El próximo lunes, 12 de junio, vence el plazo para que el pueblo puertorriqueño, junto a una amplia coalición multi sectorial de organizaciones e individuos, presenten sus objeciones al Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE), el cual la Junta de Control Fiscal (JCF) se propone defender ante la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal del Título III de la Ley PROMESA. Las vistas para la discusión y aprobación del PAD se celebrarán del 17 al 28 de julio de 2023, y su resolución será una decisión crucial para el presente y el futuro de Puerto Rico.
La JCF defenderá el PAD
que ya había presentado al Tribunal en febrero de 2023, cuando la Jueza le ordenó continuar con el proceso de mediación para acordar una mejor versión que el Tribunal pudiese aprobar. El PAD presentado impondrá nuevos cargos a la tarifa eléctrica que pagan los abonados comerciales y residenciales en Puerto Rico, lo cual significará condenar a nuestro pueblo a pagar por 35 años una deuda insostenible, lo cual sería devastador.
Actualmente, y más aún después de la entrada de la privatizadora LUMA Energy a manejar el sistema de transmisión y distribución eléctrica, el costo del kilovatio hora de energía en Puerto Rico se ha disparado hasta colocarse en más de 28 centavos, lo cual es más del doble que en las principales jurisdicciones de Estados Unidos. El elevado costo de la energía que ya pagamos , aún sin aprobarse el PAD- AEE, se ha convertido en un problema que afecta de forma directa la competitividad económica de Puerto Rico, el costo y la calidad de vida de nuestra gente, y la viabilidad y sostenibilidad de nuestro futuro como país. Nos atrevemos a afirmar que en Puerto Rico nadie está satisfecho con el sistema eléctrico, y que el mismo se ha convertido en un impedimento para nuestras operaciones diarias, y nuestro desarrollo, porque es inestable, ineficiente y demasiado caro. No hay que imaginar mucho para anticipar las consecuencias de mayores aumentos en la tarifa eléctrica.
Economistas puertorriqueños de gran peso, como los doctores José Alameda y Ramón Cao, entidades de análisis económico que gozan de amplio prestigio , como Espacios Abiertos y CAMBIO Puerto Rico, y aliados como el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEFAA) , además de organizaciones puertorriqueñas de los más amplios sectores, incluso algunos de los principales gremios empresariales, como la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas, se han unido para oponerse a la aprobación de un PAD-AEE injusto, que cargará y penalizará a los negocios en Puerto Rico y a cientos de miles de abonados residenciales de la AEE, por una deuda de la cual estos no son responsables. En su declaración a los medios el grupo expresó: «Todos los firmantes de esta declaración hemos llegado a la misma conclusión: Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual para el ajuste de deuda de la AEE. El plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto de la deuda, el cual es insostenible para el pueblo de Puerto Rico.»
La negociación de este PAD-AEE y sus descartadas versiones anteriores, han sido parte de un proceso arbitrario y cargado a favor de unos bonistas, principalmente conglomerados de Estados Unidos, que, desde el principio, se han sublevado y negado a asumir las pérdidas por su inversión riesgosa, a pesar de que invirtieron a sabiendas de que la misma nunca fue garantizada. Zorros viejos que, amparados en su poder y conexiones en el mundo de la política y las finanzas en Estados Unidos, insisten irrazonablemente en cobrar lo que Puerto Rico no puede pagar. El supuesto recorte de 50 por ciento de la deuda que la JCF alega haber negociado con los conglomerados de bonos no es suficiente para que el pago de la misma sea sostenible para Puerto Rico, y asi ha quedado evidenciado en los múltiples análisis y estudios realizados por economistas y expertos en asuntos de energía. Sin asumir la deuda de AEE, el pueblo de Puerto Rico apenas puede pagar ahora sus costos energéticos.
Sin embargo, la JCF no cede. Se mantiene empeñada en defender el PAD-AEE y ha anunciado su lista de 10 testigos a favor del mismo. En esa lista figuran, entre otros, el propio David Skeel, presidente de la JCF, así como representantes de entidades tales como Citigroup Global Markets, Kroll Restructuring Administration, Ernst & Young, Brattle Group Inc., Berkeley Research Group y McKinsey & Company, una caravana de los » sospechosos usuales» en los embrollos financieros donde siempre triunfa el gran capital. Todos representan intereses ajenos y contrarios a los de Puerto Rico. Son testigos de encargo, cuya intervención es la mejor prueba de que enfrentamos un PAD- AEE diseñado y estructurado para favorecer a los buitres, aunque Puerto Rico se ahogue.
