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No más represión a la libre expresión

Por Giancarlo Vázquez López 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Posterior a los eventos del 1 de mayo, el Bloque Anticapitalista llevó a cabo una conferencia de prensa en la que repudió las expresiones hechas por el gobernador Ricardo Rosselló tras los eventos ocurridos tanto en la Milla de Oro como en La Fortaleza.

“Las y los que estuvimos en la Milla de Oro sabemos que la actitud y comportamiento de la policía fue absolutamente reprochable. Que por tercer año consecutivo el Gobierno ha utilizado a la fuerza represiva del estado para amedrentar, intimidar y perseguir a manifestantes”, dijo Joselyn Velázquez, portavoz de Jornada se Acabaron las Promesas (Jornada). 

Los y las representantes de las cuatro organizaciones que conforman el Bloque coincidieron en que no estaban de acuerdo con la apreciación hecha por el gobernador de que porque no hubo actos de agresión física mayores o daños a la propiedad en comparación con años pasados se trató de una actividad pacífica que corrió bajo los estándares que esperaban; entiéndase, como cualquier actividad de protesta en lo que se supone sea una democracia. 

Ricardo Santos, en representación del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), detalló que el primer elemento que debe tener una democracia es que el pueblo pueda expresarse en las calles del país libremente y sin condiciones de espacio. El despliegue excesivo de policías fue un mecanismo para coartar ese derecho.

“En el día de hoy (miércoles, 1 de mayo), y desde ayer, el Gobierno lanzó lo que consideramos fue una campaña de terror para llevar el mensaje al pueblo de que en este día la policía iba a impedir el acceso de los manifestantes a una de las partes principales de la protesta, que era precisamente el corazón de la Milla de Oro a través de la avenida Ponce de León.” 

Sobre este aspecto el Bloque recalcó la importancia de reconocer y reclamar nuestro derecho democrático de manifestarnos en cualquier lugar. 

Santos, resaltó además que, a pesar de la intimidación, el pueblo llegó a la actividad para dejarles saber a la Junta de Control, al Gobierno de EE.UU. y los gobernantes de turno que la crisis no la podemos pagar los trabajadores, quienes no tuvimos participación en el momento que se emitieron las deudas que ahora nos quieren hacer pagar. 

Estamos señalando que cuando se empiece a determinar cómo se va a pagar la deuda –algo que se está discutiendo actualmente en el Tribunal Federal– se tiene que discutir también cómo vamos a salvar los derechos de los pensionados, la Universidad de Puerto Rico (UPR); cómo vamos a garantizar un sistema de salud que se está quedando sin dinero. Esos son elementos fundamentales que estamos reclamando en este momento y creemos que este país tiene –manifestó con énfasis– que tomar cartas en el asunto. 

Durante las manifestaciones realizadas en el día de los trabajadores, la policía estuvo en todo momento en una actitud provocativa, macanas y escudos en mano, listos para atacar, no para defender ni asegurar los derechos de los manifestantes. Así lo reclamó Yarelisse Latorre que representaba la Brigada Legal Solidaria (BLS). 

Por su parte, Mariana Nogales, portavoz de la BLS, exigió requerirle al comisionado de seguridad “que nos informe qué cantidad hubo de policías, divisiones, patrullas, helicópteros y todo lo que se utilizó con el fin de crear una percepción de peligro cuando realmente lo que hay es una intención de reprimir el derecho legítimo a la libertad de expresión” 

Mientras se desperdiciaron recursos de la policía para reprimir— expuso Nogales— hace falta policía que investigue asesinatos, que le haga justicia a las víctimas de delitos, que investigue las agresiones sexuales, los escalamientos y, sobre todo, los casos de corrupción. 

“Yo no sé qué hace el Departamento de Justicia que no hace el trabajo que debería estar haciendo. Tendríamos otro país si desplegaran todos esos efectivos para atender la corrupción”, concluyó.  

El Bloque Anticapitalista lo componen el Frente Socialista, Jornada Se Acabaron Las Promesas, el Movimiento Socialista de Trabajadores y la Brigada Solidaria Legal. 

Referéndum para la separación de Vieques

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

Hasta ahora, última la fecha para participar del referéndum para separar a Vieques de Puerto Rico y convertirlo en una isla-territorio de los Estados Unidos es el próximo 10 de mayo. Esto, luego de que la fecha original fuera extendida debido a la interrupción que representaba la celebración de Semana Santa para poder llevar a cabo el proceso de votación. 

La razón fundamental para llevar a cabo dicha consulta, según el Fideicomiso de Desarrollo Socioeconómico Sustentable de Vieques (FDSSV), es el descontento del pueblo viequense con el Gobierno Central y su falta de atención tras décadas de reclamos por mejores servicios. 

Dichas razones son un hecho, pero a pesar de ello, hay viequenses que no apoyan el referéndum. La consulta tampoco es apoyada por la Legislatura Municipal y el Tribunal Federal. Sin embargo, la presidenta del FDSSV Yashei Rosario ha dicho que la decisión de realizar un referéndum provino de los mismos residentes de la isla municipio.

La legisladora municipal Elda Guadalupe señaló que el reclamo que hace el Fideicomiso, al igual que otros asuntos que atañen a los residentes de la Isla Nena, se atiende mediante la discusión pública o una asamblea de pueblo. Pero eso –dice- no ha sucedido aquí. 

“Conozco a la señora Rosario y a su esposo, pues hemos trabajado en proyectos de conservación ambiental, y son muy buenas personas. Pero de ahí a que haya un reclamo general para separarse de Puerto Rico o que haya habido una discusión o una asamblea de pueblo como se acostumbra… Cuando tú haces un reclamo a nombre de un pueblo tú tienes que ir respaldado”, dijo Rosario, quien además comentó que desconoce del respaldo político y económico para atender dicho reclamo. 

Según documentado en varios medios, el referéndum no se costea con fondos públicos, sino con ingresos privados recaudados con la venta de suvenires y otras donaciones con las cuales se pagó la impresión de las papeletas.

El 11 de diciembre de 2018, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Ángel Rosa Barrios le envió una carta a Rosario en la que le negó su petición para realizar un referéndum en la isla municipio, hasta que no se produzca una orden judicial determinando que procede la consulta. Ese intercambio fue la única interacción que tuvo la CEE con el FDSSV.

Por otra parte, el alcalde de Vieques Víctor Emeric endosó a la entidad para llevar a cabo la consulta. Sin embargo, la firma del alcalde aparece plasmada en un documento -emitido por la legislatura municipal de Vieques el 25 de enero de 2017- que desmiente que los viequenses quieran separarse de Puerto Rico y en la que desautoriza a cualquier grupo, entidad, organización o ciudadanos que solicite la separación a expresarse a nombre del pueblo de Vieques sin antes haber un consenso. 

“Yo no creo que eso se deba llamar un referéndum. Para mí un referéndum se hace mediante un proceso legal, que completa todo el estatuto de lo que es la CEE. Ese no es el caso de esta consulta, o más bien, encuesta. Las personas ni siquiera necesitan la tarjeta electoral para participar. Tú puedes usar cualquier cosa, hasta la factura del agua para emitir tu opinión sobre si quieres o no separar a Vieques de Puerto Rico”, manifestó. 

“Nosotros podemos tener nuestras diferencias con el Gobierno Central y reclamar que nos han tenido en el olvido, pero el enlace que nos une con Puerto Rico es historia, es cultura”, añadió. 

Cambios en la ATM 

Respecto a la venta de boletos de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) online, la legisladora opinó que es una buena idea si logra funcionar correctamente “cuando uno tiene que comprar boletos de momento o para que los estudiantes universitarios tengan la oportunidad de conseguir los boletos antes de llegar al muelle”, dijo destacando que si la ventanilla estuviera abierta todo el tiempo no habría necesidad de tener el sistema.

 A los residentes no les aplica los cargos adicionales que cobra www.porferry.com por el servicio electrónico de compra de boletos. No obstante, resaltó que en el caso de los no residentes, los cargos $3 por transacción más el IVU son bastante altos.


“En St. Thomas y Hawaii estarías pagando cerca de 40 centavos por la energía, y en la costa noreste de EE.UU. sobre 22 centavos”

Por Angélica Serrano Román

Centro de Periodismo Investigativo 

Veredicto: Engañoso

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, dijo en entrevista radial en WKAQ 580 que el costo de 22 centavos por kilovatio/hora en Puerto Rico “no está mal para ser una isla” y lo comparó con el precio de electricidad en otras jurisdicciones. 

“Si te vas a St. Thomas estarías pagando cerca de 40 centavos y en Hawaii también. Si te vas a la costa noreste de Estados Unidos, está [el precio por kilovatio/hora] sobre esa cantidad”, afirmó el director de la AEE, para argumentar que es necesario el uso de gas natural para que alegadamente se refleje una baja en la factura del consumidor. “Por eso es que estamos mudándonos a gas natural como mecanismo de transición”, dijo.

Por un lado el director de la AEE destacó la importancia de la conversión a gas natural para reducir el costo kilovatio/hora, pero por otro, afirmó que el costo en Puerto Rico es bajo y lo comparó con otras islas-territorio y la costa noreste de Estados Unidos, donde es más caro.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), el costo del kilovatio/hora en Hawaii es de 33.57 centavos (hasta febrero de 2019).

Y según la Autoridad de Agua y Energía de Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde está St. Thomas, el costo por los primeros 250 kilovatios de consumo es de 37 centavos y al cabo de estos, el precio aumenta a 39.85 centavos (hasta febrero de 2019). 

En estas dos cifras, Ortiz Vázquez casi acertó. En efecto el costo kilovatio/hora de las islas-territorios es mayor que Puerto Rico. No ocurre lo mismo con los estados de la costa noreste de Estados Unidos.
Ortiz Vázquez refirió al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a Efran Paredes Maisonet, director de Planificación de la agencia, para atender preguntas sobre su afirmación.

Paredes Maisonet indicó que “la costa noreste de Estados Unidos paga más por el kilovatio/hora que Puerto Rico” y mencionó estados como Rhode Island, donde el costo anda por 24.17 centavos, y Connecticut, donde es de 22.77 centavos por kilovatio/hora, según datos del EIA para febrero de este año. No obstante, omitió que hay otros siete estados en la costa noreste de Estados Unidos con un costo kilovatio/hora inferior al de Puerto Rico: Maine (11.69 centavos), New Hampshire (20.20 centavos), Vermont (16.67 centavos), New Jersey (16.24 centavos), New York (17.64 centavos) y Pennsylvania (13.57 centavos). 

El funcionario dijo que, aunque el costo actual de la energía en Puerto Rico está en 22 centavos, este varía mes a mes, “y en los últimos seis meses se ha quedado cerca de los 20 centavos”.

El director de planificación de la AEE mencionó Connecticut y Rhode Island como ejemplos para justificar que la costa noreste de Estados Unidos es más cara en costo kilovatio/hora que Puerto Rico. Pero estos dos estados utilizan, en su mayoría, gas natural, y aún así es más alto el costo que en Puerto Rico. 

“El costo de energía en Puerto Rico es de los más baratos del Caribe. Sin embargo, los políticos se han encargado de vender que la electricidad en Puerto Rico es cara, y no es así. Lo están comparando con sistemas interconectados de Estados Unidos, pero comparándolo a islas, vemos que es más barato y ha sido así por décadas”, expresó el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Agustín Irizarry Rivera. 

Puerto Rico pudiera ser comparado con islas-territorio estadounidenses como Islas Vírgenes y Hawaii, pero no con los estados continentales debido a que el modelo eléctrico isleño es aislado, por lo cual no goza de los marcos regulatorios, infraestructura, ni la posibilidad de exportación entre estados.
Según Irizarry Rivera, se parte de una idea errónea para decir que el costo de energía en Puerto Rico es elevado y compararlo con otras jurisdicciones. 

“Se sigue presentado el costo de energía artificialmente bajo, y [eso] se sigue comiendo la confiabilidad del sistema. Y luego pagas 80 chavos kilovatio/hora por el generador eléctrico (cuando ocurre un apagón). ¿Y dónde está la economía?”, añadió el ingeniero.

Lo mismo lo afirmó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo. “La isla más barata es la jurisdicción de Puerto Rico”.

Sobre la conversión a gas natural, Irizarry Rivera dijo que esta no es una movida razonable y rechazó que con gas natural la AEE pueda ahorrar dos centavos en el kilovatio/hora, como ha expresado la agencia.

“Tienes que tener las unidades 5 y 6 operando en el 85 por ciento de sus capacidades, en 100 por ciento del año, y el gas tiene que ser gratis. Es la única forma en la que te puedes ahorrar un chavo, así que es imposible porque nadie le va a regalar el gas”, expresó Irizarry Rivera, y enfatizó en que hay otras opciones con la energía renovable que son más económicas.

Ya que los datos de la afirmación hecha por Ortiz son parcialmente ciertos, y se observa un tipo de manipulación en el uso de esos datos, el veredicto es “engañoso”.


Editorial:La Junta y su control total sobre Puerto Rico

La intención expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ratificar los nombramientos de los siete miembros actuales de la Junta, y enviarlos para aprobación al Senado, le ha dado nuevos bríos y fortaleza a la intervención de la Junta de Control Fiscal (JCF) en los asuntos de Puerto Rico. Al concretarse el trámite y el Senado confirmar finalmente los nombramientos, lo cual se espera que ocurra en las próximas semanas, se le pondría punto final al debate sobre si los mismos son conformes o no con la constitución de Estados Unidos. 

Varios hechos ocurridos en los últimos días validan la percepción de una JCF en pleno apoderamiento. Sus contundentes pasos hacia el control total de las principales operaciones y decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico se evidencian en una serie de anuncios públicos hechos por el organismo, y rubricados por la tajante comparecencia de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada. En dicha vista, la portavoz de la JCF dejó clara la intención del organismo de acelerar lo más posible la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y la aprobación de un presupuesto balanceado. Reiteró sus soluciones tecnocráticas a la crisis del País, y caracterizó abiertamente al gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP como un obstáculo a la implantación de las medidas de la Ley PROMESA. Su actitud de procónsul metropolitana en la colonia disfuncional –al estilo de los tiempos de la Ley Foraker– quedó de manifiesto con sus derogatorias expresiones sobre las inclinaciones laborales del pueblo puertorriqueño. 

Llegó a la Cámara fortalecida por una serie de acciones demoledoras tomadas de antemano por la JCF, que habrán de incidir en asuntos de política pública y en la gobernanza directa de nuestro país. Aunque todavía el presidente Trump no ha hecho efectivo el envío de los nombramientos de la JCF al Senado, Jaresko se mostró en control y respaldada en su línea dura en torno a Puerto Rico. Veamos la relación de las acciones tomadas por la JCF en los pasados días. 

 Al filo de que venciera el término para hacerlo, el organismo radicó dos demandas judiciales de gran envergadura. Una contra 230 entidades e individuos, suplidores y contratistas del gobierno, con el propósito de conocer si deben ser recobrados $4, 200 millones en pagos hechos a estos. Dichos pagos fueron efectuados en los años y meses previos a la quiebra del gobierno, por lo cual podrían haber violado la Ley de Quiebras federal o la ley de Puerto Rico. La segunda demanda fue dirigida a 20 bancos, bufetes de abogados y firmas de asesoría financiera que participaron en las emisiones ilegales de bonos del gobierno de Puerto Rico. Según el informe comisionado por la JCF a la firma Kobre & Kim, las emisiones ilegales de bonos ascienden a $9 mil millones, de los cuales se aspira a recobrar mil millones. 

Un obvio conflicto de interés salta a la vista en este asunto. Entre las instituciones incluidas en el pleito está Santander Securities. Esta intervino por décadas en las finanzas de Puerto Rico, mediante un novedoso patrón de intercambio de oficiales entre el Banco de Santander y el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico: el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La puerta giratoria entre el Santander y BGF benefició al banco privado y perjudicó al País. Por eso, Carlos García y José Ramón González deben renunciar a la JCF ahora. Ambos alternaron posiciones de alta plana en el Santander y el BGF en momentos cruciales de emisiones de bonos, lo cual evidencia un conflicto abierto que ahora se reitera con esta demanda. 

En esta edición, CLARIDAD presenta un detallado análisis de nuestra compañera periodista Cándida Cotto, de las acciones recientes de la JC que apuntan hacia un mayor y más estricto control de las movidas financieras del gobierno de Puerto Rico. 

Tras la vista de la semana pasada en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara en Washington, y el abierto diferendo allí demostrado entre la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, y el gobernador Ricardo Rosselló, la JCF se puso brava. Con fecha del 5 de mayo envió una carta dirigida a Christian Sobrino, Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), donde cuestiona la autorización por parte de la Asamblea Legislativa de resoluciones conjuntas que impactan el presupuesto en $30 millones y no figuran en dicho documento. La carta reitera la autoridad de la JCF sobre los asuntos financieros y le da un plazo tajante al gobierno de Puerto Rico para solucionar la situación. 

En Washington, mientras tanto, nuestro país sigue pillado en medio de las crecientes controversias entre Demócratas y Republicanos, y entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca de Donald Trump. Por su parte, Trump está decidido a liquidar el asunto de Puerto Rico con el menor costo político para él. Por eso, no cambió ni uno de los miembros de la JCF nombrados por Barack Obama, y ha demandado un tope a las asignaciones de fondos en el presupuesto de Estados Unidos para Puerto Rico. Entre el fuego cruzado aquí y allá, con una Junta apoderada y decidida a resolver nuestra situación a machetazos de austeridad y litigios judiciales, y un Gobierno de Puerto Rico desprestigiado y arrinconado, se debate el presente y el futuro de nuestro pueblo. 

Rafael Hernández Colón y Juan Mari Brás: El horizonte vivo del diálogo entre el autonomismo y el independentismo

Por Carlos Rivera Lugo

Especial para CLARIDAD

El fallecimiento en estos días del exgobernador y líder autonomista Rafael Hernández Colón me ha provocado toda una tormenta de recuerdos e ideas, sobre todo en relación a una serie de eventos que fueron marcando, a partir de finales de la década de los setentas del siglo pasado, la potenciación de una nueva posibilidad histórica para el diálogo y acercamiento entre autonomistas e independentistas para la descolonización plena de Puerto Rico y la derrota de la ofensiva anexionista que se fue articulando a partir de ese momento. 

Vivimos en un país donde se nos ha pretendido matar nuestra memoria histórica y reducirnos a una existencia sin otro sentido que el retorno cotidiano de lo mismo. Sin embargo, quien desconoce la historia, está condenado no sólo a seguir preso de su repetición fatal sino que a ignorar la fuerza potencial de cambio que encierran ciertos acontecimientos. 

El primer mandato de Rafael Hernández Colón como gobernador de Puerto Rico (1973-1976) culminó con su derrota electoral en noviembre de 1976 a manos del anexionista Carlos Romero Barceló. La combatividad del movimiento obrero de aquel entonces, del que el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) era parte importante, fue uno de los factores que contribuyó a su caída. Su prepotente respuesta a una huelga de los trabajadores de la UTIER y el Cuerpo de Bomberos, movilizando la Guardia Nacional de Puerto Rico en su contra, fue uno de sus grandes errores que finalmente le pasó factura. 

Por otro lado, a finales de 1976 recibe otra gran derrota: el entonces presidente estadounidense Gerald Ford descarta su largamente trabajado Nuevo Pacto de Unión Permanente, que contenía una serie de reformas mínimas al “estado libre asociado”. El mandatario estadounidense lo sustituye unilateral y arbitrariamente con un proyecto de anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. 

Parecía ponerse fin a la ilusión de los autonomistas de que podría concretarse el compromiso hecho por Washington en 1953 ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar paso a cualquier solicitud del pueblo de Puerto Rico a favor de un grado de mayor autonomía e, incluso, la independencia completa. La acción de Ford se inscribió en lo que el PSP había denunciado como una ofensiva anexionista en el que parecían coincidir tanto el nuevo gobierno colonial, bajo Romero, y algunos intereses vinculados a la nueva administración en Washington, encabezada por James Carter.

En el verano de 1978, Hernández Colón renuncia a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y se desconoce por un tiempo su paradero. Se decía que estuvo en Caracas reunido con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Walter Mondale, tratando el tema de la descolonización de Puerto Rico. A su regreso a Puerto Rico, pronunció el 25 de julio de 1978 un mensaje en un acto conmemorativo del establecimiento del “estado libre asociado”. En éste afirma que el “ela” tiene que desarrollar sus poderes políticos “hacia una nueva dimensión de la soberanía” o, de lo contrario, será destruido por fuerzas internas y externas que se mueven en su contra.

El Encuentro de Aguas Buenas

Al día siguiente, Marco Antonio Rigau, un allegado al exgobernador quien había sido Director de la Oficina del Gobierno de Puerto Rico en EEUU bajo su administración, le hace llegar una invitación de Hernández Colón al líder Socialista Juan Mari Brás para que considere explorar la posibilidad de trabajar juntos en torno a una nueva resolución para la próxima consideración del caso colonial de Puerto Rico, en septiembre de ese año, ante el Comité de Descolonización de la ONU. De inicio, desea que Mari Brás les facilite una reunión directamente con el gobierno de Cuba para discutir los pormenores de la resolución, siendo que ésta dependería mayormente del auspicio protagonista de La Habana. Sin embargo, el compañero Mari Brás le expresa que lo preferible sería que ambos se reúnan y si lo que se acuerde cuenta con el apoyo del movimiento independentista, se podía tener la confianza de que gozaría también con el endoso cubano. Hernández Colón acepta y Mari Brás me designa para que trabaje, junto a Rigau, en un primer borrador de Resolución que sirva de base a un primer encuentro suyo con el líder autonomista.

Había conocido a Rigau con motivo de un viaje que éste realizó poco tiempo antes a La Habana como parte de un grupo turístico. Yo me desempeñaba en ese momento como Delegado del PSP y jefe de su Misión Permanente en Cuba. Ya para entonces me constaba que el gobierno cubano favorecía que el movimiento independentista puertorriqueño forjara algún tipo de alianza política descolonizadora con el movimiento autonomista, para así articular una fuerza con mayor capacidad política y poder de convocatoria para enfrentar la ofensiva anexionista. La revolución es el arte de sumar fuerzas, había sentenciado en una ocasión su líder histórico Fidel Castro. 

Fue así que luego de un par de reuniones entre Rigau y yo, y el visto bueno dado al borrador inicial tanto por Hernández Colón y Mari Brás, se procedió a coordinar la reunión entre ambos. Ésta se realizó el domingo 6 de agosto en Aguas Buenas con la presencia de Hernández Colón, Mari Brás, Rigau y yo. Tanto a Hernández Colón como a Rigau no les pasó desapercibido la sede de Aguas Buenas, vinculada a una importante declaración autonomista, de 1970, a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente que trabajara a favor de “una autonomía en libre asociación con los Estados Unidos”. Pensaban que la reunión respondía al mismo espíritu de aquel Pronunciamiento de Aguas Buenas.

Fue todo un operativo en el que se tomaron las medidas de rigor para asegurarnos de que no fuésemos seguidos y descubiertos, sobre todo por las agencias represivas, tanto las externas como las internas. Ambas partes estábamos conscientes del paso significativo que se estaba dando para entablar nuevamente comunicación entre el autonomismo y el independentismo. Hasta ese momento, nuestra relación era mayormente adversativa, habiendo sido marcada por la brutal y extensa represión que el primero desató contra el segundo bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín, sobre todo luego de la revolución nacionalista de octubre de 1950. Así las cosas, ambos jugábamos con fuego, particularmente en medio de la desconfianza casi visceral que existía, entre sus respectivos movimientos históricos, hacia cualquier acercamiento.

De inmediato me impactó la naturalidad con la que se fue desenvolviendo la conversación entre ambos. Mari Brás le preguntó al exgobernador porqué había preferido reunirse con él para este diálogo, en vez de acudir a algún otro líder independentista. A lo que Hernández Colón respondió que reconocía en Mari Brás un compromiso auténtico con el pueblo de Puerto Rico por encima de cualquier agenda personal o particular. Hacia mi interior pensé que también, claro está, tendría que ver con el hecho de que el PSP era el principal interlocutor con el gobierno cubano, a quien quería contactar, y poseía una red amplia de relaciones internacionales, siendo miembro-observador del Movimiento de País No Alineados. Además, nuestra organización había demostrado su influencia decisiva al interior del movimiento obrero, con capacidad para prácticamente desestabilizar el país. 

“¿Por qué aceptaste dialogar y reunirte conmigo?”, quiso por su parte indagar Hernández Colón. Mari Brás respondió que sentía que tal vez tendría una oportunidad para abrir paso a una transición pacífica hacia la descolonización de Puerto Rico, evitando así el derramamiento de sangre que ha ocurrido bajo otras experiencias de lucha por la liberación nacional. De lo que se trataba era de cerrar definitivamente el paso a la anexión y dejarle de legado a sus nietos la posibilidad de abrir, en el futuro, la puerta a la independencia, sobre todo teniendo como punto de partida o etapa previa ya no la colonia sino que la libre asociación.

El autonomismo y el independentismo se necesitan mutuamente

En esos días se discutían en el país los planteamientos del escritor dominico-puertorriqueño José Luis González, exiliado en México, sobre el tema en una conversación con Arcadio Díaz Quiñones, publicada por Ediciones Huracán (1977). González proponía que para que avanzara la independencia como objetivo preferente de los puertorriqueños, debía agotarse primero la viabilidad y la pertinencia de la autonomía como opción. Advertía, sin embargo, que los autonomistas eran incapaces, por sí solos, de culminar su propio proyecto histórico. El independentismo debía auxiliarles en ese sentido, para así poder proseguir con su propio proyecto histórico. 

Por otra parte, no creo que le pasara desapercibido a nadie en la reunión cuán dolorosamente personal le resultaba a Mari Brás la idea de una transición pacífica luego de haber sido víctima del vil asesinato de su hijo mayor Chagui en medio de unos hechos que llevaban todas las señas de ser producto de un operativo represivo federal dirigido contra el ampliamente reconocido dirigente revolucionario puertorriqueño. También estaba presente como, apenas unos días antes, el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla de Jayuya, el gobierno colonial de Romero Barceló había sancionado un operativo que culminó en el fusilamiento, por un pelotón de la Policía de Puerto Rico, de dos jóvenes independentistas. El crimen pretendió sembrar el terror entre el independentismo y criminalizar su lucha.

Mari Brás se encargó de esbozar lo que, desde su perspectiva, era no negociable: el reconocimiento al principio inalienable a la autodeterminación e independencia; el principio de la transferencia previa de los poderes propios de la soberanía que pusiese al pueblo puertorriqueño en condiciones de negociar libremente desde una posición de igualdad con Estados Unidos, incluso en el caso de la libre asociación; y el reconocimiento exclusivo de la independencia y la libre asociación como opciones descolonizadoras. La llamada “estadidad” representaría tan sólo la culminación del coloniaje en el caso particular de Puerto Rico. Por eso ni el “estado libre asociado” actual ni la “estadidad federada” podían ser opciones legítimas.

La única reserva manifestada por Hernández Colón fue sobre la figura de la transferencia de poderes, la cual él entendía que podría ser un reconocimiento estrictamente formal de la soberanía, sin efectos prácticos inmediatos. De lo contrario, se entendería la transferencia de poderes como una independencia previa, lo que provocaría grandes reservas entre sectores significativos del país que no quieren debilitar sus vínculos ciudadanos actuales con Estados Unidos. Con la opción de la libre asociación, Hernández Colón no expresó reserva alguna. Era conocida su posición en torno a la libre asociación como un desarrollo del propio “estado libre asociado” hacia la plenitud del gobierno propio y no como una república asociada que posee una soberanía independiente de la de Estados Unidos.

 Luego de la reunión, Mari Brás se encargó de compartir con el resto del independentismo y algunos autonomistas como, por ejemplo, el exgobernador Roberto Sánchez Vilella, el proyecto de Resolución armado a partir de lo conversado con Hernández Colón. Por su parte, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, fue honesto en sus reservas, ya que entendía que ello le podría dar un aire al PPD y al “estado libre asociado”, cuando lo que tal vez debería estar haciendo el independentismo es posicionándose como alternativa diferenciada de cambio.

Finalmente, unos y otros, incluyendo el PIP, acudieron al Comité de Descolonización con ánimo de producir una Resolución que reflejase un nuevo y más ampliado consenso anticolonial. Aún con las críticas que salían de las propias filas del PPD, Hernández Colón se mantuvo firme en su compromiso con los términos del proyecto de Resolución acordada en el diálogo con Mari Brás, el cual se amplió ya en Nueva York, en particular con la incorporación del entonces embajador de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcón de Quesada. El exgobernador denunció a Washington por haber incumplido con sus compromisos de 1953 y pidió el auxilio de la ONU para la descolonización de Puerto Rico. 

El 12 de septiembre de 1978 el Comité dio su aprobación final a este nuevo e histórico pronunciamiento en torno al caso colonial de Puerto Rico. Además de reiterar el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico, como nación diferenciada, a su autodeterminación e independencia; requirió que un proceso de descolonización en nuestro caso debía ser precedido por una transferencia previa de poderes para garantizar mínimamente la igualdad soberana entre las partes en cualquier negociación futura con Washington; y limitó las opciones legítimas de descolonización en el caso de Puerto Rico a la independencia y la libre asociación. La “estadidad” o anexión quedó deslegitimada. 

Ante el ciclo absurdo de la colonia eterna

Este acontecimiento tendrá hondas repercusiones sobre el futuro. El diálogo entre los autonomistas e independentistas no sólo consiguió su objetivo inmediato ante la ONU, sino que sirvió para generar un nuevo clima de distensión, acercamiento y colaboración entre ambos movimientos, el autonomista y el independentista. En cuanto al autonomismo, particularmente dentro del PPD, fue potenciando el crecimiento de las fuerzas creyentes en la soberanía y la libre asociación en su seno. En cuanto al independentismo, éste se transformó en un movimiento más plural capaz de explorar las múltiples expresiones societales de la soberanía que se van construyendo desde abajo, más allá de los formas jurídico-políticas clásicas.

Al final de su vida, Hernández Colón parecía haber retornado a sus originales inclinaciones, más conservadoras y colonialistas. Las esperanzas despertadas en los tiempos aquellos del 1978 se fueron disipando poco a poco. El independentismo perdió gran parte de su poder decisivo de convocatoria con la lamentable y desacertada liquidación del PSP y el debilitamiento en general del movimiento obrero ante los cambios estructurales acaecidos en nuestra economía y en la organización social del trabajo. El discurso anexionista a favor de la igualdad de los ciudadanos residentes en el territorio de Puerto Rico, se fue convirtiendo poco a poco en hegemónico ante la desmovilización creciente, tanto en Puerto Rico como en “las entrañas del monstruo”, de toda una generación de cuadros militantes que pasaron a ser mera fuerza de trabajo bajo las lógicas del capital. El mundo atravesó profundas transformaciones a partir de las cuales el capital lo fue sometiendo todo nuevamente a sus dictados, especialmente los financieros. Ante esta devaluación de las circunstancias históricas, Hernández Colón pensaría que lo único que le queda a Puerto Rico es conformarse con el eterno retorno de lo mismo. Le parecería que nuestra historia se estrelló contra la falta de voluntad de su pueblo.

Sin embargo, Mari Brás siempre enmarcó lo acontecido en 1978 como una nueva posibilidad histórica que se abría paso: un amplio reagrupamiento político de fuerzas que serviría para relanzar nuestra lucha más que centenaria por nuestra liberación nacional y social. Si algo distinguió al compañero fue su conciencia estratégica, es decir, del tiempo histórico. No dejaba que los errores o fracasos le nublaran su vista del horizonte. Y si somos capaces de mirar más allá de nuestras narices, de lo inmediato y de las estrechas perspectivas que priman entre nuestros políticos y los medios de información, nos daremos cuenta, tal vez, que el horizonte aquel de 1978 sigue vivo como posibilidad. Tan sólo aguarda porque le reimprimamos su vocación de ruptura con ese ciclo absurdo de la colonia eterna. 

El autor es Profesor de Derecho y Ciencia Política. Fue encargado de la Misión Permanente del PSP en Cuba, Director de Claridad y co-fundador, junto a Juan Mari Brás, de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, de Mayagüez.