Al llegar al semáforo donde intersecan la calle Enterprise y la avenida Baldorioty de Castro, resaltaba un letrero gigantesco que decía “La Junta miente: Hablemos la verdad”; al lado una carpa y personas conglomeradas en su interior y alrededores.

Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) presentaba el informe Kobre & Kim en el Centro de Convenciones, un grupo de ciudadanos –entre ellos miembros de distintas organizaciones– manifestó su rechazo a la investigación de la deuda preparada por el ente federal en una actividad organizada por Vamos Puerto Rico el pasado martes, 18 de septiembre.

El panel fue dirigido por la presidenta de Vamos Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassén y participaron Luis José Torres Ascencio, vicepresidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoria de la Deuda; Eduardo Berrios, presidente de la Junta de Retiro UPR; Javier Córdova, presidente de la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios (APPU) y Marinilda Rivera del Colectivo Dignidad.

Entre otras irregularidades, los ponentes cuestionaron el que este informe no pase juicio sobre los actos que llevaron a la deuda y no señale responsables; el gasto de 16 millones de dólares en una investigación que de ninguna manera representa la auditoría de la deuda; la destrucción de la UPR y la reducción de salarios y pensiones.

Torres Ascencio, señaló que desde el inicio la JCF se ha negado a realizar alguna investigación exhaustiva sobre las causas de la deuda e incluso a utilizar la palabra “auditoria”.

“De hecho, no fue hasta que el Comité de Acreedores no Asegurados solicitó que se investigara la responsabilidad de entidades como el Banco Popular, Santander y UBS que la JCF anunció que haría su propia investigación y contrató la firma Kobre & Kim” añadió.

El informe Kobre & Kim destaca y visibiliza que entidades como el Banco Popular, Santander y UBS incurrieron en practicas de conflicto de interés porque estaban “jugando en ambos lados de la ecuación”; mientras participaban con el gobierno en la venta y emisión de bonos, por otro lado cuestionaban y dudaban sobre la capacidad del gobierno para pagar estos bonos y la legalidad de ciertas transacciones.

“La pregunta que no contesta el informe es qué va a pasar con esos conflictos de intereses. En ese sentido el informe no solo no señala a los responsables de la deuda, sino que no propone soluciones concretas”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda.

En su turno Eduardo Berrios, presidente de la Junta de Retiro de la UPR cuestionó que “la JCF ha expresado al sector público que va a hacer un recorte de un 10% sin ninguna explicación”.

Por tanto, sostuvo que la posición de la Junta de Retiro exige una explicación ya que toda la data valida que con un plan de beneficios definidos se garantiza la perpetuidad de las pensiones en la UPR.

Si la Junta de Gobierno (JG) de la UPR adopta la propuesta de la JCF, que consiste en cerrar el plan de beneficios definidos, la Junta de Retiro proyecta que el fideicomiso se va a quedar sin fondos en 5 años.

“Nosotros pagamos 200 millones en pensiones, si se implantara esa propuesta serían unos 500 millones. Ahora la Universidad aporta al plan de retiro entre 79 a 82 millones. Si en 5 años tuviesen que pagar 200 millones y en el futuro 500 millones ahí hay un atentado directo a la existencia de la Universidad”, explicó.

“Aquí lo que está en peligro son las fuentes de ingreso que al cerrar el plan fiscal se impactarían las pensiones vigentes y futuras. En contra de lo que ha presentado la Junta de Gobierno UPR, porque en las múltiples versiones del Plan Fiscal no se ha contemplado cerrarlo, sino reestructurarlo ¿Qué significa eso? Solo ellos lo conocen” añadió.

Javier Córdova y Marinilda Rivera fueron los últimos ponentes.

Córdova, por su parte, mencionó que uno de los elementos fundamentales de la ley universitaria es la garantía de autonomía fiscal “se supone que de todo el ingreso que genera el gobierno de Puerto Rico –fondo general– el 9.6% va a la UPR de y esa fórmula básicamente garantizaba la autonomía de la Universidad.

Ese 9.6% que recibe la Universidad garantiza la participación y contribución de la universidad en el país dependiendo como estén las finanzas. Según explicó el presidente de la APPU, en 2013 se alteró la Ley Universitaria y se congeló la fórmula porque las finanzas del país estaban subiendo a pesar de la crisis y no querían darle más dinero a la Universidad.

Desde el 2013 hasta 2016 la UPR recibió $833 millones del Fondo General. Fue el gobierno quien en 2017 planteó reducirle a la Universidad $450 millones y desde entonces las reducciones son cada vez más dramáticas.

Actualmente el presupuesto de la universidad está en $597 millones y pretenden reducirlo a $410 millones que es menos de la mitad de los $833 aprobados en el 2013. Lo que se refleja en aumentos de matrícula a nivel sub-graduado y graduado; reducción de estudiantes; eliminación de beneficios marginales a docentes y no-docentes; desmantelamiento del plan de retiro; eliminación del plan médico, exenciones de matrícula, etcétera.

“Una agenda neoliberal en contra de todo lo público”, describió.

Rivera, por su parte, compartió los datos preliminares sobre un estudio realizado en 2016 por el Colectivo Somos Dignos. Ya en aquel entonces los resultados reflejaron desacuerdo con los recortes propuestos por el ente federal a Salud (91%), Sistema de Retiro (91%) y la UPR (86%) así como la percepción de que las acciones solo agravarían la situación fiscal, económica y social del país.

Un 86 % estuvo de acuerdo con que la deuda se debía auditar. 70% creía que la JCF aumentaría el desempleo; 67% que reduciría los servicios básicos; que agravaría la corrupción un 55% de los casos; que vendría a violar derechos en vez de protegerlos y en el 52% de los casos que agravaría la crisis económica del País.

El Instituto para el Análisis Financiero y Económico de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), exhortó a la Junta de Control Fiscal (JCF), mediante carta a detener lo que describió como “una estrategia desacertada” el desarrollo de infraestructura de gas natural en Puerto Rico. La carta fue enviada el 17 de septiembre.

En su lugar IEEFA exhortó a la JCF a priorizar en el desarrollo local de la energía renovable y denunció el que: “La energía renovable y la inversión en infraestructura de energía distribuida permanecen en un segundo plano, como históricamente ha sido el caso en Puerto Rico, a pesar de los mandatos legislativos de lo contrario y aunque la política de sentido común haría que la isla cosechara abundante sol en lugar de seguir confiando en combustibles fósiles importados para la generación de electricidad”.

Los planes anunciados por la AEE, respaldados por la JCF, son la construcción de nuevos terminales de importación de gas natural licuado –en San Juan, Mayagüez y Yabucoa– nuevas centrales eléctricas de gas natural en Cataño y Yabucoa, y la conversión de dos unidades de la central eléctrica de San Juan a gas natural. Los esfuerzos que en semanas recientes ha llevado a cabo la administración del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, en particular la Legislatura de que organismos como la Junta de Energía de Estados del Sur (JEES, de EE UU) apoye que la isla sea eximida de las leyes de Cabotaje para el transporte de gas natural y carbón, son parte de estos planes.

En su misiva IEEFA establece por qué los desarrollos propuestos de gas natural no resultarán en una reducción del 40% en las facturas de electricidad reclamadas por la AEE y que todo lo contrario lo más probable es que la tarifa sea una mayor debido al alto precio de la energía.

Entre los aspectos que lleva a la atención de la JCF es el que a medida que Puerto Rico modernice su infraestructura de generación (la cual está obsoleta) en los próximos años, tiene la oportunidad de alejarse de la infraestructura centralizada y su desestabilización fiscal. Como un punto final se repara que dejar el proceso de privatización en manos del gobernador, la AEE y en la Agencia Fiscal y Asesora Financiera de Puerto Rico (AFAF), “promete abrir la puerta a un negocio m? impulsado políticamente, en lugar de generar un sistema eléctrico planificado profesionalmente y financieramente viable”.

La misiva de IEEFA advirtiendo respecto a cómo debe ser una transformación del sistema eléctrico y los peligros de continuar el uso de combustibles fósiles, no es la primera que recibe la JCF. Ya en febrero de este año en la reunión celebrada por la JCF en Nueva York, un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez (RUM), presentaron una extensa ponencia sobre el particular. Antes de la audiencia tan temprano como el 17 de febrero de 2017 el grupo había sometido su ponencia a la juez Taylor Swain, con copia a la Junta de Control Fiscal. El profesor Agustín Irizarry Rivera, miembro del grupo de profesores del RUM y quien fue representante del pueblo en la Junta de Directores de la AEE, dijo CLARIDAD que el propósito de someter el documento tanto al Tribunal como a la JCF fue para dejar claro que la UPR tiene el peritaje para opinar con causa, que se tiene una opinión y “que la visión de sistema eléctrico no puede ser impuesta de afuera sino que nosotros tenemos nuestra idea clara de lo que queremos, de lo que nos conviene, y que sabemos hacer lo necesario para alcanzar nuestras metas”. El grupo de profesores está integrado además del doctor Irrizary Rivera por los doctores Erick E. Aponte, Efraín O’Neil Carrillo, Eduardo Ortíz Rivera, Marcel Castro Sitiriche, Lionel Orama Exclusa y Alberto Ramírez Orquín.

Tan reciente como el 23 de agosto también presentaron su posición en las vistas llevadas a cabo por el vice presidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, sobre la ley 120, para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, es decir la privatización. El doctor Irrizary Rivera dijo a CLARIDAD que estaba de acuerdo con los planteamientos de IEEFA e incluso que los planteamientos del grupo de profesores eran más firmes y abarcadores. El grupo rechaza toda nueva generación con recursos externos, por ejemplo energía nuclear y fósil incluyendo gas natural o propano, incapaz de viabilizar el modelo de generación distribuida sostenible.

Otros planteamientos expuestos por el grupo ante los tres entes mencionados son: No un impuesto al sol, cosa que podría venir con la privatización de la AEE, igual un rechazo a cualquier estrategia con cualquier otro nombre, que de facto tenga el efecto de obstaculizar el libre uso del recurso solar por parte de los ciudadanos de Puerto Rico; que no se le otorgue -con la privatización- una ganancia garantizada a inversionistas en la generación eléctrica o en red eléctrica. Ni IEEFA, ni el grupo de profesores del RUM han recibido una contestación a sus misivas de parte de la Junta de Control Fiscal.

El panorama en los bosques no ha cambiado mucho un año después de María. La naturaleza recobró su verdor pero los árboles caídos y las ramas partidas siguen afectando el acceso a las veredas y facilidades en estos espacios que el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) todavía no ha podido rehabilitar.

Tal vez, no tengan los recursos financieros para hacer esas reparaciones masivas como dice el geógrafo Javier Biaggi, pues no se trata de un solo bosque, sino de todas o la mayoría de las reservas naturales del DRNA. También, sucede que muchas de estas reservas no cuentan con suficientes recursos humanos para realizar ese trabajo.

Así, esta situación ha afectado las actividades y proyectos de co-manejo que se dan dentro de las reservas como es el caso de la corporación sin fines de lucro Ecohospedería El Cantar del Bosque Río Abajo. Un proyecto de base comunitaria que busca mejorar la calidad de vida en el barrio Río Abajo, en Utuado, mediante el desarrollo ecoturístico de la zona.

El 14 de noviembre de 2015, la corporación sin fines de lucro firmó un acuerdo de co-manejo con el DRNA para establecer lo que sería la primera ecohospedería en un bosque estatal de la agencia. Pero todavía la ecohospedería no ha abierto. Primero, por problemas de financiamiento y segundo, por las razones mencionadas anteriormente.

Biaggi, vicepresidente de la Ecohospedería, aclaró que aunque han tenido dificultades para financiar el proyecto éste sigue activo y a pesar de los inconvenientes, han ganado tiempo elaborando planes de trabajo, preparando a gente para servir de guía y capacitando la comunidad.

“Estamos trabajando, buscando el financiamiento para poder rehabilitar algunas de las estructuras y activarlas rápidamente como hostales. Además, de otros proyectos”, dijo Biaggi quien espera que la ecohospedería abra sus puertas entre enero y febrero del próximo año.

El proyecto pretende rehabilitar las instalaciones donde antes estuvo el campamento de los Cuerpos de Paz, y que su uso esté en armonía con el plan de manejo de ese bosque estatal, hábitat de la cotorra puertorriqueña.

La corporación sin fines de lucro tendrá una reunión con el DRNA el 4 de octubre para presentar un plan de trabajo que requiere la agencia pública y tener el diálogo final.

Por otra parte, Biaggi destacó el apoyo que el proyecto ha recibido de la organización sin fines de lucro Sierra Club y la división de Turismo Sostenible de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)

“Ellos nos están ayudando en toda la fase de preparar y capacitar a las personas que van a trabajar allí. Además, una vez tengamos los programas de veredas, el educativo y el proyecto de alojamiento, la Compañía de Turismo nos va a ayudar en la parte de la promoción ya que estaríamos certificados bajo la división de Turismo Sostenible”, dijo Biaggi.

Turismo Sostenible

La división de Turismo Sostenible se formalizó finalmente en 2008 luego de que en 2006 se derogara la Ley 340 de 1998 –que ordenaba al DRNA a crear y fomentar el ecoturismo– y se creara la Ley 254 para crear política pública para el desarrollo y fomento del turismo sostenible en Puerto Rico.

Esta división, que pertenece al área de planificación de la CTPR, creó inicialmente unas guías operacionales y de diseño para recomendar practicas favorables al medio ambiente a quienes buscan desarrollar proyectos turísticos.

Un ejemplo de lo que recomiendan las guías de diseño es que si se va a llevar a cabo un proyecto de hospederías en un terreno de 40 cuerdas no se debe impactar todo el espacio con una mole de cemento, sino considerar otras formas; como la re-utilización de estructuras abandonadas o en deterioro.

“No limitar el ofrecimiento pero ser más responsables con los recursos limitados”, sostuvo la supervisora de la división, Nildamarie Díaz Hiraldo, en entrevista para CLARIDAD .

Por otra parte las guías operacionales buscan que en el desarrollo de un proyecto el administrador se de cuenta de que tiene cosas en su espacio que representan mejores prácticas y ahorros operacionales pues “no solo es diseñar con consciencia, es operar con consciencia”.

También, se crearon los programas de certificación para reconocer hospederías verdes, proyectos agrícolas y empresas ecoturísticas. Además de estos programas el turismo sostenible abarca otras prácticas y proyectos como el turismo de base comunitaria y el turismo social. Estos últimos aun no son parte de los programas de certificación.

El ecoturismo podría generar mayor actividad económica

Sin embargo, Félix Aponte Ortíz, planificador y profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, criticó que la división de Turismo Sostenible en su articulación no haya tenido una política que estuviese apoyada por normativas desde la base.

Así, la división tiene un mandato para hacer cosas pero tiene por otro lado la limitación que trae la ley que la crea porque no hay un marco normativo concreto, según explicó.

Sin embargo, Díaz Hiraldo aclaró que, aunque las recomendaciones en las guías operacionales y de diseño establecen unos parámetros para determinar que es elegible y que no, los mismos no son por mandato de ley.

Por otro lado, Aponte describió el turismo de naturaleza o ecoturismo como un turismo de escala más baja, en el que muchos de sus promotores son empresarios locales y la mayor parte de esa riqueza se queda aquí porque el activo sobre el cual se está trabajando es un recurso patrimonial.

“Cuando viene el turista extranjero por ejemplo al Salto del Hippie, en Naguabo, se quedan en el área y dejan un dinerito, tu sabes se mantiene cierta actividad económica”, dijo el planificador destacando que si eso se articula bien podría generar mejores riquezas.

El desarrollo socioeconómico local es uno de los cuatro elementos que conforman al ecoturismo, además del componente educativo, la incorporación de la comunidad y la conservación del medioambiente. Esto es lo que distingue al ecoturismo de ser meramente turismo de naturaleza según explicó Díaz.

Bajo este mismo principio de ecoturismo la organización sin fines de lucro Sierra Club Puerto Rico busca fomentar una mejor relación entre las comunidades cercanas a una reserva natural y el DRNA.

Recientemente la Ecohospedería el Cantar del Bosque Río Abajo realizó una alianza estratégica con Sierra Club donde la organización donó equipos de limpieza y el entrenamiento de personas como líderes de Sierra Club.

Mediante estos acuerdos, según explicó José Meléndez, presidente de Sierra Club, la organización también extiende a estos proyectos el seguro, abaratando el costo de invertir en un seguro privado que se traduce en costos menos accesibles para el turista local.

Meléndez opinó que la desconexión entre Parques Nacionales, la CTPR y el DRNA “puede que ayude o no”, pero en última instancia ninguna de las agencias está al tanto de lo que hace la otra.

“Si estamos hablando de ecoturismo, del desarrollo turístico basado en la reserva y la comunidad, tiene que haber un relajamiento de las regulaciones por las cual se rigen estas agencias hacia las comunidades que facilite su desarrollo”, sostuvo.

La Junta de Control Fiscal (JCF), gastó $16 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, esta vez en un estudio sobre la deuda pública que no tan sólo no identifica, ni fija responsabilidades, sino que excusa las ejecutorias tanto de los funcionarios del gobierno, así como los del sector privado que participaron de las emisiones de bonos que nos llevaron a la quiebra.

Lo anterior quedó expuesto en una audiencia pública que el Comité Especial de la JCF, llevó a acabo, este pasado martes 17 de septiembre en la cual se presentó el informe sobre la deuda de Puerto Rico encomendado a la firma Kobre & Kim. El Comité Especial de la JCF está integrado por Arthur González, Ana Matosanto y David Skeel.

Al tiempo que dio inicio la vista pública, tres activistas del movimiento ciudadano que exige una auditoría forense de la deuda desplegó una pancarta en el salón, cerca de la mesa del Comité Especial de la JCF, que leía: “La Junta Miente hablemos de verdad”. El grupo se mantuvo su manifestación silenciosa durante todo el tiempo que duró la vista.

En la audiencia los representantes de Kobre & Kim, John Couriel y Farrington Yates, defendieron que el propósito del informe era “establecer los hechos” que llevaron a la deuda de $72 mil millones y no identificar a los culpables. Según alegaron los testimonios se tomaron anónimos ya que la identidad de los individuos no era relevante. En clara alusión de la dinámica que se dio en el gobierno -esto en particular durante la administración del ex gobernador Luis Fortuño entre el 2019 al 2012 -cuando más deuda se emitió- de que funcionarios electos y otros ejecutivos del gobierno participaron como abogados y asesores financieros unas veces en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otras en instituciones bancarias privadas, Couriel llegó a decir que Puerto Rico era un lugar “pequeño” y había muy poco personal preparado.

Sobre este aspecto el resumen ejecutivo del Informe de Kobre & Kim, dice (traducción literal): “En cambio, la evidencia que revisamos refleja que los oficiales de Puerto Rico que estudiamos, en general cumplieron con los requisitos aplicables de selección y descubrimiento. No podemos concluir, sobre la base de la evidencia de que el flujo de ciertos empleados y oficiales entre el BGF y el sector privado viola la ley de ética aplicable durante el periodo relevante. Insistimos que la evidencia que revisamos, refleja que los funcionarios de Puerto Rico que estudiamos en general cumplieron ya sea o no con los requisitos de evaluación y divulgación y buscaron opiniones legales para bendecir su aceptación de las oportunidades de empleo del sector privado antes de aceptarlas”.

Mientras el Comité Especial de la JCF defendió la encomienda que le dio a Kobre & Kim.

Pese a que la vista era para presentar y discutir el informe públicamente, la participación se limitó a cuatro deponentes: Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio (CCPR), como moderador; Francisco Montalvo Fiol, de la Coalición del Sector Privado, (CSP), Ramón Ponce, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos (CCP), el abogado de quiebras Jonh Mudd; y Alvin Velázquez asesor del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, siglas en inglés) y excoordinador ejecutivo de la eliminada Comisión de Auditoría de la deuda (CAD).

La misma política de las drogas

En tanto el asesor de la SEIU censuró que el informe de Kobre & Kim sigue la misma política que se usa para combatir las drogas, la de atacar al adicto y no al traficante. Se refirió a que el informe echa toda la carga a la gestión gubernamental y deja de lado al sector privado. “La atención aquí ha sido sobre el sistema político y para mí, basta ya, vamos a sacar esto del sistema político es algo bien fácil de entender hay que buscar un síndico para que traiga dinero a Puerto Rico”.

En esa dirección –en entrevista– Velázquez reveló respecto a su trabajo en el CAD que reclamó que el gobierno pusiera una demanda contra UBS, Lemans y otras instituciones financieras por la cantidad de $100 millones, “no lo hicieron, se tenían los papeles y abogados que no iban costar ni un centavo”. Así coincidió con el planteamiento del director del Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), Tom Sanzillo de que el informe de Kobre & Kim tiene base para exigir una compensación al pueblo de Puerto Rico de parte de las instituciones financieras que participaron en el proceso de emisión de deuda.

Velázquez reparó en que la JCF tiene hasta mayo de 2019 para presentar alguna acción legal ante lo que denunció que la JCF como el síndico de Puerto Rico puede a su vez nombrar un sindico para esta gestión. Al defender que la idea de una compensación no es “una idea de las gradas”, expuso que es normal que un proceso de quiebra se nombre a un síndico, se determine que la quiebra ocurrió por algo, por lo que se va al tribunal para acordar de qué manera se va a pagar.

Aun cuando Velázquez expresó que para él no tenía sentido el que los investigadores digan que no había reglas éticas o base para imponer responsabilidades, hizo la salvedad de que los investigadores están diciendo que ese no era su mandato, pero aun así consideró que el informe hace señalamientos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al Banco Santander, UBS, Banco Popular, “tenemos algo y ellos tienen acceso a documentos que otra gente no tenía”. No obstante reiteró que no está interesado en el aspecto criminal, sino que prefiere enfocarse en de dónde se puede recuperar el dinero.

Sí, hay reglas éticas

Por otra parte el licenciado Rolando Emanuelli, a pregunta de este semanario sobre su opinión respecto al planteamiento de Kobre & Kim de que no hubo ninguna violación ética entre el flujo de funcionarios del BGF y entidades las entidades financieras privadas, que aunque habría que hacer una investigación, sí hay unos conflictos éticos que están regulados por ley y por colegios profesionales, como los son el CCP y el Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), además de que también hay legislación. “Yo presumo que estas personas que dirigen el Banco Gubernamental son cpa’s y es obvio que están sujetos a reglas de conflicto de intereses y que prohíben la apariencia de un conflicto de intereses. El conflicto ético profesional le aplica también a los financieros”.

El licenciado Emanuelli , quien lleva dos casos de la sociedad civil contra la Ley Promesa atribuyó además el nivel de responsabilidad política de los nombramientos. En esa dirección apuntó el hecho de que los miembros de la JCF fueron nombrados sin pasar por el Congreso de Estados Unidos y dos de sus miembros -José González y Carlos García- fueron ejecutivos del BGF, por lo que no hubo la oportunidad de plantear la no idoneidad de ellos para ser miembros de la JCF. Este es uno de los aspectos que se está cuestionando en el caso de la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

Todavía señaló que hay diferentes niveles de delito en el derecho penal general, delitos por el incumplimiento del deber o negligencia y otros delitos más específicos para el sector financiero. Acotó que a nivel ético profesional hay violaciones que no prescriben como algunos en el caso de los abogados.

Respecto al argumento de la JCF y de Kobre & Kim de que el informe era para establecer los hechos de cómo se llegó a la deuda por lo cual no se tomaron declaraciones juradas y se firmaron acuerdos de confidencialidad lo calificó de “barbaridad”.

“En qué país, en qué universo tu vas a investigar a una persona y firmas un acuerdo de que no vas a divulgar la información, esa gente -se refiere a Kobre & Kim- debió haber utilizado los poderes de la Junta para que la gente compareciera bajo juramento, sin ningún tipo de acuerdo de confidencialidad”, manifestó.

El experto en procesos de quiebra atribuyó que el informe de la JCF sobre la deuda es uno que se hizo para “lavar cara” por la petición que presentó el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) para ellos llevar a cabo una investigación y la juez Taylor Swain le dio la deferencia a la Junta para que lo hiciera. Aun cuando el informe se presentó ante la juez, Emanuelli señaló que eso no tiene ninguna controversia. No obstante dijo que la Junta tiene que decidir si va a ejercer alguna acción y esperar a que el Comité de Acreedores diga si está satisfecho con esa investigación.

En cuanto a la posibilidad de una negociación para una compensación al país, Emanuelli dijo que sí es posible ya que la ley de quiebra permite la anulación de transacciones del recobro de dinero que pertenecen al caudal de cualquier institución o persona, que le haya causado al caudal por negligencia o conducta ilegal, o anti ética. Un emisión sujeta a esta consideración –dio de ejemplo– es la emisión de bonos del 2014, dado el hecho de que en el mundo financiero todos sabían que esa deuda iba a ser impagable.

“Un día en la montaña le pregunté:

Señor en mi lugar dime qué harías,

Me dijo Juan si miras bien,

Comer sólo mi pan te convendría…”

Me voy a la montaña

Rabito

Dos “monumentos” requieren nuestra atención en estos días. Uno se levantó finalmente en Arecibo y pretende honrar al genocida conocido en nuestra historia como Cristóbal Colon mientras que el otro es apenas una propuesta del gobernador colonial de turno para honrar a las víctimas del Huracán María el cual nos arrasó hace aproximadamente un año. Como si se tratara de un salto hacia atrás en el tiempo o se confundieran dos películas encontramos al victimario en su estatua próximo a coexistir con la estatua que ha de levantarse a las víctimas pero que resulta que no son las suyas, al menos no de forma directa. ¿Qué podría añadirse a la estatua del genocida Cristobal Cólón? Perros, entre otras cosas. Perros de presa a sus pies, los cuales eran entrenados para destrozar a los arauacos que intentaran huir de la esclavitud brutal a que los sometieron los europeos españoles.1 También podrían añadirse hojas de yuca en memoria de los suicidios colectivos de los arauacos en La Española que realizaban con veneno que extraían de esa hoja ante el terror de ver a muchos entre ellos morir en la horca o quemados vivos.2 Eso sí, no debe añadirse una mesa ni siquiera pequeña. Volveremos sobre esto.

No todo lo que pasó a los arauacos fue obra directa de este personaje funesto al igual que no toda la responsabilidad de lo sucedido a las víctimas mortales al paso del huracán puede adjudicarse al gobierno colonial de turno y sus funcionarios pusilánimes. Las decisiones que van construyendo una trampa mortal tienen un desarrollo histórico que de comprenderse a cabalidad puede dar luz para construir un frente de lucha con algunas posibilidades de éxito. Como en el caso del exterminio de nuestros aborígenes, la muerte de miles de nuestras compatriotas tiende a levantar gran indignación y a concentrarse en la personalidad enferma de sus ejecutores inmediatos cuando el análisis debe ser el sistema económico y político que dio paso a los acontecimientos. España tenía una situación muy complicada tanto a su interior como con sus vecinos europeos. Luego de expulsar al último bastión árabe y también expulsar a los judíos ya para finales del Siglo XV, los reyes llamados católicos, Fernando e Isabel, hicieron alianza con la Iglesia Católica y los nobles.3 Sin embargo, la riqueza principal, la exportación de lana, estaba en manos de una corporación privada conocida como La Mesta, la tierra estaba en manos de los nobles y el pueblo sufría hambre. Para resolver o paliar esos problemas necesitaba divisa la cual era para entonces oro. Luego del primer viaje que no se sufragó, por cierto, con las joyas de Isabel y en medio de pugnas con Portugal por las riquezas que proyectaban encontrar, España y Portugal tuvieron la osadía de repartirse el “nuevo mundo” que esperaban encontrar mediante el Tratado de Tordesillas en 1494. El Papa Alejandro VI, de la infame línea de los Borgia, fue el árbitro y se consideraba el dueño de toda nueva tierra descubierta con capacidad para disponer en usufructo sobre estas nuevas tierras. De estar habitadas debía imponérseles la fe católica. ¡Qué bien!

Los ecos de esa tragedia pueden escucharse en nuestra historia presente. Las instancias más inmediatas son la llamada deuda y las reparticiones más recientes que se intentan impulsar y las cuales recuerdan las encomiendas que fue el sistema sucesor cuando los europeos se dieron cuenta que el oro en las islas del Caribe era poco. Desde propuestas de un gigante incinerador que a la larga podría exigir que traigamos cenizas de otros países hasta el gas natural a ser suplido a otras islas los que se creen dueños y dueñas del mundo elucubran fiestas de oro ignorando al resto de los habitantes en nuestro país, país que por cierto, no consideran el suyo. Sin embargo la mesa de solidaridad y compromiso que nuestro pueblo se sirvió y vio servida en medio de la calamidad que en diferentes grados casi todos vivimos en nuestro país, ya es símbolo inequívoco de lo posible y necesario de otro orden social. Es esta la mesa que rescata la excelente monografía de Esther Fuster, El dios que come: la mesa, desafío y misión.4 Por supuesto que esa mesa no se vio en el llamado COE, no apareció dentro de un edificio lujoso, a la carta. Fue el producto de vecinos, comunidades, organizaciones ya existentes y otras que surgieron al calor de la necesidad. Y llegaron hasta donde sus fuerzas le dieron a llevar agua, alimentos y consuelo. Es la mesa que la monografía citada rastrea a “la última cena” y desmenuza sus orígenes a través de la historia y de periodos que antecedieron a la era cristiana. Es la mesa que nunca vieron servida los arauacas ya que los españoles que llegaron con Colón nunca aprendieron a buscar su alimento y dependían de éstos para comer… Eso sí, Colón siempre hablaba de que todo se le daba “por la gracia de Dios”. En sus conclusiones Fuster nos dice: “La celebración del pan y vino es inseparable de la comida diaria”.5

¿Qué otro personaje ha soñado con una estatua del descubridor que no descubrió nada? Como si se enredaran dos películas nuevamente, se trata de Donald Trump, quien en el tiempo de ser pre candidato se dedicaba a comprar grandes extensiones en Manhattan para construir su propia cuidad y en su césped colocar una estatua de Colón que sobrepasara la altura de la Estatua de la Libertad.6 La estatua ya estaba en proceso y resultó ser de un ruso de apellido Tsereteli. La rechazaron en muchas ciudades pero el basurero de la colonia la acogió. El dueño del proyecto le puso al parque donde se ubica el disparatado nombre de Terravista Parkland. Literalmente es tierra vista desde un parque… en tierra. Ver llegar a Colón con sus secuaces significó el anuncio para los aborígenes de su exterminio. No fueron los trabajos duros, fueron las numerosas ejecuciones de la forma más cruel e inhumana, a nuestro modo de ver diabólica, lo que terminó con el deseo de vivir de los que no murieron ejecutados. Para muestra, a los indios los ejecutaban de trece en trece para rememorar al “Redentor con los doce apóstoles”. Claro, se incluía a Judas. Se les ahorcaba en patíbulos bajos y se prendía fuego a los pies con madera verde para que ardiera más lento. Otros se quemaban vivos y los pedazos se vendían públicamente para alimentar a los perros y así cogieran el gusto de la carne de los aborígenes.7 Trump no reconoce nuestros muertos a causa de María lo cual es historia reciente así que mucho menos puede ser capaz de reconocer lo que la historia denuncia como uno de los genocidios más grandes de la humanidad ocurrido hace cinco siglos.

No nos atrevemos siquiera a sugerir lo que debe ser el destino de esa estatua propuesta para nuestras víctimas mortales del Huracán María. Eso compete a los familiares de los más afectados y son muchas las voces que no se han escuchado en torno a esto. Lo que sí sugiero es que se elabore un libro como memorial con sus nombres y que este incluya una sinopsis de las investigaciones, instancias de heroísmo nacidas del propio pueblo y las creaciones artísticas surgidas dentro de esa adversidad, poemas, canciones, grabados, etc.. Esto debe circular en papel y en versión digital. Los pueblos ocupados tienden a ver usurpados sus esfuerzos por el imperio que los ocupa y los esbirros que los apoyan. No creo que la estatua propuesta pueda salvarse de ese peligro pero eso es solamente mi pensar. La mamarrachada de citar a Abraham Lincoln en vez de a Betances o Ruiz Belvis al tope de uno de los edificios emblemáticos de San Juan no es pura casualidad y obviamente abona el camino para que los ignorantes crean que llegó en otra calabera a salvar a nuestros afro caribeños de la esclavitud. Mientras tanto la mesa está servida para alimentarnos física y espiritualmente. De acercarnos a esa mesa es la charla de sobremesa lo que va a hacer la diferencia como bien explica Fuster luego de hacer un recuento de varios autores sobre el evangelio de Lucas.8 Es lo que hablemos y desde que perspectiva lo hagamos lo que determinará como la experiencia del huracán María podrá o no abonar a la liberación espiritual que logra encaminar las luchas reivindicativas en acciones concretas.

El último elemento de la mesa cuya metáfora tomamos prestada es a nuestro modo de ver que es una mesa prevenida, contraria a la mesa que sirvió Anacaona que acabó con su vida y la de todos los indígenas que la cacica reunió para dar la bienvenida a Nicolás Ovando y los españoles a su llagada a La Española. Este fue un sucesor de Colón luego de que este fuera llevado a España esposado y las autoridades de entonces lo creyeran poco apto para continuar dirigiendo la empresa que le confiaran los reyes para enriquecer sus arcas.9 No tengo una sugerencia específica para las batallas tan desiguales que enfrentamos pero el hecho de que todavía existamos como pueblo y hayamos ganado algunas (Hablamos español, nos reconocemos dondequiera en el mundo, entre otras cosas) es indicio de que podemos seguir en lucha. No podemos ya hacer justicia a nuestros antepasados aborígenes pero podemos recoger todo lo positivo en términos de reciedumbre que nos han legado para contrabalancear la consecuencia de que en gran parte somos el producto de ese horror. La composición musical de alabanza que cito refleja ese potencial para la acción que les dejo ahora, claro mientras lo escuchan, desenpolven a Marx por si acaso: Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue alumbrando con su luz.

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