Cuando era candidata, la hoy gobernadora Jenniffer González cifró su campaña electoral- tanto la primarista contra Pedro Pierluisi como la general- en la promesa de «ejecución». No sería el suyo un gobierno de gestos, ni de rimbombantes reclamos de obras que nadie ve, sino un gobierno eficiente, ágil, en el cual la ejecución efectiva y la respuesta inmediata a los reclamos de la ciudadanía serían su mejor carta de presentación.
Sin embargo, a tres meses del inicio de la administración de Jenniffer González y el Partido Nuevo Progresista (PNP), el país se enfrenta a un gobierno sin cimientos. El grave problema de la infraestructura eléctrica sigue desatendido. Continúan los desencuentros entre LUMA Energy y GeneraPR, y entre sí se pasan «la papa caliente» de la responsabilidad por la continuada inestabilidad del servicio eléctrico que ya anticipa un verano de apagones constantes, que ni la Gobernadora ni el nuevo Zar de Energía Josué Colón saben como contrarrestar.
No hay tampoco un gabinete de gobierno confirmado y en plena facultad para ejercer funciones y garantizar los servicios básicos a la ciudadanía. De ausentarse la Gobernadora, no hay Secretaria de Estado en propiedad ni tampoco Secretaria de Justicia, que son los dos puestos inmediatos en la sucesión, según la Constitución.
En el área neurálgica de la salud pública, tampoco hay confianza. El designado Secretario de Salud enfrenta serios señalamientos de malos manejos financieros y conflictos de interés que datan de cuando fue presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, por lo cual ya se avizora una durísima batalla para él cuando se inicien las vistas en el Senado para su confirmación durante los próximos días.
Lo mismo pasa con otros puestos de alto perfil en la Rama Ejecutiva, donde ha quedado en entredicho el robusto banco de talento con que la Gobernadora decía contar. Los cientos de puestos del gobierno central se han ido llenando a cuentagotas, improvisadamente y en un » quita y pon» de funcionarios reciclados de la pasada administración de Pedro Pierluisi, la misma que Jenniffer González atacó fuertemente como candidata, señalando su pobre ejecución.
En la Secretaría de Educación, el nuevo incumbente Eliezer Ramos Parés tendrá que manejar varios asuntos candentes. Por un lado, la insistencia de la Junta de Control Fiscal de que informe sobre el uso que le dio el DE a $4 mil millones en fondos federales que recibió durante la pandemia del Covid-19. Por otro lado, la proyectada eliminación del Departamento de Educación Federal, una meta del presidente Donald Trump que, de hacerse realidad, levantará un «tsunami» en el DE de Puerto Rico, dependiente del gobierno federal para el 58% de sus gastos operacionales.
En el área de seguridad pública, también se camina por arena movediza. El crimen organizado y los delitos resultantes del tráfico de drogas no dan tregua como tampoco los feminicidios. En tres meses, cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.
Abona a la inestabilidad e incertidumbre del país que este gobierno, tan dependiente de fondos del Gobierno de Estados Unidos, no haya discutido ni hecho público el plan que tiene para enfrentar los posibles recortes masivos de dichos fondos, que puedan extenderse a Puerto Rico como producto de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y de la intervención del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental ( DOGE, por sus siglas en inglés).
Sabíamos que si ganaba la elección por segunda vez, Donald Trump llegaría a la presidencia fortalecido y con una aplanadora. Lo dijo muchas veces y de todas las maneras posibles que su administración tendría como objetivo recortar $1 trillón de dólares del presupuesto del Gobierno Federal. Esto, diz que para contribuir a reducir el déficit de $37 trillones de dicho gobierno. Reducir el tamaño y los gastos del gobierno federal ha sido la causa célebre del sector más conservador y derechista del Partido Republicano de Estados Unidos por años y décadas, y solo ahora, con Donald Trump y el movimiento MAGA se están acercando a su objetivo.
Para lograrlo, Trump le ha dado mano libre al multibillonario Elon Musk y al DOGE para intervenir con presupuestos de departamentos, agencias y entidades que operan con fondos del Gobierno Federal. A toda máquina Musk y su grupo han husmeado gobierno adentro y recomendado eliminar dependencias y programas de toda índole, recortar fondos a universidades y fundaciones y dejar vacantes miles de puestos de trabajo en el Gobierno Federal. El Presidente también ha expresado su intención de transferir el manejo de desastres, y de los programas de vivienda social, a los estados y jurisdicciones y eliminar FEMA y HUD, cerrar el Departamento de Educación Federal y que sean los estados y jurisdicciones los encargados de la educación pública, entre muchas otras medidas drásticas que terminarán dando un vuelco radical a. la estructura del gobierno de Estados Unidos.
Mientras, en Puerto Rico y durante su campaña política la Gobernadora sacó pecho sobre su experiencia en Washington y sus conocimientos y contactos al interior del gobierno federal, el Congreso, el Partido Republicano, y el propio Trump, a quien respaldó entusiasmada para su segundo mandato presidencial.
Sin embargo, Puerto Rico no se ha escapado ni se escapará del impacto de las decisiones y prioridades del presidente Trump. No se escapó de la brutal embestida contra las comunidades migrantes. Agentes de Inmigración Federal han intervenido de la peor manera y deportado centenares de migrantes desde Puerto Rico, a pesar de que la Gobernadora aseguró que las acciones antiinmigrantes de Estados Unidos no ocurrirían aquí.
Tras esa primera lección, la Gobernadora debería aprender. La segunda vuelta de Donald Trump ha demostrado que un «rayo» sí puede caer en el mismo sitio dos veces e igual puede provocar que un gobierno sin cimientos se desplome con solo dos o tres empujones.
