolas y con la Universidad de Puerto Rico. En momentos en que la situación económica terrible de Puerto Rico requería de un proyecto abarcador de transformación social, la universidad cumplió un rol fundamental. Incluso el imperio, en su desesperación, reconoció el talento que albergaban estas instituciones de investigación y educación y recurrió a ellas. Tamaño contraste con la realidad en que vivimos hoy, en que la Universidad de Puerto Rico es desmantelada, al punto del colapso, por las instituciones federales como la Junta de Control Fiscal y por los propios partidos locales que han gobernado el país. Para reproducir la situación actual, para amplificar la crisis, no se requiere de creatividad, ni de investigación, ni de debate colectivo. Pero, a punto de cumplir dos décadas del estallido de la larga depresión económica puertorriqueña, si hubiese ambición de transformar las bases productivas y sociales de este país, enmarcados en un proyecto social (o incluso, proyecto de clase) coherente, y si fuésemos a aprender de la historia, esta nos diría que el cometido se pudiera lograr con el auxilio de las mentes críticas que el ambiente universitario fomenta continuamente.

El proyecto de publicación del libro cuenta también con una página web, en la que se puede encontrar todo el material que el volumen contiene, además de documentos suplementarios y fuentes primarias. El enlace es el siguiente: https://pgt.uprrp.edu/planes1930.