Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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La cercanía del año electoral es lo que está de por medio en el aparente nuevo enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo contra la Junta de Control Fiscal. En esta ocasión el enfrentamiento responde a la advertencia de la JCF a la Legislatura de que la aprobación de $30 millones en gastos propuestos por el Gobierno no son parte del Presupuesto Certificado del Estado Libre Asociado (ELA) para el presente año fiscal y, por lo tanto, son inválidos bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (PROMESA).
La Junta escogió el atardecer de este domingo cinco de mayo para publicar las cartas que les envió al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) licenciado Christian Sobrino Vega y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos donde les reclama que las 24 resoluciones conjuntas que conllevan los $30 millones en gastos no están exentas del proceso de certificación del presupuesto, independientemente de que hayan recibido aprobación legislativa.
A juicio del presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) profesor Heriberto Martínez Otero, una vez más se presenta el enfrentamiento del poder del ejecutivo y el legislativo tratando de ejercer su poder constitucional más importante, que es aprobar el presupuesto y aprobar partidas de gastos, versus el poder de la Junta. En cuanto al poder de la Junta, trajo a la atención que con la renominación de sus miembros por el presidente Trump, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones la Junta se encuentra en la circunstancia de tener que presentar un informe final en el que deje establecido qué fue lo que hizo y cuál es la ruta que deben seguir sus miembros, en caso de que haya cambios.
“En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es que no hay mucho logro porque la Junta propiamente se puso tres metas fundamentales: la primera, balancear el presupuesto; la segunda, reiniciar el pago de la deuda pública y la tercera, poner a Puerto Rico en posición de retornar a los mercados de capitales internacionales. Ninguna de las tres se ha cumplido en lo que va de término y lo que hemos visto es un enfrentamiento duro entre los poderes institucionales”, expresó a CLARIDAD el también abogado.
Respecto a la situación económica del Gobie/rno, expuso que el país está experimentando lo que se conoce en la macroeconomía como un shok positivo, debido a que han estado llegando fondos federales con los cuales no se contaba antes del huracán María. Del dinero asignado –aun con los casos de corrupción y a pesar de que no se han recibido todos los supuestos asignados– lo que se ha recibido está circulando en la economía del país y ha tenido impacto en los recaudos del IVU y en las contribuciones, por lo que el Estado ha tenido más ingresos. Aunque el Gobierno ha recibido más dinero, la Junta insiste en mantener un presupuesto de $18 mil millones.
“En mi opinión lo que está pasando es que la Junta está tratando de decir que no le interesan los tiempos electorales porque ellos han sido nombrados por el Gobierno Federal para hacer un trabajo determinado”, denunció Martínez Otero, a la vez que reparó en que en la Junta hay personas con conflictos de intereses, por lo que no deberían estar en ella.
Mientras, el gobernador está admitiendo que las políticas de austeridad han afectado sus posibilidades de reelección. Por lo tanto, ahora el presupuesto del año preelectoral y del año electoral deben de ser unos que le permitan aumentar el gasto público y así tratar de tranquilizar o detener la imagen negativa que han podido provocar las políticas de austeridad de estos primeros dos años de su administración.
Martínez Otero no descarta que, aun cuando el pulseo entre la Junta y la administración de Rosselló Nevares aparente que llegará a las últimas consecuencias –que sería acudir al tribunal–, como en enfrentamientos anteriores, la Junta y el Gobierno al final lleguen a un acuerdo para aplicar recortes a la inversión social, manteniendo intacto el gasto político “porque el gasto político no se ha tocado nada”. Una prueba de estas posturas es el hecho de que ni la Junta ni el Gobierno han querido definir cuáles son los servicios esenciales.
Señaló que aun así, en un año electoral el presupuesto del Gobierno tiende a aumentar para poder hacer “obra”, por lo que habrá que ver hasta dónde va a llegar la controversia. En caso de que termine en los tribunales –apuntó–, estos están siendo sumamente pesados a la hora de tomar decisiones. En su lugar tiende a pensar que la situación va a terminar de nuevo con un cabildeo intenso en Washington D.C., y que entonces se verá cómo los acreedores y los diferentes grupos reclamarán sus intereses. La controversia en el fondo –describió– es que ahora el Gobierno va a tener más dinero. La duda es si el dinero se va a utilizar en inversión social o se va a disponer para pagar la deuda.
El economista atribuye a la JCF estar apostando a que ese dinero pueda usarse para el pago de la deuda y señala que, aunque el gobernador no está muy distante de las ideas de la Junta, reconoce que de querer prevalecer en las próximas elecciones, va a tener que usar parte de ese dinero en inversión social.