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Extienden término de la  ley 22

 

Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

La Legislatura aprobó extender hasta el año 2055 el marco de la Ley 22 (ahora Ley 60), pese a que de acuerdo con el más reciente Informe de Gastos Tributarios del mismo Departamento de Hacienda (DH) publicado en junio de 2025, se estima que  las pérdidas de ingresos del gobierno por concepto de esta ley superaran los $18 mil millones entre el 2024 y 2030. Esta cifra cuadruplica el estimado anterior de $4,400 millones proyectado para el periodo de 2020–2026.

La denuncia de la aprobación del PC 505, el cual ya debe estar pendiente de la firma por la gobernadora, Jenniffer González, fue hecha por la Coalición Puerto Rico no se vende.  El proyecto que estuvo pendiente en el Comité de Conferencia desde junio de 2025 impone una carga contributiva de 0 % a 4 % para los futuros beneficiarios de la citada ley. En el expediente legislativo solo se encontró un informe “positivo” de dos páginas, fechado el 25 de abril de 2025.

La portavoz de la coalición,  Ane Hernández, a preguntas de CLARIDAD denunció que la medida se aprobó sin vista pública, por lo que no hay ningún informe que justifique o sugiera cuántos, si hay, potenciales beneficiarios esperan por la extensión del decreto, que pueda indicar cuál fue la línea de pensamiento o cuántas personas estarían interesados.

“Esta medida confirma que estamos ante una administración que prioriza a millonarios foráneos con privilegios contributivos por encima del desarrollo del capital local. No se trata de crecimiento económico, sino de un modelo que subsidia a unos pocos mientras el resto del país enfrenta aumentos en la vivienda, recortes en los servicios de salud, alzas en la tarifa eléctrica y la pérdida de recursos públicos. Con $18 mil millones proyectados en pérdidas, la única política fiscal responsable es eliminar estos incentivos, no extenderlos hasta 2055”, expresó la portavoz de la Coalición.

Según estima la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en el año fiscal 2027, el PC 505 allegará $27.8 millones y $60.6 millones al Fondo General.  Dicha proyección contrasta de manera marcada  con los datos del propio Departamento de Hacienda, cuyo Informe de Gastos Tributarios estima que para ese mismo año por concepto de la ley 22 se dejaría de recaudar $2,634.5 millones.

La coalición argumentó que la narrativa de crecimiento económico no se sostiene con los datos oficiales. “Incluso en el escenario más optimista, la cifra proyectada por la OPAL no representa una fracción significativa de los ingresos no devengados. ¿Cómo se puede presentar como beneficiosa una medida cuyo costo proyectado es sustancialmente mayor que los supuestos ingresos que generaría?”, cuestionó Hernández.

Parte del trabajo de la Coalición es conocer sobre los impactos que ha tenido el citado decreto, pero el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)  apenas contesta  sus  peticiones de información y, cuando lo hace, provee información son incompleta, además de que las alegadas auditorías que hace no son públicas, denunció. Lo que sí aseguró que está público es el Informe de Gastos Tributarios de Hacienda de cuánto estas personas están dejando de pagar por estos beneficios.

Otra agencia en la cual la Coalición hizo gestión para conocer sobre los verdaderos impactos del decreto es Rentas Internas de EE. UU. (IRS, en inglés), pero hubo que demandar  para que les enviaran

un informe del que aun están examinando los datos. “Cuando te dan la información es casi inaccesible para las organizaciones que trabajamos con una capacidad personal limitada. No ha habido una actualización formal pública sobre la auditoría que hizo el  GAO (de EE. UU.), que también hizo una declaración pública exhortando a que la información se haga pública y exponiendo que no cree que la ley tenga un impacto favorable para Puerto Rico”.

Según el informe de  la Coalición de abril del 2025, los inversionistas residentes en Puerto Rico  donaron en el 2022  un promedio anual de $14,034 por individuos a organizaciones sin fines de lucro. Hernández, recordó que  una primera investigación de la Coalición  reveló cómo los beneficiarios de la ley 22 crean sus propias organizaciones sin fines de lucro mediante sus esposas o familiares y, básicamente, lo que hacen es donarse entre  ellos mismos e incluso algunas se dedican  a abogar a favor de la ley. “No es que estén creando organizaciones para aportar y poder cumplir con el decreto”, manifestó Hernández.

La portavoz de la Coalición Puerto Rico no se vende denunció, además, que la especulación en la compra de propiedades por beneficiarios de estos incentivos ha contribuido al encarecimiento del mercado y al desplazamiento de residentes locales. La legislación aprobada no incluye mecanismos para atender la especulación inmobiliaria ni medidas que protejan a las comunidades del desplazamiento.

Por su parte, Cristian Martínez,  director ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo, que es parte de la Coalición, señaló: “Dieciocho mil millones de dólares representan inversión potencial en infraestructura energética, salud, educación y pensiones. Cuando un incentivo no genera retornos medibles en empleo y producción local, se convierte en una transferencia regresiva de riqueza. Los datos oficiales demuestran que el balance fiscal es negativo”.

Para concluir, Hernández afirmó: “Desde la coalición de Puerto Rico  no se vende entendemos que debe haber una auditoría de todos estos aspectos. En cuanto a los incentivos, estos deben ser centrados en las personas que vivimos aquí. Creemos que, definitivamente, tener medidas para que los que estén fuera emigren hacia aquí es necesario, pero creemos que más urgente es asegurar la vida de los que estamos aquí”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja la capacidad financiera

 

Aun cuando durante el pasado año 2025 el ingreso anual real ajustado por inflación aumentó de $24,069 a $24,714, esto no fue suficiente para compensar el deterioro gradual de la capacidad financiera de los consumidores.

De acuerdo con un reciente análisis de la firma Estudios Técnicos, Inc., dado a conocer mediante comunicado de prensa,  el Índice de Fragilidad Financiera del Consumidor (IFFC)  registró un deterioro sostenido durante el 2025, reflejando un aumento gradual en la presión financiera de las personas en Puerto Rico. El índice pasó de 0.33 en el primer trimestre a 0.46 en el cuarto, ubicando al consumidor en un nivel más elevado dentro del rango de fragilidad financiera moderada.

Leslie Adames, director de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos, indicó: “La evolución trimestral del índice durante el 2025 —0.33 en el primer trimestre, 0.36 en el segundo, 0.43 en el tercero y 0.46 en el cuarto— confirma un deterioro continuo de la posición financiera de los consumidores, sin señales de estabilización”.

Este comportamiento respondió al desempeño adverso de varios componentes del índice. Las quiebras personales aumentaron durante el año, al pasar de 904 en el primer trimestre a 962 en el tercero, antes de descender levemente a 926 en el cuarto. Asimismo, la tasa de desempleo subió de 5.4 % en el primer trimestre a 5.7 % en el cuarto trimestre. Aunque el ingreso anual real ajustado por inflación aumentó de $24,069 a $24,714 en ese periodo, esto no fue suficiente para compensar el deterioro gradual observado en los demás indicadores, explicó Adames.

Por tipo de cartera, la tasa de delincuencia (préstamos en atraso 30-89 días) de la banca comercial en los préstamos de consumo incrementó de 2.70 % en el primer trimestre de 2025 a 3.4 7% en el cuarto trimestre. La cartera hipotecaria mostró una tendencia similar, al aumentar de 1.18 % a 1.36 %. En tanto, la delincuencia en tarjetas de crédito subió de 2.31 % a 2.48 % y en los préstamos de automóviles de 2.77 % a 3.72 %.

“Estas tasas de delincuencia ya superan el promedio histórico para los últimos cinco años (2020-2024), lo que es preocupante. El exceso de liquidez de los estímulos fiscales federales que recibieron los consumidores durante la pandemia ya no está disponible, limitando la flexibilidad que en su momento tuvieron para financiar el consumo y cumplir con el servicio de la deuda”, expresó el economista.

Si bien el ingreso real de los trabajadores continuó aumentando y el mercado laboral mostró resiliencia en términos de niveles de empleo, estos factores no lograron compensar el efecto del aumento en las tasas de delincuencia de las carteras de préstamos consideradas en el índice ni el alza en las quiebras personales. Además, Adames destacó que una proporción significativa del empleo generado ha sido a tiempo parcial, lo que limita la estabilidad y previsibilidad del ingreso de las personas y reduce la capacidad para fortalecer su posición financiera. De igual forma, la estabilidad observada en la tasa de desempleo durante la segunda mitad del año no se tradujo en una mejora sustancial en la situación financiera de los consumidores.

El IFFC se construye a partir de cinco variables: delincuencia en la cartera de préstamos de consumo e hipotecaria (préstamos con 30-89 días en atraso), tasa de desempleo, quiebras personales e ingreso anual real de los trabajadores. El índice se clasifica en cuatro niveles de fragilidad financiera: baja (0–.25), moderada (0.26–0.50), alta (0.51–0.75) y extrema (0.76–1.00).

El economista advirtió que, de cara a 2026, el entorno macroeconómico presenta riesgos que podrían agravar la fragilidad financiera de las personas. Entre ellos, destacan el aumento en los niveles de endeudamiento del consumidor y la persistencia de presiones inflacionarias. “Será fundamental monitorear la política arancelaria de Estados Unidos, que continúa generando un alto grado de incertidumbre y podría traducirse en mayores costos al consumidor, particularmente si las empresas pierden capacidad para absorber incrementos adicionales en sus estructuras de costos.

A esto se le añade el que el desenlace del proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica constituye un factor crítico. “Un incremento en las tarifas energéticas elevaría los costos operacionales de las empresas —especialmente aquellas con menor margen financiero—, lo que podría provocar ajustes en empleo y producción y presionaría aún más la estructura presupuestaria de los hogares. Para el consumidor, mayores tarifas de electricidad implicarían una reasignación forzada del gasto, reduciendo consumo discrecional y debilitando la actividad económica en un contexto ya caracterizado por fragilidad financiera moderada”, puntualizó.

 

Gracias a los que resistieron, ahora celebramos

 

CLARIDAD

La vida te da sorpresas, canta Rubén Blades. ¡Quién podía predecir que tres cuartos de siglo después de que en muchos lugares de nuestra América se decía que los puertorriqueños habíamos perdido nuestro idioma o, peor aún, que nos lo habían deformado, de esta isla caribeña nace el movimiento que reafirma el español y el ser latinoamericano! Y esa reafirmación se hace, precisamente, en el corazón de Estados Unidos, utilizando sus medios, en el momento en que allí se quiere imponer a la fuerza el inglés como único idioma. De este país, que una vez se consideró víctima de “transculturación” (“Masticas una jerigonza medio española medio slang”, escribió en 1953 el poeta cubano Nicolás Guillén), surge una figura artística -Benito Martínez, alias Bad Bunny- que, proclamando su identidad latina y caribeña, se convierte en portavoz de todo el continente.

Para dramatizar la particularidad de ese hecho, es necesario repasar la larga historia que nos trajo hasta aquí.

Los esfuerzos por “americanizar” a Puerto Rico comenzaron tan pronto se oficializó nuestra condición de “posesión” estadounidense, tras el Tratado de París de agosto de 1898. El mismo esfuerzo se daba de forma simultánea en otra posesión de Estados Unidos a miles de millas de distancia: el archipiélago de Hawái, también recién adquirida. El objetivo era arrinconar, minar, “lavar” la identidad particular del pueblo conquistado sustituyéndola por la del nuevo posesor. En ambos archipiélagos el proceso continuó de forma inalterada durante las primeras décadas del nuevo siglo XX.

Para poder trasmitir e ir moldeando una nueva identidad, el más importante paso inicial tenía que ser con el idioma. La lengua única de la nueva potencia colonial, el inglés, era desconocido para la casi totalidad de sus nuevos súbditos y si tal realidad no cambiaba el proceso de “americanización” se tornaría imposible. En el caso de Puerto Rico el idioma de sus habitantes era el castellano, lengua extraña a los invasores. Y si era necesario convertir el inglés el idioma principal de los puertorriqueños o, al menos, que se hablara con fluidez, la trasformación tenía que empezar en el sistema educativo.

Un informe de 1899 del general George Davis, tercer gobernador militar impuesto por Estados Unidos (mayo 1899 a mayo 1900), lo decía con mucha claridad: “Si se americanizan las escuelas y se inspira el espíritu americano en los profesores y los alumnos… las simpatías, puntos de vista y actitudes se harán esencialmente americanas. La gran masa de puertorriqueños es todavía pasiva y maleable.”

Ese fue el gran proyecto de Estados Unidos en Puerto Rico a partir de agosto de 1898, del que existe amplísima documentación. Se trajeron maestros, se incorporó en las escuelas la simbología del nuevo colonizador (bandera frente a cada escuela, juramento, celebración de fechas históricas) mientras simultáneamente se suprimía todo lo que recordara la realidad previa a la invasión. Para hacer avanzar el proceso se creó una Escuela Normal para formación de maestros originalmente instalada en el oriental municipio de Fajardo.

Si bien ese proceso de “americanización” está ampliamente documentado, no lo está tanto la simultánea resistencia de los puertorriqueños que permitió derrotar la estrategia del colonizador. El mismo informe del general Davis antes citado reconocía que la estrategia que se delineaba en 1899 no sería de fácil implementación: “Existe una gran oposición a las escuelas americanas”, decía. Esa oposición fue callada, pero generalizada y sin duda efectiva. Tal vez algún día, cuando todo se investigue a fondo, se pueda reconocer la deuda que nuestro país tiene con los cientos de maestros y maestras que, contraviniendo lo ordenado, enseñaban en español, enfatizando en nuestra cultura, y a los miles de alumnos que gustosamente alimentaban su puertorriqueñidad. Y también a los que, ya de forma abierta y pública, tomaron las calles para reclamar un cambio formal de una política que en la tercera década del siglo lucía totalmente fracasada.

A pesar del evidente fracaso de su estrategia las autoridades estadounidenses insistieron en ella hasta bien entrada la década de 1940, aunque tuvieron que ir haciendo concesiones importantes frente a los reclamos del pueblo. La más importante de estas llegó más de treinta años después de la imposición inicial cuando el puertorriqueño José Padín Rodríguez, nombrado Comisionado de Instrucción en 1930 por el presidente Hoover, dispuso que la enseñanza en la escuela primaria, hasta octavo grado, sería en castellano. El inglés, no obstante, se mantuvo como lengua vehicular para la educación secundaria y superior.

En 1943 la Legislatura puertorriqueña, respondiendo a los reclamos populares, aprobó la legislación para restituir el español como lengua vehicular en todo el sistema de escuelas públicas. Lo aprobado, sin embargo, nunca se convirtió en ley oficial porque el proyecto fue finalmente vetado por el presidente estadounidense Harry Truman. La oficialidad del vernáculo en el sistema escolar debió esperar a 1949 cuando el nuevo secretario de Instrucción Pública, nombrado por el recién electo gobernador Luis Muñoz Marín, emitió una “circular” disponiendo que el uso del español como lengua vehicular. En la práctica, esa era la realidad desde mucho antes como resultado de la resistencia pasiva y activa de los puertorriqueños a la imposición del inglés como legua vehicular de la enseñanza pública.

En realidad, aun cuando tanto en las escuelas como en la administración pública el inglés fue el idioma oficial durante medio siglo, Puerto Rico nunca dejó de hablar y sentir en español. Todas las expresiones culturales de las puertorriqueños -música, literatura, etc.- siguieron siendo en castellano y, a pesar de la insistencia en el inglés, sólo una porción muy pequeña de la población lo habló con alguna fluidez. Esta cita del escritor Pedro Salinas, quien arribó a Puerto Rico en 1943 tras siete años en Estados Unidos, nos dice mucho: “Sí, he vuelto a respirar español, en las calles de San Juan, en los pueblos de la isla. Y he sentido una gratitud, no sé a quién, al pasado, al presente, a todos y a ninguno en particular, gratitud a quienes me dieron mi idioma y al nacer yo, a los que siguen hablándole a mi lado”.

Esa misma gratitud sentimos todos hacia quienes durante más de medio siglo resistieron aquella ofensiva del nuevo colonizador para cambiarnos el idioma y la identidad. Gracias a ellos, en pleno siglo XXI producimos hijos que van por el mundo proclamando lo que somos y, simultáneamente, defendiendo a todos los latinoamericanos.

 

Eli Fontánez: mujer de palabra y acción

Eli Fontánez en la entrega de la medalla Blanca Canales. Fotos Alina Luciano

Saludos, buenas tardes:

La homenajeada, nuestra querida y curtida militante de múltiples luchas, la compañera Gloria Elizabeth Fontánez, me ha pedido que, como parte de su semblanza, les hable un poco sobre su participación en los trabajos del Proyecto Casa Isabel Rosado Morales Inc. y/o Casa Museo Isabel Rosado.
Gracias, Eli, por la invitación. Para mí es un gran honor. Trataré, como me pediste, de ser breve. Pero antes de hablar de tu trabajo en la Casa Museo, me parece importante trazar cómo llegas a la vida de Isabel, o cómo Isabel llega a ti, ya que no podemos desvincular una cosa de la otra.

Para los años setenta, cuando las luchas sociales, políticas y económicas se encontraban en pleno auge, incluyendo las magisteriales, Elizabeth conoce a Salvador Broida. Ambos eran maestros; ella de la escuela pública, él de la privada, y entrelazan sus vidas. Con el tiempo, Salvador continuó estudios de Derecho y coincidió con Isabelita Rosado en distintas instancias de lucha, como las antirrepresivas y en favor de los perseguidos por cuestiones ideológicas, por lo que estrecharon lazos de amistad.
Elizabeth, a su vez, conocía a Isabel a través de la lucha de Vieques, entre otras causas, pero no es hasta que Salvador enferma que se percata de cuán estrecha era su relación con Isabel. Ellos mantenían contacto, pues Isabelita le consultaba asuntos legales, algo que no es de extrañar. Quienes la conocimos sabemos que nunca dejó de ser trabajadora social ni educadora. En su mochila guerrera cargó siempre todas sus vocaciones para sacarlas y aplicarlas en el momento preciso: ya fuera el Tratado de París, el recluso sentenciado a pena de muerte o la carta enviada a los presos políticos que le había sido devuelta.
Salvador muere, pero antes le encomendó a Elizabeth no dejar sola a Isabel, velar por ella. Algo así como cuando Albizu le encomendó Vieques a Isabel Rosado.

Yo puedo testimoniar lo siguiente: Elizabeth fue uno de los apoyos más importantes que tuvo Isabel cuando más lo necesitó. En esa etapa de la vida en que ya no estaba en capacidad de llevar una vida independiente; cuando la vejez limita la autosuficiencia y la soledad golpea más duro.
Cuando Isabel vivía en el edificio Francisco Colón Gordiani, en Ceiba, junto a su hermana Alejita, Elizabeth, además de visitarla y estar pendiente de sus necesidades, estrechó lazos con el personal del proyecto y les agasajaba con alimentos y bizcochos.
Luego, cuando estuvo en el Hogar Las Sagradas Misiones, bajo la tutela de una de las mejores hijas de corazón de Isabel, Ángeles Rivera, por espacio de siete años (hasta el 2007), para Elizabeth la atención a Isabel se convirtió en una misión. La visitaba regularmente, estaba atenta a sus necesidades y coordinaba visitas de estudiantes y amistades al centro. Y, no siendo suficiente, una vez a la semana preparaba una comida completa para compartir con el resto de los residentes del hogar. Al día de hoy, Elizabeth mantiene esa relación afectiva y de gratitud con Ángeles, y no se olvida de llevarles alimentos y bizcochos en fechas especiales.

Fotos Alina Luciano

Dicho sea de paso, Elizabeth e Isabel tienen muchas cosas en común: la sencillez, la gratitud, el desprendimiento material; esa generosidad que emana de la empatía, la honestidad y la sinceridad; el amor a la educación y a la niñez; la pasión por Vieques y la entrega patriótica, por solo mencionar algunas. Mujeres trabajadoras, briosas, audaces y valientes, que no conocen límites cuando de la patria y del otro y la otra se trata. Patriotas enraizadas en el pueblo.

Isabelita, antes de morir, dejó consignado en su testamento el deseo de que su residencia en Ceiba fuera convertida en museo o institución análoga para fines educativos, culturales y de afirmación puertorriqueña, dejando como albacea de la propiedad a su sobrino nieto, Radamés Rosado Santiago.
Isabel muere en 2014, y el grupo de quienes habíamos sido parte del Comité de Amigos y Familiares asumimos la responsabilidad de comenzar a organizar los trabajos del proyecto. El 21 de diciembre de 2016, la entidad fue incorporada como Casa Isabel Rosado Morales Inc.
Durante los diez años de permanencia del proyecto, Elizabeth ha sido su columna vertebral. Su consistencia, perseverancia y entrega al trabajo han permitido:
1. Garantizar la preservación y mantenimiento de la propiedad.
2. Coordinar actividades con proyectos educativos comunitarios, como las Escuelas de Trabajo Social de la Universidad Interamericana; el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Puerto Rico, recintos de Río Piedras y Humacao; a nivel municipal, con el Departamento de Educación y con organizaciones patrióticas.
3. Preservar la memoria de Isabel mediante la celebración de su natalicio cada 5 de noviembre o en fechas cercanas.
4. Dar a conocer la vida de Isabel a través de charlas, conferencias, entrevistas radiales y actividades escolares.

A manera de ilustración, quiero leer una reseña sobre Elizabeth, escrita por el profesor Gerardo Arroyo Cruzado, coordinador de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras:
En septiembre de 2022 el Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios Generales-UPRRP comenzó, en alianza con la Corporación Isabel Rosado Morales de Ceiba, el proyecto Trabajando junto a las comunidades por una educación integral en artes, ciencias y tecnología para nuestros niños y jóvenes escolares. La profesora Elizabeth Fontánez, representando a la corporación, sirvió de enlace con la Escuela Intermedia Irma Pedraza de Ceiba para lograr transferirle microscopios y materiales para que pudieran realizar experiencias de laboratorio. Además, Eli, como la llamamos cariñosamente, participó activamente en las experiencias prácticas de biología que se llevaron a cabo con los estudiantes en Ceiba y en la visita de estos a los laboratorios de la UPR-Recinto de Río Piedras. En todo momento, Eli comunicó a los estudiantes participantes del proyecto la historia sobre la vida y obra de la Maestra y Patriota Isabel Rosado. A través de los siguientes dos años, Eli colaboró incansablemente con el DCIBI, tomando parte activa en las actividades que realizamos con estudiantes y educadores de diversas escuelas. Nos acompañó a la Escuela Superior Eladio Rivera de Loiza a quienes le llevamos el laboratorio rodante y en la IUPI cuando nos visitaron los estudiantes de la Escuela Superior Jaime Collazo de Morovis. Es importante resaltar la extraordinaria contribución de la profesora Fontánez en la visita a la Escuela Superior Germán Rieckehoff de Vieques. Eli fue quien se encargó en llevar en el Ferry su guagua con los materiales y equipos para que los estudiantes de 11mo grado realizaran un laboratorio de extracción de ADN. Participó como recurso orientando a los estudiantes en los procedimientos y hasta les preparó sándwiches para merendar. Fue a partir de esta experiencia que en el DCIBI la comenzamos a llamar la Mujer Comité. En el 2024, durante la XI Conferencia Ciencia, Ambiente y Sociedad, el DCIBI le hizo un reconocimiento por su compromiso y aportación al proyecto. En la actualidad, continuamos con el proyecto bajo el título STEM más allá de los libros. En éste, ya han participado cerca de 700 estudiantes de unas 25 escuelas de diversos municipios y seguimos, gracias a la visión, la iniciativa y la dedicación con la que nos irradió la Profesora Elizabeth Fontánez.

Para terminar mi participación, quiero expresar lo siguiente:
Eli, Blanca, al igual que Isabel, están aquí entre nosotros y nosotras disfrutando de este día. El amor entre ellas era tan profundo que de las pocas veces que vi llorar a Isabelita fue ante la partida física de su hermana Alejita y la de Blanca. Hoy, con la entrega de la Medalla Blanca Canales, ese círculo se acaba de cerrar.
Felicidades y agradecimientos, camarada.
Palabras leídas por la autora el 28 de febrero de 2026 en la entrega de la Medalla Blanca Canales, en Jayuya, Puerto Rico

 

Junta Comunitaria defiende  Río Piedras

Pase De Diego en Río Piedras.

 

 

La Junta Comunitaria de Río Piedras dio a conocer que, luego de una reunión con representantes de la empresa Laguna Capital LLC sobre el  desarrollo de 12 edificios en el Paseo de Diego, confían en que   los acuerdos conversados se traduzcan en un desarrollo participativo, alineado con las necesidades y el bienestar de las y los residentes de Río Piedras.

La declaración surge luego de semanas de revelarse la compra de los 12 edificios por el artista Bad Bunny y de comentarios en las redes  de que un recién edificio remodelado en el Paseo de Diego es suyo.

En comunicado de prensa, la Junta Comunitaria declaró que llevan años impulsando procesos de planificación y participación en el casco urbano. A esos efectos, el encuentro se llevó a cabo el pasado 3 de febrero, por petición de la comunidad, con el propósito de conocer los posibles planes de rehabilitación de dichas estructuras.

De acuerdo con lo divulgado, las organizaciones que integran la Junta Comunitaria compartieron información sobre la Ley 75 de 1995, según enmendada, que creó la Zona de Planificación Especial de Río Piedras y que establece un modelo de planificación participativa vinculante, donde la comunidad es un actor protagónico en los procesos de desarrollo.

“Aquí vivimos personas que llevamos años soñando, planificando y organizando iniciativas para un Río Piedras más vivo y sustentable. Este tipo de proyectos puede representar una buena oportunidad si se construye pensando desde nuestra gente”, expresó Luis Díaz, presidente del Cuerpo Consultivo para el Desarrollo de Río Piedras.

Las organizaciones afirmaron que cualquier iniciativa deberá ajustarse estrictamente a este marco legal y evitar dinámicas que puedan propiciar desplazamiento o exclusión. Señalaron, además, que la inversión privada es bienvenida cuando se integra a la visión colectiva del desarrollo local y respeta las estructuras comunitarias existentes.

“El proyecto de vivienda asequible que impulsa el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras en el antiguo Colegio La Milagrosa busca precisamente que el desarrollo del casco urbano incluya a quienes ya forman parte de esta comunidad y contribuya a su permanencia”, señaló Melissa López, su presidenta.

Los grupos representados fueron la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, el Cuerpo Consultivo para el Desarrollo de Río Piedras y el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE).“Para nosotras es fundamental que cualquier proceso de rehabilitación o desarrollo en el casco urbano se construya en diálogo con la comunidad y en armonía con las necesidades de quienes viven y sostienen a Río Piedras”, expresó Mónica Ponce Caballero, directora de CAUCE.

Según se informó, durante el encuentro se alcanzaron acuerdos iniciales como compartir el inventario de los edificios, intercambiar información sobre los procesos de rehabilitación y retomar reuniones trimestrales de seguimiento. En palabras del licenciado Pedro R. Ortiz, representante de Laguna Capital, “lo que la comunidad demande, eso es lo que debe estar allí”, una expresión que las organizaciones entienden debe traducirse en compromisos concretos y sostenidos en el tiempo.

“Río Piedras ha enfrentado por años un abandono estructural que necesita rehabilitación y actividad económica, pero el desarrollo no puede significar el desplazamiento de quienes han construido comunidad aquí por décadas. Apostamos a un modelo donde la inversión permita que las personas riopedrenses puedan permanecer, convivir y beneficiarse del desarrollo de su propio pueblo”, expresó Channiel Peñaloza Parrilla, presidente de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras.

Las organizaciones reafirmaron que el desarrollo del Paseo de Diego debe promover la permanencia de residentes y comerciantes, integrar vivienda asequible y construirse en diálogo con quienes han sostenido a Río Piedras por décadas.