Así como la canción del momento, “des…pacito…,” sin prisa, con cuidado de no repetir errores del pasado, las circunstancias y cuánta madurez política se pueda alcanzar, serán las que determinen hasta dónde llegará la confluencia del Junte Soberanista.

La apreciación emana de la entrevista entre los portavoces del JS, el senador Juan Dalmau, la excandidata independiente a la gobernación, licenciada Alexandra Lúgaro y el representante Manuel Natal, y el equipo de redacción de CLARIDAD, en la cual abordamos sobre el significado e importancia de las alianzas políticas. Las interrogantes del compañero Rafah Acevedo, sobre cuál será la agenda de futuro del Junte Soberanista, dónde queda el proceso educativo, lo perentorio de eliminar a la Junta de Control Fiscal (JCF), la urgencia de la auditoría de la deuda, las leyes de cabotaje, guiaron parte de la conversación. “Bueno yo creo que obviamente cuando se presenta la oportunidad de hacer un Junte ésa es una de las áreas de mayor importancia y de las oportunidades más grandes de estas organizaciones donde ninguna ha tenido que renunciar a ninguna de sus posturas, yo creo que eso es de lo mas importante”, expresó Lúgaro en primera instancia.

Para la excandidata independiente a la gobernación que se identifica como independentista, la educación fue uno de los proyectos más grandes del esfuerzo del JS antes y después del boycot al plebiscito.

“Yo creo que es todavía -la educación- lo que nos trae a la mesa hoy porque todavía queda mucho por hacer en el área de las alianzas yo creo que las dos oportunidades más grandes que brindó este junte soberanista fue la oportunidad de educar y más que nada la oportunidad de mostrarle al país que sí podemos hallar puntos de consenso y trabajar unidos en aquellos puntos en beneficio del país y aquellas cosas en las que diferimos pues mira las podemos poner a un lado”.

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Mantenerse en sintonía

Mientras el senador por el Partido Indepedentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reconoció que el Junte se dio porque las circunstancias obligaron o precipitaron que se diera un esfuerzo conjunto de personas que unos meses antes estuvieron en una contienda electoral muy competida y en posiciones distintas.

“Siempre subrayamos eso porque cuando hablamos del Junte decíamos que fue una idea que llegó por las circunstancias, un plebiscito que se diseñó cargado para una opción que era la anexión y la contraparte un reclamo soberano en donde los que creemos en la independencia, en la libre asociación, teníamos un espacio común y estuvimos dispuestos en ese momento apremiante a adelantar nuestra agenda en pro de la soberanía, al tiempo que la completamos con educación, con militancia, luego eso se transforma cuando se incluye la colonia como opción en boicot”.

Para Dalmau la experiencia del junte, “nos crea una nueva circunstancia para una nueva plataforma no ha habido tal cosa como sentarnos a la mesa y diseñar una nueva hoja de ruta, eso va a depender de las lecciones de este proceso que yo creo que han sido unas ganancias enormes al mismo tiempo que las circunstancias que se nos estén presentando”. Coincidió en que asuntos como “PROMESA”, el tema universitario, la auditoría de la deuda, pueden ser parte de los esfuerzos del JS para seguir “remando en una misma direccón”.

El senador por el PIP acotó que en ocasiones las “alianzas” se confunden con “fusión”, y reparó que el Junte, no fue una fusión, a lo que atribuyó que su éxito medible en este momento fue que “sin renunciar ninguno a lo que cada cual es, fue o pertenece, pudimos llevar a cabo este esfuerzo común fundamentado en el respeto mutuo, fundamentado en el reconocimiento de la diferencia, y teniendo como objetivo algo por encima de nosotros como individuos y como organizaciones reconociendo que podíamos remar en esa dirección”.

Ante el reconocimiento de la importancia de las alianzas, queda la interrogante de por qué, entonces, se ha hecho difícil que estos esfuerzos no sean pasajeros.

A juicio de Dalmau, precisamente el valor de lo que se ha logrado con el JS es que no hubo agendas predispuestas y que han logrado romper con el paradigma tradicional de que cuando se habla de alianzas ya se tiene todo predeterminado de cómo se quiere esa alianza, hacia qué objetivos y una vez definidos, entonces se sale a buscar con quién se va a hacer. Como prueba contó que en una de las primeras reuniones uno de los primeros acuerdos fue no ponerle un nombre y que el Junte fue un nombre que le pusieron los medios. Recalcó que el éxito se ha dado porque no había agendas preconcebidas y se evitaron aspectos que incomodaran a los participantes. Hizo la observación de que el Junte es un grupo más amplio y que a ellos-los entrevistados- les tocó asumir la portavocía.

El reto está en cuál es la meta

En tanto el representante, Manuel Natal, quien promulga la libre asociación, apuntó a que el reto del Junte está, “en cuál es la meta, en cuál es la línea de llegada y en el contexto del plebiscito obviamente había una línea de llegada sabiamos que estábamos trabajando hacia un proceso de buscar educar y movilizar a la gente para un propósito, claro es mas fácil motivar a la gente a eso que incluso complicarse con un boicot y eso cambió la dinámica de lo que hacíamos. Ahora el reto está en que buscando hacia adelante a corto, mediano y largo plazo, cuál debe ser la línea de llegada, la meta de un movimiento de personas independentistas o libre asociacionistas que militan en partidos, movimientos, corrientes políticas distintas y eso hay mil formas de medirlo”.

Sobre esas formas dijo que era obvio que quizás en la mente de todo el mundo esté el proceso electoral del 2020, “pero nosotros estamos muy conscientes de que falta muchísimo, de que hay mucho país y muchas cosas por hacer y hay muchos retos que tendremos que enfrentar y en ocasiones dar la batalla de forma independiente, o separada antes de cualquier consideración como ésa”.

La necesidad de una nueva forma de hacer política

Para Lúgaro la receptividad percibida de parte de los diversos públicos en las presentaciones educativas del JS son prueba de que el país está exigiendo una nueva forma de hacer política. “Una forma en la que exista esa madurez política de estar hasta incluso dispuestos a un sacrificio electoral pensando en que hay un bien mayor en jerarquías”. Hizo la anotación de que sus palabras representan también la opinión del Junte.

Igual Natal, describió que lo resumía en un “contraste entre el pasado y futuro”.

¿Creen que el Junte se pueda mantener funcionando y educando sobre la soberania cuando comience el proceso electoral?

“Eso de nuevo está por verse cualquier predeterminación pienso que seria una imposición”, reaccionó en primera instancia Dalmau. El senador pipiolo expuso el cuidado con que hay que proceder en estos procesos para los cuales -dijo- tienen que darse las circunstancias determinadas. “Nosotros siempre evitamos contestar preguntas que nos obligan a tomar posiciones que van a ser contestatarias”.

Añadió que cuando se habla de partidocracia él como miembro de un partido lo resiente, e igual Natal, que también es miembro de un partido, hizo la salvedad de un miembro crítico, para luego recalcar que en el Junte, “hemos evitado la predisposición, hemos roto con paradigmas, incluso de quienes han estimulado el tema de las alianzas porque hemos sabido responder al momento, a las circunstancias particulares con un nivel de desprendimiento personal, midiendo el momento específico, qué va a pasar después lo mediremos. Lo otro es una camisa de fuerza que limita el tipo de esfuerzo que se requiere”.

En el caso del representante Natal, ante esta interrogante y emplazado con el hecho de que su Partido Popular Democrático (PPD) se niega a entrar en alianzas, reconoció: “Yo creo que obviamente el momento requiere también repensar el sistema político actual. Tenemos que pensar cómo buscamos espacios de trabajo común sin renunciar a lo que cada uno de nosotros somos y en mi caso particular del PPD creo que mi partido tiene que entender el momento en que se encuentra y lo que representa para el país y la realidad es que el PPD del 2017 no es en nada al PPD de 1957, o 1967 tanto electoralmente como en cuestiones de política pública, ideológico, no solamente en el tema del estatus y yo creo que el PPD tiene que tomar una determinación existencial, tiene que preguntarse qué va a representar para Puerto Rico en los momentos que se vive”.

Y ante el momento histórico y reconociendo que muchas personas están ansiosas ante esfuerzos novedosos como las alianzas, los entrevistados coincidieron en que hay asuntos que convocan naturalmente como la JCF, la auditoría de la deuda, pero reiteraron en que hay que ir con cuidado, tener respeto por las diferencias y madurez política, para que los esfuerzos no se desechen o se creen falsas espectativas.

«Sólo se dispondrá de la propiedad y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento de las instituciones del estado…” Así reza el Artículo VI, Sección 9, de la Constitución de Puerto Rico que, en diversas ocasiones, ha sido invocado para impedir el uso de fondos públicos en gestiones puramente partidistas. Ahora, sin embargo, el escudo comienza a desaparecer.

Desde principios de este año, ante el empuje anexionista que la nueva administración de gobierno ha decidido lanzar, ese artículo de la Constitución ha vuelto a ser reinterpretado por la actual mayoría del Tribunal Supremo, y lo será aún más en los próximos meses, para que esa campaña pueda financiarse con fondos públicos. Ya hubo una primera decisión judicial y en los próximos años aparecerán otras que irán desmantelando dictámenes previos que protegían los dineros del pueblo de la voracidad partidista.

El último acto dentro de ese empuje anexionista fue la creación mediante legislación de una llamada “Comisión de la Igualdad” a la que inicialmente, y sólo para el primer año de funcionamiento, se le asignó un presupuesto de $380 mil dólares para gastos. Se trata de un cuerpo, integrado mayormente por viejos cuadros del Partido Nuevo Progresista –como Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló y Charlie Rodríguez– que abiertamente cabildeará en pro de la estadidad en Estados Unidos y que, entre otras cosas, contará con una oficina en Washington pagada por el tesoro público puertorriqueño. Además de esos tres cangrimanes estadistas –dos exgobernadores y un expresidente del Senado isleño– a la comisión se nombró al expelotero Iván Rodríguez, buscando que su popularidad en Estados Unidos le abra puertas que de ordinario estarían cerradas. A algunos congresistas no les entusiasma recibir a Romero ni a Rosselló, carcamales jubilados, pero les gustaría hacerse una foto con Rodríguez quien por sus ejecutorias como pelotero de Grandes Ligas es miembro del Salón de la Fama del béisbol.

La inclusión de Rodríguez ha afectado en algo el plan anexionista porque el flamante “funcionario del gobierno”, quien durante su época de pelotero tuvo ingresos superiores a los $120 millones, le incomoda lo del financiamiento público y al ser nombrado, solicitó que la comisión no opere con fondos gubernamentales. Ese pedido puso sobre el tapete el problema ético que muchos ya han denunciado y obligó a Rosselló a decir que “la consideraría”. Hasta ahora, sin embargo, nada se ha hecho y muy probablemente nada se hará. La naturaleza “pública” de la comisión es parte de un plan muy estructurado para adelantar la estadidad utilizando la estructura del Gobierno, que tendría que ser revisado para atender las incomodidades de Rodríguez.

Al expelotero, que ahora es parte de la “empresa privada” debe preocuparle que la pertenencia a la comisión de cabilderos lo convierte en “funcionario público” sujeto a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Pero ya buscará la forma la Legislatura de darle vuelta a las preocupaciones éticas de Rodríguez sin impedir que la comisión siga chupando del tesoro público.

Desde un viejo caso conocido como PSP vs. ELA, decidido en 1978, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había señalado que el antes mencionado artículo de la Constitución impedía que se utilizaran fondos públicos para fines partidistas y, más importante aún, que la promoción de un particular status para resolver el problema político puertorriqueño constituye una gestión partidista. En aquel caso se impugnó legislación aprobada durante el primer cuatrienio de Carlos Romero que permitía el uso de fondos públicos para organizar aquí las primarias de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos.

Posteriormente, el 2 de noviembre de 2000, amparándose una vez más en la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una ley aprobada en los últimos meses de la administración de Pedro Rosselló muy parecida a la del llamado “Plan Tenesí” que ahora quiere implantar el hijo de Pedro. Se llamaba “Ley de Elecciones Presidenciales de Puerto Rico” y pretendía que, como parte de las elecciones generales a celebrarse en noviembre de 2000, se eligieran compromisarios para representar a Puerto Rico en el Colegio Electoral que selecciona al presidente de Estados Unidos. Como igual que el plan de ahora, los supuestos compromisarios no eran más que cabilderos, el Supremo razonó que esa ley estaba diseñada para favorecer al movimiento anexionista y, por tanto, implicaba el uso de fondos públicos para fines privados.

Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo vive otros tiempos. Durante la gobernación de Luis Fortuño (2009-2012) el anexionismo logró mayoría en ese foro, la que de inmediato solidificaron ampliando la composición del tribunal de 7 a 9 miembros. Tras dicho copo, una tras otra han ido revocándose decisiones previas que, entre otras cosas, impedían el uso de fondos públicos en campañas partidistas de corte anexionista. El pasado mes de abril decidieron el caso Norma Burgos v. CEE para impedir que la norma que prohíbe anuncios del Gobierno previo a unas elecciones se extendiera, como había ocurrido antes, al plebiscito que querían celebrar el 7 de junio de 2017. Gracias a esa decisión los anuncios políticos camuflados del Gobierno llovieron el mes anterior a la consulta.

Si alguien pretendiera impugnar la constitucionalidad de la nueva “Ley para la Igualdad”, que permite el uso abierto de fondos públicos para cabildear a favor de la anexión, ya sabemos lo que dirá la opinión que finalmente decida el caso. Con la nueva decisión desaparecería lo poquito que quede de la jurisprudencia protectora anterior.

En uno de los viejos casos el entonces juez Negrón García dijo que “(los fondos públicos) no son privativos de quienes ostenten las riendas del país durante un cuatrienio”. Esa afirmación sigue siendo muy cierta, pero ahora sólo aparecerá en las opiniones que escriba la minoría.

En cuanto a la comisión que, entre otros, integra el expelotero Rodríguez, ya sabemos cuál será el resultado de sus esfuerzos. Como todos los que han realizado similar gestión desde el 1898 en adelante, vagarán por los pasillos fríos malgastando el tiempo en reuniones con funcionarios de tercera categoría. El único problema es que ahora, además del tiempo, malgastarán dinero que pertenece a todos los puertorriqueños.