Especial para CLARIDAD
Los acontecimientos políticos y sociales que definieron el pasado año 2018 podrían catalogarse de repetitivos, casi de copias de años anteriores. Todas las acciones del gobierno han estado básicamente condicionadas a tres factores generales fundamentales: el poder de la Junta de Control Fiscal sobre la acciones del ejecutivo y el legislativo; la legislación neoliberal enmarcada en la privatización de agencias y actividades públicas; y las posiciones conservadoras, de corte fundamentalista, en áreas de derechos humanos y sociales. Desde la Legislatura y los diversos espacios políticos y sociales en que luchamos y trabajamos nuestra respuesta ha sido la de afirmativamente cuestionar, fiscalizar, denunciar y presentar propuestas que den salidas y alternativas viables y ejecutables a las endebles y abusivas políticas del gobierno local y federal.
El primer semestre del año nos trajo la nefasta aprobación de la mal llamada reforma educativa. Con ella se ha permitido la privatización del sistema educativo de Puerto Rico estableciendo las escuelas “charter” y reviviendo los “vales educativos”. Se mutila así el derecho humano a la educación, criminalizando en el proceso el sistema educativo vigente mientras se crean las condiciones para entregar al mejor postor las escuelas públicas y provocar el despido de miles de maestras y maestros del sistema público.
Vino acompañada la aprobación de esa nefasta medida del tercer capítulo de cierre de nuestras escuelas. El primero bajo la administración del PPD, el segundo y tercero bajo la presente administración. Una vez más esta acción se caracterizó por la total ausencia de consulta con las comunidades escolares. Fue literalmente de escritorio, donde un grupo de burócratas unidos a contratistas de educación diseñaron este funesto plan. Desde mi oficina legislativa activamente recorrimos el pais colaborando con diversos grupos que luchaban por mantener abierta su escuela. La experiencia constante fue que nunca los visitaron, nunca los consultaron. Nunca tomaron en consideración las condiciones geográficas, la distancia hasta las nuevas escuelas receptoras, las condiciones sociales ni la diversidad de comunidades. Tampoco el efecto sobre los estudiantes de educación especial, ni sobre la creación de proyectos innovadores como los del sistema de educación Montessori.
La legislatura se convirtió, tanto por acción como por omisión, en cómplice del desastre que representa la dirección del Departamento de Educación, en clara traición a la educación pública. Si bien debemos reconocer que en la Cámara se aprobaron medidas legislativas para cuestionar los cierres de escuelas y exigir información, no hubo la voluntad política de enfrentar, interpelar y cuestionar a la Secretaria de Educación ante el constante planteamiento de falta de consulta a las comunidades escolares, quienes ahora viven en carne propia la traición a la niñez al ver sus escuelas clausuradas.
Por otro lado, el destrozo a la infraestructura eléctrica de la isla tras el huracán, y la incompetencia del gobierno de reinstalar el servicio eléctrico a todas las comunidades en Puerto Rico, sirvió como punta de lanza al gobierno para aprobar una nefasta legislación que marca la ruta para la privatización de la AEE. Convierten así a una corporación pública fundamental, que a pesar del canibalismo político en su dirección le ha servido bien al país, en un sistema a la merced del mejor postor provocando aumentos en las tarifas de energía eléctrica.
En las últimas semanas de la sesión legislativa se discutió el presupuesto del país o más bien el presupuesto de la Junta. Una vez más aflora nuestra condición colonial cuando a pesar de los ahogados gritos de la mayoría legislativa de que la política pública la establece el gobierno, la determinación de mayor importancia de política pública -el cómo se distribuye y se adjudica el gasto público y cuáles son los servicios y sectores de prioridad- la decide un ente antidemocrático y ajeno a nuestro país. La segunda parte del año estuvo dominada por las amenazas constantes de la Junta de Control Fiscal con su plan de ajuste fiscal, que le impone a la legislatura un camino de medidas en contra de la sociedad.
Ese plan de ajuste fiscal va dirigido contra dos grandes generaciones en Puerto Rico. La primera, los pensionados. La imposición de la Junta de reducirle sus pensiones a miles de personas luego de años de trabajo de servir al país -desde el gobierno de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, en el sistema educación-, además de un crimen y una violación a sus derechos humanos, resta a los ingresos de ese gran sector de la población que va en crecimiento poblacional. Ha sido a las personas de mayor edad a los que se les perjudica sus servicios médicos, que se traduce en la pérdida de acceso a medicamentos, a servicios de cuido y atención, condenándolos a condiciones que atentan contra su vida. La irresponsabilidad de los diversos gobiernos del PNP y del PPD con sus nefastas políticas económicas y financieras quebraron los sistemas de Retiro de Puerto Rico y, unido a las políticas neoliberales de la Junta, condenan a la generación de trabajadores y trabajadoras que rindieron servicio al país a una condición de pobreza insostenible. La mutilación por la Junta del financieramente saludable y solvente sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico impone una visión ideológica que se niega a reconocer ni aceptar que los miembros de este sistema han demostrado al país cuan eficientemente han dirigido el mismo.
La segunda gran generación vapuleada por las acciones de la Junta es la juventud universitaria. Sus propuestas aumentan la matrícula, eliminan exenciones, reducen profesores y empleados, consolidan recintos y eliminan programas académicos, afectando directamente a una nueva generación de ciudadanos que van a la Universidad de Puerto Rico a formarse profesionalmente y a prepararse para contribuir al desarrollo económico y social, precisamente desarrollando allí su pensamiento crítico, evolucionando como seres humanos, generando conocimientos y avances científicos, educativos, sociales, culturales. Su visión parece ignorar que se va también a la Universidad a pensar por sí mismo y aprender que la disidencia, la diversidad, es fundamental en una sociedad democrática.
En respuesta a esta serie de acciones violentas, desde la legislatura discutimos a profundidad el proyecto del Nuevo Código Civil, vigilantes y denunciantes de aquellas propuestas que revocan y destruyen derechos adquiridos. Comenzamos a combatir, en protección de nuestros derechos ambientales, el intento de promover energía nuclear en Puerto Rico y promovimos la creación y protección de reservas naturales. Continuamos, también, nuestra jornada en defensa del arte y el patrimonio cultural del país.
En cada instancia pública y de acción legislativa insistimos en la necesidad de combatir y rechazar las acciones de la Junta de Control, la más grosera manifestación del colonialismo, y en continuar trabajando para lograr un proceso de descolonización que nos encamine a la independencia de Puerto Rico en aras de reconstruir este país, en uno donde la justicia social, la equidad y la solidaridad sean el norte.
