Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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En medio de cuestionamientos de deuda ilegal conflictos de intereses, con el fin de pagarle a los fondos buitres, la Junta de Control Fiscal (JCF) se propone recortar las pensiones de los empleados públicos en un promedio de 10%. El recorte entraría en vigor este primero de julio y afectaría a cerca de 167, 000 familias. 

La organización sin fines de lucro Iniciativa de Responsabilidad Pública (Public Accountability Initiative, PAI) dio a conocer la semana pasada el informe titulado El asalto a las pensiones de Puerto Rico, en el que presenta el contexto en el cual la JCF está negociando el ajuste de deuda del gobierno del gobierno de Puerto Rico, los llamados Gos, y las deudas de los sistemas de retiro. 

Aunque la amenaza de recorte a las pensiones apareció en el panorama en mayo de 2017, cuando la JCF radicó el recurso de quiebra para la Administración de Sistema de Retiro (ASR), bajo el Título III de la Ley Promesa, noeshasta ahora que se hace patente con la negociación del plan de ajuste de la deuda –la más grande– del gobierno de Puerto Rico. Los sistemas en cuestión son: el Sistema de Retiro de Maestros (SRM); el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y ASR, este último responde al resto de los empleados públicos, con excepción de las y los trabajadores de las corporaciones públicas. Los tres sistemas son administrados por el gobierno central. 

La JCF se encuentra negociando un ajuste de deuda aun cuando el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, siglas en inglés), ha solicitado al tribunal que declare nula e inválida una deuda de $3 mil millones en bonos del ASR, basado en que el sistema no tenía autoridad legal para emitir esos bonos. Esta deuda se suma a los $6 mil millones en bonos de obligación general que la JCF procura también invalidar y que fue suscrita por bancos como Barclays, UBS, Banco Popular, Morgan Stanley y Santander. 

Mientras las y los trabajadores –hoy pensionados– aportaron durante todos sus años de servicio una parte de su salario para las pensiones, el gobierno ha fallado de manera constante en hacer sus aportaciones. En el caso de la ASR –indica el estudio–, para allegar dinero al sistema en 2008 el gobierno hizo tres emisiones de bonos –en el momento histórico en que Wall Street se sumergía en una crisis financiera. A juicio del investigador Abner Dennis, esta emisión lo que hizo fue poner las cosas peor con el resultado de que miles de millones de dólares en deuda ahora son propiedad de los fondos buitres. Ahora, para poder pagar, la JCF contempla reducir en un promedio de 10% las pensiones, dependiendo de los ingresos de cada beneficiario. Para esto, la JCF debe primero someter y aprobar el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, para lo que a su vez también necesita que la Legislatura apruebe un proyecto y, por último, llevar un proceso de votación por parte de los acreedores que tengan reclamaciones afectadas contra el gobierno central. Pero la palabra final la tendrá la juez Laura Taylor Swain. 

Según la distribución de la JCF –denunciada por PAI– los recortes serían como siguen: un 25% de los retirados no tendría recortes en sus pensiones; el 18% tendría un recorte de hasta un 5%; el 16% tendrían un recorte de 5 a 10%; el 23% tendría recortes entre 10 a 15%; el 14% tendría recortes entre el 15 a 20%; y un 4% tendría recortes entre un 20 a 25%. Esto significa que tres de cada cuatro retirados –alrededor de 125 mil familias– sufrirán de inmediato reducciones en sus ingresos quincenales. 

Sostiene el informe que las deudas de los sistemas son “sorprendentes”. La deuda de la ASR es de $38 mil millones (más que la deuda de $3 mil millones de los bonos de obligación general GOB); la del SRM es de $18 mil millones y la del SRJ de $700 millones. Dennis señala que en el caso de la deuda de la ASR, ello le añade un mayor peso a su crítica situación, no obstante, su pago dependerá de la decisión que tomen los tribunales en cuanto a su legalidad. De declararse nulos o inválidos los bonos en cuestión, la deuda sería eliminada, por lo tanto habría más dinero para las pensiones. 

Los sistemas en cuestión son: el Sistema de Retiro de Maestros (SRM); el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y ASR, este último responde al resto de los empleados públicos, con excepción de las y los trabajadores de las corporaciones públicas. Los tres sistemas son administrados por el gobierno central.

Pero los fondos buitres han demostrado que están interesados en recortar las pensiones lo más que se pueda para que se les pague, sostiene el estudio de PAI. Son dos los grupos de fondos buitres que están posicionados para beneficiarse de los recortes; los dueños de los Gos y los dueños de bonos de la ASR. Los bonistas de los Gos están organizados en cuatro coaliciones: el Grupo del Gobierno de Puerto Rico (Commonwealth Group), el Grupo de la Deuda Constitucional (Constitutional Group), el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales (General Obligations Group) y el Grupo de la Deuda Constitucional Legítima (Lawful Constitutional Group). Los millones llueven entre las 20 entidades bancarias que tienen bonos del gobierno de Puerto Rico. 

El informe presenta que los inversionistas: Canyon Capital, Golden Tree, Whitebox Advisors y Taconic Capital fueron piezas clave en las negociaciones que llevaron a que se aprobara el plan de ajuste de la deuda de COFINA. Estos han estado incrementando sus inversiones en el gobierno de Puerto Rico de manera consistente en los últimos meses. El grupo de la deuda constitucional legítima contrató a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan como asesores legales. Esta fue la misma firma de abogados que representó a los fondos buitre en las negociaciones de COFINA. 

En el caso de la deuda de la ASR revela que los más de $3 mil millones en deuda de los bonos de ASR también le pertenecen, en gran parte, a los fondos de cobertura. Estos se organizaron como el grupo de acreedores asegurados de ASR y representan la coalición principal de bonistas aliados durante el proceso de quiebra del sistema de pensiones. Además, los bonistas de los fondos gestionados por UBS (conocidos formalmente como los fondos de Puerto Rico) son dueños de una porción considerable de esta deuda. Debe resaltarse que UBS también es el dueño más grande de dichos bonos. Otros nueve bancos de inversores tienen bonos de la ASR. 

Un aspecto que destaca el estudio es que mientras algunos fondos de cobertura han estado reduciendo sus inversiones en la ASR, Mason Capital se ha destacado por ser un comprador agresivo desde que comenzó el proceso de quiebra. Los registros de los tribunales muestran que Mason Capital ha triplicado su inversión en bonos de la ASR de agosto de 2017 a febrero de 2019, para un total de $439.6 millones en tenencias. Mason también tiene una tajada significativa de bonos del gobierno de Puerto Rico, con más de $468 millones en tenencias, lo que demuestra que tiene una posición ventajosa en las negociaciones, ya que es tanto bonista del gobierno como bonista de la ASR. En total, Mason es dueño de $907 millones de deuda de la ASR y de obligaciones generales.

El informe además reitera que otro inversionista que ha sido parte de las embestidas legales contra Puerto Rico es el banco UBS. Respecto a este, expone que irónicamente, UBS fue una de las figuras clave involucradas en las tres emisiones de deuda controvertidas del 2008. Esto mediante el uso abusivo de la exclusión de la Ley Federal de Compañías Inversoras de 1940 (Investment Company Act), el banco no solo fungió como asesor de la transacción, sino que también fue el suscriptor principal de todas las emisiones. UBS, junto con el resto de los suscriptores, ganó alrededor de $35 millones en estas tres emisiones de bonos. 

Los conflictos de intereses

En tanto, en las negociaciones hay personajes con fuertes conflictos de intereses a sabiendas de la JCF. Uno de estos es Jorge Irizarry Herrans, quien era el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando la emisión de bonos del 2008. Además, presidió el comité de inversiones de la ASR, puesto desde el cual se reunió con asesores de UBS, entre los que se destaca el funcionario de UBS Juan Guillermo Herrans Barreras, con el que Irizarry Herrans sostiene vínculos familiares. 

Denuncia el informe de PAI que en la actualidad Irizarry Herrans es el director ejecutivo del grupo Bonistas del Patio, una organización sin fines de lucro que favorece a Wall Street y que dice representar a los bonistas locales en los casos de Título III. Mientras alega esto, el grupo ha estado en una campaña muy activa a favor de los acuerdos de reestructuración negociados por la JCF con los fondos buitre, entre los que se incluye el acuerdo COFINA. Trae a la atención el que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) procuró pagarle al grupo $7 millones con fondos públicos para servicios que no se especificaron de manera adecuada, una movida que retó el Comité de Acreedores No Asegurados. El asunto está todavía por resolverse en los tribunales. 

El otro conflicto de intereses sobre el cual se llama la atención es el que exhibe la figura del ex funcionario Héctor Mayol. El informe de PAI censura que Mayol es otro caso de los ex ejecutivos del Banco Santander que ahora son parte de la JCF y uno de los funcionarios de puertas giratorias (entre el Santander y el BGF) que ayudó a causar la crisis de las pensiones.

Ahora Mayol ocupa un papel protagónico en el proceso de la bancarrota, como uno de los abogados del Comité Oficial de Retirados (COR), que es el grupo que se designó para que representara los intereses de los retirados en el proceso de Título III. Mayol fue administrador de los sistemas de retiro desde el 2009 hasta 2013, e impuso recortes graves a los beneficios de los retirados. 

“Si esto no fuera poco, desde el sector financiero y antes de ser administrador de los sistemas de retiro, fue suscriptor de las emisiones controvertidas de bonos de los sistemas de retiro de $3 mil millones de dólares que ahora están en manos de varios fondos buitre agresivos”, manifiesta el informe de PAI. 

El PAI pone en tela de juicio la capacidad que pueda tener Mayol de representar los mejores intereses de los retirados y cómo puede participar de la evaluación de los argumentos en cuanto a la legalidad de estos bonos si él mismo los endosó, vendió y compró. Acota que, hasta ahora, estos conflictos de intereses no han sido objeto de escrutinio. 

Construyamos otro acuerdo

El informe del PAI es parte de la campaña, “Construyamos otro acuerdo”, que desarrolla el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. 

El Frente está exhortando a que todos los empleados públicos pensionados a que presionen al Comité Oficial de Retirados (COR) para exigir a que asuma su deber fiduciario de representar los mejores intereses de todos los jubilados del sistema público de Puerto Rico. Una acción en concreto que puede y debería asumir el COR es unirse a la impugnación que ha hecho la misma JCF y el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) para que se declare nula e inválida la deuda de $6 mil millones en bonos de obligación general, lo cual declararía nula e invalida la deuda de los $3 mil millones de la ASR. 

Los jubilados deberían, además, pedirle cuentas al Comité de por qué contrató a Mayol como abogado aún con los evidentes conflictos de intereses. 

Los jubilados deben poner presión a los legisladores para que no apruebe ninguna medida de plan de ajuste que pueda representar recortes a las pensiones. Tercero, deben procurar la participación en el proceso de votación en el que todos los acreedores con reclamaciones afectadas –desde los bonistas hasta los trabajadores del sector público y los jubilados– puedan participar. 

Aun cuando el investigador de PAI anota que este no es un proceso por completo democrático, ya que solo pueden participar los acreedores cuyas reclamaciones se hayan reconocido formalmente como afectadas, y que la balanza del voto se inclina de manera parcial a favor de los acreedores que tienen más deuda, como sería el caso de los fondos buitre con tenencias masivas, el proceso de votación también requerirá de un voto de mayoría simple por parte de los acreedores, independiente del valor de su tenencia de la deuda. Esto ofrece la oportunidad a los jubilados a conseguir la mayor cantidad de votos que puedan, ya que no existen fondos suficientes con la capacidad de movilizar a ninguna parte que tenga la misma cantidad de acreedores individuales que los participantes de los sistemas de retiro. Los retirados que viven en los Estados Unidos también pueden votar.

Por Raúl Alzaga Manresa

El 28 de abril se cumplieron 40 años del asesinato político de Carlos Muñiz Varela por parte de elementos de la extrema derecha cubana en Puerto Rico como consecuencia de sus gestiones para viabilizar los viajes de cubanos a Cuba, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y de sus posturas afines a la independencia de Puerto Rico y al proyecto social y político que se desarrollaba en su país de origen, Cuba.

Pero también se cumplen 40 años de carencia de justicia por parte del gobierno de Puerto Rico -que argumenta no tener evidencia suficiente para procesar a los seis culpables que aún viven, – y del gobierno federal, que a cuentagotas ha ido revelando información importante que obra en su poder, además de documentos desclasificados por vía de familiares y compañeros de Carlos a través del FOIA (Acta de Libertad de Información).

Lo que sabemos y podemos compartir con nuestros lectores a 40 años del asesinato de Carlos Muñiz Varela:

Sería el semanario La Crónica el que iniciaría las amenazas y ataques a Carlos. Solo para citar tres de ellos: 

En la columna anónima de “Who’s Mac”, este afirmaba el 28 de septiembre de 1978: “El tiempo les tiene reservado a estos cobardes su momento. Todo es cuestión de esperar y ver. No creo equivocarme que ellos pagarán por lo que han hecho”. 

En su edición del 19 de octubre, “Mac” afirmaba: “Nuestras fuentes de inteligencia nos informan de la formación de un grupito que visitará Cuba comunista. Dicho grupito está formado y organizado por uno de los nenes comunistas de Areíto. Sabemos su nombre, pero solo diremos que es de apellido Muñiz. El Sr. Muñiz ha hecho innumerables viajes a Cuba comunista con el grupo de Areíto y con su hermanito del alma, Raúl Álzaga”. 

En la edición del 31 de octubre incrementaban sus amenazas cuando todavía no se habían realizado las primeras reuniones del Diálogo entre el gobierno cubano y cubanos residentes en el exterior en el mes de noviembre. La columna de Mac amenazaba a los posibles viajeros al decir que “se nos ocurre pensar que cualquier grupo de acción anticomunista podría convertir ‘un viajecito de placer en un tormento’“.

El 14 de noviembre La Crónica publicaba en portada una entrevista con un encapuchado. El titular decía: “No permitiremos que el Diálogo avance, afirma Z, jefe militar comando Omega-7: Dinamita único idioma con el que vamos a dialogar”. El 4 de enero de 1979 explotaba la primera bomba de tres que serían colocadas en la Agencia de Viajes Varadero.

El 24 de enero de 1979 el Senado de Puerto Rico, por iniciativa del portavoz del Senado, Nicolás Noguera Cartagena, aprobaba por unanimidad una resolución condenando el Diálogo y los viajes a Cuba, algo que en la figura de Carlos Muñiz se desarrollaba con mucha fuerza dentro de la comunidad cubana de Puerto Rico. En cierta forma el estamento político del país daba luz verde para que los terroristas cubanos actuaran impunemente.

Mientras tanto el floristero Julio Labatud Escarra, quien había cultivado una amistad cercana desde 1972 con el entonces oficial del CIC (Cuerpo de Investigación Criminal) Alejo Maldonado Medina, le ofrecía la cantidad de $25,000 para eliminar -‘tocar’- a Carlos Muñiz, haciendo extensivo el ofrecimiento al supervisor de la División de Homicidios, Luis Ramos Grateroles, quien con sus subalternos serían los primeros en llegar a la escena del crimen el 28 de abril. 

Para agosto de 1984 el entonces acusado y luego convicto, Ernesto Abraham Arzola Martínez, le confesaba al FBI que dos meses antes del asesinato de Carlos él se encontraba en el Restaurante Metropol compartiendo con Julio Labatud y el senador Nicolás Noguera, y estos comentaron sobre el fallido atentado contra Carlos Muñiz, asegurando que en la próxima ocasión no fallarían. Abraham Arzola es hermano del policía Gil Arzola, ambos miembros de la ganga del entonces coronel Alejo Maldonado Medina.

El 2 de abril el agente de la División de Inteligencia, el exagente encubierto Alejandro González Malavé, quien llevara a la muerte a los dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, (Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví) escribía un memorando al jefe de la División de Inteligencia, comandante Ángel Luis Pérez Casilla, donde, luego de visitar Viajes Varadero, le solicitaba, y cito: “recomiendo se investigue más a fondo sobre esta agencia y su posible vinculación con movimientos subversivos”. El 24 de abril, a cuatro días del atentado a Carlos, el agente de la DIPPR Aníbal Maldonado iniciaba una investigación contra Viajes Varadero y Carlos Muñiz Varela, la cual concluiría el 1 de mayo, día en que realizábamos los actos fúnebres en el cementerio. Lo interesante de esto no es solo la participación de Alejandro González Malavé sino, por declaración jurada, del propio agente Maldonado. Este utilizó a Julio Labatud Escarra para que lo guiara en la investigación, facilitándole el contacto con Gloria Gil Castillo, directora del semanario La Crónica, además de no mencionarlo en el informe que preparó.

Muy recientemente se confirmó, por vía del testimonio de un cliente que salía de Viajes Varadero luego de conversar con Carlos, que en la tarde del 27 de abril observó un carro estacionado en la acera de enfrente de Viajes Varadero. Le llamó la atención la presencia de tres individuos dentro del carro y dos, uno alto, ya cerca de la puerta de Viajes Varadero con cara de pocos amigos. Por haber bregado con él en el pasado reconoció a Julio Labatud como uno de los pasajeros. Esto abre la interrogante de si ese era el día seleccionado para asesinar a Carlos en el mismo sitio donde trabajaba, y al verse descubiertos por alguien que podía ser testigo, decidieron posponerlo para el día siguiente.

El escenario estaba montado por todas las partes, solo faltaba la ejecución y luego el encubrimiento y protección de los asesinos.

Son varias las irregularidades que comete la policía en la investigación del asesinato de Carlos que llevaron al actual fiscal del caso, Pedro Berríos Lara, a afirmar que “la escena del crimen fue manipulada con el propósito de encubrir a los responsables del delito”.

La primera irregularidad que comete la policía en la escena del crimen es la entrega del carro de Carlos a los familiares por el agente de Homicidio, Rupertino Aponte Canales, quien investigaciones posteriores revelaron que era amigo de Julio Labatud. El superior de Aponte era nada menos que Luis Ramos Grateroles, el mismo que había recibido, junto a Alejo Maldonado, la oferta de los $25,000 para asesinar a Carlos. Ramos se percató del “error” cometido por su subalterno y se presentó en horas de la noche en el Centro Médico para lograr la recuperación del carro, pieza clave para cualquier investigación. No existe ningún informe de Ramos Grateroles donde relate lo sucedido con la entrega y luego la recuperación del carro de Carlos. Se ocultó ese incidente 

Mientras esto ocurría el coronel Alejo Maldonado se encontraba de fin de semana en un apartamento de playa de Isleta Marina, propiedad de Julio Labatud. Quién sabe si estaba esperando para intervenir si algo salía mal.

Con el tiempo y las sucesivas investigaciones realizadas a partir de 1988 se ha podido determinar que no hay informe de balística. No existió hasta el 2006 una certificación de la autopsia de Carlos ni un sumario fiscal y/o expediente hasta prácticamente el 2016. Había papeles y expedientes que aparecían y desaparecían con el tiempo.

El carro, un Cutlass Supreme verde que apareció el 1 de mayo en el área de Vacía Talega en Piñones con dos casquillos compatibles con los recogidos en la escena del crimen, fue identificado por la policía como el carro utilizado por los asesinos para dar muerte a Carlos. En posteriores investigaciones se determinó que ese era un carro de apoyo y que el “carro homicida” era otro modelo. Los investigadores de la policía asignados montaban una investigación oficial y por otro lado se encubría y dirigía la investigación para darles protección a los asesinos.

Días después del asesinato, el agente Emeterio Ortiz entregaba a la viuda Pilar Pérez y a Ricardo Fraga las pertenencias de Carlos, incluyendo tres plomos debidamente identificados y recogidos en la escena. Tal parecía que regalaban un “souvenir” del crimen. Raúl Álzaga alarmado por ese hecho se comunicó con el agente del FBI, Naval Ortiz, y le entregó dichos plomos

Las entrevistas que la policía hizo a los testigos en la escena del crimen arrojaron informaciones distintas a las obtenidas por los fiscales en años posteriores. Uno de los ejemplos es el modelo de carro observado por los testigos que, en los informes iniciales, confirmaban la presencia del Cutlass Supreme verde, cuando en realidad era otro. Nunca se logró encontrar al carro homicida. 

El boceto de uno de los pasajeros del hoy establecido carro de apoyo que se levantó en los primeros días por el agente encargado de la investigación, Enrique Ojeda Sánchez, desapareció. Fue reencontrado por la fiscal Sarimar Andreu en el 2006, cuando se les ocurrió, junto al agente Edwin Torres, entrevistar a la persona que hace los bocetos en la policía, con tan buena suerte que el hombre guardaba todos los bocetos realizados por él. Pero el que estaba en el expediente original nunca apareció.

Durante los seis años siguientes no se movió un dedo para investigar el caso de Carlos. Eran los años de Miguel Jiménez Muñoz como secretario de Justicia, Pedro Colton Fontan como jefe de Fiscales y Ángel Figueroa Vivas como director del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales), ambos desaforados por el Tribunal Supremo por su participación en el encubrimiento de los asesinatos del Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, nueve meses antes del asesinato de Carlos. Realmente no había posibilidades de esclarecer nada. El encubrimiento por parte del Estado se disfrazaba de falta de profesionalismo y negligencia, con la esperanza de que los ratones se comieran lo poquito de evidencia que se había podido recopilar en las primeras semanas de los hechos. 

En septiembre de 1982 se produce un hecho inesperado. El coronel Alejo Maldonado es arrestado por el FBI por su participación en el secuestro del hijo de un joyero cubano. Esto destapó la corrupción que imperaba en amplios sectores de la policía, provocando el arresto y renuncia de varias decenas de agentes policiacos. Lo más llamativo del arresto de Maldonado fue que, de una fianza de $300,000, el floristero Julio Labatud aparecía aportando $215,000. Esto levantó sospechas del posible vínculo de la policía y del mismo Labatud con el asesinato de Carlos. Efectivamente, algunos de los policías arrestados empezaban a negociar sus testimonios de delitos a cambio de sentencias menores. En ese proceso empezarían a surgir las primeras pistas que nos ayudarían a avanzar en la investigación del caso de Carlos. Nos daban argumentos para exigir una investigación del mismo y debilitaba a la División de Homicidio.

También en ese periodo se llevó a cabo por la Comisión de lo Jurídico del Senado, controlada por la oposición, la investigación sobre el Caso del Cerro Maravilla que a todas luces parecía el ajusticiamiento de dos jóvenes independentistas por parte de la División de Inteligencia. Después de dos años de investigación y con los testimonios de los propios agentes, se logró determinar que fueron los agentes los que entramparon a los jóvenes que, luego de ser arrestados fueron asesinados. Esto provocó una gran conmoción en el país ya que las vistas se transmitieron en vivo por la televisión, lo cual ayudó a derrumbar prejuicios, abrir los márgenes de democracia en el país y crear las condiciones para que en 1987 fuera desmantelada la División de Inteligencia al descubrirse la existencia de miles de expedientes abiertos a ciudadanos por razones políticas y no delictivas. Otro brazo de la represión se debilitaba por el momento.

Tres investigaciones con resultados positivos se han desarrollado por el Dpto. de Justicia sobre el caso de Carlos Muñiz, y una de la Comisión de lo Jurídico del Senado en su segunda etapa que, aunque no relacionada con el caso de Carlos, arrojó importantes evidencias.

La primera fue dirigida por el fiscal Federico Quiñonez Artau entre 1988 y 1992, la cual logró recuperar parte de la evidencia que evidentemente se pretendía desaparecer. Esto se consiguió pese a la poca colaboración del entonces jefe de fiscales, Luis Feliciano Carrera, y logra que el FBI le entregue algunas de las confesiones de los policías corruptos. En 1984 el floristero Julio Labatud le comentaba al aún no convicto, Luis Ramos Grateroles, que él no estaba preocupado por cualquier investigación que contra él realizara el Dpto. de Justicia ya que era amigo de “Feliciano”.

Paralelamente la Comisión de lo Jurídico del Senado desarrollaba su segunda investigación desde la perspectiva del encubrimiento de los hechos del Cerro Maravilla. El fiscal, Edgardo “Gary” Pérez Viera, logra descubrir para 1992, sin que fuera su objetivo investigativo, la existencia de un grupo de exiliados cubanos que, de acuerdo con los “policías corruptos”, se hacían llamar “los Amigos para la Democracia” entre los que se encontraban Julio Labatud Escarra; el dueño de Lámparas Quesada, Waldo Pimentel Amestoy, y el dueño del Restaurant Metropol, José ‘Pepe’ Canosa Rodríguez. Los entrevistados indicaban que estas personas tenían participación en el contrato para asesinar a Carlos Muñiz y en actividades de carácter terrorista contra sectores del independentismo.

Nosotros seguiremos trabajando por la desclasificación de más documentos y por lograr que se haga justicia encausando a los asesinos de Carlos, que sabemos viven aún, unos en Miami y otros en San Juan. No descansaremos hasta lograrlo. Quisiéramos no llegar a la conclusión de que el FBI pudo haber esclarecido este asesinato y no lo hizo.

Durante los próximos 8 años, entre 1992-2000, los secretarios de Justicia, José Fuentes Agustini y Pedro Pierluisi Urrutia, muy poco hicieron más allá de contestar las cartas que se les escribían. El fiscal Michel Corona Muñoz no fue lo suficientemente exigente a la hora de negociar con el coronel Alejo Maldonado los términos de su sentencia en la esfera local, desaprovechando el testimonio de Maldonado en cuanto al caso de Carlos. Durante esa década el fiscal, Pedro Goyco Amador, logró que el FBI le permitiera entrevistar a Michael Townley, para ese momento con nueva identidad, quien había sido el organizador del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier, junto a los cubanos Dionisio Suárez Esquivel y Virgilio Paz Romero en septiembre del 1976. La entrevista no produjo resultados en cuanto al caso de Carlos. Lo único importante que ocurrió en esa década fueron las gestiones hechas por el fiscal, Ramón L. Torres, a finales de 1999, cuando redactó un inventario de las evidencias que sobre el caso de Carlos se encontraban en el Dpto. de Justicia. Las evidencias se volvieron a “extraviar” en el Dpto. de Justicia hasta que la fiscal Sarimar Andreu Pérez, asignada por el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, entre el 2006-2008 usó ese inventario como guía para volver a encontrar la “evidencia extraviada”.

Esta investigación produjo el poder encontrar la copia del primer boceto “extraviado” de uno de los pasajeros del carro de apoyo, se legalizó el protocolo de autopsia, se tomaron declaraciones juradas de testigos y personas cercanas a Carlos y se entrevistaron los principales oficiales policiacos sospechosos de conspiración y encubrimiento, Enrique Ojeda Sánchez, Alejo Maldonado Medina y Luis Ramos Grateroles. Los tres se niegan a reconocer su participación, aunque aportan alguna evidencia. Esta actitud puede que sea porque los dos últimos, Maldonado y Ramos, llegaron a acuerdos de sus sentencias en el foro federal donde, como condición, tenían que confesar todos los delitos cometidos, decir toda la verdad y ahora, reconocer un nuevo delito podría poner en riesgo los acuerdos, implicando la anulación de estos y muy probablemente tener que cumplir toda la sentencia.

A partir del 2008, con el fallecimiento en línea (2005-2007) de los tres alegados miembros de los “Amigos para la Democracia”, se nos ocurrió solicitar por vía del FOIA (Acta de Libertad de Información) la desclasificación de todo lo que el FBI tuviera sobre estas personas y sobre las organizaciones terroristas como el CORU (Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas), Comando Cero y FLNC (Frente de Liberación Nacional Cubano). Esto nos permitió conocer más sobre los sospechosos del asesinato de Carlos y sobre el papel jugado por dichas organizaciones terroristas en Puerto Rico.

Estas informaciones obtenidas por la desclasificación de documentos secretos (2010-2014) nos permitieron determinar el volumen de información que estaba en manos del gobierno federal (FBI). También nos dieron pie para argumentar ante el Dpto. de Justicia de Puerto Rico la necesidad de iniciar conversaciones con el FBI para que estos contribuyeran a desclasificar las partes tachadas de los documentos, donde aparecían los nombres de algunos de los sospechosos e informantes que narraban dicha información.

El secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, se reuniría con nosotros (Carlos Muñiz Pérez y Raúl Álzaga) el 9 de abril del 2014. Estaba presente toda la plana mayor del Dpto. de Justicia, que incluía al jefe de fiscalía, más ayudantes especiales de ambos funcionarios. De todos los secretarios con que nos hemos reunidos, seis en total, César Miranda fue con el que más reuniones sostuvimos, unas nueve veces entre el 2014 y el 2016, llegando a desarrollar una buena relación de trabajo y respeto.

De entrada, se comprometió a nombrar al joven fiscal Pedro Berríos Lara como fiscal a tiempo completo, quien tendría como objetivo montar el sumario fiscal y/o expediente criminal como “Dios manda”, además de digitalizar toda la información que se tenía más la que luego se encontraría, de forma que no se volviera a “extraviar”. Sería el primer sumario fiscal que se digitaliza en la historia del Dpto. de Justicia de Puerto Rico. Se intentaría a partir de ese momento establecer una relación con el FBI. El único que había logrado alguna relación voluntaria con el FBI había sido el fiscal Quiñonez Artau a quien le entregaron algunas de las confesiones (formulario 302) de los policías y joyeros cubanos acusados de corrupción en las décadas del 70 y 80, donde resalta la figura de Julio Labatud, el floristero.

La relación entre el secretario César Miranda y el jefe del FBI en San Juan, Carlos Cases y luego Douglas Leff, ayudaron a desclasificar nuevas informaciones que fortalecían las ya encontradas por vía del FOIA en años anteriores, pero se quedaban cortos en cuanto a la identificación de los informantes y la autorización para entrevistar a los agentes del FBI que operaban para la época en Puerto Rico y cuyo testimonio debe ser relevante a la investigación.

A partir del 2017 fue electo un nuevo gobernador, levantando dudas sobre si habría continuidad en la investigación. Gracias a las gestiones del senador Juan Dalmau, del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) y al propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se logró el compromiso de la nominada y luego confirmada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, a darle continuidad a la investigación, además de mantener a Pedro Berríos Lara como fiscal del caso, algo que para nosotros es fundamental por el conocimiento que este tiene del mismo y la claridad de hacia dónde se tiene que dirigir la investigación.

Dos reuniones se han llevado a cabo con la secretaria Wanda Vázquez, ambas evaluadas como positivas, una el 20 de abril del 2017 y otra el 27 de septiembre del 2018. De la primera no se pudieron producir muchos resultados ya que fue en momentos en que ellos empezaban a tomar control y familiarizarse con el departamento, más el ciclón María que destruyó literalmente el edificio del Dpto. de Justicia con todo lo que eso implicó para poder impartir justicia en el país.

En el verano del 2018 y antes de la reunión de septiembre, se logró un compromiso de colaboración entre el Dpto. de Justicia y el FBI para trabajar en conjunto la investigación del asesinato de Carlos, el cual se formalizó por escrito en meses posteriores. Esta sería la primera vez que se logra una colaboración de este tipo, la cual valoramos como positiva. Sin embargo, por lo poco que hemos podido averiguar, se avanza muy lentamente en unos puntos muy específicos que no dejan de ser importantes de cara al futuro, pero parecería que “arrastran los pies”.

Por otro lado, en la última reunión del pasado septiembre se sometieron unas 14 recomendaciones de cosas por hacer que a nosotros nos parece factible desarrollar por parte del Dpto. de Justicia. Sin embargo, no se han hecho, ya que tienen al fiscal trabajando a tiempo completo en otros casos. También está la interrogante de qué hará el Dpto. de Justicia y el propio FBI ante la negativa de uno de los principales sospechosos, Reynol Rodríguez González, a ser entrevistado por el fiscal Berríos y haberse acogido por vía de su abogado a la 5ta enmienda, un derecho constitucional que todos podemos ejercer si existe el temor de incriminarnos en algún delito. Sobre este sujeto el FBI tiene un abultado expediente.

En meses recientes se ha logrado encontrar en la página de la Mary Ferrell Foundation documentos desclasificados que a primera vista aparecen bajo el expediente de Antonio Veciana Blanch, pero sin embargo, tienen que ver con su lugarteniente y casi hermano, Félix “Tuto” Zabala Mas. Este documento, que tiene más de 150 páginas, incluye entrevistas por el FBI a Zavala en su formato de formulario 302. 

Dichos documentos arrojan un gran volumen de información sobre las actividades terroristas en Puerto Rico durante los años de 1977 al 1980, de las que el propio Zavala fue partícipe. Incluyen nombres de terroristas cubanos que operaban en Puerto Rico, muchos de los cuales ya aparecen en documentos desclasificados en años anteriores, colocación de bombas y conspiración para asesinar a Raúl Álzaga junto al banquero Bernardo Benes el mismo día, a finales de junio del 1979. De esa situación ya se tenía alguna información, así como de otra conspiración para septiembre del mismo año en la que Zavala participó en el intento de montarla.

Llama la atención que, en estos documentos, al igual que en los anteriores desclasificados por nosotros, hay un gran volumen de información de actividades terroristas antes y después del asesinato de Carlos, pero sin embargo se produce un gran silencio informativo por los mismos que han estado produciendo la información casi en tiempo real.

Nosotros pensamos que, independientemente de las buenas intenciones del personal actual del FBI, la institución como tal no ha querido o no ha autorizado compartir toda la información que obra en su poder para facilitar en su totalidad el esclarecimiento y encausamiento de los asesinos de Carlos Muñiz Varela. ¿Por qué? ¿Habrán tenido un “asset” metido todo el tiempo dentro del grupo de asesinos y ahora no lo pueden reconocer, con todas las implicaciones que eso tendría?

Nosotros seguiremos trabajando por la desclasificación de más documentos y por lograr que se haga justicia encausando a los asesinos de Carlos, que sabemos viven aún, unos en Miami y otros en San Juan. No descansaremos hasta lograrlo. Quisiéramos no llegar a la conclusión de que el FBI pudo haber esclarecido este asesinato y no lo hizo.

Nosotros seguiremos pidiendo, seguiremos exigiendo, seguiremos luchando hasta que se haga justicia. No es pedir demasiado.

 *Para más información sobre este tema pueden consultar el libro “La Contrarrevolución Cubana en  Puerto Rico y el Caso de Carlos Muñiz Varela” por Ediciones Callejón.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Yo creo que soy una activista innata desde chiquita, porque siempre confronté cosas que a mí me parecieron que no estaban bien y una de esas fue crecer en una familia de muchas mujeres en la que, a pesar de toda su fuerza y de presencia igual, había un papel muy dominante de los poquitos hombres que había en la familia. Yo creo que eso fue un elemento para originar en mi activismo, pero también mi espíritu feminista”, así describió su proceso de formación la activista feminista afrocolombiana, Charo Minas Rojas.

La activista afrocolombiana, oriunda de un barrio negro tradicional de Cali, visitó Puerto Rico invitada por la organización Kilómetro Cero para exponer la situación de la población afrodescendiente tras la firma de los acuerdos de paz frente al actual gobierno del presidente Iván Duque. 

Colombia es el tercer país con mayor población negra en América, luego de Brasil y Estados Unidos.

Minas Rojas forma parte del movimiento Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCNC), que describió como uno de carácter nacional con presencia en muchas comunidades negras, en particular, en el Pacífico colombiano, que va desde Colombia y Panamá hasta Ecuador, al Caribe que ellos llaman Atlántico, que es donde se encuentra Cartagena de Indias y también en algunas partes del interior del país. 

“Es una de las organizaciones más relevantes en el proceso negro en Colombia y tenemos un lugar importante en la región a nivel de las dinámicas organizativas y plataformas negras en la región”, explicó Minas Rojas.

No fue hasta el 2005 –indicó– que en Colombia se comenzó a contar a la gente negra en el censo, lo que ejemplifica el racismo que predomina. Con una población de 44 millones de habitantes, la población negra se estima que es el 26%, una cuarta parte. Entre la población hay gente que se identifica como negra o afrocolombiana, raizal, que son las personas de las islas San Andrés y Providencia, y palenqueros, la comunidad del Palenque de San Basilio, el último bastión de cimarrones, que está localizado en Cartagena, el cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La activista afrocolombiana, oriunda de un barrio negro tradicional de Cali, visitó Puerto Rico invitada por la organización Kilómetro Cero para exponer la situación de la población afrodescendiente tras la firma de los acuerdos de paz frente al actual gobierno del presidente Iván Duque. 

La inclusión del número de la población negra en el censo, sostuvo Minas Rojas, fue producto de los procesos de reivindicación de sus derechos. Narró que aun así, el censo del 2005 arrojó una población de apenas un 10.5%, en buena parte porque en las zonas rurales en el Pacifico, donde hay más población, el censo no se hizo y segundo los encuestadores no hicieron la pregunta. “Llegaban a tu casa te miraban la cara y lo anotaban, no preguntaban. Y como ese es un país que vive con la ilusión del mestizaje y del trigueño, pues serás mestizo o cualquier otra cosa…”, contó sobre la conducta de los encuestadores.

Todavía se están esperando las estadísticas del censo que se hizo del 2017 a 2018 y confía en que el número de la población negra sea más alto ante el trabajo de concientización que se hizo. “Se contó más a la gente negra en 1856 (8%) que en 1960, cuando se dijo que no pasábamos del 2%, pues porque no se contaban. En el 2005 subimos en 10%, ahora esperamos que seamos casi la cuarta parte”.

Siembran vientos, cosechan 

tempestades

En esa premisa enmarca Minas Rojas la situación que enfrenta la población afrocolombiana tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de los acuerdos de paz firmados en el 2016 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. 

“Inmediatamente después de que se firmó el acuerdo, hubo un aumento considerable de líderes y lideresas asesinados y un recrudecimiento de la violencia”, expresó. Más de 500 activistas sociales, entre líderes comunitarios, sindicales, excombatientes de las FARC, etc., han sido asesinados en Colombia luego de los acuerdos. Minas Rojas describió que después del acuerdo de paz ha habido una reorganización de grupos armados de corte paramilitar ligados a grupos del narcotráfico, los cuales se están reapropiando de los espacios donde la FARC tuvo presencia, lo que ha recrudecido la violencia. 

“Tememos que vamos en un retroceso en lugar de un avance”. No obstante la activista, a su vez, atribuyó que debido a que existe el acuerdo, este es un instrumento para la validación de los derechos y la construcción del proceso de paz, “pero, digamos, estamos también con un gobierno que para nada quiere el acuerdo, que hizo su campaña básicamente en contra del acuerdo”. Se refiere a la administración del actual presidente Iván Duque del Partido Centro Democrático, de corte derechista. 

“Tenemos un gobierno que si bien retóricamente está planteando que continuará con los acuerdos, vemos que va tomando medias para ir retrocediendo en cuanto a las ganancias que hemos tenido en cuanto a los derechos, que es un principio del acuerdo de paz, el acuerdo de paz debe promover los derechos, no regresarlos”. Denunció que el presidente Duque ha estado tomando acciones legislativas de reestructuración de gabinetes y algunas entidades y ministerios que muestran que va a ser un proceso paulatino de regresión de derechos y de desmonte de algunos aspectos muy importantes dentro del acuerdo. Ejemplos son pretender cambios en lo que llaman el Sistema de Justicia Transicional, que son los mecanismos para el reconocimiento, la reparación de los hechos que llevaron a la violación de los derechos humanos, como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda para las Personas Desaparecidas, todos mecanismos muy importantes para garantizar el esclarecimiento de la verdad y poder hacer verdadera justicia. “Sobre todo, que podamos vislumbrar una reparación integral a partir de conocer qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron los responsables y cómo se repara eso”.

Agregó, por ejemplo, que el Presidente, directamente, revocó seis de los artículos de la Jurisprudencia Especial para la Paz para su funcionamiento. “Creemos que eso se va a superar pero entonces eso es un indicio de que la voluntad política no es tanta como se necesita, pero afortunadamente sí hay una sociedad civil bastante fuerte y comprometida con el proceso como para seguir empujando para que se garantice”.

Una vez alcanzado los acuerdos con la FARC, desmovilizada su militancia y, a falta de voluntad del gobierno de avanzar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la política del gobierno para desarticular el activismo social, comunitario es criminalizar a los y las activistas sociales, acusándolos de ser miembros del ELN. Una acusación de vinculación al ELN implica ser acusado de rebelión, terrorismo y narcotráfico, en estos momento, dijo, dos compañeras de su organización están acusadas de ser miembros del ELN. 

Minas Rojas describió el panorama para los activistas sociales, en particular para los y las afrocolombianos, como uno complejo. Expuso respecto a la burguesía que Colombia es un país con una cultura patriarcal, machista, guerrerista, con tendencia militar, y el conflicto armado interno fue la mejor manera de mantener militarizado el país. En esa línea, los gobiernos se comprometieron con la política de Estados Unidos del Plan Colombia, lo que generó el establecimiento militar estadounidense en Colombia y, a partir de ahí, se ha venido sosteniendo ese sistema. Ahora el recrudecimiento de la represión contra los movimientos sociales es parte de ese sistema, denunció.

El tema del narcotráfico

Los grupos paramilitares, además de vivir del narcotráfico, son pagados por la burguesía y el narcotráfico, opera bajo la protección del Estado, el cual igual se beneficia del narcotráfico. Señaló que en estos momentos la influencia de Estados Unidos es evidente en todo este panorama. Los patrones de represión, la inteligencia de las fueras militares y policíacas colombianas, describió, provienen de los entrenamientos militares que les ha dado Estados Unidos. En Colombia hay siete bases militares y aunque en estos momentos no hay presencia uniformada de militares estadounidenses, estos llegan disfrazados de asesores. De hecho, la embajada de EE.UU. en Colombia es una de las más grandes del mundo. Una de las consecuencias de esta presencia es lo que denunció que la gente llama los hijos del Plan Colombia, los paraquitos, “generaciones de la violencia, de la violación, la prostitución forzada”.

Al presente, las comunidades afrocolombianas están amenazadas tanto por los grupos paramilitares que sirven a los intereses económicos, al igual que por los grupos del narcotráfico. El recrudecimiento de la presencia de los grupos paramilitares en los territorios afrocolombianos está deteniendo la implantación de la Ley 70, la cual se firmó en el 1993, tras los logros alcanzados con los cambios constitucionales en el 1991. La ley les reconoció a las comunidades afrocolombianas el derecho a la tierra, desarrollo propio, el derecho cultural, a la propiedad colectiva sobre territorios donde han estado localizados ancestralmente. Bajo esta ley lograron titular entre 1994 y 2001, un poco más de seis millones de hectáreas de tierras colectivas, la mayoría en el Pacífico y otras en el Caribe. A partir del 2001 el proceso se detuvo debido a la presencia paramilitar. Tras los acuerdos de paz el proceso comenzó a retomarse pero los intereses económicos que han acarreado los tratados comerciales con EE. UU. y Canadá han provocado otra vez la presencia paramilitar, el objetivo es desplazar a las comunidades afrocolombianas para apropiarse de sus territorios y explotar los recursos naturales, su riqueza biogenética –se estima que estas regiones de Colombia poseen el 10% de la riqueza biogenética del mundo. El tratado de comercio entre Colombia y EE.UU. le da ventaja a las empresas estadounidenses de asumir propiedad intelectual sobre estos conocimientos ancestrales.

“Sostenemos que esa violencia viene de esos intereses y que la violencia contra las mujeres en esos territorios tiene una relación directa con esos intereses económicos, es una violencia de carácter económico que proviene de esos intereses de control sobre territorios que sabemos tienen gran significancia para el país”. 

Un ejemplo es la amenaza de desplazamiento de siete barrios tradicionales en Buenaventura para expandir el puerto y construir un proyecto megaturístico. 

Frente a una lucha tan compleja, la activista Minas Rojas, reclamó que es necesario el trabajo de concientización y mantener la resistencia. En esa dirección, expresó sobre su visita a Puerto Rico que esperaba poder estrechar lazos de hermandad y solidaridad. “Mi organización es una organización que, dentro de sus principios, creemos que somos parte de las luchas por la justicia social, racial, de género, en el mundo, particularmente en la diáspora creemos que nuestra lucha no es la única y que hay otras luchas que hay que reciprocar. Yo espero que esta sea una oportunidad de estrechar esos lazos, de articular esas luchas es parte de nuestra visión política”.