La actividad tuvo lugar en la sede de CLARIDAD

CLARIDAD

 En aras de propiciar más discusiones relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en los movimientos de izquierda –un tema que advierten no recibe tanta exposición– la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora auspició, el 30 de abril, un conversatorio desde el Periódico CLARIDAD. El evento, coordinado para celebrarse bajo la Carpa Roja del semanario, se mudó para la sala de redacción del periódico por la lluvia que caía durante la tarde. No obstante, decenas de personas se dieron cita para escuchar a las doctoras Alice Colón Warren y Yanira Reyes Gil discutir las políticas que actualmente atentan contra los derechos reproductivos.

“Tenemos dos expertas en el tema. No son personas que solamente escriben, sino que son activistas. Las vamos a encontrar en foros como este, escribiendo, en los programas de radio, de los medios, pero también las vamos a encontrar en las calles reivindicando los derechos que nos corresponden y que nos hemos ganado las mujeres con mucha lucha”, comentó la licenciada Josefina Pantoja Oquendo con relación al trasfondo de ambas expertas en temas de género.

La doctora Colón Warren, investigadora de la Universidad de Puerto Rico y experta en los derechos reproductivos en el Caribe y América Latina, resaltó que la desigualdad de género y el control del cuerpo de las mujeres y personas gestantes están vinculados con las estructuras de poder que jerarquizan distintas poblaciones. En el siglo XIX, mencionó de ejemplo, las Leyes Comstock prohibieron el intercambio de información relacionada con anticonceptivos.

“Estas leyes también respondían al descenso en la natalidad en las mujeres blancas, las cuales eran consideradas las madres deseables para la continuidad de una nación que se definía, por los sectores dominantes, como de esa raza. Los regímenes fascistas, por su parte, glorificaban a las mujeres como reproductoras de la nación, de su fuerza militar y laboral. De manera que la reproducción aparecía impuesta como designio del Estado”, elaboró Colón Warren.

La doctora en psicología reparó en las experimentaciones de métodos anticonceptivos que tanto el gobierno local como federal impulsaron en Puerto Rico. Recordó los discursos que afirmaban un exceso poblacional como causa de la pobreza en el país, argumentando sin fundamento que reducir la natalidad de los pobres era igual a reducir la pobreza.

“Entre 1930 y 1970, en nuestro país se permitió la experimentación con métodos anticonceptivos entre nuestras mujeres empobrecidas, sin información adecuada en cuanto a los riesgos a su salud. Se promovió la esterilización femenina, que alcanzó más de una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva a finales de ese período. Incluso, se asumió una política de mirar para el otro lado en caso de la práctica del aborto, que estaba prohibido para entonces”, prosiguió Colón Warren.

Estas políticas de control sobre los cuerpos gestantes provocó, en Puerto Rico, diversas formas de oposición. Por un lado, sectores católicos e independentistas argüían que el discurso anticonceptivo no atajaba la raíz estructural de la pobreza; por otro, se planteaba como una forma de exterminar la nación puertorriqueña. No obstante, Colón Warren trajo otra visión más amplia y compleja de los derechos reproductivos.

“Para las mujeres, regular su fecundidad ha sido una condición para ejercer la agencia y la autonomía sobre sus vidas dentro de las condiciones que han restringido sus decisiones reproductivas. En Puerto Rico, como en otros lugares, (las mujeres) han recurrido a métodos contraceptivos caseros en la medida en que lo han tenido accesible y lo han considerado necesario. Esto, aún antes de que hubiera métodos modernos”, dijo la también socióloga.

Colón Warren abundó en que la segunda oleada feminista fue responsable de reconocer la “regulación de la fecundidad” como esencial para autonomía corporal, moral y personal de las mujeres. En Puerto Rico, el derecho al aborto se reconoció junto al caso federal Roe v. Wade, de 1973, y fue ratificado el año siguiente. Actualmente, el derecho local a terminar un embarazo descansa en la decisión de Pueblo v. Duarte.

“Para comprender la reducción de fecundidad, tendríamos que referirnos no solo a la decisión de las mujeres en busca de regular su capacidad reproductiva, sino a las condiciones en que han ejercido esa opción. No se trata solo de que las mujeres decidan si parir o no y cuándo hacerlo, sino de garantizar los espacios más amplios para tomar esa decisión, además de las condiciones más adecuadas para criar. Se necesita poseer información adecuada sobre la sexualidad en la reproducción”, aseguró la doctora en psicología.

El reciente auge de los gobiernos de derecha ha revivido la idea de la mujer con un rol reproductor y maternal, cuenta Colón Warren. En el cuatrienio del 2020, existieron múltiples intentos en la Legislatura para restringir o ampliar los derechos reproductivos, Desde 2024, advirtió la abogada, algunas se han implementado.

“En el cuatrienio pasado, se presentaron más de una docena de proyectos que tenían la intención, directa o indirecta, de limitar el derecho al aborto, pero ninguno de ellos fue aprobado por el trabajo que nosotras hicimos para impedir que eso se lograra. (Los esfuerzos de) ese cuatrienio estaban liderados por las legisladoras del Proyecto Dignidad”, reaccionó Reyes Gil con relación a las medidas antiaborto sometidas en pasados años.

Igualmente, la profesora sostuvo que el Partido Nuevo Progresista ha “tomado la batuta” conservadora en un esfuerzo por atraer los votos de este sector electoral. Han buscado restringir el aborto, dijo Reyes Gil, además de impulsar intereses fundamentados en criterios religiosos. Estas medidas han tenido mayor éxito en este cuatrienio.

“Crean todo un andamiaje en el que es obvio que lo próximo es la prohibición del aborto.La primera ley fue la 126 de 2025, que exige el consentimiento parental para los abortos de menores de 15 años y establece unos protocolos bien estrictos para las clínicas que requieren los referidos de cualquier caso a los Departamentos de Justicia y Familia, aún cuando tenga el consentimiento”, detalló. En muchos casos, estos referidos mandatorios inhiben a muchos padres de dar su consentimiento, explicó la abogada.

Al final del cuatrienio pasado, los legisladores aprobaron la Ley 183 de 2025, estatuto que enmienda tres artículos del Códigos Civil para concederle capacidad y personalidad jurídica al no nacido, «desde el momento imaginario de la concepción». Este último concepto, verbigracia, genera confusiones en pleitos judiciales.

Otras leyes aprobadas en la pasada sesión legislativa incluyen: la Ley 166 de 2025, que clasifica como asesinato en primer grado la muerte de un «concebido no nacido» como resultado de agredir a una mujer embarazada –que pudiera criminalizar a la propia madre; la Ley 18 de 2026, que define como persona, en el delito de asesinato, al feto en cualquiera de sus etapas de gestación.

“Colocan a las mujeres y a las personas en edad reproductiva en una especie de suspensión de derechos durante el término del embarazo y sujetas a una situación de vigilancia extrema, limitando las posibilidades de tomar decisiones y poniendo en riesgo los accesos a salud”, expuso Reyes Gil. Ambas ponentes continuaron la conversación enfatizando que los discursos antiaborto no consideran las condiciones económicas en que viven las mujeres y personas gestantes. Enmarcan a estos cuerpos como responsables de reproducir según las necesidades del capitalismo y los roles de género.

“Hacia donde tenemos que mirar es a esas estructuras de desigualdad y exclusión que dificultan el bienestar y la vida digna para la mayoría de la población. Consideramos que, bajo políticas que promovieran esa calidad de vida, sería posible establecer  el crecimiento económico deseado y propiciar los procesos demográficos requeridos sin imponer políticas poblacionales”, dijo Colón Warren.

Al final del conversatorio, las participantes discutieron considerar otras consignas posibles en futuras manifestaciones, así como continuar ampliando la noción general de la justicia reproductiva.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Como un proyecto que  no hace falta, que no va a salvar ninguna vida ni propiedad, que no va a resolver ningún problema de inundaciones y cuyo diseño tiene 40 años, fueron algunos de los señalamientos del planificador Félix Aponte respecto a la insistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCI, siglas en ingles), en canalizar el río Piedras. En días recientes, el USCI confirmó que concedió un contrato a la empresa Ferrovial Constructor PR, LLC, subsidiaria del grupo Ferrovial, S. A.,  para la fase 3 del proyecto, por el costo de $1,078 billones. Según el USCI, la fase 3 cubre mejoras al canal del río Piedras, comenzando en el puente José de Diego, cruzando el puente de la Avenida Roosevelt y finalizando cerca del Parque Luis Muñoz Marín.

El veterano profesor de planificación, quien se mantiene en contacto con las comunidades amenazadas de expropiación por la canalización, defendió que las comunidades le reclamen al Cuerpo de Ingenieros que no se puede hacer el proyecto usando las premisas de hace 40 años, dado a que eso, técnicamente, es incorrecto. En esa dirección compartió con CLARIDAD el tracto histórico de dónde surgió la idea de la canalización.

El proyecto comenzó su fase de diseño para el 1972. Cuando en el 1971 se  comenzó la construcción de la PR 22, el Expreso de Diego, al estar la carretera montada sobre un relleno, el relleno represó las aguas de inundación del río. La construcción de la PR 22 supuso rellenar el humedal y el  manglar, por lo que la carretera, en la práctica, es perpendicular  a la descarga del río. El efecto de unas lluvias en el año 72, estando en construcción la PR 2, provocó que los vecinos de Puerto Nuevo norte tuvieran inundaciones del doble de una inundación anterior sufrida en el 71 y de cualquier otra previa. “Con razón, responsabilizaron a la Autoridad de Carreteras de que los daños de la inundación estaban relacionados con la PR 22. Todos los dealers también sufrieron daños”.

Aponte, quien fue  miembro de la Junta de Planificación, continuó narrando que en respuesta a los  reclamos ciudadanos, el Departamento de Obras Públicas le encomendó un estudio hidráulico al   ingeniero consultor Flavio Acarón. El análisis de Acarón se concentró en el problema de las inundaciones, mirando la protección especial al sector  Bechara, por lo que se decide canalizar el río, alterando parcialmente la parte norte que colinda con la PR 22 y la  parte norte de Puerto Nuevo. Lo que se quería  proteger, apuntó, era a Nemesio Canales, Plaza las Américas y Puerto Nuevo Norte.

El proyecto de canalización se comenzó a diseñar por el Departamento de Transportación y Obras Públicas en el 72 al 73. En esa coyuntura ocurre la crisis del embargo petrolero —algo similar  a lo que sucede al presente— y el Gobierno de Puerto Rico, en ese momento, la administración de Hernández Colón, se quedó sin dinero y  no se pudo completar el proyecto.

Entra el PNP y el USCI

Con el entonces cambio de  administración, la llegada a la gobernación de Romero Barceló y su mirada ideológica, le pide al Cuerpo de Ingenieros que se haga cargo de la obra de control de inundaciones. El USCI  hizo un análisis de reconocimiento y para 1984  planteó que ya tenían un  concepto de proyecto. “Pero en cada paso administrativo, va tomando años un estudio de viabilidad. El proyecto incluía la canalización del río con el segmento norte y la quebrada Margarita, que viene drenando desde el centro de San Patricio, que también inundaba a Bechara. Ese fue fundamentalmente el proyecto que se aprobó inicios”, afirmó. Ya con diseño y dinero, el proyecto fue firmado en el 94 por el entonces secretario del DRNA, Pedro Gelabert. “En  teoría, ahí es que comienza la parte operacional de construcción”.

En esa primera etapa, el Gobierno de  Puerto Rico aportaba el 35 % del costo del proyecto. De acuerdo con el entrevistado, el costo estimado de ese primer segmento de proteger Bechara, la zona portuaria y a la quebrada  Margarita fue de aproximadamente  mil millones. Al presente esa cifra sería mayor. Entonces, el USCI generó el concepto de una canalización de aguas arriba hasta Río Piedras Heights. En esa época del año 94 el concepto del proyecto era el de un canal de hormigón con una cuneta de hormigón pasando por el Jardín Botánico y aguas arriba hasta Cupey.

A juicio de Aponte, quien laboró en el DRNA desde el 1979 hasta el 93, al ver el desarrollo del proyecto desde su planificación, nunca se había planteado que el  proyecto suponía expropiaciones de comunidades. En la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el análisis de costo beneficio se hizo como proyecto general para la década del 80, con las premisas de esa década. Estas no incluían cambio climático ni calentamiento del planeta. En términos poblacionales, la Junta de Planificación había proyectado que la población de Puerto Rico podría alcanzar los cerca de 6 millones para el año 2000 y que la población del Área Metro de San Juan sería de unos 800 mil, por lo  habría una gran actividad económica.

“El análisis del Cuerpo de Ingenieros era sobre esa premisa demográfica, y económica y, para nada hablar de los cambios en la tecnología, en el mar”, puntualizó el planificador.

“Sobre mi cadáver”

Aponte contó que, en 1996, el entonces presidente de la UPR, doctor Norman Maldonado, le expresó su preocupación por la canalización del río, la entonces propuesta de la Ruta 66 y la construcción del tren urbano porque todas coincidían con el Jardín Botánico. Cuando el presidente se enteró de que iban a expropiar terrenos del Jardín Botánico, expresó enfáticamente: “Sobre mi cadáver”.

A raíz de esas propuestas, el presidente le solicitó a Aponte que analizara el impacto acumulado de los tres proyectos. Para ello, preparó un foro al cual asistieron profesionales de las ciencias relacionadas, el secretario de Obras Públicas para que presentara el concepto del Tren Urbano, el director de carreteras para que defendiera su proyecto de la Ruta 66 y al DRNA y al USCI para que presentaran el concepto de canalización. Incluso se invitó a las candidatas a la alcaldía de San Juan de ese momento. El  foro evidenció que cada proyecto había preparado su DIA sin analizarcómo se afectaban unos a los otros ni cuáles serían sus  impactos sociales y ambientales.

Esto dio paso a que la Autoridad de Carreteras retirara el proyecto original de la Ruta 66 y que Obras Públicas modificara el Tren Urbano. Lo que quedó pendiente fue la canalización del río. Incluso se planteó que no se podía alterar la zona del Jardín Botánico y se suponía que el USCI iba a buscar alternativas de modificar el diseño para que la canalización no fuera de hormigón y tuviese un tratamiento más natural. De hecho, la Universidad de Puerto Rico ofreció asesoramiento sobre esos temas, destacó Aponte.

Pero lo que ocurrió luego fue que el USCI se quedó  sin dinero. Así las cosas, el proyecto estuvo detenido. Entre el 2008 al 2015, Aponte acompañó a la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a una reunión con el Cuerpo de Ingenieros, en la cual se entendió que no había dinero para continuar la obra y, además, que Recursos Naturales no favorecía ese tipo de obra. Según revelóel planificador, el Cuerpo de Ingenieros sostuvo que, de todas maneras, el proyecto se iba a quedar en la parte norte de la PR 22.

Y llegó el huracán

No fue hasta que azotó  el huracán María, en el 2017, que se volvió a retomar el asunto de la canalización, cuando el Congreso de EE. UU. aprobó una asignación de cerca de $7, 000 millones para proyectos de control de inundaciones en Puerto Rico. A pesar del transcurso del tiempo y de los cambios ambientales, el Cuerpo de Ingenieros no ha hecho ninguna nueva versión del proyecto de canalización, denunció el planificador. “Intervenir con el río aguas arriba, desde la Roosevelt hacia la cuenca arriba, es otro proyecto que requiere una DIA  nueva que examine los impactos sociales y ambientales”.

Aponte indicó que es incorrecto decir que el proyecto vaya a salvar vida y propiedad, porque en la práctica nunca ha habido una muerte asociada al río por inundación. Los daños a la propiedad que pudiera ocasionar el río en el sector Bechara y en Plaza las Américas ya están  superados, aseguró. Sin embargo, el problema recurrente de las comunidades que circundan el río —Reparto Metropolitano, Jardines Metropolitanos, Las Américas, University Gardens y Villa Nevares— es que el agua que cae  no tiene capacidad para drenar hacia la quebrada. “El problema es el sistema fluvial de las calles. Ese es el problema que afecta y seguirá afectando a las comunidades, porque el proyecto no interviene con el sistema fluvial porque eso le toca al municipio, y ahí no hay dinero”, señaló.

Para concluir, expuso que a pesar de toda la intervención en Bechara y  la transformación de la quebrada Margarita, que costó como $500 millones, todavía San Patricio y  la Roosevelt se inundan. Y ya estando la obra, si se hace el canal, como dice el Cuerpo de Ingenieros,  Villa Nevares y  Reparto Metropolitano se inundarán porque no hay drenaje, advirtió.