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En política pública se puede definir la corrupción como la toma de decisiones en que se abusa del poder para beneficio privado, se toman decisiones que van en contravención de unas formas legales, sociales, de formas culturales que tiene un país.

“No siempre hay que presumir que se violó una ley para que ocurra un acto de corrupción, puede haber corrupción ilegal y corrupción no ilegal”, describió el economista Iyari Ríos, al analizar lo que es corrupción gubernamental frente al escenario de acusaciones y denuncias entre el ahora ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Secretario de la Gobernación que han provocado investigaciones judiciales, dos por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) y una investigación senatorial. Apuntó a que hay diferentes maneras en que el aparato gubernamental legaliza acciones no legales. Un ejemplo reciente dijo de esta administración fue la intención de aprobar una normativa para legalizar las casas de la Parguera, algo que era ilegal.

El economista que también estudia la corrupción gubernamental señaló que existen diferentes teorías que permiten explicar los motivos que podría tener una persona para realizar un acto corrupto. En el caso concreto de Francisco Domenech indicó que como secretario de la gobernación, la gobernadora Jenniffer González, aprobó una Orden Ejecutiva que le otorga unos poderes extraordinarios que le concentran una serie de facultades, un amplio poder de discreción para tomar decisiones sobre una amplia cantidad de asuntos. Ese amplio nivel de discreción lo coloca en una posición para poder beneficiarse él o la su antes corporación Politank.

Describió que el amplio poder de discreción otorgado a este funcionario sobre las cosas que puede hacer y que a la vez no tiene que rendirle cuentas a nadie es un escenario idóneo para beneficiarse económicamente. En ese sentido se puede visualizar que las vistas que está llevando a cabo el Senado, sobre son una forma de que el secretario de la gobernación rinda cuentas sobre las acciones que está tomando.

Un aspecto que dijo era importante señalar es que en términos históricos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico ha existido una relación muy estrecha entre lo que podríamos llamar las elites económicas y las instituciones gubernamentales desde las cuales se ejecutan políticas públicas para intereses económicos. Esa relación entre las elites políticas y económicas, incluso en ocasiones incluyen la relación de apellidos.

Cuando se logra una articulación entre las decisiones gubernamentales y los intereses de los grupos de poder puede ocurrir una perdida de autonomía del gobierno para la formulación de políticas publicas. A ese fenómeno en la literatura se le conoce como la “captura del estado”. Ejemplos de esa captura del estado que podemos estar percibiendo en Puerto Rico en estos momentos son los proyectos de reforma de permisos, y el proyecto PC 115 para eliminar la Ley de Salario Mínimo.

Otro hilo de corrupción que podemos observar es el tema del cabildeo empresarial. No dejo pasar por alto la firma de cabilderos Politank representó a acreedores de la deuda de Puerto Rico y su contrato establecía que el beneficio que iba a derivar Politank iba a ser mayor en la medida que el recorte a la deuda fuese menor y por lo tanto que Puerto Rico tuviese que pagar más y ahora el que era su dueño es el secretario de la gobernación.

En lo que respecta a los entes fiscales, Ríos, advirtió a que es menester traer a colación el que por un lado la propia captura del estado podría implicar que en dichos entes fiscalizadores se coloquen a personas para que su función sea facilitar, permitir, o por lo menos a que no fiscalicen ese tipo de comportamiento. También se puede dar el debilitamiento institucional, cosa que ha ocurrido en el país como resultado de las políticas de austeridad de las pasadas dos décadas y que ha reducido la cantidad de recursos no solo en presupuesto, sino en personas, que imposibilita que puedan cumplir sus funciones de forma adecuada. En esa línea expresó que un planteamiento medular en esta coyuntura que vive el país es la necesidad de fortalecer las instituciones existentes para que puedan llevar a cabo sus propósitos.

“Esto es un asunto de relevancia para el país porque estas practicas por un lado provocan una perdida de eficiencia gubernamental y por otro lado precariza las condiciones de vida. En la medida en que recursos públicos deberían destinarse a necesidades colectivas como salud, educación vivienda se redirigen para atender los intereses de unos grupos en especifico, estas practicas afectan la estabilidad institucional, laceran la credibilidad del gobierno y la confianza de la ciudadania en sus instituciones y funcionarios”.

Las limitaciones impuestas por las aseguradoras afectan todo el andamiaje sanitario

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Ante la reaparición del DENV-03– un serotipo del dengue que estuvo ausente por más de 20 años en el país– el Departamento de Salud aseguró estar preparado ante cualquier posible brote o alza de hospitalizaciones, una postura que, de acuerdo con presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, no se alínea con el estado de los pacientes, del sistema hospitalario ni la problemática que miles de proveedores de salud enfrentan con las empresas aseguradoras.

Al doctor Carlos Díaz Vélez no le sorprende el resurgimiento del DENV-03. Explicó, en entrevista con CLARIDAD, que las bacterias y los virus, con el tiempo, cobran mayor resistencia ante tratamientos virales y antibacteriales. Del mismo modo, el sistema inmunológico humano aprende mejor a defenderse de ciertas cepas de enfermedades, provocando una disminución en la incidencia de casos.

“Estamos combatiendo el dengue, estamos tomando todas las medidas, y él va a encargarse de mutar, de hacer ciertos cambios en su genética y organismo para sobrevivir y adaptarse. Estamos ante la realidad de que eso va a seguir ocurriendo con el dengue y otras condiciones. Por eso ahora se advierte sobre el uso excesivo de los mismos antibióticos, porque el cuerpo crea resistencia a ese tratamiento y se vuelve menos efectivo”, abundó el cardiólogo cirujano.

Díaz Vélez enfatizó en la importancia de habilitar mallas protectoras en los hogares, mosquiteros en las habitaciones, vigilar continuamente las aguas empozadas y aplicar otras medidas de prevención ante el dengue, que se contrae con la picada del mosquito Aedes aegypti. A juicio del presidente del gremio más grande de doctores quirúrgicos, la postura oficial de Salud no reconoce el riesgo que representaría un brote de dengue.

“La realidad no es así. El sistema de salud está en un descalabro. Los hospitales están trabajando con muchas limitaciones, uno ve cómo siguen cerrando hospitales y la mayoría está trabajando sin presupuesto, tirando la casa por la ventana. No hay cambio alguno. No sé cómo se atreven a decir que todo está bien cuando aquí no ha habido ni una legislación ni una medida de Salud para hacer cambios reales”, aseveró.

Para el galeno, las compañías aseguradoras “siguen controlando y siendo dueñas del sistema”, interfiriendo en el criterio médico con determinaciones que buscan “economizar” el gasto por paciente. En muchos casos, las discusiones entre el equipo médico y la empresa redundan en el tipo de camilla o el medicamento que puede pagar la aseguradora, muchas veces optando por opciones genéricas o menos costosas.

“En la medida en que haya asuntos de corrupción, noticias impactantes, noticias que son de chismes, de todo esto que está ocurriendo en el gobierno, el tema de salud pasa a un segundo plano. Tenemos un Medicaid que está cerca a finalizar el año que viene. Estamos en situaciones serias en Puerto Rico y no se toman decisiones de nada. No hay proyectos en beneficio de los médicos, que busquen retener los médicos graduados. ¿De qué estamos hablando? Esto va empeorando cada día y los servicios se atrasan más”, agregó Díaz Vélez.

De acuerdo con el presidente, el estado de los hospitales puede provocar retrasos en diagnósticos, tratamientos y complicaciones en la condición de los pacientes más vulnerables. Las limitaciones de las aseguradoras llegan al punto en que, para ciertos casos, eliminan al doctor de la cubierta por incumplir con criterios burocráticos y dejan a los pacientes sin proveedor.

“Va a morir gente por la incapacidad del sistema”, cuenta el doctor.

No hay plan de contingencia si eliminan fondos Medicaid

 El Plan Vital– el sistema que cubre a más de 1 millón de pacientes– representa más del 70% de todos los gastos médicos en el país. Una reducción o eliminación en estos fondos, advierte Díaz Vélez, supondría una “estocada de muerte” para el sistema de salud de Puerto Rico. Para el portavoz de la clase médica, el peligro estriba en la posibilidad de que miles de pacientes pierdan su plan médico y se estanquen los procedimientos.

“Esto va a ser una debacle, un shock. Mucha gente va a dejar de recibir servicio, mucha gente va a tener que salir del plan vital, los atrasos van a empeorar y muchos médicos van a cerrar sus prácticas. Vamos a caer en un estado comatoso si Medicare no se atiende ni se garantizan los fondos”, comentó.

Aunque Díaz Vélez reconoció que, comparado a otras jurisdicciones en los Estados Unidos (EE UU), existe una desigualdad de fondos de Medicaid, arremetió contra la precariedad del sistema porque “hay dinero de más” corriendo para operar el sistema. Con gastos millonarios en publicidad, ofertas que no guardan relación con tratamientos médicos y hasta clínicas ambulatorias con sus propios doctores, el presidente del Colegio de Médicos criticó el despilfarro de fondos.“¿Qué rayos hacen las aseguradoras ocupando el espacio de los proveedores haciendo clínicas ambulatorias para los pacientes? Eso es duplicidad y triplicidad de gastos. Si no hay dinero, no puedes malgastar el dinero. Usar el dinero que tienes en lo necesario: los servicios de salud. No estar haciendo cosas para después decir que no hay dinero”, dijo.

Con un promedio de edad de 55 años, los médicos del país enfrentan este escenario sin un relevo generacional que pueda atender, a largo plazo, la cantidad de pacientes registrados en el sistema. Díaz Vélez atribuyó la falta de una sucesión en edad por las condiciones austeras en que deben trabajar los doctores recién graduados del país, particularmente la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

“No se toman medidas para favorecer a los médicos que se forman en Puerto Rico. El gobierno no es facilitador, no reduce la cantidad de documentos requeridos, de plazos necesarios. Siguen con la misma visión de pedir documentos en medio de esta situación, y no hay un proyecto de ley que enmiende esto. No hay proyectos que busquen disminuir la cantidad de documentos. Seguimos con los obstáculos”, añadió.

Para Díaz Vélez, este gobierno no tiene la voluntad para enmendar las condiciones del sistema de salud. Entre escándalos de corrupción, peleas internas entre el partido de turno y una política pública que privilegia a las aseguradoras, el presidente del Colegio de Médicos continúan preocupado por la capacidad del sistema de salud para enfrentar episodios extraordinarios como una epidemia u otro cierre de hospital