CLARIDAD
El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no tomó en cuenta ninguno de los planteamientos presentados por los múltiples grupos que comparecieron a la vista en donde se discutió enmendar el contrato de la empresa carbonera AES Puerto Rico para hacerle un pago adicional de $185 millones. Así lo denunció a CLARIDAD la licenciada Ruth Santiago, miembro del Comité Ambiental de Salinas (CAS), uno de los grupos que comparecieron.
Según dio a conocer el NE en comunicado de prensa, AES alegó que “el contrato existente no le permitía recuperar los gastos necesarios de operación, dados los niveles de eficiencia térmica (heat rate) a los que corre la planta. Estos problemas inciden en la viabilidad económica de la planta, afectando el flujo de efectivo de AES y poniendo en precario la continuidad de su operación”.
A preguntas de este semanario, la licenciada Santiago afirmó que la decisión del NE de aprobar un pago adicional de $185 millones a AES para que siga operando y generando cenizas va en contra del interés público porque el dinero, tanto el adicional como el que ya se le paga, sería más beneficioso si se invirtiera en la generación más cercana a su consumo a través de las placas solares en los techos de los hogares o en las instalaciones de tratamiento de aguas de la Autoridad de Acueductos. Por el contrario, el NE no tomó en consideración ninguno de los planteamientos de los grupos que comparecieron a la audiencia sobre la transformación necesaria que requiere la manera de generar energía en el país.
La miembro del CAS hizo referencia a que esto se vio la semana pasada ante la demanda de la gente por acceder a la posibilidad de instalar paneles solares en sus hogares. “La gente entiende que la seguridad energética viene a través de sistemas cercanos como las placas en techos y con baterías. El dinero se debe invertir ahí porque hay mucha demanda. Como vimos, la gente particularmente los de bajos y medianos ingresos, saben que el sistema centrado en esas plantas fósiles le van a fallar en el próximo huracán o el que venga después”.
Santiago, quien es además miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de Casa Blanca, recalcó que el “rescate” a la AES no es una solución que tome en cuenta el interés público, ya que esta es parte de una corporación multimillonaria que puede y debe sufragar cualquier gasto que tenga que ver con el manejo adecuado de las cenizas. También llamó la atención a que se supone que AES se comprometió desde el principio del contrato a que si no había un mercado en Puerto Rico para las cenizas, las sacarían de la isla. Aunque en la actualidad AES está sacando las cenizas fuera de Puerto Rico, Santiago cuestionó por qué si las cenizas son un producto beneficioso AES no las vende en el mercado en Estados Unidos. “Porque no hay tal mercado. Es un desprecio tóxico, radiactivo y el NE ignoró por completo la prueba que le sometimos al respecto”, denunció.
Por su parte, la coalición Queremos Sol, bajo la cual comparecieron organizaciones ambientales y comunitarias, censuró la acción del NE de dar paso a las enmiendas a la carbonera AES a sabiendas de que implica un aumento en la factura de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y más contaminación tóxica y radioactiva para el país.
“Expresamos nuestro rechazo, ante la decisión del Negociado, de aprobar las enmiendas al contrato de AES. No solamente veremos un incremento en el costo del servicio eléctrico, que ya es uno de los más altos de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, también se ignora las alternativas de utilizar los fondos públicos y de recuperación de desastres para equipar las residencias, negocios e instituciones con sistemas solares en techos y baterías para sustituir la generación de AES”, explicó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz de Queremos Sol.
Alvarado denunció, además, que el NE sigue considerando una propuesta de AES de instalar placas solares a escala industrial en terrenos agrícolas. Sobre ello alertó: “Agudizará nuestra inseguridad alimentaria en un país que importa alrededor del 85 % de sus alimentos y causará graves inundaciones a las comunidades de Salinas y Guayama y daños a nuestros ecosistemas . Es lamentable que el NEPR haya cumplido los caprichos de una compañía que por más de dos décadas se ha dedicado a contaminar nuestro suelo, aire y acuíferos, que además son fuente de agua para muchas comunidades. Nos mantenemos en pie de lucha junto a las comunidades y las organizaciones ambientales de nuestro país porque creemos firmemente que la alternativa es la distribución asequible y equitativa de sistemas solares en techos y su almacenamiento eléctrico en baterías desde las bases comunitarias junto a programas de conservación, eficiencia y educación energética” puntualizó.
La resolución del NE reconoce que el cargo al bolsillo de los consumidores se aproximará a los $185 millones. Además de no atender los planteamientos de los grupos representados en Queremos Sol, también se denunció que la mayor parte de los documentos sometidos por AES se mantienen bajo secreto del NE. La determinación del NE fue dada a conocer el 1.0 de febrero.
