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El doble baremo diplomático de Estados Unidos

No parece haber equidad ni uniformidad en la conducción de la diplomacia que rige la política exterior estadounidense. Su diplomacia y las relaciones políticas con los países del mundo no es coherente en la evaluación para determinar cuánto cada régimen de gobierno de cada uno de ellos cumple con el concepto universal de democracia. La evaluación siempre se amolda a sus intereses económicos y geopolíticos del momento.

Para Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un dictador y el régimen político de ese país no es democrático. Empero, el gobierno estadounidense confiere su aquiescencia diplomática a la monarquía autocrática de Arabia Saudita y considera a ese país como un magnífico aliado internacional. Una política de buenas relaciones diplomáticas con el régimen de un país, a cuyo príncipe heredero Mohammed bin Salman las agencias de inteligencia estadounidenses interceptaron una conversación en la que decía en 2017 a su ayudante, Turki Aldakhil, que “usaría una bala” contra Jamal Khashoggi, el periodista asesinado en octubre, en caso de que éste no pusiera fin a sus críticas al gobierno saudí. Khashoggi era columnista del periódico estadounidense The Washington Post al momento de ser asesinado en una visita al consulado saudí en Estambul, Turquía, para tramitar documentos relacionados con su planificada boda con una mujer también de ese país.

Esta pudiera ser la evidencia más detallada hasta la fecha de que el príncipe heredero consideró asesinar al Sr. Khashoggi mucho antes de que un equipo de agentes saudíes lo estrangulara dentro del Consulado Saudí en Estambul y desmembrara su cuerpo con una sierra para huesos. No importó que el asesinato de Khashoggi provocara semanas de indignación en todo el mundo para que Washington mantuviera inalteradas sus buenas relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, ni que legisladores de alto nivel, demócratas y republicanos, solicitaran una investigación.

La conversación entre el príncipe Mohammed y Aldakhil se produjeron por la alarma que estaba causando a la monarquía de Arabia Saudita las cada vez más fuertes críticas de Khashoggi al gobierno saudí en sus columnas de opinión publicadas en el importante e influyente diario The Washington Post. Ese mismo mes, el Sr. Khashoggi comenzó a escribir columnas de opinión para The Washington Post. Los principales funcionarios de Arabia Saudita discutían formas de atraerlo a Arabia Saudita con el fin implícito de apresarlo o asesinarlo.

En la conversación, según una reseña publicada el viernes, 8 de enero de 2019 por The New York Times, el Príncipe Mohammed dijo que si Khashoggi no quería regresar a Arabia Saudita, debería ser llevado al país por la fuerza. Si ninguno de esos métodos funcionaba, dijo el príncipe heredero, entonces iría tras Khashoggi “con una bala”. La información fue extraída de un informe de inteligencia producido a principios de diciembre de 2018.

En el artículo de marras del Times se dice que el gobierno saudí ha negado que el joven príncipe heredero haya desempeñado algún papel en el asesinato, y el presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado públicamente poco interés en tratar de obtener información sobre quién fue el responsable. El Príncipe Mohammed se ha convertido en el gobernante de facto de Arabia Saudita y un aliado cercano de la Casa Blanca de Trump, especialmente Jared Kushner, el yerno del presidente, se añade en el artículo.

Conforme a lo revelado por The New York Times, la conversación parece haber sido recientemente transcrita y analizada como parte de un esfuerzo de las agencias de inteligencia para encontrar pruebas de quién fue el responsable de la muerte de Khashoggi. La Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias de espionaje estadounidenses ahora están revisando los años de las comunicaciones de voz y texto del príncipe heredero que  han sido interceptadas y almacenadas de manera rutinaria, como lo ha hecho la agencia por otros altos funcionarios extranjeros, incluidos los aliados allegados a Estados Unidos.

Lo que llama la atención en estos momentos de tensión diplomática con Venezuela es el doble baremo de política diplomática de Estados Unidos en la evaluación de las actuaciones de los mandatarios o funcionarios cuando se trata de un país o de otro para lo que media únicamente el interés económico o geopolítico estadounidense y no verdaderamente si hay en el país o por sus mandatarios respeto a los derechos civiles y humanos y conceptos universales de democracia en sus políticas de gobierno.

Es de ingrata recordación las expresiones de Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos bajo el gobierno de George W. Bush, catalogando como “buen amigo” y buen aliado de Estados Unidos al sanguinario dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema.

Obiang Nguema gobierna dictatorialmente desde hace más de tres décadas a Guinea Ecuatorial con el beneplácito de las grandes potencias imperialistas, a cambio de la expoliación de sus riquezas naturales.  Llegó al poder luego de ejecutar al anterior presidente Francisco Macías, su tío.  Los robos y asesinatos en esos 32 años de dictadura de terror le ha permitido amasar una fortuna que lo convierte en uno de los hombres más ricos del planeta.

Bajo su dictadura, Obiang Nguema no sólo ha saqueado los pagos de las compañías petroleras por la extracción del hidrocarburo, sino que se ha apropiado aproximadamente de la mitad de los terrenos edificables del país.  Los opositores al régimen son asesinado o encarcelados, al tiempo que se les despoja de cualquier bien que posean.  Se estima que durante el mandato dictatorial de Obiang Nguema, el gobierno ha exterminado a cerca del 10% de la población.

Conforme a un informe de Amnistía Internacional, los detenidos por la Policía y el Ejército son torturados de manera brutal, mediante métodos tales como mutilaciones, roturas de huesos, estupro, descargas eléctricas en los genitales o la clavadura de tenedores en la vagina de las mujeres detenidas.

El autor es comunicador.

Las restructuraciones de agencias no ahorran

No todos los ahorros resultan en menos costos, ya que pueden generar costos de otra naturaleza, y es posible que esos nuevos costos sean igual o mayor que el supuesto ahorro. Así lo advirtió la experta en Administración Pública, doctora Palmira Ríos, en entrevista respecto a la intención del gobierno de consolidar en el Departamento de Transportación y Obras Públicas a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, a la Autoridad de Transporte Marítimo y a la Autoridad de Transporte Integrado. Según se anunció por el mismo gobernador la consolidación generara un ahorro inicial de $13 millones y $142.6 millones en cuatro años.

La catedrática de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, señaló que en términos conceptuales las restructuraciones o reorganizaciones de agencias son no solo naturales, sino muchas veces deseables. Sobre todo, porque muchas de estas agencias se crearon en un determinado tiempo histórico y hay que darles una nueva mirada, a ver si esas funciones que se identificaron entonces ameritan hoy otra estructura. La consolidación —dijo— no es la única forma de reorganización. Puede haber una separación de alguna agencia, por entender que esta ya debería asumir tareas independientes, o puede haber una reformulación de su misión para adecuarla a los tiempos. Afirmó que, de hecho, la Escuela ha recomendado reestructuraciones de varias agencias del gobierno desde hace muchísimo tiempo y siempre se ha encontrado resistencia al cambio de parte de las administraciones.

Pero el cuestionamiento a las consolidaciones que está haciendo la actual administración de gobierno reside en que lo que está dirigiendo el proceso son las políticas de austeridad, sin considerar si las misiones son afines o si son parecidas, y que lo que se está consolidando son las funciones administrativas, el manejo de los recursos humanos y la cuestión fiscal.

“Hay que ser muy cautelosos al analizar estos procesos. Algo que siempre se menciona y sobre lo que se alerta es que tiene que preceder un análisis muy serio primero y asegurarse de que sus misiones sean compatibles. Esto lo vimos en el caso de la seguridad. Se ha partido de una visión policiaca de lo que es la seguridad y han colocados bajo esa agencia a otras que son más afines con la salud. Así que esa mirada de definir cuáles son las misiones es fundamental. Lo otro que se tiene que examinar detenidamente es cuáles son las estructuras, para ver qué realmente se puede consolidar, porque puede ser que unas agencias estén más fortalecidas que otras. También hay que tener información clara sobre cómo se van a trasladar los recursos humanos y físicos antes de moverse a este tipo de consolidación”.

En el caso de la consolidación de las agencias anunciadas, Ríos indicó que todas son afines en el área de transportación, por lo que podrían entonces alinearse con sinergia y con actividades en que se apoyen recíprocamente. “Quizás, finalmente tengamos un sistema público de transportación en el país que funcione, aunque no creo que sea eso lo que están proponiendo,”.

Si la consolidación se hace tomando en cuenta un examen y análisis ya discutidos, hay la oportunidad de construir un sistema de transporte modernizado, no solo para el Área Metropolitana, sino para toda la isla y las islas municipios. “No creo que esto es lo que esté dirigiendo esta consolidación. A una política pública de visión amplia es a lo que debería movernos en un territorio como Puerto Rico, que es pequeño. Desafortunadamente, dudo que ese sea el propósito”.

COFINA Un acuerdo que perjudica al pueblo

Una salida fácil, un acuerdo que perjudica al pueblo , condenándolo a pagar una deuda de más de 40 años, y unos números que no cuadran son parte de las denuncias de sectores de la sociedad civil, ante la aprobación por la juez Laura Taylor Swain del acuerdo de COFINA. La decisión de la juez, emitida el cuatro de febrero en horas de la tarde, sorprendió a los grupos opositores, más que por su aprobación, por la ligereza de su fallo y por los asuntos que dejó sin resolver.

Entre los primeros en reaccionar estuvieron los grupos del Frente Ciudadano de la Auditoría de la Deuda (FCAD), Dignidad, Vamos, la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda (CCAD), el Centro de Democracia Popular (CDP) y los Hedge Cilppers, entre otras. La portavoz del FCAD licenciada Eva Prados denunció que la Jueza Swain no contestó los importantes cuestionamientos sobre la legalidad de toda la deuda, para irse por la salida fácil, de no más litigios, que solo beneficia a los bonistas, y a costa de un futuro doloroso para un pueblo en reconstrucción.

Reiteró la denuncia de que el acuerdo se basa en la ilegalidad, ya que la deuda no fue auditada y, para colmo, no hay evidencia alguna de que el acuerdo se pueda cumplir. “Esta decisión lo único que nos confirma es que ni la Ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal son las herramientas para garantizar al Pueblo de Puerto Rico una reestructuración justa de la deuda”.

Por su parte, el portavoz del CDP Julio López Varona reparó en que la reestructuración del 24% de la deuda aprobada significa pagos garantizados a los bonistas, sin ningún beneficio para la gente de Puerto Rico. Al contrario, los puertorriqueños tendrán que pagar la cuenta en forma de impuestos (IVU) más altos durante los próximos 40 años y con más formas de austeridad.

“La juez Swain juzgó mal el impacto de aprobar el acuerdo de COFINA al no evaluar la legitimidad de los bonos en cuestión. Esta decisión es la perpetuación del estatus colonial de Puerto Rico y el mayor desprecio por las vidas de los puertorriqueños por parte del Congreso de los Estados Unidos y los Tribunales de los Estados Unidos,” agregó María J. Torres-López, Organizadora de Diáspora en Resistencia (ODR).

Otra organización que arremetió contra la decisión de la juez fue la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR). Su presidenta Martínez Padilla censuró el que la jueza Laura Taylor Swain malgastara la oportunidad de hacer justicia: “Decidió favorecer a los enemigos de nuestro pueblo, no a los que nos levantamos a trabajar todos los días ni a los jubilados que dieron sus mejores esfuerzos al país. No permitió desfilar prueba importante sobre los efectos de este acuerdo en la gente”.

Los números no cuadran

Mientras, la organización Espacios Abiertos, que encomendó un análisis sobre el plan de COFINA al economista Martín Guzmán, experto en deuda internacional, también reiteró sus denuncias respecto al plan de COFINA y sus consecuencias en el plan fiscal del gobierno: “¿Cómo es posible que el mismo plan fiscal sirva para un cálculo y no para otro? Nos dicen que COFINA representa ahorro; pero al mismo tiempo anuncian recortes”.

Espacios Abiertos trajo a la atención el que, hace tan solo tres semanas atrás, la JCF y el Gobierno utilizaban su plan fiscal para justificar y defender en el Tribunal un acuerdo generoso para los bonistas en detrimento, por los próximos 40 años, de la salud fiscal de Puerto Rico; que desde antes de que el plan de ajuste fuera ratificado por la juez se comenzaron a sentir sus primeras consecuencias.

EA precisó que el 30 de enero la Junta comunicó al Gobierno que la proyección de recaudos del Fondo General para el año fiscal 2020 será de $8,028 millones. Esto significará un recorte en el gasto público de aproximadamente un 8%, es decir, $702 millones, en comparación con el presupuesto de $8,730 millones del 2019.

Ante este escenario —destacó EA— algo parece no tener mucha lógica. Si hace unos días el Gobierno tanto defendía con la Junta el acuerdo como el plan de ajuste de COFINA y celebraba que tendría $456 millones anuales adicionales, ¿cómo es que ahora el dinero no es suficiente y se exige un recorte anual de $702 millones al presupuesto? Frente a estos números la organización insistió en su cuestionamiento: “¿Qué hace posible que el plan fiscal certificado el pasado octubre ya esté obsoleto para el nuevo presupuesto, lo que requiere amplios recortes para el pueblo, y en cambio siga vigente cuando se trata del pago a los bonistas de una deuda insostenible?”

En la Isla se consumen 1.1 billones de sorbetos plásticos anualmente

Varios organismos ambientalistas coincidieron en que se tiene que detener la utilización del plástico de un solo uso.

Según Noel Portalatín Cánovas, consultor y auditor en sistemas y redes, junto a Jessica Ríos Martínez, presidenta de The Barmaid PR, estudios que han realizado revelan, que, en Puerto Rico, siendo un país pequeño, se consumen 1.1 billones de sorbetos plásticos al año, que no son reciclables y sí destructivos para el medio ambiente.

La información fue vertida durante la continuación de las audiencias públicas en torno al proyecto de la Cámara 1746, de la autoría del presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, Joel Franqui Atiles, que propone prohibir el expendio y utilización de sorbetos plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial, de venta y distribución autorizado a realizar negocios en Puerto Rico.

Franqui Atiles expresó que la medida, “salva a la Isla de ahogarse en plástico y afectar el ambiente y los animales marinos antes de que sea demasiado tarde. No lo podemos ver de momento, pero los sorbetos plásticos nos salen más caros a la larga. Tenemos los vertederos llenos, (los sorbetos plásticos) no se pueden reciclar en Puerto Rico por el material. Ya es el momento de que Puerto Rico de el paso y sea un ejemplo”.

De su parte, Portalatín Cánovas validó datos de la aplicación TripAdvisor que destaca que en Puerto Rico hay registrados 4,673 establecimientos de restaurantes y barras.

A ellos se le pueden añadir más de 500 restaurantes de comida rápida, sin contar los restaurantes chinos, algunos “chinchorros”, carritos de comida, puestos de gasolina, colmados, eventos y festivales.

“Hablamos de un número conservador (pueden ser más) de 8,000 establecimientos donde se utilizan sorbetos plásticos. Sin incluir colmados y otros establecimientos donde ofrezcan algún tipo de bebida. En Puerto Rico 44 de los 78 municipios tienen costa y son muchos los establecimientos que están cercanos a la costa. Visitamos las salinas en Combate, Cabo Rojo para ver la contaminación de plástico en el área donde se produce sal. Observamos y recogimos unas 30 libras de todo tipo de plástico, así como botellas plásticas, tapas, padrinos de refrescos, sorbetos, vasos, platos, potes de aceite de motor y fragmentos de plástico en un área de 500 metros lineales alrededor de las piscinas que forman para la producción de sal”, formuló el analista ambiental.

Mientras, Carlos Enrique Pacheco Irizarry, ingeniero de profesión, agricultor y miembro activo de la Cooperativa orgánica Madre Tierra, amplió que se confeccionan diferentes productos reciclables y biodegradables y que aparte de los sorbetos hechos de papel o bamboa, también hay de fibra de maíz, de aguacate, entre otros.

“El proyecto que nos ocupa atiende uno de los problemas más preocupantes que es la generación de microplástico que contamina el suelo y el ambiente marino mediante sorbetos plásticos de un solo uso. La medida resuelve parte del problema y es un buen comienzo hacia otras iniciativas muy necesarias en la protección de nuestro ambiente”, sostuvo.

Seguido, recomendó hacer énfasis en la educación para el éxito de la legislación y las penalidades a los infractores. También, que se añada la venta y uso indiscriminado de utensilios o cubiertos en plástico, tales como cucharas, tenedores, cuchillos de un solo uso.

“Son frágiles, vidriosos y con cero potencial de ser reciclados que al igual que los sorbetos plásticos se convierten en pequeñas partículas que fácilmente son arrastradas a los cuerpos de agua cuando son desechados en forma irresponsable”, dijo.

A preguntas del representante Franqui Atiles, ambos deponentes coincidieron que reemplazar los sorbetos plásticos de un solo uso por reciclables o biodegradables es costo efectivo porque su costo de sobre un centavo por cliente, que es el mismo al actual.

Jorge Carlos Rodríguez, presidente de Caribe Compostelas, recalcó que la solución está en la industria de productos Compostables hechos de material vegetal biodegradable que cuenten con todas las certificaciones y garantías de salubridad y que se disuelven solos.

“Se deshace sin ningún proceso ulterior, en 180 días o menos no como el plástico que tarda 20 años en comenzar a descomponerse”, afirmó.

También, abogó por que se legisle para incluir a la industria de empaques.

Gas natural es el problema

Andar detrás del gas natural es un grave error y marca la ruta contraria a un futuro que le ofrezca a la Isla autosuficiencia energética con recursos endógenos como el sol, viento y agua. Puerto Rico tiene capacidad instalada de centrales termoeléctricas que operan con petróleo, gas y carbón que sobrepasan por mucho la demanda energética total.

La dependencia a los combustibles fósiles es uno de los ejes de nuestra crisis económica y ambiental.

La energía es la capacidad para hacer trabajo. Por lo tanto, Puerto Rico no goza del pleno disfrute de sus actividades productivas ya que casi 2,500 millones de dólares de nuestra economía se gastan anualmente en el pago de combustibles fósiles a empresas foráneas . Es decir, casi el 50% de tu factura mensual es la compra de petróleo, gas y carbón. Ese monopolio de los carteles de fósiles nos quiere presos como consumidores. Sus intereses y quienes los representan aquí no desean vernos construir un sistema energético moderno que genere energía directamente en el lugar donde se necesita con el combustible gratuito del sol y cuya riqueza se retenga y distribuya entre todos. Se trata de democratizar la energía como respuesta para la activación económica, para atender la pobreza construyendo soberanía energética y descolonizar en hechos a nuestro pueblo. Ante los ojos de ese poder económico y político, liberar energéticamente un hogar o una barbería se convierte en un acto subversivo.

Pedir exenciones a las leyes de cabotaje para traer gas natural en lugar de alimentos a nuestro país no adelanta la agenda de futuro que necesitamos. Al contrario, representa un intento más de perpetuar el coloniaje energético y negar la responsabilidad planetaria de reducir la generación de gases que provocan el cambio climático.

Como trataron años atrás con aquel gasoducto que, cínicamente, llamaron Vía Verde, hoy tratan de manipular al País con falsas proyecciones de un futuro energético ‘100% renovable’ pero todo sobre la mesa son nuevas centrales termoeléctricas de gas natural alrededor de la Isla. Esto significa emitir nueva deuda innecesaria. Repiten demagógicamente que necesitamos un combustible de transición para ir a fuentes renovables. Si el gas fuera ese combustible de transición, entre Ecoeléctrica y Costa Sur en Peñuelas se puede generar sobre el 35% de la demanda total con gas. Esa capacidad ya existe.

Peor aún, del reciente proceso abortado de permisos para gasificar la generatriz de Aguirre con un terminal flotante en Salinas surgió evidencia que también contrasta con el discurso del gas como un combustible ‘menos sucio’. Los análisis oficiales estipularon que el proceso de transporte, almacenaje, regasificación y quema de gas natural aumentarían allí las emisiones de gases de efecto invernadero por 42,000 toneladas al año. Estas nociones del gas como combustible ‘limpio’ van quedando atrás inclusive por publicaciones científicas de alto perfil que establecen que la suma total de etapas para quemar gas es tan grave como quemar carbón sucio. Si quemar carbón y petróleo es malo para la salud y el ambiente, quemar gas natural también lo es.

Entonces, ¿por qué la insistencia en gasificar? ¿Para mantenernos presos de una relación de explotación de la gente como consumidores en lugar de productores de nuestra propia energía?

El nuevo plan de la AEE es el viejo plan pre–María, desempolvado para gasificar y frenar el avance de fuentes limpias y renovables. Sí, invertir en gas natural implica compromisos a mediano/largo plazo haciendo de la meta cacareada por el gobierno de 100% renovable para el 2050 una mera manipulación. Reclamar que gasificar es la respuesta para reconstruir al País con resiliencia tras el huracán María es una vil mentira y otro acto de irresponsabilidad contra los jóvenes y futuras generaciones que ya heredaron un país ahorcado en la austeridad en temas de salud, educación, derechos laborales y seguridad.

Las tecnologías para liberarnos de los combustibles fósiles están probadas y la riqueza que genera se queda en nuestra economía, así como sus empleos. Juzgar propuestas en el tema energético es sencillo. Si adelantan la ruta hacia la autosuficiencia sin comprometer los bosques, las aguas y las tierras de valor agrícola para un futuro energético nuestro, vamos por buen camino. Si se levanta la red con una configuración que permita integrar más energía renovable y configurar micro–redes, iríamos por buena ruta. Si el plan describe el cierre paulatino de centrales obsoletas que serían innecesarias con la progresiva integración de sol, viento y agua, ese camino debe impulsarse. Pero si nos quieren atosigar más centrales termoeléctricas, más gas y carbón, y medidas que frenen la transición a fuentes renovables, entonces ese camino es la ruta al pasado que queremos dejar atrás. A esa afrenta, nuestra única respuesta es la insurrección energética.

Columna publicada por acuerdo editorialn La Perla del Sur y 80 Grados simultáneamente.