Quienes conocen un poco de nuestra historia recordarán que desde principios del siglo XX la persona a cargo del sistema de instrucción pública tenía el título de “Comisionado de Educación”. Aquellos señores (obviamente todos fueron varones) venían de Estados Unidos, hablaban en inglés y creían tener la “misión” de educar a los puertorriqueños. ¿Alguna diferencia con lo que ocurre ahora en el Departamento de Educación? Bueno, realmente una, que la persona de ahora es mujer. En todo lo demás la actual Julia Keleher nos recuerda a los comisionados que comenzaron a llegar en 1900.

Fue la Ley Foraker de 1900, el primer estatuto colonial impuesto por Estados Unidos a los puertorriqueños, la que creó el cargo de “Comisionado de Educación”. Como se trataba de un puesto políticamente muy importante, la ley dispuso que la selección de la persona a ocuparlo correspondía al presidente estadounidense, al mismo nivel que el gobernador colonial. Tanto el cargo junto con el requerimiento de nombramiento presidencial se mantuvieron en la Ley Jones de 1917, la que sustituyó la Foraker.

La importancia del funcionario estaba directamente unida a la política oficial dirigida a “americanizar” a los puertorriqueños y el sistema educativo a ser creado y administrado por aquel delegado presidencial era (y es) una institución clave en ese esfuerzo. De ahí que se aseguraran el control directo vía la designación presidencial.

Aquella política quedó muy clara en las primeras acciones del gobierno militar que se instauró tras la invasión de 1898. “Si el sistema escolar público se deja en manos negligentes e ineficientes”, dijo en 1899 Victor Clark, funcionario del gobierno militar a cargo de estudiar el sistema educativo, “el despertar del pueblo quedará aplazado indefinidamente. Si se permite que el sistema siga siendo europeo, es posible que el desarrollo del sistema escolar pueda inducir a la disminución de las simpatías fundamentales hacia el gobierno del cual forman parte… La gran masa de puertorriqueños es todavía pasiva y maleable… Sus ideales están en nuestras manos para crearlos y moldearlos.”

El primero de los comisionados enviados a Puerto Rico con la tarea de “moldearnos” fue Martin G. Brumbaugh, quien llegó a la Isla en el mismo 1900 y estuvo hasta 1902. La lista de los que le siguieron es larga – Lindsay, Falkner, Dexter, Bainter, Miller – hasta que en 1929 quisieron nombrar un puertorriqueño con más pretensiones integradoras que las de los propios gringos: Juan B. Huyke. A Huyke le siguieron otros dos con nombre latino pero también enviados desde allá: Padín y Gallardo. Todos hicieron lo indecible por adelantar la política oficial dirigida a “americanizarnos” y todos fracasaron. Por más de cuarenta años estuvo vigente el decreto que designaba el inglés como vehículo de enseñanza, elemento fundamental de la política oficial, pero nunca logró su objetivo. A fin de cuentas, ya casi a mediados del siglo, le tocó a un puertorriqueño, Mariano Villaronga, emitir la carta circular que reconocía el castellano como vehículo instruccional y que, de paso, certificaba el fracaso de la política asimiladora.

Aunque los comisionados fracasaron y, tras más de casi cinco décadas, el idioma y la identidad de los puertorriqueños terminaron imponiéndose, realmente la política oficial dirigida a integrarnos a Estados Unidos nunca ha sido abandonada. Cuando al mando de la colonia está un partido político abiertamente anexionista, los esfuerzos se intensifican. El actual, el de Ricardo Rosselló Nevárez, ha querido imitar a aquellos de principios del siglo XX y en lugar de nombrar a un puertorriqueño para dirigir el Departamento de Educación, fue hasta a buscar una al continente del norte. Así es como Julia Keleher siguió los pasos que en 1900 comenzó a andar Martin Brumbaugh.

Curiosamente, tanto Keleher como Braumbaugh son nativos de Pennsylvania y, con una distancia de 116 años, vienen a tratar de adelantar la misma política aunque, a decir verdad, hay algunas diferencias entre uno y otra. Cuando Brumbaugh llegó Puerto Rico tenía un sistema educativo rudimentario, mientras Julia encuentra una estructura enorme que, aunque menguada en la última década, acoge a más de 300 mil alumnos. Hay, además, otra diferencia aún más importante. En 1900 Brumbaugh se impuso a sí mismo la tarea de construir un sistema partiendo del que había, que era pequeño. Julia, por su parte, llega con la misión de destruir el que ya tenemos para montar otro que ni ella misma conoce. Las escuelas tradicionales serán sustituidas por otras llamadas “charter”, que sólo parece gustarles a los que ya se afilan los colmillos pensando guisar del presupuesto público.

Repasando escritos y declaraciones de aquel Brumbaugh encontramos similitudes importantes con la actual comisionada Keleher: ambos desconfían de los puertorriqueños que deben dirigir, los minimizan y, sacando a flote la arrogancia imperial, no soportan la disidencia. En 1901 decía Brumbaugh: “Me veo obligado a observar lo que a mi entender es una desgraciada falta de espíritu profesional por parte de algunos de los profesores… como no pueden controlar, desacreditan. Recurren a prejuicios políticos en lugar de atender sus obligaciones, y cuando se les presenta la menor ocasión se dirigen al pueblo con artículos extravagantes. “

Julia actúa con la misma arrogancia de Brumbaugh y manifiesta el mismo desprecio hacia los empleados de su Departamento. Cuando en alguna actividad pública alguien se atreve a levantar alguna crítica a sus gestiones, la actual comisionada se levanta, tira sus cosas y se va. Además, igual que Brumbaugh con los maestros, Keleher cree que los trabajadores sociales que le ha tocado dirigir no tienen “liderato” ni capacidad “gerencial”.

Hay, sin embargo, una gran diferencia. Hasta donde se sabe Brumbaugh no era un derrochador de fondos públicos ni gestionaba contratos extravagantes para pequeños propósitos como el que Keleher acaba de firmar con el Josephson Institute of Ethics por $16.9 millones. Es cierto, debe admitirse, que esa empresa viene a enseñarnos “valores” para que algún día seamos capaces de formar parte de aquella nación y tal vez eso justifique el gasto. Allá, como sabemos, sobran los valores y por eso eligieron a alguien tan virtuoso como Donald Trump.

Citas tomadas de: La americanización en Puerto Rico y el sistema de instrucción pública de Aida Negrón de Montilla.

La exigencia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, de que la Universidad de Puerto Rico (UPR), enmiende su plan fiscal para un aumento de matrícula y la eliminación de recintos, no tomaron por sorpresa al abogado experto en procesos de reestructuración de quiebra y litigación compleja, Rolando Emmanuelli.

Las expresiones se dieron ante un grupo de profesores del Recinto de Cayey de la UPR, durante una exposición sobre el curso que ha seguido la impugnación presentada por la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayaguez (APRUM) ante el proceso del Capitulo III de la Ley Promesa, bajo la juez Laura Taylor. El experto en procesos de quiebra narró que junto a su compañera de bufete Yazmín Colón Colón, estudiaron el proceso legal de la Ley Promesa lo que les permitió desarrollar una serie de planteamientos, entre éstos el concepto de acreedor social. A partir de éste y otros planteamientos se presentó el caso de APRUM.

Según explicó el punto más neurálgico que plantea APRUM es que la JCF está imponiendo una serie de medidas que son extremadamente dañinas para la UPR que la llevarán a su eliminación. La demanda fue enmendada para incluir los daños que alegan las y los profesores(as) recibirán con las determinaciones de la Junta.

Emmanuelli fue enfático en denunciar que lo que quiere la JCF es la eliminación del sistema universitario, dado a que la UPR tiene la capacidad de pagar su deuda, en términos de los bonos que ha emitido y lo que la va a meter en la encrucijada de no poder pagar su deuda son las medidas que “voluntariamente” está tomando la JCF en conjunto con el Gobierno de Puerto Rico para impedir que tenga acceso de la fórmula universitaria, por lo que es una quiebra forzada. Contrario a lo que ha sido el historial del gobierno de Puerto Rico que por años ha tomado prestado para financiar gastos operacionales y que sabía que eventualmente no iba a poder seguir pagando su deuda, en el caso de la UPR ha estado cumpliendo con sus compromisos porque tenía una garantía mínima de pago que se ha ido menoscabando pero que daba para pagar los bonos.

No obstante, indicó que ahora con el nuevo Plan Fiscal del Gobierno (PFG) -el cual todavía no está certificado- al final se ve que la UPR entraría en un impago de su deuda y eso la obligaría a entrar en dos posibles procesos legales. Un proceso sería bajo el de Título 6 que es la sección de la ley Promesa que establece la negociación voluntaria con sus acreedores de bonos pero que no es un proceso que lleve obligatoriamente a un ajuste de deuda porque es voluntario. Describió que bajo este proceso si los acreedores se sientan en la mesa y no llegan a ningún acuerdo entonces ahí ellos no renuncian a su derecho de iniciar acciones legales que pongan en precario a la UPR porque las acciones conllevarían el embargo de bienes y las cuentas de la Universidad con las consecuencias que eso trae.

En caso de que no se llegue a un ajuste o recorte de la deuda mediante esa negociación la única alternativa que le queda a la UPR es radicar un caso de quiebra bajo el Titulo Tres de Promesa. El requisito principal para radicar esta acción es que la UPR tenga ya su PF. El abogado con preparación en Ciencias Políticas dijo que esta acción llevaría a la UPR a un proceso muy lamentable donde se perderían las ayudas federales. Esto porque el Departamento de Educación de Estados Unidos tiene unas disposiciones que regulan a las instituciones educativas que entran en quiebra y entonces en lo que se somete el PF y se da el pleito -por lo que ha podido estudiar- eso podría obligar que la UPR pierda lo fondos federales, “eso sería catastrófico porque la Universidad de Puerto Rico está dando un servicio a una población que requiere de las becas para poder tener acceso a la educación”, reclamó.

Emmanuelli expresó que en la demanda de APRUM uno de los planteamientos es que no solamente la UPR es el mecanismo de movilidad social que tiene la población en Puerto Rico, sino que todavía están llegando al sistema universitario jóvenes de primera generación. Se le ha planteado al tribunal que la sociedad va construyendo sobre esa plataforma de acceso a la educación y en ese sentido permite una movilidad social, pero si se cortan los recursos y los accesos que hay para esa educación va a haber un golpe en la capacidad de las personas y las familias de superarse lo que también tiene un impacto enorme en la economía. La demanda incluye un análisis económico elaborado por los profesores de economía José Alameda y Alfredo González que prueba que la inversión que se hace en la educación universitaria tiene un efecto multiplicador particularmente en los pueblos que tienen recintos y que son pueblos pequeños, por lo que la UPR cumple una función social y económica fundamental en el país. Ante estos hechos se plantea en la demanda que la Ley Promesa tiene entre sus disposiciones que la JCF tiene que hacer un plan fiscal velando porque se protejan los servicios esenciales. En ese sentido denunció que la Junta no ha cumplido con su deber de definir qué son los servicios esenciales y lo que ha habido es un juego de “pin pon” entre la Junta y el Gobierno, sobre a quién corresponde definir cuáles son los servicios esenciales, pero en el PF no hay ninguna definición.

No habiendo una definición de lo que es un servicio esencial conforme lo ordena la Ley Promesa, Emmanuelli apuntó que se han certificado unos planes fiscales donde no aparece ese requisito de ley, lo que a su vez le permitió analizar que se podía llevar un pleito contra la JCF para impugnar su determinación de no haber incluido a la UPR como un servicio esencial, ni siquiera la ha categorizado como un servicio y por eso es que le imponen unos recortes tan dramáticos. La JCF le ha exigido a la Junta de Gobierno de la UPR recortes en su presupuesto por más de $500 millones en cinco años.

El conocimiento de Emmanuelli sobre las exigencia de Jaresko parte de su participación en el proceso de mediación confidencial que mantienen varios acreedores con el gobierno para tratar de resolver las controversias sobre las prelaciones de pago en el cual aunque todavía la UPR no es una prioridad se supone que llegue a serlo.

La mediación se interrumpió por el paso de los huracanes lo que desvió la atención de este trámite y todavía no hay calendario acordado para abordar ese aspecto. Al presente, debido a que la JCF no certificó el primer PFG, ni el de la UPR, esto le dio espacio a la APRUM para poder entrar en un proceso de negociación cara a cara, esta vez con Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), con la Junta de Gobierno de la UPR y eventualmente con la JCF para poder aportar en el proceso del PF de la UPR.

En tanto el espacio de negociación entre los citados entes permitió una pausa en los procesos de mociones de desestimación radicados por la JCF de que APRUM no tienen “standing” para demandar porque los profesores no son acreedores del gobierno de Puerto Rico y todavía la UPR no tiene un caso de Título III. El reto ahora para APRUM es el cómo la juez Taylor va a evaluar la moción de la JCF y cómo o cuánto van a poder los profesores influir en la preparación del Plan Fiscal de la UPR, mediante su estudio, Plan SOS UPR.

De no lograr cambios significativos en los planes fiscales todavía los profesores tendrían 21 días para enmendar la demanda de manera que puedan ajustarla al nuevo PFG que todavía no ha sido certificado y que puedan tomar en cuenta los señalamientos que ya ha hecho la jueza Taylor en torno a cuál es el espacio que tiene un acreedor en esta etapa de los procedimientos.

Mientras, se supone que el gobierno tiene hasta el 29 de mayo para presentar su plan de ajuste de deuda para ver en qué posición queda la UPR. El representante legal de APRUM señaló que una determinación de la Jueza que es buena para el caso es que hay que mirar si el plan fiscal es constitucional y si afecta los derechos conforme están protegidos por la constitución de EE UU. En esa dirección explicó que la juez Taylor determinó en el caso de unos bonistas el que los planteamientos de naturaleza contractual presentados no eran válidos en este momento porque ella estimó que había habido suficiente justificación de parte del gobierno de Puerto Rico para aprobar las leyes que establecieron la moratoria del pago. “Es una apreciación que la jueza hace sobre los méritos constitucionales pero deja el espacio para que una reclamación constitucional se pueda llevar”, concluyó Rolando Emmanuelli.

«Mire a la compañera que está a su lado, a la que está detrás. Dígale que es una mujer brava”, así comenzó Lourdes Torres un mensaje en representación de la Coalición 8 de marzo, en la pasada marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Este año, la Coalición 8 de marzo esbozó las actividades basándose en cuatro ejes temáticos: servicios médicos accesibles, educación de calidad y libre de costo, viviendas seguras y cero machismo.  Parte de esos reclamos, que se habían delimitado en una asamblea de mujeres celebrada el año pasado, fueron planteados nuevamente por la Colectiva Feminista en Construcción la mañana del jueves en los adentros del Capitolio.

Asimismo, Amárilis Pagán, de Proyecto Matria, ofreció un mensaje una vez la marcha llegó a su destino. Allí, justo donde el pasado 1 de mayo quedó aplacada una victoriosa manifestación de pueblo, la portavoz dijo: “organizadas podemos romper mucho más que los cristales de la Milla de Oro, podemos romper el sistema capitalista que nos oprime cada día”.

“Que el Gobierno haga para lo que se le paga, que es para garantizar los derechos económicos de todas las mujeres de nuestra isla; que los servicios esenciales como la energía eléctrica, agua y educación sigan siendo operados desde el Estado, uno que no sea neoliberal, sino que respete los derechos humanos; que se audite la deuda; que se elimine la Junta de Control Fiscal; que se derogue la Reforma Laboral”, fueron otras de las exigencias que movieron a las mujeres a manifestarse y a representar a las que no pudieron hacerlo.

La marcha, que agrupó a cientos de mujeres, todas con la diversidad en su máximo esplendor, fue la más concurrida tras el paso del huracán María. No era para menos. Antes del fenómeno atmosférico, el país se nos derrumbaba encima; ahora, está en el suelo, resucitando un día a la vez gracias a las gestiones de base comunitaria que se han desbordado a través de toda la Isla.

Ciertamente, las mujeres puertorriqueñas han sido las cabecillas de un sinnúmero de esas gestiones comunitarias, aun cuando las tareas domésticas, la crianza de los(as) hijos(as), el sostenimiento de la familia y la responsabilidad laboral también les comprometen el tiempo diario.

Antes de que la marcha comenzará su rumbo por la avenida Luis Muñoz Rivera en Hato Rey, desde el Departamento del Trabajo hasta la Milla de Oro, Eva Prado, del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, advirtió que este año las mujeres se juntaban bajo el lema “Paramos para construir una mejor vida”. Así, dio paso al mensaje de Lucy Cruz, presidenta del G-8, organización que agrupa a las comunidades del Caño Martín Peña.

En su intervención, Cruz realzó a las mujeres que luchan desde la comunidad “por la justicia social y ambiental para mejorar las condiciones de salud, vivienda y educación”. Por eso, destacó la imagen de la mujer en las luchas contra las cenizas de carbón en Guayama y Peñuelas, la incineradora de Arecibo, las minas de Adjuntas, las torres de comunicación en el barrio Mariana en Humacao y el dragado del Caño Martín Peña.

“Reconocemos que nosotras las mujeres somos la mayor fuerza laboral del país, las que más estamos al frente de los movimientos de acción social, incluyendo los de justicia ambiental y la salud. Sin nosotras, Puerto Rico no se hubiese levantado luego de los huracanes Irma y María”, dijo Cruz al micrófono.

Acto seguido, Verónica Figueroa, ex líder estudiantil que junto a dos féminas más enfrentan un pleito judicial por un proceso de la huelga universitaria del año pasado, abogó por la educación pública del país, que enfrenta los golpes de una Reforma Educativa que pretende privatizar las escuelas por medio del método chárter.

“Hoy, somos tres estudiantes las que estamos siendo criminalizadas por el Estado por luchar por una educación pública accesible y de calidad para todas. Las estudiantes y las educadoras paramos para que el Estado detenga la criminalización en contra de quienes buscamos construir una vida digna”, expresó previo a iniciar la marcha.

“Keleher tiene un montón en los bolsillos mientras las maestras que nos han hecho las mujeres que somos ganan una miseria y tienen que dejar el pellejo en las escuelas y en la calle”, continuó la joven en aras de reconocer que la manifestación incluía el reclamo de una educación pública, accesible y de calidad.

De hecho, durante toda la semana las educadoras de distintos sectores efectuaron manifestaciones para visibilizar sus reclamos, que deberían ser los del pueblo completo porque el neoliberalismo desatado afecta a toda la población. Así esto, el pasado viernes 9 la Comisión de la Mujer del sindicato magisterial Educamos invitó al conversatorio la Mujer en el sindicato. De igual forma, el sábado 10 la Comisión de la Mujer de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) marchó en el pueblo de Naranjito en reclamo por la libertad de las prisioneras puertorriqueñas Ana Belén Montes y Nina Droz.

La agenda del 8 de marzo contó con una concentración frente al Tribunal Federal en la calle Chardón mientras adentro leían la sentencia de la compañera Nina Droz. El grupo Amigos y familiares de Nina Droz fue uno de los que se integró al gran colectivo multisectorial que marchó por la Muñoz Rivera pasadas las 3:00 de la tarde.

Los grupos participantes de la marcha fueron: Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora,Centro de la mujer dominicana, Colectivo Ilé, Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Comisión de Asuntos de la mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, Comuna Caribe, Coordinadora Paz para la Mujer, Educamos, Frente Socialista, Jornada Se Acabaron Las Promesas, Juventud Hostosiona, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Partido Independentista Puertorriqueño, Taller Salud, Taller Tambuyé.

“Nosotras estamos aquí por las compañeras que nos precedieron, por las que estamos y por las que vienen. Luchamos por el país y la vida que merecemos”, fueron las palabras que se quedaron en la Milla de Oro, junto a la combatividad de los tambores que allí sonaron y a la sororidad de esa tarde.