Representantes de diversas organizaciones denunciaron el aumento propuesto por LUMA Energy
CLARIDAD
Portavoces de distintas organizaciones advirtieron, el 5 de febrero, que el aumento solicitado por LUMA Energy al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) supondría un “premio” para la corporación, a pesar de sus “fallas persistentes” en la medición y facturación de consumo, además de su manejo general del sistema eléctrico.
La denuncia, convocada frente a las oficinas del ente regulador, estuvo compuesta por: Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida. El grupo arguyó que las pasadas vistas evidenciarias– celebradas del 2 al 6 de febrero– mostraron el manejo cuestionable de LUMA Energy tanto en la facturación como en la infraestructura energética.
“Estas organizaciones están muy preocupadas por esta propuesta de LUMA, que tendría unos aumentos significativos a la factura eléctrica de cada ciudadano y ciudadana de Puerto Rico. Para dar un ejemplo, en una factura residencial estamos hablando de un aumento de más de $40 mensuales. Es un aumento insostenible, no viable, máxime cuando estamos hablando de unas empresas que no han reducido los costos operacionales y tienen unas serias implicaciones de conflictos de intereses”, sostuvo la licenciada Laura Arroyo, de la organización EarthJustice.
Del mismo modo, la abogada recordó los propios datos provistos por LUMA Energy, donde relucen que los abonados de la corporación han sufrido un aumento de 30% en la frecuencia de averías eléctricas. El aumento, agregó, pudiera suponer una desconexión parcial, total o masiva por parte de aquellos ciudadanos que decidan asumir los costos de electricidad a través de paneles solares y baterías de almacenamiento.
“O si no pueden costear, puede haber una migración masiva porque las personas no van a poder cumplir con los pagos de la factura… Del saque, la propuesta es un fracaso. Estas empresas, LUMA y Genera PR, tienen unas compañías matrices que demostraron un conflicto de interés y no tienen una barrera apropiada para enfrentarlo”, continuó.
En ese sentido, el colectivo civil sometió, durante las pasadas vistas evidenciarias, comentarios relacionados con los incumplimientos contractuales de estas empresas, sus faltas operacionales y aumentos tarifarios injustificados. Participarán, del mismo modo, en las próximas vistas públicas para solicitar el rechazo al aumento. A juicio del grupo, estas determinaciones del NEPR “debilitan la legitimidad del sistema regulatorio”.
“En las vistas ha trascendido que, a pesar de tener una cantidad sin precedentes de fondos federales, estamos hablando de $15 mil millones, LUMA y Genera pretenden trasladar a los abonados costos de proyectos que pudiesen cualificar para fondos federales y que tienen una alta probabilidad de ser aprobados. Esto pudiese presentar un riesgo de doble compensación y es altamente antiético e insostenible para los abonados, que ya enfrentan una carga energética insostenible”, expresó, por su parte, la licenciada Lorena Vélez.
Vélez enfatizó en el concepto de carga energética (energy burden) que establece el Departamento de Energía de los Estados Unidos (EE. UU). De acuerdo con la agencia, la carga representa el ingreso neto que un hogar invierte en la electricidad, y tiene un gasto promedio de 8%. La abogada resaltó que, en Puerto Rico, gran parte de la población destina 33% de su ingreso para este gasto.
“(Las compañías) presentan conflictos de intereses en la medida en que favorecen, en el caso de Genera, la conversión de plantas generatrices a la quema de gas metano y la conversión al gas natural. Actualmente se está hablando del gasoducto. Todo estos proyectos y decisiones inciden sobre la planificación, reparación e inversión del sistema que les benefician… En el caso de LUMA, se han hecho varios señalamientos sobre cómo subcontrata sus distintas matrices, específicamente Quanta”, comentó el abogado ambiental Gabriel Meléndez.
El licenciado de la organización El Puente precisó que, dada la cantidad de señalamientos que han recibido, ambas empresas deben someterse a una auditoría antes de considerar un aumento a sus presupuestos.
Por otro lado, la abogada Ruth Santiago coincidió con los demás portavoces en que cualquier aumento tarifario que sobrepase los 20 kilovatios por hora (kWh) representa una estrechez financiera “insostenible”. Como solución, la licenciada recomendó que el Estado y las compañías energéticas inviertan los fondos federales disponibles en fuentes de energía renovable.
“Hay dinero. La ironía de esto es que hay dinero para no solo bajar la factura y proveerles resiliencia energética que puede salvar vidas, sino aliviarle la carga a la gente. Todo el mundo, no solamente la gente pudiente, necesita acceso a los sistemas solares en techos”, añadió Santiago.
A nombre de QueremosSol, la ambientalista y excandidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Myrna Conty afirmó que los aumentos al costo de la luz representan un absurdo cuando ninguna de las empresas rinden cuentas o cumplen con las funciones básicas de operación. Conty también abogó por un sistema descentralizado de electricidad que otorgue agencia energética a la ciudadanía.
“Tenemos a LUMA, que está enfrentando un proceso de posible cancelación de contrato. Darle dinero a una compañía que ya está en proceso de cancelación me parece raro. También la dueña de Genera PR, New Fortress Energy, tiene unos problemas económicos que rayan en la insolvencia. Eso es algo que el Negociado tiene que considerar, yo pensaría que el Negociado responsablemente denegaría la propuesta”, dijo la licenciada Arroyo.
A preguntas de CLARIDAD, el grupo entiende que la discusión del aumento pudiera ascender hasta el Tribunal Supremo, de aprobarse por parte del NEPR. En la tarde, distintas organizaciones se reunieron para repudiar el cambio propuesto.
