¿Zonas de oportunidad para quiénes? A seis años de que todo Puerto Rico fuese declarado ‘zona de oportunidad’, no se sabe exactamente dónde se invirtió ni quiénes invirtieron,según lo evidencia una investigación llevada a cabo por el planificador David Carrasquillo Medrano, del proyecto Planifiquemos.
La investigación plasmada en el informe Zonas de Oportunidad en Puerto Rico: Acceso, transparencia y evaluación de sus implicaciones fiscales y de gobernanza fue con el objetivo de conocer detalles del uso, alcance y fiscalización bajo el programa Zonas de Oportunidad (ZO) en Puerto Rico, en particular en el marco de la Ley 60- 2019 (Código de Incentivos de Puerto Rico). Pero la información suministrada por el Departamento de Hacienda, tanto como la del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, no permiten identificar dichos detalles, y la firma contratada por el gobierno, DLA Piper, nunca contestó la solicitud de información.
La declaración de Puerto Rico como una ZO se dio mediante la Sección 1400Z-1 (b) (3) del Código de Rentas Internas Federal (Gobierno de EE. UU.). En entrevista, Carrasquillo Medrano contrastó la diferencia en que dicha legislación se implementó en los 50 estados versus en Puerto Rico. La forma en que se hizo en los 50 estados fue que se identificaba a base del censo cuáles eran las zonas más pobres con menor poder adquisitivo y se elegía el 30 % de esa zona para fomentar que esos lugares sirvieran de ganchos en donde se concentrase la inversión.
“Hubo mucho debate en aquel momento en cuánto a qué representaba esa inversión, ya que simplemente una transacción de una propiedad no era suficiente y hubo mucho debate en torno a cómo garantizar que esas inversiones generaran empleos locales; ese fue el debate que tuvieron en los estados”, indicó.
En un principio, el 95 % de la isla fue declarado ZO, pero la hoy gobernadora, Jenniffer González, entonces comisionada residente introdujo la excepción de que todo el país fuese declarado ZO. No obstante, la manera en que se adoptó en Puerto Rico el programa fue de una forma laxa, dado a que se tomaron los tractos del censo de las zonas pobres y sus colindantes, por lo que el 98 % de la isla terminó siendo declarado ZO, apuntó Carrasquillo Medrano.
Señaló que, el entonces gobierno de Ricardo Rosselló contrató a la compañía privada DLA Piper, representada por Manuel López Zambrana, para que asistiera al DH en implementar el programa de ZO. Denunció que le solicitó información a DLA, pero nunca le contestaron. “Se supone que esta agencia tenga las cifras al nivel más detallado posible, también es súper preocupante que Hacienda, que es la que remite los decretos, me refiera a Desarrollo Económico. Es decir, que el proceso de transparencia es una falta de respeto al pueblo en el sentido de que se está disponiendo de créditos contributivos y se están dando beneficios a costa de las contribuciones que nosotros pagamos, propiedades que tenemos, y todo el carácter comunitario de esos espacios donde esas inversiones se están dando, y que aun, ni siquiera investigando, seamos capaces de encontrar la información”, manifestó.
Hay que tener en cuenta que la declaración del 98 % de la isla como ZO se da en el contexto de que Puerto Rico recibió la asignación de $1,500 millones de los llamados fondos de recuperación de desastre para el desarrollo comunitario, los CDBG-DR.
Las revelaciones de la investigación
A la solicitud de información al Departamento de Hacienda de un listado de los decretos otorgados, el estado de cumplimientos y los datos fiscales vinculados, la agencia entregó un tabla que presenta proyecciones del costo fiscal de ciertos beneficios vinculados a las ZO, pero no se identifican beneficiarios individuales o corporativos, la localización geográfica de los proyectos ni los compromisos asumidos. Tampoco se incluyen informes de cumplimiento, auditorías ni evidencia de fiscalización o cancelación de decretos y, en muchos casos, carecen de cifras concretas. Varios aparecen marcados como no calculados o datos no disponibles.
En cuanto al costo fiscal estimado, se identificó que el crédito individual (TEB-120) representa $2.5 anuales, aumentado a $2.8 millones anuales en ingresos dejados de percibir. Mientras, el crédito corporativo (TEB-211) representa un aproximado de $200,000 anuales durante el periodo 2025-2030. Esta cifra, apuntó el investigador, le parece poca.
Carrasquillo Medrano expuso que el análisis técnico de la información recibida evidencia una falta significativa de trazabilidad (rastrear) tanto en términos de transparencia como en la capacidad del Estado de medir el impacto y cumplimiento. Aunque se proveen modelos de proyección de gasto tributario, no existe forma de verificar si los beneficios otorgados están cumpliendo con su propósito en términos de creación de empleos, desarrollo económico local o retorno fiscal.
“Los informes provistos dejan claro que los gastos tributarios no pueden sumarse entre sí (non-additive), lo que complica aun más la evaluación del impacto agregado del programa. Esta limitación metodológica, sumada a la falta de datos desglosados verificables, impide realizar un análisis riguroso de costo-beneficio o de justicia distributiva”, señaló.
Destacó que es importante para el país conocer el dinero que representan los beneficios contributivos bajo el programa de ZO, ya que estos son recursos —dinero— públicos dejados de recaudar. A diferencia de los gastos ordinarios del presupuesto, estos beneficios no están sujetos al mismo nivel de fiscalización ni aparecen detallados en el presupuesto general. “Esto limita la capacidad del Estado y de la ciudadanía para evaluar si se están usando de manera eficiente, justa y conforme al interés público”, recalcó.
Agregó que la opacidad en estos decretos abre la puerta a posibles distorsiones, uso indebido de fondos públicos, concentración de beneficios y desplazamientos sociales no documentados. En esa línea, el planificador indicó que las ZO, más allá de lo físico, si no hay un diálogo entre las diferentes agencias que están manejando los incentivos versus los usos de suelo, muchas de estas transacciones se pueden dar al margen de la ilegalidad. Esto, por ejemplo, si una compraventa se da como una simple transacción y después de adquirida la propiedad se empieza a operar para algo que no es adecuada, hay que cuestionar si en algún momento se le notificó al municipio lo que se iba a opera o para qué se iba a utilizar. No hay ningún tracto de eso.
Resaltó que con esto no solo se le está dando una ventaja competitiva a un extraño porque el 99 % de los beneficiados son extranjeros y se les está dando un proceso expedito, libre de contribuciones. También queda muy oscuro cuál es el proceso de permisología para el uso que están proponiendo, todo queda a oscuras de la comunidad y los municipios.
El planificador afirmó que hay un choque gigantesco entre la política pública vigente de que todos los planes territoriales en el país son para proteger el interés residencial. Sin embargo, el Gobierno estatal está empujando la explosión del uso comercial-industrial porque le puede sacar más dinero. Todo el mundo puede hacer el ejercicio de identificar qué calles que antes eran residenciales ahora son comerciales, espacios en sus comunidades que ahora tienen tres y cuatros casas de alquiler a corto plazo.
A la luz de su investigación y a la coincidencia de que en el Congreso hace unos días el Partido Republicano propuso terminar con el programa de ZO en Puerto Rico, Carrasquillo Medrano explicó que la legislación como se aprobó aquí carecía de criterios o métricas que dejaran ver claro cómo eso era un beneficio para la comunidad. Al final, ni siquiera queda claro en qué manos queda el dinero que se invierte. Una vez más lo comparó con otros estados en donde la legislación local fue una muy responsable, en donde se llevó la legislación federal a un nivel de especificidad en que claramente se beneficiaba a las comunidades, incluso con procesos participativos de la comunidad para determinar cuáles eran las zonas y cuáles los municipios que se iban a impactar, unos parámetros de cómo se debe invertir, en qué tipos de negocios. “Todo eso se discutió; nada de eso figuraba aquí en Puerto Rico”.
Carrasquillo Medrano manifestó que de haber una revisión, en el sentido de que se tienen unos recursos que se pueden utilizar en beneficio para la sociedad, sería bienvenida.
