Entre las ventajas de ser islas tropicales, Puerto Rico se precia de tener playas hermosas y sol radiante todo el año. Tanto el mar y la playa como el sol son recursos naturales de uso común, que hasta ahora hemos disfrutado por igual, y gratuitamente, todas y todos los habitantes del archipiélago borincano. Pero, en la situación de indefensión colonial en que se encuentra Puerto Rico, en estos momentos vuelve a arreciar con fuerza la amenaza de convertir nuestras playas públicas y el sol en productos del mercado. Esta no es una realidad nueva en nuestra historia colonial. Puerto Rico es rico en belleza natural y disfruta de un cálido clima todo el año, lo cual ha alimentado la codicia de los mercaderes que buscan un buen negocio con recursos ajenos.
Las playas y la zona costanera de Puerto Rico por décadas han sido un objetivo preciado de grandes conglomerados hoteleros, turísticos y residenciales, para los cuales construir en el litoral costero representa grandes ganancias económicas. En Puerto Rico, las playas son de dominio público y su libre acceso consta en diferentes leyes del país. La propia Constitución de Puerto Rico, en su Artículo 6, sección 19 reconoce como política pública la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de la comunidad. Esto incluye las playas, desde siempre el entretenimiento familiar gratuito más favorecido por nuestro pueblo en todo Puerto Rico, Vieques y Culebra. No obstante, por décadas ha enfrentado escollos el uso y disfrute de nuestras playas públicas, en la medida en que el afán desarrollista ha privatizado grandes franjas de litoral costero. Muchos de estos privatizadores han tomado medidas para limitar el acceso público a las playas circundantes.
Los sucesivos gobiernos coloniales han fallado repetidamente en defender nuestros recursos naturales costeros como patrimonio común de nuestro pueblo. Por eso, en distintos momentos y circunstancias, el propio pueblo puertorriqueño ha tenido que organizarse y movilizarse en defensa de sus recursos naturales y del libre acceso a las playas que le pertenecen. Otro factor que ha motivado la organización y movilización del pueblo es el impacto del cambio climático en la zona costera puertorriqueña, el cual ha sido ignorado por gobiernos y desarrollistas, ocasionando el abuso y el maltrato de nuestros recursos costeros, su flora y fauna, y nuestras playas.
Una de las luchas más recientes y valientes por el acceso a la playa se dio precisamente en el área de la urbanización costera Ocean Park en San Juan. Por eso, el vídeo de una pareja de residentes de dicha urbanización, tratando de impedir un juego de tenis playero frente a su propiedad provocó una reacción pública visceral y apabullantemente negativa contra los propietarios en cuestión. Y es que últimamente, y sobre todo tras la aprobación de la Ley 22 (60) de incentivos económicos, que ha estimulado la llegada a Puerto Rico de decenas de millonarios extranjeros que buscan evadir el pago de impuestos, la codicia por las playas y el litoral costero se ha tornado frenética. Los nuevos colonos son agresivos en la compra de propiedades en localizaciones privilegiadas del litoral costero, con la complicidad del Gobierno de Puerto Rico. Con ello han aumentado los intentos de cerrar el acceso público a las playas, por lo cual puede anticiparse que los conflictos y enfrentamientos continuarán.
Otra área de espinoso conflicto será el llamado impuesto al sol, a todas luces discriminatorio contra los clientes de energía solar en el país. La energía solar en Puerto Rico se ha convertido en una necesidad, por el colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la espiral de costo y contaminación de la energía fósil, y la incompetencia e ineficiencia del privatizador de la trasmisión y distribución eléctrica, LUMA Energy. A los clientes de energía solar les quieren imponer ese gravamen ilegal, que contraviene la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17/2019), la cual orienta la conversión de nuestro sistema eléctrico hacia las energías renovables.
El impuesto al sol es promovido por la Junta de Control Fiscal (JCF) en su afán de convencer a los bonistas de la AEE de aceptar el Acuerdo de Reestructuración de Deuda que se está negociando. La aprobación de dicho acuerdo implicará un nuevo cargo de transición para todos los abonados de la AEE. Los clientes de energía solar pagarán dos cargos: el de transición y por la energía que autogeneren.
El régimen colonial en Puerto Rico nos sigue asfixiando con su cerco implacable. Ahora, no solo nos saca de nuestras playas sino que quiere cobrarnos hasta por el sol.
