La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico, dio a conocer que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, (llamado Tribunal Federal) accedió a su solicitud de derogar una ley de Puerto Rico que convertía en delito dar a sabiendas una «falsa alarma» sobre emergencias públicas.
La acción judicial fue radicada en mayo del 2020, luego de que en abril la Legislatura aprobara la Ley 66 2020, que tipificaba como delito compartir información que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en Puerto Rico, incluido en aquel momento el brote mundial de la pandemia de COVID-19. Los infractores podrían enfrentar hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000.
En comunicado de Prensa este tres de abril la ACLU catalogó la decisión del Tribunal como una de importante victoria para la libertad de prensa y la libertad de expresión. El Tribunal dictaminó que la ley violaba la Primera Enmienda porque su amplio alcance creaba un peligro de abuso partidista o aplicación selectiva, lo que permitía al gobierno suprimir o congelar el discurso que contradice su narrativa oficial. “En lugar de criminalizar el discurso”, observó el Tribunal, “la Asamblea Legislativa simplemente podría haber requerido que el Gobierno utilizara sus múltiples plataformas de comunicación para presentar una descripción completa y precisa de los hechos” relacionados con las emergencias en Puerto Rico.
“Esta es una victoria histórica para la libertad de prensa”, dijo Brian Hauss, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU. “Nos complace que la corte haya reconocido que la transparencia, en lugar de la censura, es la clave para la seguridad pública en una sociedad libre y democrática”.
En tanto el director ejecutivo de ACLU, en Puerto Rico, William Ramírez, destacó que, “esta victoria envía un mensaje inequívoco de que, en Puerto Rico, donde la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión son casi inexistentes, la prensa no puede ser silenciada”. Añadió que la ley amenazó con congelar la información sobre la crisis del COVID-19 y otras emergencias, porque los periodistas corrían el riesgo de ser procesados si el gobierno cuestionaba la precisión de sus informes.
“La declaración de un ‘estado de emergencia’ nunca debe usarse para promover la censura y la represión”, dijo Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “Esta es una victoria importante para los periodistas en Puerto Rico y en todo Estados Unidos”. La ACLU y la ACLU de Puerto Rico presentaron la demanda en nombre de los periodistas, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, quienes temían que las leyes fueran utilizadas para castigarlos por sus reportajes sobre emergencias públicas, especialmente reportajes que reflejan negativamente la gobierno.
“Ningún periodista en Puerto Rico debe permitir la interferencia indebida del gobierno para restringir el derecho a la libertad de expresión que está consagrado tanto en la constitución federal como en la puertorriqueña, y mucho menos cuando se declara y está en vigor un estado de emergencia”, dijo Rafelli González Cotto.
Por su parte Rodríguez Cotto resaltó;“La información falsa solo se puede combatir con información verdadera, no con amenazas de encarcelamiento y grandes multas bajo la ley penal”. La destacada periodista señaló que ya se había enfrentado a intimidaciones por intentar informar la verdad cuando fue denunciada por el ex jefe de gabinete del gobernador -en ese momento Ricardo Rosselló- después de que cuestionó la plausibilidad del número oficial de muertos del gobierno por el huracán María. Eventualmente se supo que el huracán cobró más de 3,000 vidas, en lugar de las 64 muertes reportadas inicialmente por el gobierno.
