CLARIDAD

Durante la reciente campaña primarista Jennifer González hizo todo lo posible por desligarse de Luma Energy proyectando hacia su contrincante, el gobernador Pedro Pierlusi, la responsabilidad plena por el contrato otorgado al consorcio en junio de 2020. Ni ella ni su partido, que controlaba gobernación y Legislatura en aquel momento, querían asumir alguna cuota de responsabilidad por una decisión que tan desastrosa aparece ante los ojos de la ciudadanía. Aunque se cuidó de nunca pedir la cancelación del contrato, en varias ocasiones lanzó ataques a Luma tratando de ponerse en sintonía con la gente que sufría los apagones.

A juzgar por el resultado de la primaria la estrategia de González surtió efecto, aun cuando entre la militancia del PNP la indignación por las ejecutorias de Luma no está tan extendida como en el resto del pueblo. (En las redes sociales los pocos que defienden a Luma o tratan de minimizar su debacle son siempre miembros de ese partido.) Ahora, de cara a las elecciones generales de noviembre, cuando para ganar necesita votos de muchos sectores fuera del corazón partidista, ¿podrá tener el mismo éxito desligándose de Luma?

No hay duda de que la empresa privatizadora y los apagones serán uno de los temas centrales en la campaña electoral que apenas comienza. Aun cuando no nos visite una tormenta o que Luma se esmere en evitar apagones en los próximos cuatro meses la indignación generalizada no disminuirá en tan corto tiempo. Más que disminución, lo lógico será esperar que aumente porque la electricidad es ahora mismo el servicio más importante para la vida de la gente. Además, según se desprende de sus últimos actos, todo indica que a la nueva gerencia de la privatizadora, con el salvadoreño Juan Saca como principal figura, le importa muy poco que esa indignación se mantenga o aumente porque se sienten muy seguros con un contrato a 15 años al que le restan 11. En la reciente crisis que afecta a un grupo de pueblos del suroeste del país, en lugar de dorar la píldora como hubiesen querido los jerarcas del PNP, Saca optó por echar sal a las heridas. Con los ciudadanos agobiados, requiriendo acción inmediata, dijeron que se tomarían más de un mes en atenderlos. Luego reclamaron un aumento de tarifa y amenazaron con detener los trabajos de mantenimiento si no los complacen.

Ante ese cuadro, debemos esperar que los publicistas y directores de campaña de la candidata del PNP busquen afanosamente la manera para tratar de desligar a González de Luma, pero la tarea será difícil. Tratarán de explotar la supuesta lejanía de la comisionada residente mientras en la administración de su colega Ricardo Rosselló se cocinaba el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ese distanciamiento no existía. Ella fue en todo momento parte de aquel proceso y no sólo aprobó la selección de la entidad agraciada con el contrato, sino también la política de privatización. Fue el PNP de Jennifer González, controlando el Ejecutivo y la Legislatura el que, en sintonía con la Junta de Control Fiscal, decidió acoger la privatización de servicios públicos como una política central de su administración de gobierno.

Esa política neoliberal que González, como buena “trumpista” comparte, es el origen de todos los males. Y cuando a esa visión se añade la incompetencia administrativa, complementada con una buena dosis de corrupción, el resultado es el desastre.

La política de borrón y cuenta nueva implementada llevó al desmantelamiento de una estructura creada a lo largo de décadas mandando, de paso, a cientos de trabajadores diestros a un retiro obligado. Simultáneamente, junto a ese absurdo desmantelamiento de la estructura operativa de la AEE, se procedió a seleccionar a una entidad sin capacidad para la tarea que se le encomendaría. La supuesta experiencia en sistemas eléctricos que tenía la principal compañía matriz de Luma, la canadiense ATCO, se limitaba a una provincia de su país, Alberta, que apenas tiene 16 habitantes por milla cuadrada en un entorno geográfico absolutamente distinto al nuestro. Esa selección solo se explica como el producto de una mentalidad colonizada que sobrevalora lo extranjero y subestima lo propio en cualquier circunstancia.

La comisionada residente Jennifer González fue parte de ese proceso concebido por el gobierno de su partido y autorizado por la Legislatura que también controlaban. Ahora, en su desesperación por desligarse de la debacle puede que, inclusive, se atreva a decir que “buscará la manera” de cancelar el contrato Luma si llega a la gobernación. Pero esos esfuerzos difícilmente prosperarían si sus contrincantes logran que el desastre energético se convierta, como debería ser, en el tema más importante de la campaña electoral. Ese desastre, producto del neoliberalismo y la incompetencia, es el mejor retrato del bipartidismo que intentaremos dejar atrás el próximo noviembre.

Llaman a Salud a no minimizar la epidemia del dengue. Mientras, los contagios del COVID-19 reflejan también un alza considerable.

CLARIDAD

Mientras las epidemias del dengue y COVID-19 reflejan un aumento, una experta en epidemiología cuestionó la respuesta de la agencia que tiene el deber constitucional de desarrollar estrategias para proteger la salud del pueblo.

En lo que va de año, ha habido 1,510 casos acumulados de dengue; es decir, que en solo cinco meses se ha superado el total de casos de 2023. La cantidad de contagios ha estado por encima de lo esperado, comparado con el promedio de años anteriores.

«Desde la mitad de enero, el Departamento de Salud tiene datos de los casos de dengue que han sido informado y sabe que por cada caso informado hay muchísimos más que no son informados. La importancia de alertar a la comunidad es para que tanto los médicos, las salas de emergencia y el público en general sepan que hay más casos de los esperados y puedan prevenir una nueva infección o consecuencias severas de dengue», observó la epidemióloga Cruz María Nazario a CLARIDAD.

De hecho, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado de que, en la región de las Américas, se ha experimentado un incremento en la transmisión del dengue de 157 % en comparación al mismo periodo de 2023 y de 225 % con respecto al promedio de los últimos 5 años.

La OPS advierte que esta propagación se puede deber al aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos, además del fenómeno de El Niño, así como las condiciones de vivienda precarias y servicios de agua y saneamiento insuficientes.

La presencia simultánea de cuatro serotipos de dengue en la región aumenta el riesgo de sufrir síntomas graves y muerte, pues el riesgo aumenta cuando la persona se infecta por segunda o tercera ocasión con un serotipo diferente al que se había infectado anteriormente.

El secretario de Salud, Carlos Mellado López, decretó una emergencia por dengue mediante orden administrativa firmada el 25 de marzo. Sin embargo, los informes de vigilancia de la agencia dicen que la situación es «estable comparado con las semanas anteriores». La experta consultada observó que es un lenguaje contradictorio y que minimiza la emergencia de salud pública.

«Parece irónico que el Departamento de Salud describa la tendencia de casos nuevos de dengue como estable. Me parece una forma de minimizar que tenemos una epidemia de dengue, que continúan los casos y que no hay señales de una tendencia de disminuir», expresó Nazario.

Salud informó a CLARIDAD que para el año en curso ha invertido $1.9 millones en asperjación, uso de larvicidas, campañas de concienciación, inspecciones, adquisición de equipos y adiestramiento de personal involucrado con el control de vectores. Además, solicitó un total de ocho puestos adicionales de inspectores de control de vectores y, para el próximo año fiscal, tienen presupuestado $1 millón anual para reclutar 41 trabajadores de vectores.

La epidemióloga Idania Rodríguez indicó que, de todas las estrategias, la asperjación ha probado ser inefectiva porque la mayoría de los mosquitos se encuentran al interior de las residencias o edificios, lo que aumenta la necesidad de educación comunitaria y prevención.

Desde 2016, los fondos que tienen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para controlar la propagación de infecciones arbovirales se dirigen a la Unidad de Control de Vectores, adscrita al Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación (FCTI). Esta unidad se estableció en 2016 —cuando existía la amenaza del virus del Zika— a petición de los CDC. La agencia federal aportó entonces $13 millones para su creación y se ha mantenido financiando sus operaciones. Al momento de nuestra publicación, el FCTI no había contestado una petición de entrevista de este rotativo.

Salud aseguró que ha usado $260,000 en campañas educativas sobre el dengue. En el portal y las redes sociales de la agencia tienen unos artes relacionados con el dengue que se limitan a recomendar el uso de repelente y la eliminación de criaderos. Otro afiche promocional dice: «Sin mosquitos no hay dengue».

La promoción de la vacunación Dengvaxia ha sido escasa. La FDA aprobó su uso en Estados Unidos en 2019, pero las autoridades la hicieron disponible en 2022, después de que los CDC recomendaran su uso en niños de entre 9 a 16 años que habían sido infectados previamente. La fabricante francesa Sanofi-Pasteur anunció, recientemente, que estaría descontinuando la vacuna, según los avisos públicos que publicaron los CDC y el Departamento de Salud en sus portales web.

Este medio hizo un esfuerzo por contactar a la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán, a través de la Oficina de Comunicaciones de la agencia, pero al cierre de edición no estuvo disponible. La doctora mencionó al Centro de Periodismo Investigativo que sus esfuerzos están enfocados en visitar las comunidades y adiestrar a promotores de salud comunitaria, cosa que han estado haciendo semanalmente desde febrero.

Sin embargo, Mellado López eliminó, en 2022, el requisito que tenían los médicos de tomar cursos sobre medidas de control de infecciones para obtener la licencia profesional. En otra orden administrativa, reveló que la política pública de la administración es reducir la cantidad de cursos obligatorios, y que, en vez, sea la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica la que diseñe los cursos que sean aplicables para cada especialidad.

Alza en casos de COVID-19

A partir de junio de este año, el nivel de transmisión comunitaria por COVID-19 está calificado como alto, con 135.6 casos por cada 100,000 habitantes.

Las pruebas positivas superan las 13,500, la cifra más alta desde diciembre de 2022, según la base de datos publicada por el profesor de Estadística Aplicada en Harvard, Rafael Irizarry.

El porciento de pruebas positivas está en 43.9 % con relación al total de pruebas realizadas, lo que supone la cifra más elevada en Puerto Rico desde que se decretó la pandemia en marzo de 2020. Sin embargo, las prácticas y recomendaciones para la realización de pruebas han cambiado durante ese período. Por ejemplo, el total de pruebas realizadas ronda las 39,000, una cantidad muy limitada en comparación a las más de 100,000 realizadas en las etapas más tempranas, revela la misma herramienta.