Por Francisco A. Catalá Oliveras/Especial para CLARIDAD
La administración gubernamental de turno está empeñada en desmantelar la institucionalidad pública que le resta a Puerto Rico. Ha encontrado terreno fértil para el cultivo de tal agenda. Mientras la insuficiencia fiscal y la insostenible deuda le sirven de pretexto, el llamado neoliberalismo, con su afán de privilegiar al espacio privado, le provee el marco ideológico adecuado. Por su parte, la Junta de Supervisión (Control) Fiscal no hace otra cosa que sumarle dimensiones a tal propósito. La Universidad de Puerto Rico y todos los sistemas de retiro figuran prominentemente en la “lista negra”.
En realidad, la senda del debilitamiento del espacio público se fue abriendo poco a poco, casi sin advertirse, a lo largo de muchos años. Por lo tanto, los fanáticos neoliberales han encontrado un camino prácticamente sin obstáculos.
Aunque la “modernización” de Puerto Rico partió del andamiaje institucional que se diseñó durante los primeros seis años de la década de 1940, bajo la gobernación de Rexford G. Tugwell, no puede afirmarse que el mismo marcara la ruta que tomó el país. La razón es sencilla: el diseño se alteró.
El cambio de rumbo comenzó con la Ley de Incentivos Industriales de 1947 y con la reforma gubernamental de 1950. Se convirtió el privilegio fiscal en el instrumento de política pública por excelencia, con el consecuente debilitamiento en la recaudación tributaria. Hoy día se usa, y abusa, para todo. Las reformas gubernamentales, a su vez, han degenerado en fuentes de confusión.
La Compañía de Fomento, organizada en 1942, se concibió no únicamente como promotora sino como incubadora de diversas formas empresariales: privadas, públicas, cooperativas y de capital conjunto. Operaba un laboratorio de nuevos productos. Se reconocía la necesidad de contar con capital externo pero se expresaba la urgencia de formar un empresariado local. Esto se altera con la Ley de Incentivos Industriales, circunscrita básicamente a la atracción de inversión directa externa a base de exenciones tributarias. Con la creación de la Administración de Fomento Económico en 1950 la Compañía pasa a ser subsidiaria de la misma. Posteriormente se cobijará bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En efecto, la Compañía perdió su papel protagónico y se convirtió en oficina de bienes raíces.
En la actual administración gubernamental la promoción industrial está a cargo de un artilugio publicitario llamado inicialmente “Enterprise Puerto Rico” y rebautizado luego como “Invest Puerto Rico”, entidad privada “sin fines de lucro” sostenida con fondos públicos. Se trata de un arreglo análogo al de la promoción del turismo en el que se cuenta con otro artilugio publicitario: “Destination Marketing Organization” (DMO) y su brazo de mercadeo “Discover Puerto Rico”.
Para garantizar la mayor autonomía posible de las corporaciones públicas Tugwell insistió en ubicarlas fuera de las agencias convencionales, con juntas de directores nombradas por grupos (“stakeholders”) y no exclusivamente por el gobernador y con directores ejecutivos efectivamente nombrados por sus juntas. Con relación a las corporaciones de carácter comercial—como la Autoridad de Energía Eléctrica—recomendó que cobraran tarifas efectivas, queriendo decir suficientes para cubrir costos, generar reservas y contribuir al fisco. Los subsidios que por justicia social se tuvieran que dar no deberían provenir directamente de las corporaciones ya que se expondrían al canibalismo político. Se consideraba como fuente lógica de los mismos al Fondo General. Estas propuestas murieron casi al nacer.
La reforma de 1950 eliminó cualquier residuo de autonomía. La tendencia centralizadora redujo la agilidad institucional y paulatinamente mermó la vocación innovadora de los primeros años de la década de 1940, prólogo de las actuales dificultades financieras y operacionales. Ahora todo se resume en invocar ciegamente la privatización.
En realidad, la senda del debilitamiento del espacio público se fue abriendo poco a poco, casi sin advertirse, a lo largo de muchos años. Por lo tanto, los fanáticos neoliberales han encontrado un camino prácticamente sin obstáculos.
Resulta irónico que ante tantos problemas provocados por la cacería de rentas o rapiña privada se recurra como remedio a la privatización. Tal parece que es obligatorio premiar al glotón por aquello de que sin acceder al “banquete total” no hay satisfacción plena.
En la instancia de las agencias la más debilitada ha sido la Junta de Planificación. Creada en 1942 como organismo semiindependiente se redujo unos años después a mera dependencia adscrita a la Oficina del Gobernador. Basta observar el desorden urbano, la pobre articulación infraestructural, la degradación ambiental y la carencia de una política socioeconómica coherente para apercibirse del pobre historial de la planificación en el país. Naturalmente, a los desarrolladores se les hizo fácil comprar voluntades y dictar agendas. Para culminar el historial, recientemente la Junta fue subsumida en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Allí morirá.
El ejercicio de subsunción en que se ha convertido la “reforma” gubernamental da la impresión de que se ha confundido la reorganización del gobierno con un juego de lanzamiento de canicas en un cesto. La pieza de evidencia más citada es el desbarajuste en los numerosos componentes del nuevo Departamento de Seguridad Pública: Policía, Bomberos, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, entre otros.
Otra agencia cuya “reforma” ha ganado titulares es el Departamento de Educación. Sobresale—aparte del polémico cierre de escuelas—su concepción como fragua de “feroz guerra de contratos” en lugar de red interactiva de estudiantes y maestros. Por cierto, el enmarañado tejido de contratos que arropa al Departamento de Educación, ya convertido en enorme momia envuelta en vendajes contractuales, también tiene un largo historial.
La capacidad de toda sociedad para actuar ante la oportunidad y ante la adversidad se remite a la disposición de una red institucional adecuada. Nada más peligroso que el vacío institucional. Desafortunadamente, desmantelar instituciones es fácil. No requiere ni gran esfuerzo ni mucha imaginación. Suele ser tarea de bárbaros. Por esa ruta, conducente a la inviabilidad acompañada de creciente corrupción, se arrastra al país. Y, como si todo esto no fuera suficiente, no se debe olvidar que la mayor atrofia de la institucionalidad tiene nombre: colonia.
