La pérdida de acreditación por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) es un asunto preocupante y que no debe tomarse a la ligera, sobre todo en un país como Puerto Rico donde hay ausencia de compromiso con la fiscalización, el rendimiento de cuentas y la transparencia en las decisiones y operaciones de las agencias y entidades gubernamentales. Así lo establece una comunicación de la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), ante la decisión de la Conference of State Bank Supervisors (CSBS) de suspender la acreditación al regulador de las instituciones bancarias y financieras de Puerto Rico. Dicha entidad tiene a su cargo evaluar los procedimientos y operaciones de las agencias que regulan las instituciones financieras y bancarias en Estados Unidos. La pérdida de acreditación de la OCIF se conoció públicamente a través de un reportaje del Centro Investigativo de Prensa.
El cuestionamiento de ALPR, entidad que ofrece servicios y orientación legal relacionados con el derecho a la vivienda, obedece a que desde el 2020 le ha exigido a la OCIF que reconozca y ejerza su rol fiscalizador, en particular ante la crisis hipotecaria que experimenta el país. Entre otras medidas, ALPR solicitó que se evalúe y fiscalice más asertivamente a las instituciones financieras, particularmente sobre el manejo adecuado de los procesos de mitigación de pérdidas en préstamos hipotecarios. También le requirió a la OCIF que fuese más vocal en exigirle al gobierno la asignación de más fondos y recursos a los fines de fortalecer la fiscalización de los bancos e instituciones hipotecarias.
Según ha reconocido la propia OCIF, fueron las deficiencias en su programa de exámenes y evaluaciones a las instituciones financieras las que provocaron que la CSBS les suspendiera la acreditación. “La reducción severa del presupuesto, la falta de personal debidamente adiestrado y la disminución del programa de educación financiera demuestran la falta de voluntad del gobierno de destinar los recursos necesarios para fortalecer la agencia que debe supervisar y fiscalizar las entidades financieras e hipotecarias,” expresa Ayuda Legal en su comunicación. Como parte de su auditoría a la OCIF, la CSBS recomendó aumentar la cantidad de examinadores y mejorar sus condiciones salariales y sus oportunidades de adiestramiento.
Como establece la Ley 4 de 1985, la OCIF es la agencia gubernamental responsable de fiscalizar y supervisar a las instituciones financieras que operen en Puerto Rico. Entre sus encomiendas está el hacer valer la Ley de Bancos de Puerto Rico y la Ley de Instituciones Hipotecarias. El rol de fiscalización de la OCIF incluye atender, investigar y resolver las querellas; imponer multas administrativas por las violaciones a las leyes que administra; realizar toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten a cualquier rama de la industria bancaria y requerir el cumplimiento de exámenes a las entidades financieras.
Según Ayuda Legal, es por medio de los mencionados exámenes que la OCIF investiga las condiciones y recursos de los bancos, el modo de conducir y manejar sus asuntos, las acciones de sus directivos, la inversión de sus fondos, y la seguridad y prudencia de su administración. Los exámenes también permiten evaluar las garantías que haya dado el banco para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y si la ley ha sido cumplida en la administración de sus asuntos.
Ayuda Legal también atribuyó el que muchas veces OCIF se ha amparado en que los exámenes y procesos de fiscalización de la banca son confidenciales. Así excusa tener que liberar información sobre incumplimientos. Esto no es aceptable, menos aun cuando los últimos meses han estado plagados de serios señalamientos a bancos.
“La fiscalización a medias, el poco personal para atender querellas, el manejo deficiente de los procesos de examinación, entre otras fallas, redundan en violaciones de derechos a consumidores, incumplimientos con legislación aplicable y otras prácticas que directamente inciden en la salud financiera de la gente que vive en Puerto Rico. Todo ello propicia un ecosistema de violencia económica contra los hogares y las vidas de miles de familias. Esta agresión sistemática creada e intencionada, afecta de forma desproporcionada a grupos históricamente desaventajados como las personas empobrecidas, adultas mayores, las mujeres y personas racializadas. Exigirle a OCIF rendición de cuentas es medular para alcanzar justicia y equidad”, demandó ALPR.
