Editorial: Plan de Retiro UPR en batalla por su supervivencia

Marcha el 18 de febrero por la justicia salarial y retiro digo. Foto Alina Luciano

 

El asalto financiero a la Universidad de Puerto Rico (UPR), por parte de los sucesivos gobiernos anexionistas de los últimos años y la Junta de Control Fiscal (JCF), es desde todos los flancos. Tanto, que podría poner en juego la viabilidad futura de la única universidad pública de nuestro país. Uno de los flancos más asediados en esta batalla sin cuartel es el Plan de Retiro de los empleados de la UPR, establecido desde el año 1945, cuando la institución empezó a perfilarse cómo un primerísimo centro de educación superior y forjador de generaciones de profesionales puertorriqueños  en todos los campos del saber.

Uno de los atractivos para el reclutamiento en la UPR es su plan de retiro de beneficios definidos, que le ofrece a sus docentes y empleados la posibilidad de un retiro digno, tras cumplir sus décadas de servicio a la institución y su población estudiantil. Un plan de retiro bueno, solvente y que ha servido bien a sus pensionados, enfrentado ahora a la rapacidad inclemente del gran capital, representado por la JCF, y de la agenda ideológica de las fuerzas anexionistas  y  anti puertorriqueñas contra la universidad del pueblo.  Los más cínicos dirán que el “pote” del Plan de Retiro de la UPR contiene demasiados fondos como para no atraer la codicia de los corruptos que cada cuatrienio apuestan a ser acomodados por el partido vencedor, y se pasean impunemente por los pasillos del poder político en Puerto Rico.

Cualquiera que sea la razón principal, el resultado es el mismo. Desde hace una década, el Plan de Retiro de los empleados de la UPR no tiene tregua ante la feroz embestida que lo ha colocado varias veces a riesgo de ser saqueado, adulterado o cambiado, sin que ninguna de las fuerzas que pretenden cambiarlo hayan podido ofrecer una justificación actuarial y financiera válida para dichas propuestas de cambio.

En 2012 ocurrió el primer intento reciente que recordemos, durante el gobierno de Luis Fortuño y el PNP, y bajo la Junta de Gobierno (entonces Junta de Síndicos) de la UPR que él nombró. Esa Junta pretendió sacar $15 millones del Plan de Retiro para una riesgosa inversión en acciones del área de tecnología, entre otras, la red social Facebook, a través de una nebulosa firma de inversiones extranjera llamada Verdanta Capital,  traída de la mano del notorio Jerome Garffer, entonces miembro de la Junta de Gobierno de la UPR y hoy acusado varias veces por maltrato de mujeres. La Junta del Plan de Retiro, y los profesores y empleados que la dirigen, denunciaron la movida, que no fue avalada por los consultores oficiales del Plan por considerarse demasiado riesgosa. Al final se hizo sal y agua la propuesta de Verdanta Capital y sus cómplices en la Junta de Gobierno de la UPR, al desplomarse súbitamente el precio de la acciones de Facebook y comprobarse que los trabajadores universitarios  y sus asesores tenían la razón.

Nuevamente durante el cuatrienio de Ricardo Rosselló y el PNP el Plan de Retiro de la UPR fue un objetivo,  esta vez respaldado por la Junta de Control Fiscal (JCF) que había entrado en vigor ese mismo año tras la aprobación de la Ley PROMESA por el Congreso de Estados Unidos. Los recortes de la JCF y sus medidas de más extrema austeridad se dirigieron hacia la Universidad  y, por supuesto,  al intento de alterar la naturaleza de su Plan de Retiro, considerado por la JCF como un gasto innecesario. La propuesta original de la JCF fue congelar el plan, pero el gobierno de Rosselló decidió cambiarlo. Para ello contrató por $300 mil a la firma de consultoría y contabilidad BDO, entonces principal asesora de dicho gobierno, para que  diseñara un nuevo modelo de plan de contribución definida (401K) para la UPR. Ya sabemos lo que pasó con BDO y sus principales oficiales, acusados de corrupción por las autoridades federales en el mismo esquema que sacó del medio a la Secretaria de Educación, Julia Keleher, y la Directora  de la Administración de Servicios de Salud, Ángela Ávila.  Ya sabemos también lo que pasó con Ricardo Rosselló, obligado a renunciar a su cargo por la fuerza combativa de nuestro pueblo.

La JCF volvió  a insistir con el tema del Plan de Retiro de la UPR bajo el breve gobierno de Wanda Vázquez. Lo considera inconsistente con su objetivo principal de pagar la deuda a los buitres de Wall Street. La única razón por la cual todavía el Plan de Retiro de la UPR se sostiene en su estructura original es porque su Junta de Retiro, compuesta por universitarios- pensionados  y empleados activos-ha dado la buena y prolongada batalla por preservar el único derecho contractual que les garantiza un retiro digno.

Esta edición contiene un reportaje sobre los últimos desarrollos de esta candente controversia, en momentos en que la JCF se ha sacado el as del chantaje de la manga, y ha ofrecido aumentar en $40 millones el presupuesto asignado a la UPR, si la Asamblea Legislativa  el gobierno de Pedro Pierluisi acceden a su propuesta de desmantelar la actual estructura del plan de retiro universitario.

Una universidad viva es esencial para cualquier proyecto de país. También lo es garantizar  la dignidad de sus trabajadores docentes y no docentes. Nuestro pueblo no puede permitir que en la UPR se repita la tragedia que ocurrió con los maestros y demás trabajadores esenciales del servicio público, despojados de su derecho a un retiro digno por el designio cómplice entre una Ley colonial, una Junta impuesta y un gobierno incompetente y antipuertorriqueño.

 

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