El Código Civil es un cuerpo normativo que regula una amplia gama de aspectos de la vida de las personas. Contiene, entre otras, normas generales sobre lo que se define como una persona natural o jurídica, las instituciones familiares, los bienes las obligaciones y los contratos, la transmisión de derechos hereditarios y normas de derecho internacional privado para aquellos casos en que haya conflicto entre el derecho de dos o más jurisdicciones para atender una situación particular.
Actualmente contamos en Puerto Rico con un anacrónico Código Civil que data del Siglo XIX y cuyas disposiciones ameritan ser atemperadas a la realidad y adelantos sociales, económicos, científicos, tecnológicos y jurídicos de nuestros tiempos. Sin embargo, es indispensable que cualquier esfuerzo de revisión de este cuerpo normativo sea el producto de una amplia y transparente participación ciudadana que logre la creación de un cuerpo normativo fundamentado en los derechos humanos, que afirme los principios de equidad y que se asegure de que ningún sector de nuestra sociedad quede excluido de su protección.
Por décadas se han llevado a cabo esfuerzos en Puerto Rico para la aprobación de un nuevo Código Civil que se ajuste a nuestra realidad. Especial reconocimiento merece el monumental trabajo realizado por la “Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico” creada en virtud de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997. Sin embargo, estos esfuerzos han sido rehenes de figuras políticas nefastas en la historia de nuestro Pueblo y de una intervención reprochable de sectores fundamentalistas religiosos que atentan contra todo aquello que represente un adelanto en el reconocimiento de derechos para determinados sectores de nuestra sociedad y que pretenden perpetuar una sociedad machista y patriarcal que se ajuste a sus interpretaciones y dogmas religiosos mientras obtienen mayores ventajas para sus instituciones eclesiales.
El pasado 18 de junio de 2018 se presentó ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico el P. de la C. 1654 de la autoría de la representante María Milagros Charbonier Laureano. Con este proyecto se pretende crear y establecer el nuevo ordenamiento jurídico privado de nuestro País y establecer un nuevo Código Civil. El P. de la C. es el producto de un proceso atropellado y carente de transparencia dentro del cual se le dio participación activa a figuras fundamentalistas religiosas, mientras se le negó participación al Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) y otros importantes sectores en la mesa de trabajo, a pesar de solicitarse la participación insistentemente. No debemos olvidar que la representante Charbonier Laureano ha asumido posturas sumamente conservadoras en un afán desmesurado por congraciarse políticamente con el sector fundamentalista religioso y ultraconservador del País. Por ello no es de extrañar que su proyecto esté saturado de terminología religiosa y de figuras de derecho donde el concepto de “la moral” juega un papel fundamental.
Aunque este proyecto recoge varias de las disposiciones de las elaboradas en el trabajo de la Comisión Conjunta creada en el 1997, lo hace de una forma totalmente desarticulada e introduce figuras de carácter dogmático e ideológico que constituyen una seria amenaza para sectores muy particulares de nuestra sociedad. Como resultado de lo anterior, tenemos ante nosotros un proyecto de Código Civil que en muchas de sus figuras nos lleva incluso a períodos previos al Siglo XIX e implica un retroceso en lo que respecta a los en derechos adquiridos por nuestra sociedad puertorriqueña.
Este proyecto de Código Civil amenaza y pone en serio riesgo los derechos de las mujeres, de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (conocidas como LGBTT por sus siglas), de las personas adultas mayores, las comunidades pobres, así como los adelantos en la investigación científica y el ambiente, por mencionar solo algunas.
A manera de ejemplo, el proyecto de nuevo Código Civil introduce la figura religiosa del “concebido” concediéndole más derechos a un grupo de células que a la mujer embarazada. De igual forma coloca a los hombres en una posición de superioridad con respecto a las mujeres llegando al extremo de darle facultad al hombre que ha aportado un espermatozoide en un embrión (padre biológico) para solicitar la declaración de incapacidad de una mujer embarazada e internarla involuntariamente en una institución psiquiátrica cuando a su parecer entienda que esta mujer no está protegiendo al feto en gestación. Esto se hace sin tomar en consideración el grave problema que existe en nuestra jurisdicción en materia de violencia de género colocando a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.
El proyecto ante la consideración de la Cámara de Representantes niega toda posibilidad a las personas de tener control sobre sus cuerpos y coloca esa autonomía en manos del Estado y, en el caso de las mujeres, en manos de sus parejas. En este sentido el código propuesto adopta figuras de desprestigiadas interpretaciones dogmáticas y se aleja del reconocimiento de adelantos científicos y avances en el reconocimiento de derechos humanos.
Por otro lado, el Código Civil propuesto establece prohibiciones a derechos adquiridos por las comunidades LGBTT como es el derecho a adoptar por parejas del mismo sexo o el derecho al cambio de sexo en el acta de nacimiento. También excluye de la definición de igual protección de las leyes a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. De igual forma el proyecto contiene una definición genérica de la figura del matrimonio que queda sujeta a la definición conservadora de cualquier tribunal para privar a parejas del mismo sexo de su derecho a contraer matrimonio en el futuro en nuestra jurisdicción. En estos asuntos, como en muchos otros, el Código Civil propuesto constituye un grave retroceso en lo que ha significado décadas de luchas en la reivindicación de derechos de estas comunidades.
En términos de los avances de la ciencia y la tecnología, el código prohíbe procesos reconocidos y disponibles para la mejor calidad de vida de la sociedad presente y futura poniendo en riesgo procedimientos tan fundamentales como la donación de ciertos órganos y tejidos. También deja fuera de protección jurídica procesos de procreación asistida y vientre subrogado que existen al momento y sirven como alternativa a miles de personas en su búsqueda de tener algún tipo de descendencia o establecimiento de instituciones familiares, entre otras posibilidades.
Otro asunto altamente preocupante que introduce este proyecto es la creación de una tercera categoría de persona exenta de intervención estatal para organizaciones eclesiales. Bajo este nuevo estatuto, cualquier organización denominada eclesial sólo se regiría por sus estatutos internos y el estado estaría impedido de intervenir en las controversias que surjan conforme a los mismos. En tiempos como los nuestros donde los tribunales en Puerto Rico han tenido que intervenir e incluso embargar bienes para que una iglesia cumpla con su deber de pagar una pensión a sus jubilados, debemos imaginar cuál sería el destino de estas personas si dicha iglesia estuviera bajo la protección de un estatuto como el que pretende introducir este nuevo código.
Organizaciones como CABE, grupos de mujeres, organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales, entendemos que Puerto Rico necesita un nuevo Código Civil, pero definitivamente el que recoge el P. de la C. 1654 dista mucho de lo que aspiramos y merece nuestro País. No podemos aceptar un código que nos lleve al pasado, sino que necesitamos uno que responda a las necesidades de nuestro País y que promueva una sociedad inclusiva, plural, justa y equitativa.
Es urgente que las personas se integren a espacios de discusión sobre este proyecto de ley para que se entere de los riesgos que entraña para múltiples sectores de nuestra sociedad. Al hacerlo se podrán dar cuenta que el propuesto Código Civil está hecho a la medida de un sector fundamentalista religioso que resiente cualquier adelanto en los derechos humanos y que se alimenta de posiciones oscurantistas, anacrónicas retrógradas en el afán de mantener un control sobre la mente y los cuerpos de quienes vivimos en este archipiélago.
De igual forma, es momento de levantar la voz de alerta para que un proyecto con los riesgos inherentes al propuesto por el P. de la C. 1654 no sea aprobado de forma alguna. Necesitamos un Código Civil de avanzada y el actualmente propuesto no lo es, ni tiene potencial de serlo. Digamos no al P. de la C. 1654.
El autor es Portavoz de CABE y Presidente de la Junta de Directores de Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico.
