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La deuda, el plebiscito y la carta del Departamento de Justicia

Desde un análisis del Derecho Internacional (DI), la carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJ EEUU) que le ordena a la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) incluir en la papeleta del plebiscito el Estado Libre Asociado colonial (es decir el ELA actual) sustenta –en esta ocasión de parte del poder ejecutivo– el que Puerto Rico sigue siendo una colonia. Esto a pesar de la representación que hizo EEUU en el 1952 ante la Asamblea General de la ONU, de que la isla había alcanzado su “libre determinación” por lo que indujo a la ONU a que se sacara a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales y da argumentos respecto a quién debe pagar la deuda pública.

Para el abogado experto en Derecho Internacional, Fermín Arraiza Navas, en ese plano la carta representa un documento de mucha relevancia ante la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF). En ese aspecto puntualizó que la determinación de imponer una JCF no es otra cosa que un intento tardío para administrar las finanzas del territorio, lo cual se supone era lo que EEUU tenía que hacer desde que se sacó a Puerto Rico de la lista de territorios. Explicó que se supone que desde el punto de vista del DI y de la ONU la responsabilidad de EEUU era administrar el territorio para nuestro beneficio.

“Cuando uno discute la deuda bajo este concepto a quien corresponde pagar es a quien le correspondía administrar el territorio y no lo hizo, por lo que Estados Unidos viola el derecho internacional al eludir su responsabilidad, ellos eran los responsables. A estas alturas si están diciendo que somos colonia llevan más de 60 años incumpliendo con el derecho internacional que era la administración de ese territorio”.

En esa misma postura de violar el DI apuntó que aunque de manera expresa en la carta no se reconoce que Puerto Rico es una colonia, sino que se refiere al país como un territorio no incorporado, se le está diciendo al gobierno del PNP que tiene que llevar a cabo un proceso dentro del marco legal de EE UU, aunque éste sea ilegal desde lo que es el DI. Al denunciar que a EE UU “no les importa el derecho internacional”, describió el plebiscito como “una pantomima política, porque no se saca nada que no sea gastar chavos y los que administran se metan los chavos en el bolsillo”.

No obstante a su juicio los señalamientos que se hacen sobre el asunto de la ciudadanía de advertirle al PNP de que “engaña” al pueblo al decir que la “única garantía” de la ciudadanía americana es bajo la estadidad, además de darles un “cantazo”, refleja una inclinación de que en EEUU hay “aspectos negociables”, en caso de un cambio de estatus soberano. Esto ya que en la misiva se rechaza la definición de la libre asociación y le dice al PNP que en la forma en que está redactada podría llevar la falsa impresión de un ELA mejorado, por lo que se le exige ser más categóricos con las definiciones de independencia y la libre asociación.

Cuestionado si no le parece que la imposición del ELA en la papeleta del plebiscito coloca al país en un callejón sin salida, Arraiza Nieves, tronó “el plebiscito es una trampa, el problema colonial de Puerto Rico no se resuelve con plebiscitos, la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico es ilegal y ellos tienen que cesar la ocupación y razones legales existen para exigirle a ellos internacionalmente que se retiren del territorio”.

Según explicó hay un precedente similar y es el caso de Sur África y Namibia. En este caso Sur África se negó por años ha incumplir con su deber de administrar y dar informes a la ONU sobre el progreso del territorio, llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se le dijo a SA que su presencia en Namibia era ilegal, que tenía que rendir informes y que tenía que abandonar el territorio. Arraiza Navas destacó que en el caso de Puerto Rico hay argumentos legales y de principios para atribuir ante la CIJ los mismos argumentos de que EEUU “ha estado ocupando nuestro territorio de manera ilegal y que no ha cumplido con sus deberes administrativos, que nos han llevado al caos a través de la creación de un sistema económico parasitario que nos tiene en un caos”. No obstante reconoció que para lograr este objetivo se requiere cabildeo en ambos entes, la ONU y la CIJ. “Sería interesante si se consigue países amigos que estén dispuestos a plantear eso en la Asamblea General de la ONU y que se pida una opinión consultiva a la Corte Internacional”, recalcó.

El profesor Carlos Ramos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), apuntó que el reconocimiento en la carta de que la isla es colonia, no es distinta en lo esencial a la posición que ya había asumido el Procurador General en el caso Sánchez– Valles, “es muy demoledora en ese sentido con el ELA”, comentó.

Observó que lo que se expone en el texto parte de la premisa de que Puerto Rico sigue estando sujeto al poder plenario de la cláusula territorial y eso lo repite cuando comenta lo problemático, lo inconstitucional, que sería tratar de que dentro de la claúsula territorial se llegue a un acuerdo de consenso mutuo con el Congreso. Comentó que este tema es uno recurrente entre algunos sectores en la isla y que otros creían superado, pero el hecho es que este fue el engaño principal en la década de los ‘50 y la verdad es que nunca ha habido un pacto de mutuo acuerdo. Puerto Rico todavía está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EE UU.

“El Congreso lo que ha hecho e hizo en el ‘50 es prestar unos poderes y el día que quiso recogerlos, los recogió como ha pasado ahora en el 2017 sin preguntar a nadie porque nunca ha habido un pacto”, reiteró con relación a la imposición de la ley PROMESA.

En el plano internacional también le reconoció importancia a la carta porque una vez más demuestra que EEUU incumple con su obligación internacional de no tener colonias. “Aunque ellos insisten mediante engaño de que no tienen colonias, los eventos sobre todo los úlitmos años incluyendo la posición en la ONU de este año de no tocar mucho el asunto de Puerto Rico esta carta como que da un paso atrás porque obliga a incluir una alternativa colonial”.

Además, reparó, desde el punto de vista del Derecho Internacional al EEUU obligar a incluir en un plebiscito un estado colonial, eso es delincuencia en el DI porque el coloniaje no puede ser una opción en un proceso de autodeterminación precisamente por su contradicción.

Respecto a la posición de que el Departamento de Justicia también rechaza la libre asociación, trajo a la atención de que ahí hay otro elemento y es que bajo el derecho constitucional de EE UU para sus efectos independencia y libre asociación son lo mismo, en tanto y en cuanto los territorios están bajo la cláusula territorial o no están bajo la cláusula territorial. Los que están bajo la cláusula territorial son territorios incorporados, (los estados), los que no están bajo la cláusula territorial, son los territorios no incorporados como Puerto Rico, “desde esa perspectiva solo puedes anexar o dar la independencia, la libre asociación no les suena”. Ramos hizo la anotación de que aun cuando Estados Unidos tiene fideicomisos con algunos países estas son situaciones atípicas.

En el caso de los colonialistas –indicó– que otra lectura que se puede desprender de la carta es que no es posible meter la libre asociación dentro de la cláusula territorial. Además de que constitucionalmente no es posible lo que está haciendo que se sostenga la colonia es que el anexionismo ha crecido, así que desde ese punto de vista lo que en este momento constituye una de las amenazas más serias para extender el colonialismo es el movimiento anexionista, aunque el gobierno permanente de EEUU y sus intereses económicos busquen otras formas de manejar la colonia.

Se unen los rectores y rectoras de la UPR al pedido de auditoría de deuda

En vista de que el gobierno actual no ha atendido los reclamos del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en huelga, continúa el apoyo de otros sectores universitarios a muchos de estos reclamos básicos para la paralización sistémica, que ya sobrepasa las dos semanas.

En comunicado de prensa, los rectores y rectoras de la UPR informaron que “se oponen al Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, mediante el cual se reduce prácticamente a la mitad el presupuesto operacional de la institución. Más aún, estamos indignados con la proyección contemplada por la AAFAF que amplía dicha reducción presupuestaria en un plazo de diez años a $512 millones”.

De la misma manera, el cuerpo rector expresó en el comunicado que favorece la exigencia de país de que se audite la deuda: “Los responsables de la deuda no son las agencias que le dan servicio al pueblo. La misma fue provocada por las decisiones administrativas incorrectas de pasadas administraciones gubernamentales. Estamos convencidos de que la auditoría de la deuda pública es necesaria porque serviría para evaluar su legalidad y fijaría responsabilidades sobre aquellos que endeudaron indiscriminadamente el País”.

Por su parte, recientemente el claustro de la UPR Humacao se reunió en asamblea extraordinaria y aprobó una resolución que incluye entre sus puntos más importantes el apoyo a la huelga de los estudiantes y al proceso de auditoría.

Luego de esa reunión, el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse, emitió una carta en la que se mostró preocupado por los efectos que pueda tener el plan del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal sobre la Universidad de Puerto Rico. Ante esa preocupación, expresó que el municipio de Humacao “apoya la autonomía de la UPR en Humacao y de los demás recintos del Sistema como principio para la excelencia en la educación, por lo que las reformas necesarias deben originarse en la comunidad universitaria”.

“Los argumentos de que la Universidad no es rentable, la posible pretensión de disminuir drásticamente su presupuesto, e incluso, la posibilidad de la desaparición de programas educativos, departamentos o recintos no debe ser una alternativa viable”, continuó esbozando el alcalde humacaeño. También hizo un llamado a todos los alcaldes y legisladores de Puerto Rico “a que reflexionen y analicen los efectos devastadores que podría representar un drástico recorte a dicha institución”.

El rector del Colegio Universitario de Mayagüez, John Fernández Van Cleve, consciente de que “esto me va a costar el puesto de rector, pero no tengo nada que perder y mucho que ganar”, publicó unas expresiones en las que exhorta a los miembros de la comunidad universitaria a que escriban un correo electrónico al gobernador y al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF) dejándoles saber la indignación que sienten “por el tratamiento criminal al cual se ha estado tratando a la Universidad de Puerto Rico en el proyecto de presupuesto del Plan de Ajuste Fiscal preparado bajo la ley PROMESA”.

“Creo firmemente que la deuda pública que se nos adjudica tiene que ser auditada para poder determinar cuánto realmente es nuestro compromiso como pueblo, identificar los responsables y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. También, creo que la UPR tiene que contribuir a la crisis fiscal buscando mejorar la eficiencia de uso de sus recursos, pero de una manera proporcional a todas las agencias y corporaciones públicas, incluyendo la legislatura y el ejecutivo”, continuó Fernández Van Cleve añadiendo al mensaje que la comunidad universitaria debe enviar al gobernador y al presidente de la JCF.

Organizaciones civiles denuncian violación de derechos humanos

Un sinnúmero de organizaciones cívicas se expresaron en conferencia de prensa en rechazo a la forma en que fueron arrestados dos jóvenes universitarios por agentes encubiertos el pasado domingo en los predios del Capitolio durante una marcha a favor de la auditoria de la deuda y la educación pública.

Amnistía Internacional de Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Taller Salud, Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto Matria, Comuna Caribe, entre otras organizaciones convocaron a la prensa al Colegio de Abogados y Abogadas en Miramar.

“La principal denuncia es la preocupación de que haya más arrestos de esta índole, que como se ejecutan por policías encubiertos, hace más difícil que las personas reconozcan quién realiza la detención”, indicó Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía.

La licenciada Mariana Nogales Molinelli  expresó: “Nosotros no queremos que se repitan los escenarios de represión de movimientos políticos y de libertad de expresión que se dieron en los años ’70 y ’80, pero nos parece que la utilización de estos encubiertos y de tácticas de amedrentar a las personas que ejercen la libertad de expresión van esa dirección”.

Por su parte, la profesora Annette Martínez dijo que se sentían preocupados ante “la continuación de prácticas ilegales de la policía de Puerto Rico y ante las acciones de apoyo por parte de altos funcionarios de estado con el fin de castigar las actividades de protesta social de aquellas personas que exigen la reivindicación legítima de sus derechos humanos”.

“Para Amnistía Internacional esto es un caso de terrorismo del estado.  Nos preocupa mucho que se den estas prácticas de violencia a la mujer para amedrentar el movimiento estudiantil y las personas que protestan en Puerto Rico”, dijo Gallardo Martín en repudio a la situación que, particularmente, entienden como una de violación a los derechos de la mujer.

En ese sentido, “es inadmisible que desde la gerencia del Departamento de Justicia o de cualquier área relacionada se apruebe la intervención hacia las y los estudiantes de esta manera y más que se esté enviando un mensaje de intimidación hacia las mujeres, que son la mayoría en la lucha estudiantil”, expresó la doctora Irma Lugo, coordinadora del Comité de Género de AIPR.

Del mismo modo, Sarah Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, añadió que “este tipo de detención perpetúa la violencia que viven las mujeres en nuestro país y ataca el trabajo realizado por los movimientos de mujeres encaminados al empoderamiento y a la denuncia de las violaciones de sus derechos”.

“Las defensoras de derechos humanos nos encontramos en una situación acentuada de vulnerabilidad a nuestros derechos por la manera en que la policía utiliza tácticas más militares que policiales”, continuó Annette Martínez.

“Queremos hacer un llamado, no solamente a los activistas que están en la calle, sino a los familiares y a la comunidad general de que tenemos que educarnos sobre nuestros derechos civiles y humanos, de que tenemos derecho a la protesta, de que es una violación institucional completamente ilegal”, sentenció Gallardo Martín.

Exhortaron a los y las manifestantes a que, en situaciones como la del pasado domingo, denuncien los actos de inmediato ante cualquiera de esas organizaciones. Asimismo, la profesora Martínez indicó que “la sociedad civil no se quedará callada y que acudirá a los foros nacionales e internacionales que sean necesarios para denunciar la violación del derecho a la protesta en Puerto Rico”.

Nuevo acento del español boricua

Tengo claro que el idioma es una parte integral de la cultura de cada ser humano. Para los boricuas en la diáspora más que parte de tu puertorriqueñidad, es tu arma de resistencia y lucha.

Y la lucha es constante, cotidiana y ¡ardua!

Uno de mis temores más grandes como madre inmigrante en un país anglo es que mi chiquito no hablara español. He sufrido con mis amistades y sus cuentos trágicos de como sus hijos se niegan a hablar la lengua de su familia una vez comienzan en la escuela, a pesar de que solo se habla español en la casa. “Por lo menos lo entiende, aunque conteste en inglés”, es la frase que me repiten como consuelo, para mí y para sí mismas.

Para las personas migrantes, el idioma del país de origen es muy importante. No solo por las frases idiomáticas, también porque te da los vocablos de la gastronomía, de la música, de la fe, de las palabras de cariño y afecto. Por eso los chinos tienen escuelas de mandarín los fines de semana, así como las comunidades musulmanas tienen las suyas, para mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, con el español es diferente. En especial el español en los Estados Unidos y en Puerto Rico. En los Estados Unidos nunca se ha visto bien que las personas hablen español. El racismo y la xenofobia que muchos estadounidenses tienen en las entrañas se convierte en un odio visceral cuando se trata de los latinoamericanos y sobre todo de los puertorriqueños. No solo es así por las obvias razones de racismo y xenofobia, también por la mentalidad imperialista y colonialista.

Y duele y mortifica más que en otras circunstancias porque no solo somos discriminados por los anglos blancos, sino por muchos negros y hasta por ciertos migrantes pobres, que por el hecho de que los boricuas tenemos la ciudadanía americana (estadounidense) intentan humillarnos a la primera oportunidad.

Luego de ser vejados, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas de las primeras olas de migración a los Estados Unidos, allá desde principios y hasta mediados del siglo XX (20), no le fomentaron a su descendencia que hablaran español. Se les hizo muy difícil. No tenían ni las herramientas ni el tiempo y la presión de la sociedad en ese momento histórico era brutal. También, porque querían que se adaptaran, que pasaran como ‘americanos’ y así no sufrieran ni fueran agredidos.

No obstante, eso ha cambiado. Tal vez por la globalización o por la representación boricua en el Congreso, pero principalmente porque los boricuas migrantes de los pasados 20 años estamos en una situación diferente. El nivel de la clase social, de escolaridad y de experiencia de trabajo profesional hace que queramos que nuestros niños y niñas sean bilingües (o más). Reconocemos las ventajas y la importancia de saber más de un idioma, y sobre todo porque atesoramos nuestro terruño y valoramos los lazos afectivos, culturales y económicos que tenemos con nuestra bella isla.

Por eso, a pesar de que vivimos en tiempos en que el racismo se torna rampante con el aval del presidente Donald Trump, la diáspora boricua sigue hablando español llena de orgullo.

Me propuse que haría todo lo que estuviera dentro de mí para que mi crío tuviera una base sólida de español una vez comenzara su preescolar. Lo principal es tratar de limitar el bombardeo constante del inglés, por lo menos en el hogar.

Como lograr esa tarea es casi una misión imposible, los boricuas aceptamos todo tipo de herramientas existentes para lograrlo. Eso incluye consumir solo medios de comunicación en español, juguetes didácticos en español, entre otras.

Por casi tres años, guardé a Michael Jackson, a Los Beatles, a Bob Marley para darle rienda suelta a El Gran Combo, a Maelo, Lavoe, Cultura Profética, Vico C y Grupomanía (¡hay que enseñarles de todo!); y también Juanes, Juan Luis Guerra, Aterciopelados y Buena Vista Social Club y muchos artistas más.

Nos pulimos en sinónimos (y acentos) latinoamericanos y castellanos para hablar con naturalidad de que naranjas y chinas son lo mismo, al igual que guineo, banana y plátano; chorrera, resbaladilla y tobogán, violeta, púrpura, morado y malva… Hemos descubierto grupos infantiles fabulosos como el español Pica Pica, que le da apoyo a los ya gastados DVDs de Atención Atención. Cultivo técnicas de búsqueda en las plataformas digitales para encontrar películas, vídeos y series habladas en el idioma que comparten cerca de 590 millones de personas en el mundo.

La red de apoyo, la familia escogida en el exilio, nos ayuda a solidificar que el chiquito escuche y converse el idioma de la patria. Los maravillosos libros de cuentos que estimulan la imaginación y la creatividad, también juegan un papel importante, al igual que las periódicas visitas de las abuelas y las navidades en el terruño.

De este modo, el chico entró en su preescolar sabiendo decir ‘Buenos días’ y nada de ‘Good morning’. Y aunque siempre supe que era lo mejor para el tipito, y en más de una ocasión tuve que respirar profundo cuando me decían ‘pero y ¿cuándo le vas a enseñar inglés?’ a modo de crítica disimulada, tengo que confesar que me dio temor de que mi experto en Los Mulatos del Sabor fuera discriminado o tuviera dificultades de socialización en el idioma de John Lennon.

Siete meses más tarde con orgullo puedo decir que ahora añadimos ‘seashell’ como sinónimo de caracol, caracola y concha y cantamos tanto ‘Cumpleaños feliz’ como ‘Happy Birthday’ y ‘Las Mañanitas’. Tenemos un acento boricua nuevo… ese que es mezclado con español de España, mexicano y de otras naciones latinoamericanas, y además con el ya aceptado spanglish.

Porque gracias a la literatura de Pedro Pietri y otros escritores, y a las nuevas generaciones de boricuas orgullosos criados en la diáspora, las Jennifer López, los Lin-Manuel Miranda, los Larry Ayuso y los Víctor Cruz de la vida, se ha abrazado el uso cotidiano del spanglish y del español con acento del inglés.

Como explicó el doctor José Luis Vega, director de la Academia de la Lengua Española en Puerto Rico, en entrevista en el programa Agenda de Hoy, los idiomas están en constante evolución y no son los académicos los que lo deciden, si no los hablantes.

Por eso si mi Dude cuando sea mayor continúa con sus palabras boricuas, mezcladas con las de España, El Salvador, México y con su acento de ‘español neutro’, no sentiré nada más que orgullo.

Porque nada más emocionante y hermoso que escuchar a la bella, medallista de oro, Mónica Puig, agradecer en su buen español, con acento del inglés, a su pueblo por todo el amor y atenciones.

Sé que aún no puedo cantar victoria, que la enseñanza del español boricua será una dura batalla diaria por el resto de la vida o por el tiempo que nos quede en el exilio. De igual modo, ahora me siento segura y comprometida con que se puede lograr, que hay que dar la lucha y resistir.

La Universidad: un curso de resistencia

Un golpe sobre otro golpe. Sin explicación. Nunca antes en su historia, la Universidad de Puerto Rico se había enfrentado a una crisis más complicada que la actual. Cuando se supo que la Junta de Control Fiscal exigía un recorte de 300 millones de dólares en el presupuesto de la institución, nadie supo decir cómo se había llegado a esa cifra, con qué criterios, por cuáles razones. No hubo el más mínimo intento, ni de la Junta ni del gobierno, por aclarar ante la sociedad o la comunidad universitaria de dónde salían tales cifras. En lugar de abrir un diálogo racional, el ritmo de la agresión daba otro paso y destapaba un recorte mayor. Entonces se habló de 450 millones. Tampoco hubo ningún intento de explicación. Pero la borrachera de poder siguió su curso: ahora se ha establecido una reducción escalonada hasta alcanzar la cifra de 512 millones para el 2025.

No hace falta mucho análisis para captar que con una agresión así la UPR no quedará de pie tal como la hemos conocido. Por esta razón no es una exageración decir que se ha puesto en marcha un plan de destrucción de la Universidad como institución pública. Este proceso de destrucción, debe entenderse, conlleva eliminar o transformar cualitativamente unos espacios imprescindibles para la libertad de pensamiento, para la disidencia y para el desarrollo de la imaginación creativa, a todos los niveles. Cuando se pretende golpear con tanta saña una institución de educación pública de la magnitud de la Universidad de Puerto Rico, las consecuencias serán enormes, tanto a nivel económico como cultural, si este ataque no se detiene.

Pero debemos tener las cosas claras. El ataque a la Universidad se manifestó temprano y no es algo aislado. Forma parte de una estrategia dictatorial, encarnada por la Junta de Control Fiscal. La política agresiva de austeridad, que será abarcadora e implacable contra todo el pueblo, se ha destapado primero contra la Universidad. ¿Por qué? Derrotada temprano su resistencia, el camino de la Junta se hará más fácil en el resto del país. Es evidente que este episodio de confrontación tendrá una repercusión de gran alcance. Su resultado se dejará sentir por todo el tejido de la sociedad.

Ante una situación tan compleja no tiene sentido la pasividad. Frente a la imposición, sin asomo de diálogo, tampoco tiene sentido no reconocer que la situación impone audacia. La Universidad pública nunca había estado frente a un peligro de esta naturaleza en toda su historia, así como el pueblo de Puerto Rico, en su historia moderna, no se había enfrentado a una crisis de esta envergadura. Si entendemos la complejidad de esta situación, cuando se manifestó abiertamente la agresión contra la Universidad, era imprescindible actuar. Hubo varias semanas para ponderar a fondo la dimensión del ataque. Sin embargo, hay que decir con honestidad el resultado: la única fuerza que desde el comienzo manifestó su disposición de poner en marcha acciones de resistencia fueron los estudiantes. Y debo destacar un hecho evidente: esa lucha efectiva ha tenido, en gran medida, un rostro femenino. Para comprender la dificultad que enfrentaron debemos empezar por el interior de la institución. El personal docente estuvo dividido ante la posibilidad de una huelga estudiantil. Un sector considerable atacó la huelga insistiendo en que era un error cerrar la Universidad porque se colaboraba con las intenciones de la Junta.

Muchos exponentes de esta posición encontraron terreno fértil y acogedor en los medios masivos de comunicación. Algunos de ellos, contra toda la evidencia histórica mintieron con la afirmación de que ninguna huelga había rendido resultados positivos. Durante los primeros días y semanas, los estudiantes enfrentaron dos fuerzas adversas: 1) un gobierno insensible que manifestó una docilidad vergonzosa ante las imposiciones de la Junta, y 2) unos medios de comunicación (radio, televisión y periódicos) que pretendieron aislar la huelga de la opinión pública y derrotarla. Mientras esto sucedía, los estudiantes manifestaron una idea que fue ganando terreno: el cierre de la Universidad era el proyecto de la Junta y del gobierno, de ambos, y la huelga inicial del Recinto de Río Piedras lo que hizo fue comenzar a abrir el debate de la Universidad en todo el país. Frente a una embestida hostil de los medios, apostaron a la democracia en una asamblea nacional de todos los recintos que tuvo una asistencia de más de 10,800 estudiantes. El resultado fue un voto que amplió la huelga a ocho recintos. Después de esta concurrida asamblea nacional, el Recinto Universitario de Mayagüez tuvo otra asamblea con una asistencia impresionante y también se unió a la huelga.

La extraordinaria ampliación de la huelga, las movilizaciones estudiantiles, la protesta llevada a diferentes lugares del poder financiero que pretende destruir la Universidad, ha tenido efectos de notable alcance. El estudiantado en acción, presente en la calle y en los medios, ha logrado un cambio considerable en la opinión pública. Un aspecto significativo de esta transformación se relaciona con la amplitud de miras del movimiento estudiantil. Con su presencia y su militancia han penetrado la opinión pública exigiendo la auditoría de la deuda. El país cada día entiende mejor la necesidad de saber cómo se obtuvo el dinero adeudado y cómo se gastó. Los estudiantes no han cerrado la Universidad pública. La han llevado a la calle con una energía extraordinaria. En varias ocasiones han manifestado su protesta frente a un Capitolio podrido que legisló para eliminar la posibilidad de hacer una auditoría de la deuda y trabaja en cuartos oscuros contra el pueblo.

El estudiantado ha hecho generosamente su tarea. Ha logrado mover a muchos administradores a oponerse y resistir los designios de la Junta. Ha recibido el apoyo de amplios sectores docentes y de otros sectores de la comunidad universitaria. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y otros sectores docentes organizados, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y otras organizaciones se han sumado al esfuerzo estudiantil. También lo han hecho múltiples organizaciones externas a la Universidad.

Pero hace falta más, mucho más, para detener la Junta de Control Fiscal y al gobierno. El ataque a la Universidad no es algo aislado. Viene unido a la reforma laboral ya aprobada por la legislatura para eliminar derechos adquiridos, viene unido a la imposición del empleador único, a los recortes en los sistemas de retiro, a todos los intentos de dejar totalmente desarmado al pueblo trabajador y al establecimiento de la incineradora en Arecibo. La lucha universitaria, hoy por hoy, encarna la vida de resistencia de Puerto Rico. No debe existir en torno a ella ni un vacío laboral ni un vacío de pueblo. La Junta de Control Fiscal y el gobierno que la apoya, se pueden derrotar. Pero exigirá una amplia unidad para lograrlo. Un buen momento para comenzar a dar pasos en esta dirección podría ser el primero de mayo. Por encima de cualquier división interna, debe estar la convergencia de fuerzas, el llamado a todo el pueblo que ahora sufre y sufrirá mañana, para establecer una unidad de propósito: derrotar la Junta de Control Fiscal y al gobierno de conducta colonial a su servicio. Solamente unidos el éxito es posible.

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