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Ante un escenario en que, para el  31 de octubre de 2025, el Observatorio de Equidad de Género había documentado 54 feminicidios, 17 de ellos íntimos; 95 intentos de feminicidio y 50 mujeres y niñas desaparecidas, más de una centenar de organizaciones feministas conmemoraron el 25 de noviembre el Día de no más violencia contra la mujer.

La actividad, auspiciada por el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAPR) y su Comisión de la Mujer, María Dolores Tati Fernós, reunió en las escalinatas de la sede del Colegio a activistas y portavoces de las diversas organizaciones  para leer una declaración en la que se destacó el origen de la fecha, la trayectoria de su divulgación y la acogida por el movimiento feminista en Puerto Rico.

La presidenta del CAPR, licenciada Vivian Godineaux Villaronga, resaltó que este 25 de noviembre se cumplen 65 años de que las hermanas dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueran acechadas y asesinadas por el sanguinario dictador Rafael Leonidas Trujillo.“Los feminicidios de Las tres mariposas, como las conocía el pueblo, no hicieron más que arreciar la lucha popular que culminó con el ajusticiamiento del repudiado gobernante. Se trató de un brutal acto de violencia de género institucional, pero también de venganza contra Minerva, la mayor de las hermanas, quien había rechazado los acercamientos sexuales del gobernante”.

La declaración del 25 de noviembre como el Día de no más violencia contra la mujer fue adoptada en el primer Encuentro Feminista Latinoamericano, celebrado en Bogotá en julio de 1981. La delegación de Quisqueya presentó la propuesta, la cual fue aprobada.  En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución para oficializar la conmemoración a nivel internacional. Puerto Rico ya había aprobado la Ley 18 sobre el particular en el 1987.

La licenciada Olga López  resaltó que Taller Salud fue la primera organización en visibilizar la fecha, tras su regreso del encuentro. Una de sus acciones fue pintar un mural sobre la violencia en contra de las mujeres en Río Piedras. “Taller Salud, la organización feminista activa más longeva en nuestra patria, continúa reivindicando el derecho de las mujeres a vivir en paz y libres de violencia desde Loíza”.

En tanto, la profesora de Derecho Yanira Reyes destacó que Puerto Rico fue pionero al establecer el primer albergue para sobrevivientes de la violencia doméstica, no solo en aquí, sino en América Latina: la Casa Protegida Julia de Burgos. “Hoy, 46 años después, Casa Julia continúa firme, activa e innovadora en su misión de salvar vidas y proveer servicios esenciales a las mujeres que enfrentan la violencia, y sus familias, por lo que las reconocemos en esta actividad”.

El movimiento feminista en la isla, bajo la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), logró que el 17 de agosto de 1987 se aprobara la Ley 54, Ley para la prevención de la Violencia Doméstica, la cual establece delitos tipificados y remedios legales de protección. Además logró que se impulsara la prevención mediante la educación. La medida, que recibió el respaldo de la entonces senadora Velda González, fue fundamental. Hoy CPM es la Coalición Puertorriqueña Contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual de Puerto Rico y agrupa a más de 40 organizaciones, que luchan en contra de la violencia machista y a favor de la equidad de género.

Entre las organizaciones presentes estuvo el Centro de la Mujer Dominicana (CMD), el cual combate la violencia machista que sufren las sobrevivientes migrantes que viajan a Puerto Rico de diferentes naciones, pero en especial, de La Española, en busca de mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.

Carol Sosa Santiago, miembro de la Comisión de la Mujer del CAPR, se expresó sobre el CMD: “Con la mariposa en su emblema, la resonancia con la lucha de las hermanas Mirabal en contra del tirano de su patria está viva en el trabajo del Centro en tiempos de Donald Trump, que se ha ensañado con la población migrante, por lo que tiene un valor particular y necesario. Además de la violencia por género, las mujeres que el Centro atiende reciben también la persecución institucional del Gobierno federal. El manto protector de sus derechos humanos y de acceso a la justicia que les ofrece la organización, merece que lo distingamos en una fecha tan significativa como la de hoy”.

Como parte de la declaración, ante el panorama de situación de violencia que aún persiste en nuestra sociedad, las organizaciones presentaron cinco demandas dirigidas a la administración gubernamental:

Primero, la implementación de la educación con perspectiva de género dirigida a la erradicación de la ideología patriarcal que promueve los estereotipos y la subordinación de las mujeres, causa inmediata del discrimen y la violencia machista.

Segundo, el desarrollo de campañas publicitarias masivas y sostenidas, diseñadas a base de las experiencias de las sobrevivientes y de las organizaciones de mujeres defensoras de los derechos humanos que trabajan con la violencia de género.

Tercero, que se repudien las actuales políticas del Gobierno de Estados Unidos que penalizan y  restringen fondos a las ONG de mujeres que proveen servicios a las sobrevivientes de la violencia machista porque utilizan los criterios de diversidad, equidad e inclusión, puntales del respeto por los derechos humanos.

Cuarto, que el Estado incorpore en el presupuesto nacional partidas permanentes para las ONG que les proveen servicios a las sobrevivientes y sus familias.

Quinto, que  se establezca como política pública ajena al partidismo el respeto y la protección de las disposiciones constitucionales y de legislación que garantizan reivindicaciones fundamentales de las mujeres, como el derecho a la intimidad y a la no discriminación por criterio alguno, particularmente, por orientación sexual e identidad de género.

En un aparte con CLARIDAD, la presidenta del  Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico, Mery Dacosta, se expresó sobre cómo se recuerda esta fecha en la República Dominicana.

“Esta fecha es tan recordada, no solamente en la República Dominicana, sino que hoy esta actividad se dedica a este feminicidio, lo que significa que es una fecha internacional que marca lo que comenzó a ser el vuelo de Las Mariposas en la República Dominicana. Eso fue el inicio para el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonides Trujillo. Es una fecha que comenzó todo. No solo hacemos causa común, sino que nos sentimos comprometidos a mantenerla, a  recordarla, y sobre todo, que hagamos de esta fecha lo que es el compromiso en todas las organizaciones que luchan y velan por la libertad en el mundo”.

En conversación con la directora ejecutiva del CMD,  Romelinda Grullón, esta describió la situación actual de las mujeres emigrantes en Puerto Rico, no solo las dominicanas sino de otras nacionalidades debido a la política de deportaciones del presidente Trump. Dijo que el centro ha atendido a 39 mujeres de diferentes nacionalidades.

“Los arrestos, las amenazas, la situación emocional, económica ha sido un desastre, un estado de sitio y de tensión el que estamos viviendo. La política antimigrante del gobierno de Trump ha tenido unos estragos en nuestra comunidad terribles, no solo en la comunidad migrante, también se ve en la comunidad puertorriqueña, de atropello. Es una situación que no para. Todo lo contrario, cada día está mucho más punitiva y agresiva contra nuestra comunidad. Es bien difícil, es bien drenante”, expresó.

En veremos el delito  de feminicidio

Abordadas por este medio, la presidenta del CAPR, licenciada Vivian Godineaux Villaronga, y la miembro de la CM, licenciada Noeli Pérez, reaccionaron sobre la determinación de un panel del Tribunal Apelativo de declarar inconstitucional el delito de feminicidio en el Código Penal.

La presidenta del CAPR indicó que la determinación del Tribunal Apelativo es solo para el caso que cuestionó el término. De llegar el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR)  y este tomar una decisión,  esa es la que sentaría  precedente haciendo unas enmiendas específicas al Código Penal de esa definición específica en ese juicio.

“Ciertamente nos preocupa que se quiera invisibilizar la palabra feminicidio, porque es importante que se vea, que se apalabre, para que se conozca. De hecho, el propósito de esa enmienda en la ley es para que mas allá de un asesinato, se establezca que es un asesinato de una mujer, que tiene unas especificaciones”, explicó.

La licenciada Pérez agregó que habría  que ver si hay otros cargos, porque  muchas veces cuando hay una situación de violencia doméstica que culmina en un feminicidio puede ocurrir que haya otros delitos, por lo que entonces el caso continúa por esos otros delitos. “Muchas veces eso pasa con nuestras participantes, que a veces desestiman unos cargos, pero otros permanecen. Eso habría que ver lo qué está ocurriendo en este caso”.

Cuestionadas si sería más  difícil probar un caso de  feminicidio sin ese término, expusieron que cuando ocurre un feminicidio y ha habido maltrato previo,  bajo la ley actual se concluye que fue un feminicidio.

Sobre si la eliminación de feminicidio constituye un retroceso para  el movimiento de los derechos de la mujer, la presidenta del CAPR se expresó en términos de que no quisiera que el caso llegue al TSPR.    “Ciertamente eso fue una lucha que se dio, y logró que en la Legislatura se pudiera aprobar esa ley para poder incluir en el Código Penal ese aspecto del feminicidio. Y, ciertamente, sería una pena que se determinara lo contrario en el Tribunal Supremo.

La decisión del TA se emitió este 31 de octubre, según ha trascendido el  Departamento de Justicia, el cual es el único que como representante del Pueblo puede apelar dicha determinación, presentó la semana pasada una reconsideración al TA. Del tribunal no considerarla el caso queda ahí  y no habría que acudir al Supremo, señalaron las letradas.

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 El doctor en geopolítica Carlos Severino discutió las recientes tensiones libradas en la región

Hace unos días, el 24 de noviembre, el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos (EE. UU.), Dan Caine, visitó Puerto Rico y otros países de la región caribeña en medio de la tirantez que experimenta con Venezuela. Como consecuencia, portaaviones estadounidenses rondan las aguas limítrofes, equipos aéreos y marítimos rehabilitan las bases militares de la zona y un despliegue del poder militar ocupa todo el espacio posible.

El Gobierno de los EE. UU. justifica esta presencia por un supuesto régimen narcotraficante que opera desde Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro. La postura ha desembocado en la explosión de una decena de embarcaciones que, según la explicación oficial, corresponde a la mitigación del narcotráfico.

No obstante, para el experto en Geografía y exrector del recinto de Río Piedras, Dr. Carlos Severino Valdés, la historia de esta tensión requiere un hilo conductor más amplio.

“La verdad es que el Caribe siempre ha sido un área de mucho interés geoestratégico para los Estados Unidos, por lo menos desde finales del siglo XIX. Luego de eso, ha tenido distintos vaivenes, distintas manifestaciones. Recordamos muy bien los trabajos de un geoestratega importante de la seguridad nacional de los Estados Unidos, (Nicholas) Spykman… al Caribe Spykman le llamó ‘el Mediterráneo americano’”, explicó.

Y como el Mediterráneo, agregó, el Caribe comparte varios rasgos geopolíticos comunes. El exrector del primer centro docente del país lo describió como “una gigante bahía” que conecta Suramérica y Norteamérica. El académico también reparó en que durante la época de Spykman, el siglo XIX, se implementó la conocida Doctrina Monroe, que mantuvo la intervención estadounidense en la política latinoamericana.

“La visión hegemónica de los Estados Unidos en el hemisferio americano, desde los Estados Unidos hasta el sur, siempre ha sido muy importante, y el corazón de ese dominio ha sido, precisamente, el Caribe… Lo que estamos viendo es una reedición de la importancia del Caribe”, comentó.

Asimismo, opinó que el operativo Lanza del Sur — anunciado el 14 de noviembre por el secretario de Guerra, Pete Hegseth— supone una declaración “no muy abierta” con la intención de que los EE. UU. pueda influir nuevamente en las políticas del continente. El Caribe, en ese sentido, sería “la punta de la lanza”.

“Creo que está dirigido fundamentalmente a frenar el avance grande que han tenido, en la región suramericana y el Caribe, tanto China y Rusia. Está dirigido a volver a afirmar que esa región le pertenece a Estados Unidos, como lo habían dicho tanto tiempo atrás. Claro, esto plantea unos problemas”, salvó el geógrafo.

El primer problema radica en que China ha logrado cimentar relaciones sólidas e inversiones cuantiosas en América Latina. La confluencia de todos estos intereses, a su juicio, desluce la narrativa de que los EE. UU. quiera derrocar un narcorégimen en Venezuela.

“Esa narrativa no es creíble. Tiene muchas fisuras, tiene muchas fracturas, porque el discurso del narcotráfico ha estado presente por años, y ha sido totalmente de guerra contra el narcotráfico, y ha sido infructuoso. Particularmente en Colombia, que ha sido el corazón de la producción y la exportación de cocaína, (los EE. UU.) tiene siete, ocho, nueve bases militares allí. Con eso no ha logrado lastimar el mercado de drogas en los Estados Unidos”, aclaró..

De acuerdo con el diario digital antioqueño Nación Paisa, en Colombia no existen bases militares oficiales de los Estados Unidos. No obstante, el país norteño sostiene una amplia presencia que incluye “asesoramiento, entrenamiento, mantenimiento de equipos, labores de inteligencia y apoyo logístico en operaciones antinarcóticos” en siete bases que, para algunas personas, llevan el apodo de “cuasibase”, según la página del medio.

Por otro lado, Severino Valdés lamentó los ataques “desgraciados” en contra de lanchas que navegaban por el mar Caribe. Estas faltas de soluciones relacionadas con el narcotráfico le confirman que “Lanza del Sur busca reposicionar los Estados Unidos en América Latina” y, además, acercar el país al petróleo venezolano. Aun así, el descarta una ofensiva militar estadounidense.

“No tengo dudas de que una acción militar, como un desembarco o un intento de invasión     —que dicho sea de paso, Estados Unidos no hace una en la región desde hace más de 40 años— tendría la posibilidad de alterar políticamente la región. Creo que en Colombia y Venezuela no es descabellado pensar que se podrían recrear nuevamente las fuerzas armadas que desisten… Estoy hablando de las guerrillas”, compartió el exdirector de la Facultad de Ciencias Sociales.

Tanto en Venezuela como en Colombia pudieran surgir grupos armados que se atrincheren y formen una edición nueva de la lucha armada. Esta idea, aunque especulativa, tampoco resulta “descabellada” para el doctor Valdés, que considera que los cambios políticos del siglo complican aún más la idea de una intervención en América del Sur.

El académico explicó que, en ese sentido, “Estados Unidos tiene un grupo de apoyo histórico en la región, que el epicentro ha sido Colombia en las últimas décadas. Colombia, bajo Petro, ha ido convirtiéndose en una piedra en el zapato. Otro país que también tenía una relación estrecha con los Estados Unidos antes de la revolución ciudadana era Ecuador, donde había una base militar en la isla de Manta”.

Entre otros países históricamente alineados con los intereses de EE. UU., destacó a Paraguay, Bolivia, Perú y la Guyana, país que actualmente tiene una disputa territorial con Venezuela. De hecho, este recordó la postura pública de la general Laura Richardson, antigua comandante del Comando Sur, quien declaraba que “Estados Unidos tenía intención de reposicionarse en América Latina”.

Posibles desenlaces ante la presencia militar

Para el Dr. Severino Valdés, cada día que pasa sin que los EE. UU. emprenda un operativo o algún desembarco en el territorio venezolano disminuye la posibilidad de que realmente suceda. Primero, aseguró, porque la milicia estadounidense no tiene la fuerza para incursionar por tierra en Venezuela, a pesar de guardar una ventaja aérea y marítima.

“Estados Unidos necesitaría, cuando menos, 150,000 efectivos para que haya esa invasión. Hablo de soldados, de infantes de Marina que puedan hacer el desembarco. Y la cantidad de acumulación de fuerza correspondiente a eso no es de las características de los barcos que están allí… Allí no están los barcos anfibios que realmente se usan allí”.

Por eso, la tensión pudiera acabar en un ataque “quirúrgico” que impacte pistas aéreas ilegales, centros logísticos o fábricas de drogas que sostengan la narrativa de la guerra contra el régimen narcotraficante. Empero, Severino estima más probable que el Gobierno de los EE. UU. entre, por presiones ciudadanas e internas del Estado, a sentarse a negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro.

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El fascismo no se declara, es una estrategia que se va aplicando de gestión en gestión, de poco a poco. En el caso de Estados Unidos, en la administración del presidente Donald Trump, esa estrategia se ha  gestado, entre otras acciones, en su ataque a las universidades, a la población migrante, a las comunidades, a los medios de comunicación, en su guerra comercial y sus amenazas de invasión a otros países, expuso el veterano periodista Juan González, en su cátedra Libertades bajo amenaza: Libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de cátedra.

La presentación de González,  quien se identifica como un “auténtico nuyorican”, fue  auspiciada por la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios (APPU), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) Universi Coop y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en la Facultad de Estudios Generales del recinto de Rio Piedras, de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El conferenciante  ha dedicado la mayor parte de su vida al periodismo, cubriendo temas de política, economía, relaciones laborales y raciales, tanto en Estados Unidos y  América Latina como en otras partes del mundo. También ha sido historiador de la diáspora puertorriqueña. En términos académicos,  ha sido profesor universitario y, actualmente, es Senior Fellow, en el Great Cities Institute de la Universidad de Illinois, en Chicago.

Sobre ese ámbito universitario, expuso que al presente la relación de la universidad pública con el gobierno, con lo privado, con las comunidades que las rodean, se está transformando ante nuestros ojos; en la práctica, sin voz ni voto de los estudiantes, el profesorado, los residentes locales, ni siquiera de los administradores, que son los  principales interesados en dichas instituciones.

En menos de dos años, decenas de  universidades de EE. UU. han llamado a la policía para detener a estudiantes que protestan, han aplicado nuevas normas que restringen las reuniones públicas de libertad de expresión, han surgido comisiones del Congreso en Washington D. C., que han interrogado y amenazado a rectores de universidades, que han requerido que despidan a profesores disidentes y expulsen a estudiantes que participan en protestas pacíficas sin siquiera el debido proceso de ley, denunció. Los donantes privados han forzado la expulsión de rectores que consideran demasiado liberales o demasiado débiles. Cuando quieren combatir el antisemitismo, las agencias federales han cancelado de manera sumaria cientos de millones de contratos de investigación  universitaria y han  amenazado con  cancelar miles de millones más en la salud, las ciencias, incluso, humanidades.

Las autoridades federales han arrestado y detenido a un número pequeño pero creciente de estudiantes extranjeros de postgrado, cancelando sus tarjetas de residencia o visas de estudiantes y los han deportado, mientras que cientos de miles de estudiantes migrantes  asisten a clases cada día, con el temor de que ellos o sus familiares sean detenidos en las redadas.

“Los ataques han llegado con tal rapidez, que ha sido difícil seguirlos, y muchas personas han quedado  traumatizadas y sumidas en la depresión, y la desesperación por estos eventos”, expresó.

Para el periodista ancla del medio Democracy Now, gran parte de lo ocurrido cobra sentido cuando se mira más allá de la avalancha de decretos emitidos a toda velocidad por la administración Trump en contra de muchas de sus propias órdenes. No solo las universidades, sino el sistema judicial, su guerra arancelaria, cuyo objetivo es minar las naciones para someterlas, tanto de aliadas como de enemigas, más allá de amenazas de acciones contra otros países es “una especie de extraña creación del Destino Manifiesto en pleno siglo XXI”.  Más allá de todas las acciones económicas  unilaterales, incluso las amenazas de invasión a Estados soberanos como Venezuela y Colombia, el hilo conductor que define todos estos acontecimientos es el rápido deterioro del imperio de EE. UU., mientras las naciones y pueblos del Sur Global están creando un nuevo mundo multipolar. En ese aspecto, reconoció que la  República  Popular de China es la potencia económica emergente del mundo y ya es el socio comercial número uno de nueve naciones de América Latina.

Frente a esta realidad, tanto para Estados Unidos como para otros países occidentales coloniales capitalistas, el fascismo es la estrategia  del capitalismo monopolista en un esfuerzo desesperado de los sectores más reaccionarios de la clase alta para mantener el control cuando el sistema mismo se encuentra en una crisis económica que no puede resolver, apuntó.

De acuerdo con González, los nuevos movimientos fascistas se caracterizan en todas partes por una retórica antimigrante y de supremacía racial; defienden  la idea de alineación, primero, basado en relaciones sociales, el desmantelamiento del Estado democrático liberal a favor del control directo de los servicios públicos por las mayores empresas tecnológicas y el capital privado; el creciente militarismo y las guerras expansionistas y la represión de cualquier protesta dentro del país.

En el centro de todo esto se encuentra el ataque contra la comunidad migrante. En el caso de EE. UU., la mayoría de los medios de comunicación hacen pensar a los ciudadanos en una crisis migratoria y casi siempre se enfocan en América Latina. Observó que EE. UU. no es el único país que enfrenta una ‘crisis migratoria’, sino que todos los países industrializados de occidente enfrentan la misma situación, legado del coloniaje.

Mientras tanto, la nueva tecnología permite a los capitalistas más ricos del mundo controlar los pensamientos de miles de personas, llegando incluso a soñar con generar guerras sin depender de seres humanos. El veterano periodista apuntó a que el principal problema para la libertad de expresión y la libertad de prensa hoy en día no radica en si el material que se produce sea censurado, sino en que hasta qué punto la información disidente o veraz será sepultada por las empresas tecnológicas que controlan, generan y difunden  la avalancha de contenido falso que se produce por la inteligencia artificial y que es consumida de manera inconsciente  por las masas.

¿Qué deben hacer entonces los periodistas, revolucionarios, las personas de conciencia contra este ataque fascista?, planteó  al público González. “Para empezar, jamás perder la esperanza. En las Panteras Negras y en los Young Lords siempre decían: “El espíritu del pueblo es más poderoso”, citó quien fue miembro de ambas organizaciones. Al respecto, destacó que todos los sistemas tecnológicos  dependen en última instancia de los seres humanos para su funcionamiento, por lo que recalcó la necesidad de la unidad, de la organización comunitaria y, de parte de los periodistas, insistir en la verdad.

Para González, no importa las medidas que este nuevo fascismo trate de implementar para aplastar y silenciar la libertad de expresión y la libertad académica. Millones de personas de conciencia en Estados Unidos y en Puerto Rico, así como en el resto de América Latina,  el Sur Global, seguirán su lucha por la verdad y por la justicia: “Estoy seguro: el espíritu del pueblo es más poderoso que la tecnología”.