Especial para CLARIDAD
A tan corto tiempo de que salga de nuestras vidas el 2018 quisiera poder alegrarme de bienandanzas que nos hubiera dejado: los grandes desarrollos que ha tenido el país, avances alcanzados en la educación, pasos dados hacia la descolonización, la cordura y sensatez gubernamental, la salida sin regreso de la Junta de Control Fiscal. Pero, más que nada, me hubiese gustado celebrar un salto cualitativo en la búsqueda de la equidad de género por la que lucha sin pausa el movimiento feminista boricua. Sin embargo, mientras escribo este artículo es tristeza lo que pesa en mi ánimo al desplazar los dedos por el teclado de la computadora y el pensamiento por las vivencias personales y colectivas de los últimos doce meses. Solo encuentro vacíos en los renglones mencionados.
En lo social lo más doloroso ha sido el ataque machista que sin piedad se ha ensañado contra las mujeres. Sobresalen por lo dramático los 24 feminicidios que han superado por mucho los documentados el pasado año. Para añadir horror al dolor, en tres de los casos fueron policías los victimarios. El otro elemento que consterna es la crueldad de los ataques, la desaparición de los cadáveres que incrementa la angustia de las familias. También que la violencia se desborde frente a hijas e hijos de la víctima o procreados entre ésta y el agresor. Durante varios días el pueblo estuvo en vilo por la desaparición de la joven de San Germán cuyo cadáver resultó ser el encontrado, no por la Policía, sino por un vecino de Adjuntas. Había sido lanzado por un risco envuelto en una bolsa, como si de basura se tratara.
La investigación para esclarecer el crimen marcha tan lenta como la que hubo para encontrar a la joven desaparecida y aunque los portavoces oficiales quieren dar la impresión de que avanzan sin problemas, el récord de esclarecimientos de delitos en Puerto Rico es tan malo, que las sospechas de ineficiencia son inevitables. El temor de que en cualquier momento aparezca sin vida la otra mujer de Isabela, cuyo paradero se desconoce desde la noche antes del día en que se divorciaría, está más que justificado.
La violencia machista es la manifestación más descarnada del discrimen por género y éste es primogénito, preferido, añoñado y privilegiado hijo del Patriarcado. Ante tanto poder acrecentado por el apadrinamiento del fundamentalismo religioso, es necesario reiterar la exigencia de la educación con perspectiva de género en todas las instancias del sistema educativo para lo que se requiere un magisterio sensible y educado en el tema, lo que también es responsabilidad del estado y de las universidades. No basta con el patético, partidista e irresponsable pronunciamiento del gobernador, de que es feminista.
Hace ya varios meses que la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), coalición contra la violencia doméstica y la agresión sexual en Puerto Rico, declaró que existe una emergencia nacional en cuanto a violencia de género. Las secuelas del huracán María-empobrecimiento de las familias, particularmente de las mujeres; hacinamiento y otras limitaciones de vivienda; la falta de servicios esenciales; la reducción de personal en múltiples agencias, incluyendo la Policía; el cierre de salas judiciales; la pérdida de talleres de trabajo, entre otras cosas- fueron agentes catalíticos. El gobierno, sin embargo, no ha reaccionado a la altura que la situación exige. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), llamada a fiscalizar y actuar en consecuencia, como establece la Ley Orgánica, parece esperar todo el tiempo a que el Ejecutivo marque su senda, en abierta contradicción con la responsabilidad legal que tiene.
El feminismo, las organizaciones de mujeres, muchas de las entidades no gubernamentales que le proveen servicios a las sobrevivientes de todo tipo de violencia, estamos divulgando, educando, protestando de muchas y diferentes maneras. La Colectiva Feminista en Construcción (CFM) ha juntado la acción con la palabra y ha lanzado varias convocatorias que han generado una respuesta diversa y numerosa. CPM y el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y las organizaciones que las integran, se ha unido a esos llamados y se han mantenido activas y vocales haciendo lo que les corresponde, pero también exigiendo al estado que asuma el problema social y de salud pública de la violencia de género como un asunto de derechos humanos prioritario.
Hay que reiterar, sin espacio para el cansancio, que además de los 24 feminicidios y de los múltiples casos de violencia doméstica que ocurren diariamente en nuestra sociedad, muchos de los cuales no se documentan en las estadísticas oficiales de por sí caóticas e inconsistentes, también han aumentado las agresiones sexuales. Para el esclarecimiento de estos crímenes la falta de recursos humanos y fiscales del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) constituye un gran reto. Un bochornoso ejemplo son los miles de “rape kits” o muestras tomadas a sobrevivientes de agresión sexual que permanecen en el ICF, sin analizar. Probablemente el Sr. Héctor Pesquera, el más que manda en la sombrilla de seguridad, ignora o no le importa lo que le cuesta a una mujer violada sobreponerse al ataque físico y emocional recibido para que el sistema le haga un poco de justicia enjuiciando al agresor. Para ello es indispensable el material genético que contiene el “rape kit”.
El hostigamiento sexual en el empleo es otra dolorosa y abusiva variante de la violencia de género. La actual administración gubernamental ha sido una cantera de hostigadores sexuales, desde el otrora poderoso O’Neill y varios de sus allegados, incluyendo su hijo, hasta José Izquierdo, el ex director de la Compañía de Turismo quien fue sacado de su puesto. Recientemente y de forma sorpresiva se supo que la actual Procuradora de las Mujeres canceló la multa de $20,000 que la anterior le había impuesto a la agencia por incumplimiento con los protocolos de Hostigamiento Sexual y Violencia Doméstica.
Qué mal tino tiene la Procuradora en las graves circunstancias de violencia de género que vive el país. Dijo que la agencia no incurrió en las violaciones por las que había sido multada porque las empleadas hostigadas presentaron la querella en Fortaleza, no en la agencia. Pero es que la Ley no obliga a agotar remedios administrativos. Es voluntario utilizar el proceso que el Patrono establece. Además, ¿no es el gobernador el jefe del director de Turismo? ¿Acaso tiene esto que ver con que en la controversia estuvieron inicialmente involucrados los licenciados Orona y Sobrino, personajes muy cercanos al gobernador y ante quienes las víctimas presentaron su queja?
El hecho de que nuestro país vive una emergencia en materia de violencia de género, no es solo una afirmación de las mujeres y sus organizaciones. Así la identifican también los medios noticiosos y muchas otras entidades y personas. Los hechos que hacen evidente la emergencia nos entristecen y avergüenzan porque nos alejan de la meta anhelada de alcanzar la equidad; de ser una nación que promueva y respete los derechos humanos; que repudie el discrimen por género y de cualquier clase.
Acaba de comnezar un nuevo año. No suelo hacer resoluciones en estas ocasiones, pero sí compromisos de lucha para la vida colectiva. Sin duda continuar reclamando la equidad de género y la erradicación de la violencia machista ocupa un lugar prioritario entre los varios que tengo. Dejando a un lado la tristeza y siempre apoyando la esperanza les deseo un 2019 en el que prevalezca la paz con el apellido de justicia, mucha salud y energías renovadas para continuar trabajando por nuestro Puerto Rico.
