En una misma semana dos informes y el más reciente acto de uso y abuso de fuerza policiaca contra manifestantes que hacen uso de su derecho a la libre expresión, vuelven a dejar en evidencia el uso de la fuerza del estado contra los movimientos sociales que se oponen a las medidas de austeridad, que la Policía enfrenta un problema estructural y una ausencia de mecanismos confiables para la rendición de cuentas.

El primer informe al que hacemos referencia es al más reciente que redactó el asesor técnico de cumplimiento con la reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, en el cual entre otros señalamientos indica que durante la manifestación del 1 de mayo de 2017, el nominado al Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, se saltó la cadena de mandos, dio órdenes para que la Policía utilizará prácticas ilegales contra los manifestantes que incluyó el uso de material caducado. La manifestación fue convocada por la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal (CPCJCF), grupos sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil.

A la luz del informe del Monitor en comunicado de prensa la Concertación expresó que éste reafirma la denuncia que hicieran al terminar la actividad del 1 de mayo de que la Policía de Puerto Rico había incumplido los acuerdos con las organizaciones convocantes. “Igualmente expresamos que las actuaciones de la Policía fueron parte, y en algunos momentos iniciaron, la situación violenta que surgió cuando la concentración había terminado”.

La Concertación dio a conocer además de que dos días antes de la manifestación la Policía estuvo anunciando que habría problemas, por lo que no tenían duda de que la propia Policía formó parte de los problemas de manera planificada. “Seguiremos estudiando todos los aspectos de los informes que han salido y advertimos al pueblo puertorriqueño que la libertad de expresión está en peligro por la mentalidad de quienes dirigen la Policía de Puerto Rico”, expresó José Rivera Santana, uno de los portavoces de la Concertación.

Mientras dos días antes de darse a conocer el informe del Monitor federal, este martes 20 de febrero la Policía volvió a desplegar un uso excesivo de fuerza contra personas que realizaban un piquete frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF), en donde mismo se escenificaron los sucesos del 1 de mayo. En la manifestación la grúa de la Policía atropelló a un manifestante, se arrestó a varias personas, manteniéndolas incomunicadas y desaparecidas por horas.

Antes los acontecimientos el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), expresó su preocupación por lo sucedido y atribuyó que lo ocurrido fue otra repetición de “una larguísima lista de incidentes nefastos que siguen ocurriendo y que demuestran que, a cuatro años de la reforma, la Policía aún no está preparada para cumplir con sus propias políticas de manejo de multitudes, mucho menos para garantizar los derechos fundamentales”.

La organización civil denunció que los actos de abuso policiaco y el estilo de total impunidad con que actúa la Policía de Puerto Rico no son incidentes aislados, sino que están estrechamente vinculados a un problema estructural y sistémico y a una ausencia de mecanismos confiables y robustos de rendición de cuentas. Además, evidencia la ausencia de una verdadera voluntad para corregir el problema.

Los derechos humanos en Puerto Rico

Mientras Puerto Rico fue incluido en el informe, La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018 de Amnistía Internacional. El informe dado a conocer la semana pasada bajo la consigna de que “el odio patrocinado por el Estado hace surgir una nueva era de activismo social”, abarca a 159 países.

Respecto a Puerto Rico el informe destaca que ha habido un recrudecimiento de la crisis humanitaria a consecuencia del huracán María que causó daños generalizados en vivienda, estructuras y servicios esenciales y la lenta respuesta de las autoridades- de Puerto Rico y Estados Unidos- para atender la emergencia.

El informe de AI también recoge que 1 de mayo de 2017 la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas en el Día Internacional del Trabajo. Hace acopio de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) documentó un uso indiscriminado de gas lacrimógeno, contra laos manifestantes sin antes haber dado una orden de dispersión, lo que es contrario al derecho y las normas internacionales, que este material estaba caducado, que se usaron balas de goma contra manifestantes pacíficos, que la policía no tenía identificación clara y el que hubo policías encubiertos infiltrados en la manifestación que practicaron detenciones ilegales. Todas estas denuncias fueron confirmadas en el informe del Monitor Federal.

Muy particular sobre la libertad de expresión y de reunión el informe denuncia que las enmiendas al Código Penal aprobadas por el gobernador Ricardo Rosselló en mayo 19 que hacen ilegales ciertas conductas como bloquear la entrada a obras en construcción o instituciones educativas y que fueron aprobadas de manera apresurada para entrar en vigor de inmediato “aparecen ser un intento directo por parte del gobierno desalentar la protesta pacifica”.

En esa misma dirección se recoge el que las medidas de austeridad implantadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) a lo largo del año podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. Otros aspectos del informe de AI apunta a que la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero sufrieron un retroceso con la eliminación por el Departamento de Educación (DE) de la perspectiva de género, la eliminación de permitir que los alumnos vistan según su identidad de género.

Transcurridos 43 años, aún recuerda los sucesos como si fuera aquel 22 de febrero de 1974. En entrevista con el maestro retirado de historia, Joaquín Chévere Rivera,` conversó con CLARIDAD sobre la histórica huelga magisterial de 1974, particularmente, sobre los hechos ocurridos ese 22 de febrero en la escuela superior Manuel A. Torro de Caguas.

La idea del encuentro con este semanario fue recordar la historia porque conociéndola, construimos el presente. Esa premisa la estableció Chévere Rivera desde el principio de la entrevista. En ese sentido, es meritorio recordar la huelga magisterial del ’74 justo ahora que se mantiene en el ojo público el anuncio de la posible privatización del sistema de educación pública del país mediante el establecimiento de escuelas chárter y de vales educativos.

Según el maestro retirado, esa huelga magisterial –que se extendió por un mes y que pretendió entre otras cosas mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras, aumentar los salarios y reclamar el derecho legal a la sindicalización– fue el resultado de una época efervescente, en la que había un espíritu, una militancia y un activismo político extraordinario tanto en el independentismo como en el movimiento obrero.

Para continuar contextualizando la huelga, Chévere Rivera relató que en aquellos años era constante la militancia y resistencia con desobediencia civil del movimiento obrero contra el servicio militar obligatorio, la guerra de Vietnam, el ROTC, la expropiación de tierras. “La idea era mover la conciencia con palara y acción”, recordó.

“Con ese trasfondo de agitación y de mucha militancia es que se produce la histórica huelga de la Federación de Maestros (FMPR). En aquel momento solo había un gremio magisterial, puesto que las acciones de la Asociación de Maestros no respondían a los maestros porque según estaba organizada cabía todo el mundo: los maestros del salón de clase, el superintendente, los supervisores. Había un conflicto de intereses porque esos puestos administrativos respondían al sistema y por ende, al Gobierno. Eso provocó la ruptura de la Asociación y el surgimiento de la Federación con una línea totalmente diferente y clara”, explicó Chévere Rivera.

Ese 22 de febrero, a varias semanas de una huelga extendida por todo el país, ocurrió en la escuela superior Manuel A. Toro un acto de represión policiaca mucho más evidente que cualquier otro intento por desintegrar la huelga. “En una manifestación pacífica, mientras hablaba por un altoparlante, algunos de los uniformados me agarraron y sin darme explicaciones sobre por qué me estaban llevando arrestado, me llevaron junto a otros compañeros(as) al cuartel de Caguas”, relató.

Luego, los trasladaron al Tribunal Superior de Puerto Rico, sala de Caguas, en donde les formularon cargos por alteración a la paz y motín. Gracias al abogado defensor, Freddy Méndez Camel, los ocho maestros(as) incriminados salieron absueltos de ambos cargos luego de dos años. Los enjuiciados fueron Carlos LLampier Pérez, Santos Rivera Montero, Antonio Arriaga, Luis Antonio Aguayo Cruz, Gloria Aponte, Edgardo Alvelo Burgos, Jesús Solano y Joaquín Chévere Rivera.

Además de la solidaridad que mostró el magisterio, los estudiantes y la ciudadanía el día de los arrestos y el traslado al cuartel y al Tribunal, con el hecho de que los sentenciados fueron declarados “no culpables” se probó que “los ciudadanos tienen el derecho a la libre expresión, a la libre asociación, al respeto a la dignidad humana. Todo eso se incumplió en aquella ocasión de arrestos”, dijo Chévere.

Asimismo, el magisterio federado pudo probar que “les violaron los derechos a esos maestros, que eran casos fabricados en colaboración con la administración del Departamento de Instrucción Pública y que fue un intento de acabar la huelga por medio del miedo”.

“Logramos derrotar el miedo y resistimos las campañas de terror de la administración, los palos. Nadie se rindió ni se doblegó. Fuimos fieles a las convicciones”, puntualizó el entrevistado.

Defensa de la educación pública en la actualidad

Al igual que en la época del ’70, la FMPR sigue combatiendo los intentos de atropellar la educación pública del país, “institución más valiosa que ha tenido el pueblo puertorriqueño”.

“Hay un plan y propuestas para cerrar escuelas y privatizarlas a través del modelo chárter. Quieren entregar las escuelas públicas. La demagogia es decir que no va a haber escuela pública, pero les vamos a entregar un dinerito en unos vales para que las familias escojan libremente cualquier escuela privada de Puerto Rico. Eso es mentira, primero porque constituye una violación de la Constitución, segundo porque las escuelas privadas tienen unas normas y aceptan a aquellos que cumplen con los requisitos. Además, las tarifas de matrículas y mensualidades las fijan las escuela privada y seguramente el costo de estudio será mayor que lo que le otorguen en el vale a cada familia”, comentó sobre la situación actual.

Recientemente, CLARIDAD acudió a una manifestación convocada por la Federación en los predios del Departamento de Educación (DE) en Hato Rey. Ahora, aunque los reclamos son distintos a los de la huelga del 74, tienen la intención de salvaguardar el sistema de educación pública y de velar por el bienestar de los pilares del DE: el magisterio y el estudiantado.

“El magisterio y las comunidades escolares enfrentamos el más despiadado ataque contra la educación pública y nuestros derechos adquiridos: cierre de cientos de escuelas, un plan fiscal que reduce a 300 millones los servicios directos al estudiantado, y ahora se suma un supuesto Proyecto de Reforma Educativa (P.S. 8250) de Ricardo Rosselló que pretende desmantelar y privatizar el sistema educativo con el fracasado modelo de escuelas chárter y la municipalización de las escuelas”, anota el periódico Acción de la FMPR.

“El reto es enorme, pero venceremos si tú y yo nos unimos para lucha enérgicamente en defensa de la educación pública y de nuestros empleos”, continúa exponiendo el periódico. Sin embargo, “es doloroso que la destrucción que pretenden – el Gobierno – para la escuela puertorriqueña se de en una situación de división en el magisterio con cuatro gremios: Asociación, Federación, Vamos y ÚNETE”, lamentó Chévere Rivera.

“Los representantes de cada gremio tienen que reunirse y llegar a unos consensos”, finalizó el también activista.

“Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo,

si algo pasó yo no estaba allí”

Pedro Flores (cantada por Daniel Santos)

Durante el año que lleva en el gobierno de la colonia (¿un año?, se siente como si fueran muchos más) Ricardo Rosselló ha repetido frases que sirven muy bien para definir su administración. “Yo no sabía de eso” es una de ellas y la otra igual de repetida es “tiene mi confianza”. En ambos caso se trata de escándalos que trata de esquivar o de funcionarios que quiere proteger. A veces las frases se entremezclan y después de proclamar el espaldarazo termina desvinculándose de lo que hizo el protegido.

Las negaciones (iguales que las de Pedro, no el bíblico, tampoco el de la canción Yo no sé nada, sino su padre) comenzaron antes de que asumiera el cargo cuando el 7 de diciembre de 2016 alegó que durante la campaña electoral recién finalizada desconocía que el alcalde de Gurabo estaba siendo investigado. Ese día el alcalde fue arrestado y muchos se preguntaron por qué se le permitió estar en la papeleta del PNP, la misma de Rosselló, si medio mundo sabía que estaba siendo investigado por el FBI. Rosselló negó saberlo, pero luego se conoció que el arresto era tan esperado que hasta el propio candidato a la reelección había preparado su sucesión.

Aquella mentira temprana debió prepararnos para lo que venía.

Luego apareció el escándalo de otro alcalde, Héctor O’Neill el de Guaynabo, a quien le pidió la renuncia como había hecho con el de Gurabo tras conocerse el último de sus escándalos. Otra vez dijo que “no sabía” de los embrollos de O’Neill hasta que éstos explotaron tras divulgarse el acuerdo confidencial del alcalde con una mujer policía de la cual había abusado. Lo cierto es que las andanzas del cacique guaynabeño eran muy conocidas, sobre todo dentro de las filas del PNP, pero a Rosselló el asunto le tomó desprevenido. Más tarde acumuló capital político cuando, sacando pecho, exigió la renuncia de O’Neill.

Estas dos negaciones, como las de Pedro (no el bíblico ni el compositor) debieron prepararnos para otra mucho más importante que se manifestó a los diez meses de su gobierno, exactamente el 25 de octubre de 2017. El titular del diario El Vocero de ese día resulta muy expresivo: “Rosselló asegura ‘cero conexión’ con Whitefish”. La noticia se refería a que en una conferencia de prensa el Gobernador había alegado desconocer sobre el contrato con dicha empresa antes de que el mismo se divulgara, negando también intervención alguna en la otorgación del mismo. “Ese fue un trabajo de Energía Eléctrica”, dijo.

Del contrato que garantizaba $300 millones a una desconocida empresa de Montana para que, sin empleados y sin experiencia, levantara la red eléctrica destrozada por el huracán, se venía hablando desde hacía varias semanas. La prensa estadounidense estaba escandalizada, miembros del Congreso de Estados Unidos reclamaban investigaciones y hasta el Secretario de Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, natural del pueblito de Whitefish en Montana, se había visto obligado a rechazar las noticias que lo vinculaban con la empresa beneficiada por el contrato. El 22 de octubre, la BBC de Londres reseñaba la controversia poniendo énfasis en los cuestionamientos que se le hacían a la empresa.

El 14 de octubre, once días antes de su declaración desligándose del contrato, Rosselló había proclamado urbi et orbi, desde el pomposo “Centro de mando” montado en Miramar para dirigir la “reconstrucción” dijo: “El director ejecutivo (Ricardo Ramos) tiene mi plena confianza para seguir ejecutando el trabajo aquí.” Al hacer esa declaración contundente, estaba apoyando tanto al funcionario como sus acciones que, de forma destacada, incluían el contrato con Whitefish Energy.

La marea, sin embargo, siguió aumentando, particularmente entre los congresistas afiliados al Partido Demócrata y en importantes voceros de la prensa estadounidense. Esa marea es la que empuja al Gobernador a tratar de desvincularse del contrato que llevaba semanas defendiendo. No obstante, a pesar de la desvinculación, entonces no ordenó su cancelación. Pasaría otra larga semana para que el 29 de octubre de 2017, a mes y medio de huracán y cuando casi todo el país seguía sin energía eléctrica, se produjera el anuncio de la cancelación.

Pudiéramos seguir añadiendo otros “no sabía” de Rosselló, pero este artículo se está poniendo largo y nos falta hablar de algo más reciente. Hace algunas semanas nos enteramos que el Gobernador, una persona joven conocedor de la tecnología, “no tiene WhatsApp”. Más recientemente, en el preciso momento en que se escribe este artículo, lo escuchamos diciendo que él no fue el que escogió al juez Rafael Ramos Sáenz para presidir la comisión Estatal de Elecciones (CEE), quien se vio obligado a renunciar tras conocerse su participación en el chat.

La negación del WhatsApp estuvo acompañada de otra frase que también se ha vuelto común: “tienen mi confianza”. Igual como proclamó su confianza en Ricardo Ramos como director ejecutivo de la AEE en dos ocasiones (la última luego de desligarse del contrato con Whitefish) volvió a recurrir a la frase para explicar su inacción frente a los funcionarios de su administración que fueron descubiertos en plena conspiración con el juez Ramos Sáenz durante la pasada campaña electoral.

A pesar de la evidente gravedad de la situación, en la que altos funcionarios de su gobierno aparecen traqueteando con el conteo de votos, cree zapatearse del asunto negando participación directa mientras apoya a los que fueron descubiertos en plena faena antiética y probablemente también criminal. Obviamente cree que habiéndole pedido una investigación a su secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, todo quedará resuelto porque ya puede prever cuál será el resultado.

No es la primera vez que Rosselló recurre a este tipo de referido, buscando quitarle fuego a un escándalo. En medio de los cuestionamientos por el contrato de Whitefish anunció haberle solicitado una auditoría a la Oficina de Presupuesto, a pesar de que esa agencia nunca ha hecho tal cosa. Aquello fue algo que se sacó de la manga. Lo del referido a Justicia para que “investigue” el escándalo de la CEE parece ser una estrategia más seria dirigida a proteger a sus allegados. De momento el referido le ha permitido detener la investigación que ya había anunciado el Senado.

Como aún después del referido a Justicia el debate sigue, refiriéndose al nombramiento de Ramos Sáenz lanzó esta perla: “Me parece que fue una recomendación de los comisionados”. Cualquiera que haga una breve investigación de las noticias de ese nombramiento encontrará una secuencia que, otra vez, desmiente al Gobernador. El anuncio del nombramiento lo hizo Rosselló –con el juez Ramos sonriente a su lado– el 8 de enero y no es hasta el 22 de enero que los comisionados electorales ratifican al seleccionado.

Como todos los Pedros anteriores –el bíblico, el compositor y el progenitor– Ricardo Rosselló sigue en negación.