Inicio Blog Página 81

Los nazis en Puerto Rico

 

En Rojo

 

En Puerto Rico el fascismo y el nazismo estaban a sus anchas. Desde el gobernador Blanton Winship hasta la Casa de España y el Casino el militarismo y el autoritarismo de derechas se veía con simpatía en aquellos años Treinta. Hitler y Franco adornaban las actividades sociales de peninsulares y el gobierno recibía buques con la enseña nazi en puerto.

Este es el caso de la visita del crucero alemán, Meteor. El Mundo así lo reseñaba el jueves 10 de febrero de 1938. Las “Sociedades Españolas de Puerto Rico” habían obsequiado con vino de honor a la oficialidad y a los “hombres de ciencia” que viajaban en la nave. Don Manuel Gómez López, vicepresidente de la Casa de España, levantó su copa para brindar por el “Honorable comandante Hain (…) como prueba personal de afecto hacia vosotros y de simpatía de nuestra patria a la vuestra”. Las imágenes reproducidas en los periódicos de la isla, en la revista Puerto Rico Ilustrado muestran el ágape en el que los más granado -es una broma- de la sociedad española e insular regalan sus mejores sonrisas a los invitados.

El Meteor no era un buque cualquiera. Se trataba de una embarcación para realizar estudios y mediciones hidrográficas. Con los resultados de esas investigaciones se realizaban cartas náuticas que permitían señalar vías navegables o aguas poco profundas. Sus oficiales eran militares. Dudo que estuvieran en la bahía de San Juan estudiando ecosistemas marinos o restos de naufragios aunque, ciertamente, estaba equipado con un sofisticado sonar. Quizás estoy prejuiciado. El Meteor se usó desde 1925 para investigaciones y cubrió más de 67,500 millas náuticas entre África y Sur América. Luego estuvo en las costas de Islandia y el Atlántico Norte hasta tomar rumbo al sur y recalar en Puerto Rico para esa simpática visita.

Lo que llama mi atención es que no estamos hablando de 1925, cuando el buque inicia su periplo, sino de 1938. Ya el espíritu de la época, en el que se incorporaba el antisemitismo, el racismo y el darwinismo social con propuestas científicas que explicaban prejuicios, estaba en boga. Ya era lugar común el culto a los héroes, y el régimen que equiparaba la seguridad y el bienestar económico al orden, la disciplina y el control social. Estamos hablando de 4 años después de La noche de los cuchillos largos (Nacht der langen Messer), una serie de asesinatos políticos para “depurar” el partido. Pocos meses después de la visita del Meteor ocurriría La noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en la que tropas de asalto atacaron a la población judía, las tiendas, comercios y sinagogas. Y nadie con un mínimo de cultura general desconocía que aún antes del ascenso de Hitler a Canciller de Alemania se establecía que los ciudadanos alemanes solo podrían ser “hermanos de sangre”. Los simpáticos oficiales del buque representaban a un estado en el que se habían proscrito los partidos políticos y había suspendido los derechos civiles constitucionales.

Entonces, ¿qué régimen era el nuestro? ¿Por qué no estaban proscritas en nuestra isla las celebraciones a Hitler y a Franco, cuyos retratos al óleo adornaban la Casa de España? Ciertamente, el gobernador Blanton Winship, veterano de la Guerra Hispanoamericana y de la Primera Guerra Mundial, no era ajeno a las ideas de control, orden y las masacres. Bajo su gobierno y bajo su dirección, ocurrieron las masacres de Río Piedras (1935) y Ponce (1937).

Por otro lado, la legislatura colonial no escapaba a una cierta impronta nazistoide. Nos alerta el amigo que en 1937, se promulga la ley 116 que promovía el control poblacional de Puerto Rico. Por supuesto, el énfasis estaba en la esterilización de mujeres, el uso ¡experimental! de anticonceptivos en mujeres de las clases populares.

En esta década el doctor Clarence Gamble utiliza clínicas de salud reproductiva con esos fines. Y están bastante bien documentados los experimentos hasta mediados del siglo pasado, durante la Guerra Fría.

¿Y el cariño a Franco? La comunidad española en Puerto Rico estaba dominada por la ideología fascista. Algunos puertorriqueños, no faltaba más, apoyaban al fascismo equiparando la tradición y herencia españolas con la falange. Sobre el particular puede leerse Volverán banderas victoriosas…”: Historia de la Falange en Puerto Rico (1937-1941)(San Juan, Publicaciones Gaviota, 2019), de Rafael Ángel Simón Arce. Sepan  que el fundador y director de la Orquesta Sinfónica de San Juan y de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, Arturo Somohano compuso, durante los primeros años de la Guerra Civil Española, un pasodoble titulado “Franco”. No se refería a los deliciosos brazos gitanos de Mayagüez. Estaba dedicado al Generalísimo Francisco Franco, dictador de España por la gracia de Dios y las armas. La letra la escribió Enrique Trigo, sobrino de el notorio coronel Orbeta, el asesino pichón de fascista que cumplió a cabalidad las órdenes de Winship que culminaron con la Masacre de Ponce. Porque sí, el retrato de Franco que adorna la Casa de España en aquella visita del Meteor, rinde culto al golpista cuya impronta llenó de fosas comunes a la Madre Patria de los fascistas locales. Pero además era, como hemos dicho, parte del zeitgeist.

En el plano cultural Eladio Rodríguez Otero, cabecilla -no pun intended- del falangismo durante y después de la guerra, fue propulsor de la hispanofilia más rancia, así como el anticomunismo. Más católico que Pio XI, entre sus más grandes proezas está el haber expulsado del Ateneo, que presidió hasta su muerte, a Nilita Vientós Gastón.

La presencia del fascismo y el nazismo en el Caribe es un asunto complejo. Algunos historiadores plantean que el impacto directo de estos movimientos totalitarios europeos en nuestra zona fue menor con relación a otras partes del mundo.

Durante la guerra, el Caribe se convirtió en un área estratégica para las potencias aliadas, especialmente para Estados Unidos. La proximidad geográfica a Europa y el control de rutas marítimas hicieron que la región fuera vital. Esto llevó a un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, lo que afectó la dinámica política local y limitó la influencia nazi directa en la región. Pero las ideologías son porosas.

La guerra sirvió como catalizador para el fortalecimiento de movimientos de resistencia en el Caribe. La lucha contra el nazismo y el fascismo se alineó con las luchas por la independencia y los derechos civiles en la región. Muchos caribeños vieron la guerra como una oportunidad para desafiar el colonialismo y las dictaduras locales, lo que llevó a un aumento en la conciencia política y la movilización social.

Sin embargo, habría que destacar que  durante la década de 1930, muchos países del Caribe, como Cuba y la República Dominicana, vivieron dictaduras y gobiernos autoritarios que, aunque no eran abiertamente fascistas, compartían ciertas características con estos regímenes. En particular, la figura de Rafael Trujillo en la República Dominicana es un ejemplo de un dictador que, si bien no se alineó formalmente con el nazismo, adoptó tácticas de control social y represión que resonaban con aquellos principios.

A pesar de la presencia de estas ideologías, o quizás resistiéndose a las mismas, muchos movimientos de resistencia y luchas por la independencia se fortalecieron durante este periodo, desafiando las narrativas totalitarias. El Caribe, históricamente marcado por la lucha contra la opresión colonial y la búsqueda de autodeterminación, se convirtió en un terreno fértil para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Por mi parte, insisto en que no olvidemos esa parte de nuestra historia. No sé si notan como aquellas ideologías, aquellas relaciones comerciales y familiares, todavía ejercen influencia en los modos en los que nos relacionamos con el mundo y en las torpezas con las que se administra el país.

 

 

Breve del AtardeSer

Lo primero que hay que decir del poemario AtardeSer de Domingo Dávila Torres (aMORIVIVIr, San Juan, 2025) es que es un libro hermosamente diseñado. Para la poeta Yomarilly Meléndez, los colores de la portada y contraportada muestran la sutil transición del atardecer al anochecer. Como el contenido, dice la escritora, que muestra transiciones sutiles  que muestran la vida de un vendedor y distribuidor de libros -un bibliófilo- que es un modo de reiterar la nación.

Ciertamente, el diseño llama la atención por su serena belleza. El diseño del libro, su cubierta y maquetación, fueron realizados por otro poeta, Alejandro Medina Colón. A mí me resulta importante que quien ha diseñado este objeto sea alguien que reconoce y vive el lenguaje poético. De modo que, a la propuesta de Domingo de una contraportada negra que representara la noche, Alejandro propuso el color vino para la noche, el rosa para la tarde y el naranja amarillento para la mañana.

A mí me gusta el libro, además, porque se trata de biografía poética que nos revela, no solo una vida dedicada a los libros, sino parte de nuestra historia literaria. En el libro hay un profundo diálogo con poetas nacionales y con la producción poética del mundo que son parte fundamental de la experiencia de vida de este bardo que publica su primer libro a los 74 años.

Así, en el Resquicio (p.227) hay una lúcida nota en la que el autor nos habla de esas “afinidades electivas” como relatos paralelos al suyo, complementarios, que le dan una dimensión universal al discurso. Lezama, Melendes, Lima, Angelamaría Dávila son voces en conversación en este libro junto a Novalis, Miguel Hernández, Jacques Roumain y de regreso a la isla en Corretjer, Palés, y luego otra vez a De Quincey o Borges.

Por otro lado, el título: AtardeSer, me sugiere alguna reflexión sobre el tiempo en el que el ser se revela. Es decir, esa relación con la temporalidad (mañana, tarde, noche/día, año, siglo) supone una comprensión del mundo particular.

Escrito por un hombre cuya relación estrecha con algunos de los poetas más importantes de su generación, con quienes amistó y les distribuyó libros, leo en este poemario la tarde que arte, la reflexión y madurez que los textos confirman, el cuestionamiento de certezas y el espacio abierto para la contemplación del ser.

Desde el propio nombre y el entorno familiar -en la sección Cerca del Corazón- vamos a través del tío luz, el hermano de espaldas al mar que nos narra la angustia vital que produjo Vietnam por lo que “entristece el crepúsculo, su exactitud para la pena”, viajamos, digo, por un recorrido vital que se expande luego a la patria, a la lucha, al mundo, como ese acontecimiento que se despliega en el tiempo. Creo que en este poemario el ser que atardece aprehende de una vez por todas que lo que se revela solo puede traducirse en poesía. Perdónenme el soliloquio. Digo que en este libro hay una conciencia de la finitud del ser lo que nos lleva a poemas en los que veo que la conciencia de un sujeto busca un sentido más profundo en su vida y a confrontar la autenticidad de su existencia a través del amor, la solidaridad y la creación de belleza.

María Collazo, Domingo, Yamarillys Meléndez, Alejandro Medina

CANTO FINAL

Ir de herida, amargura resentida,

a cantarle a una luna desmedida

que pareciera el vuelo de una hoja desprendida

De un árbol que se fija menos en el cielo, que en lo incierto de su caída

En versos cada vez más largos a su medida

Como un caballo desbocado en la huida

de un corazón sin aliento, justo en el tronco de la herida:

destello evidente de una ruda mordida,

mirada, ya en el tiempo, ¡ay! Perdida;

lamenta en su canto final de ida

el canto sinuoso de la despedida

que fuera el futuro al inicio

De su partida:

Corazón minado,

huellas, luna,

en mi aposento,

¡a qué luz al amparo

si luz es mi tormento!

DD

  • El libro AtardeSer está disponible en CLARITIENDA

Sobre el PNP y la posibilidad de derrotarlo

 

 

CLARIDAD

El Partido Nuevo Progresista ha prevalecido en las últimas tres elecciones generales en Puerto Rico dominando, al menos, en la candidatura a la gobernación. En dos de esas tres elecciones, 2016 y 2024, lograron el “copo” del que tanto presumen porque dominaron tanto la gobernación como la rama legislativa. En 2020 perdieron el control de la Legislatura, pero mantuvieron el Ejecutivo, que es donde está el verdadero poder y, algo más importante para ellos, el control del presupuesto.

Esos triunfos electorales se han producido a pesar de que en 2016 postularon un candidato bisoño, con pobre imagen -Ricardo Rosselló- que en 2019 se vio obligado a renunciar en medio del peor escándalo moral de los últimos tiempos. Esa renuncia se produjo en medio de enormes movilizaciones populares, las mayores en la historia de nuestro país, que sacudieron, no sólo la gobernación, sino todo el marco institucional puertorriqueño.

Tras la huida de Rosselló y un enredo sucesorio de varias semanas (que les resolvió el Tribunal Supremo) tomó las riendas del Ejecutivo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, una figura de pocas luces y gran capacidad vengativa que en 2026 podría estar entrando a prisión por actos de corrupción durante su corto mandato. A pesar de ese cuadro el PNP mantuvo el control de la rama ejecutiva en las elecciones de 2020 teniendo como candidato a Pedro Pierlusi, una figura débil y con pobre liderato hasta dentro de su propio partido.

La debilidad de Pierluisi se mantuvo en medio de enormes problemas económicos y el agravamiento de la crisis del sistema eléctrico provocado por la privatización que el propio PNP legisló. Tras imponerse contra el débil Pierluisi en la primaria interna la candidata en 2024 fue Jennifer González, una inexperta en asuntos administrativos, aunque hábil politiquera. Con esta candidata el PNP volvió a “copar”.

La pobre imagen que ha ido acumulando el PNP, su historial de corrupción y malos manejos, junto a la pobreza de sus líderes y la acumulación de crisis, le ha reducido el apoyo electoral. Las victorias por más del 50% de los votos de tiempos de Pedro Rosselló o de Luis Fortuño en 2008 (52.8%, ayudado por la acusación federal a Aníbal Acevedo Vilá) son cosas del pasado, pero todavía son capaces de alcanzar el 41% con que ganaron la gobernación en 2016 y 2024. En 2020, tras las debacles de Ricky y Wanda, se quedaron en 33%, que, sin embargo, les fue suficiente para retener la gobernación.

En las dos últimas elecciones -2020 y 2024- se produjo un resultado totalmente inédito en nuestro país, que pudiera indicar la posibilidad de un verdadero cambio para el futuro, pero que hasta ahora no ha sido suficiente. Me refiero al avance de candidatos soberanistas de izquierda que en el pasado apenas superaban el 5%. En 2020 las candidaturas de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau tuvieron un agregado de 28%, mientras que en 2024 la sola candidatura de Juan Dalmau repitió la cifra con un leve aumento, 30.7%. Simultáneamente se produjo el derrumbe del Partido Popular que redujo sus votos de un 47.7% en 2012 a un 31.5 en 2020 y un 21.4 en 2024, aunque en 2024, ante la debilidad de las otras candidaturas, lograron ganar la comisaría residente.

Ante ese cuadro se imponen dos preguntas: ¿Por qué el PNP logra mantener cerca de un 40% de apoyo electoral a pesar de sus ejecutorias, las crisis que sufre el país y la pobreza de sus líderes? ¿Podrá el soberanismo progresista alcanzarlos y derrotarlos? La contestación a la primera pregunta tiene dos ingredientes. El primero tiene que ver muy poco con apoyo popular, el segundo sí. Vayamos en orden.

Desde antes de que concluyera el gobierno de Luis Fortuño y anticipándose a futuros cuatrienios fuera del poder, el PNP se las arregló para manipular la estructura administrativa y legal del país a su favor. Esa manipulación le permitió el control permanente de tres áreas vitales, cada una relacionada con la otra: el sistema electoral, las agencias encargadas de perseguir la corrupción y el sistema judicial.

En el aparato electoral se aseguraron el control de la Comisión Estatal de Elecciones, que ha estado presidida por uno de sus cuadros políticos de forma ininterrumpida por los últimos diez años. Pero más que la presidencia del organismo, lo más importante de ese control fue la imposición de un Código Electoral que prohíbe las alianzas políticas y dificulta la forma de votar. La importancia de esos cambios la vimos de forma clara en las pasadas elecciones cuando se impidió que el PIP y el MVC se coaligaran y se le impuso a la oposición política una forma de votación confusa y caótica. De paso, también dejaron fuera de la papeleta a casi todos los candidatos del MVC. Esas disposiciones del Código Electoral, que coartan el voto y la expresión, son a todas luces inconstitucionales, pero como controlan el Tribunal Supremo desde 2009 tal dictamen nunca se producirá.

Esa manipulación y control de la estructura político legal no cambiará en el futuro cercano, más bien lo contrario. Ahora mismo están imponiendo nuevas enmiendas a la legislación electoral para afianzar su control mientras, por otro lado, su presencia en el sistema judicial se consolidó con el nombramiento de dos nuevos jueces de su camada al Supremo este año.

La segunda explicación para la permanencia en el poder del PNP está en cómo se configura o cómo se las han arreglado para configurar las diversas fuentes de su apoyo electoral. La más importante de esas fuentes es el sector de la población que depende de forma significativa de las ayudas públicas, casi todas de origen federal. Desde los tiempos de su primer gobierno, el de Luis A. Ferré, pero más aún desde los dos términos de Carlos Romero (“la estadidad es para los pobres”), el PNP ha logrado proyectarse como el partido de los fondos federales. En un país donde el 40% de la población recibe mensualmente ayuda alimentaria federal (junto a subsidio para vivienda y becas estudiantiles), esa proyección genera un gran capital político. En la última elección, cuando se vieron por primera vez amenazados por la candidatura de un independentista, el tema central de su gran ofensiva publicitaria fueron las ayudas federales, logrando mantener gran parte del apoyo que tradicionalmente reciben del sector que las recibe.

La dependencia económica, y los miedos que la posibilidad de cambio genera (Néstor Duprey utiliza con acierto la frase “consumidores del miedo”) es la principal explicación para la permanencia del PNP en el poder colonial, pero no es la única. Con manipulaciones y prebendas han logrado el control permanente de otros grupos como los presidiarios, los policías y empleados gubernamentales. Presidiarios y policías solamente representan más de 20 mil votos y en las ocasiones en que la diferencia en el resultado final es mínima controlar el 80% de ese voto resulta determinante.

El PNP dice que su objetivo principal es la “estadidad”, pero si movilizara únicamente a los que apoyan la anexión, como antes era el caso del PIP con los independentistas, sería permanentemente una fuerza electoral muy minoritaria. Lo que hace la diferencia es la explotación casi exclusiva que hacen de la dependencia económica y de ciertos grupos poblacionales, junto a la manipulación del sistema político electoral al amparo de la judicatura que controlan.

La otra pregunta es si el soberanismo progresista puertorriqueño -que en la pasada elección se manifestó en una alianza MVC-PIP- podrá ser capaz de superar al PNP y la contestación sería un rotundo sí. En la pasada elección se estuvo muy cerca de lograrlo a pesar de que la legislación electoral impidió una alianza verdadera imponiendo, en cambio, una forma caótica de votar. Ahora, cuando la problemática del país empeora y el nuevo gobierno del PNP naufraga en apenas su primer año, las probabilidades aumentan, pero lograrlo requerirá mucha audacia política y, sobre todo, mucho desprendimiento y vocación unitaria. Espero contribuir más adelante a esta parte del análisis, añadiendo una referencia al PPD y su “nuevo” líder.

El PS 63: cero derechos de acceso a la información pública

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Luego de todo un día de vistas públicas  y de que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez,  afirmara que la medida no sería examinada con prisa, como ladrón en la noche,  la Cámara aprobó por descargue el PS 63, el supuesto proyecto de Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que enmienda la Ley 141 de 2019.

En la vista pública ante la Comisión de lo Jurídico, en la sesión de la mañana del 12 de noviembre, gremios periodísticos, entidades de Derecho defensoras de los derechos civiles y líderes comunitarios, denunciaron que el PS 63  limita el derecho constitucional de acceso a información pública.

Esta fue  la primera y única vez en que el proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schazt, fue sometido a vista pública. Fue presentado en el mes de enero y aprobado en el Senado el 23 de octubre. Al día siguiente, se envió a la Cámara, a la Comisión de Gobierno. Tras denuncias públicas de que la medida fue aprobada en el Senado sin vistas públicas, el presidente de la Comisión, Víctor Parés, anunció que haría vistas públicas y, al día siguiente, la medida fue redirigida a la Comisión de lo Jurídico, que preside el representante José Pérez Cordero.

En la aprobación por la Cámara, el proyecto recibió 24 votos en contra de las minorías del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD).  Siete representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) también le votaron en contra: José Pérez Cordero, Fernando Sanabria Colón, Odalys González, Emilio Carlo Acosta, Wanda Del Valle, Carmen Medina y Christian Muriel Sánchez. El resto de la  delegación del PNP  votó a favor de la medida.

Ante la aprobación, las reacciones no se hicieron esperar. En expresiones escritas, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) hizo un llamado a senadores y representantes del PNP a que reconsideren su posición en torno al proyecto y se coloquen del lado correcto de la historia ahora que tendrán una última oportunidad de emitir su voto cuando la medida salga del Comité de Conferencia y se presente para su aprobación final.

La presidenta de la ASPRO, Nydia Bauzá,  lamentó que una mayoría cameral le haya asestado “un golpe bajo al pueblo de Puerto Rico al aprobar la noche de este jueves el PS 63, en el afán de hacer aún más inaccesible la información pública”.

Denunció que, como parte de una estrategia tras bastidores, se le arrancaron páginas al documento para que la pieza legislativa quedara viva en uno de los comités de conferencias, “que sabemos son criaturas legislativas donde no se conferencia nada o muy poco”.

La presidenta del gremio periodístico cuestionó: “¿Por qué tanta prisa por aprobar este proyecto?, ¿a qué le temen?, ¿qué se pretende esconder?, son preguntas que quedan sobre la mesa. Necesariamente tenemos que preguntarnos por qué procuran intencionalmente dificultar la transparencia y el derecho del pueblo a la información pública, sabiendo que a nivel mundial eso se entiende como mecanismo para ocultar la corrupción gubernamental”.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), en declaraciones escritas, se unió al coro de voces institucionales y comunitarias que rechazaron la medida y manera atropellada y poco democrática en que se consideró el PS 63,  tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

“Tratándose de limitaciones a un derecho fundamental, resulta decepcionante y sospechoso que se apruebe sin permitir una participación amplia de los sectores interesados. En la vista solicitamos que se ampliara el proceso para que otras organizaciones pudieran expresarse. Pero además, que la comisión dedicara tiempo para considerar nuestros argumentos. Sin embargo, nos hicieron perder nuestro tiempo y esfuerzo en una vista pro forma”, denunció la Lcda. Yanira Reyes primera vicepresidenta del Colegio, quien compareció a la vista cameral junto a la Lcda. Vivian Pellicier, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del CAPR.

La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona, también censuró la aprobación por la Cámara de Representantes. LA ACLU calificó las vistas públicas en la Cámara como una afrenta al pueblo, una mera formalidad realizada a la prisa para continuar con un trámite expedito sin justificación.

“La amplia oposición de diversos grupos y organizaciones comunitarias demuestra que esta medida no le conviene a nadie, excepto a aquellos que persiguen ocultarle algo al país. La aprobación del Proyecto del Senado 63 es contrario a todo lo que representa una democracia participativa”, declaró Martínez Orabona.

El Centro de Periodismo Investigativo; el Overseas Press Club (OPC);  la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía; la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, así como Facultad de Derecho  de la  Escuela de Derecho de la UPR fueron otras de las entidades que  se expresaron en las vistas públicas en contra de la medida.

Entre los argumentos elaborados por la presidenta del OPC, Wilma Maldonado, se planteó que la medida complica de manera innecesaria el procedimiento para solicitar información, al exigir que toda persona que solicite información deba notificarlo al director de la agencia, al presidente de la Rama Legislativa o del Poder Judicial, con copia al oficial de información. “Esto, en la práctica, hará casi imposible que un ciudadano pueda ejercer su derecho, porque los correos electrónicos de muchos funcionarios pocas veces están disponibles al público”.

El proyecto establece que “ninguna entidad estará obligada a crear o preparar un documento inexistente al momento de recibir la solicitud” y además extiende el periodo para que una agencia entregue la información solicitada de 10 a 20 días laborables, con posibilidad de prorrogarlo otros 20 días.

El consenso de las organizaciones que depusieron en la vista pública fue que además de representar una violación al derecho constitucional de acceso a la información pública, la medida no es enmendable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraísos fiscales coloniales, desarrollo y crecimiento económico en Puerto Rico

 

 

Especial para CLARIDAD

La discusión que trae Caraballo Cueto sobre el papel de los paraísos fiscales coloniales en el desarrollo económico contemporáneo plantea una paradoja profunda: ¿puede un territorio dependiente y subordinado al capital externo alcanzar desarrollo mediante ventajas fiscales y servicios financieros, del mismo modo que antes lo hizo con la manufactura? En el caso de Puerto Rico, esta cuestión adquiere una relevancia particular. A lo largo del siglo XX, la isla transitó de ser un enclave militar, agrícola a manufacturero dependiente de capital estadounidense, impulsado por programas como la Operación Manos a la Obra, a convertirse en el siglo XXI en una jurisdicción de servicios financieros y tecnológicos orientada a atraer inversión mediante incentivos fiscales y enclave turístico de atracción de individuos de alto patrimonio.

Puede un paraíso fiscal colonial basado en servicios y atracción de individuos de alto patrimonio podría reproducir resultados macroeconómicos similares a los de la etapa manufacturera, pero sin lograr un desarrollo económico y social genuino, perpetuando así la dependencia estructural y la desigualdad interna.

Históricamente, Puerto Rico ha encarnado la tensión entre crecimiento y desarrollo, dos conceptos que en apariencia se complementan pero que en la práctica divergen. El crecimiento económico, definido como el aumento cuantitativo del producto interno bruto, puede alcanzarse mediante la expansión de la producción o la entrada de capital externo. Sin embargo, el desarrollo económico implica un proceso cualitativo de transformación social, diversificación productiva, justicia distributiva y fortalecimiento institucional. Siguiendo a autores como Amartya Sen (1999), el desarrollo no puede reducirse al incremento del ingreso, sino que debe entenderse como la expansión de las capacidades humanas y la autonomía de las sociedades. En esta distinción se encuentra la clave para comprender la trayectoria puertorriqueña: tanto el modelo manufacturero del siglo XX como el modelo de servicios fiscales actual se apoyan en una base de crecimiento dependiente, exógeno y excluyente.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, Puerto Rico fue un laboratorio de industrialización subordinada. Un laboratorio de industrialización es un espacio especializado donde se realizan pruebas, investigaciones y proyectos para desarrollar, mejorar y automatizar procesos industriales. Bajo la tutela política y económica de Estados Unidos, la isla atrajo capital manufacturero mediante exenciones fiscales federales, particularmente a través de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Este modelo produjo un crecimiento notable en términos de PIB y empleo industrial, pero sin generar autonomía ni desarrollo estructural. Las decisiones estratégicas permanecieron en manos de corporaciones estadounidenses, y cuando los incentivos fueron eliminados en la década de 1990, la base productiva local colapsó. Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1979), se trató de un enclave productivo clásico, funcional a los intereses metropolitanos y desconectado del tejido social puertorriqueño.

En el siglo XXI, la isla ha buscado reinventarse bajo una lógica similar, pero ahora como un paraíso fiscal colonial de servicios y capital financiero. Las leyes 20 y 22 —hoy unificadas en la Ley 60 de 2019— ofrecen exenciones casi totales a inversionistas no residentes y a individuos de alto patrimonio que establezcan residencia en Puerto Rico. Este régimen fiscal ha atraído empresas tecnológicas, fondos de inversión y figuras del mundo cripto, quienes aprovechan la doble condición de la isla: parte del sistema económico estadounidense, pero con autonomía tributaria limitada. En términos cuantitativos, este modelo ha generado ingresos y cierto dinamismo en los sectores de servicios profesionales, bienes raíces y turismo de lujo. En apariencia, el “paraíso fiscal de servicios y personas” reproduce el crecimiento que en otro tiempo generó la manufactura, aunque basado ahora en capital financiero y humano de alta renta, no en producción material.

Sin embargo, el análisis cualitativo revela una dinámica análoga de crecimiento sin desarrollo. La mayor parte del capital atraído no se reinvierte en la economía local, sino que se canaliza hacia actividades especulativas o de optimización fiscal. Los beneficios se concentran en una élite reducida, mientras amplios sectores de la población enfrentan pobreza, migración y pérdida de poder adquisitivo. La infraestructura, los servicios públicos y el empleo formal continúan debilitados, y la política económica está sujeta a la supervisión de la Junta de Control Fiscal impuesta por la Ley PROMESA de 2016. En términos de economía política, el modelo fiscal reproduce la lógica de un enclave financiero, donde la función principal del territorio es ofrecer su marco legal y su soberanía limitada al capital global, sin control pleno sobre sus resultados ni sobre la redistribución del ingreso.

Desde la perspectiva teórica de la colonialidad del poder (Quijano, 2000), Puerto Rico opera dentro de una estructura neocolonial en la que la fiscalidad se convierte en una extensión del dominio metropolitano. La transición de enclave manufacturero a enclave fiscal no modifica las relaciones de dependencia, sino que las reconfigura. En lugar de exportar bienes tangibles, la isla exporta ventajas jurídicas y residencias fiscales; en lugar de atraer fábricas, atrae fortunas. El resultado económico puede ser comparable en términos de indicadores macroeconómicos, pero sus efectos sociales y distributivos son aún más concentrados y excluyentes. Al igual que el modelo industrial anterior, el régimen fiscal actual se sostiene en una inserción subordinada en el capitalismo global, donde la capacidad de decisión y la creación de valor permanecen fuera del territorio.

Ambos modelos —manufacturero y fiscal— generan crecimiento económico exógeno basado en incentivos y dependencia externa, pero no desarrollo endógeno. En ninguno de los dos casos se fortalece la autonomía productiva, ni se diversifica la economía local, ni se reducen las desigualdades estructurales. El paraíso fiscal colonial de servicios y personas puede replicar el crecimiento numérico de la era manufacturera, pero sin transformar las condiciones sociales que impiden el desarrollo sostenible. Como advierte Zucman (2015), los paraísos fiscales son territorios que acumulan riqueza global sin crear bienestar local, perpetuando así un desequilibrio entre los indicadores macroeconómicos y la realidad social.

En conclusión, la experiencia puertorriqueña demuestra que la transición de un enclave manufacturero a un enclave financiero no implica una ruptura con la colonialidad económica, sino una adaptación a las nuevas formas del capitalismo global y de la colonia. Puerto Rico, como paraíso fiscal colonial, puede alcanzar niveles de crecimiento similares a los de su pasado industrial, pero ese crecimiento carece de contenido social y de sostenibilidad estructural. La verdadera cuestión no es si un modelo de servicios puede sustituir a uno de manufactura, sino si cualquiera de los dos puede generar desarrollo bajo condiciones coloniales y dependientes. Mientras el marco institucional y político permanezca subordinado a los intereses metropolitanos, la isla continuará atrapada en un ciclo de crecimiento exógeno y desarrollo ausente, donde la riqueza circula sin arraigo y la promesa de prosperidad se diluye entre los márgenes del capital global y la desigualdad local.