Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Dos años tarde, en el último día que le permitía la ley, la Junta de Control Fiscal (JCF) por fin demandó a 20 bancos, a bufetes de abogados y a firmas de asesores financieros que participaron en emisiones ilegales de bonos del Gobierno de Puerto Rico. Las emisiones ilegales fueron por la cantidad de $9 billones y, según la JCF, con la demanda se espera recuperar $1 billón de dólares.
La demanda se radicó una semana después de una vista ante la sala especial del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico que atiende el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa. La juez Laura Taylor Swain le exigió a la Junta presentar una lista de las entidades responsables de las emisiones ilegales y presentar las demandas antes del 2 de mayo. Aun cuando la Junta había solicitado al Tribunal mantener en confidencialidad los nombres de los posibles demandados –postura que fue apoyada por el Gobierno de Puerto Rico– las demandas no se presentaron selladas.
Dos días antes de que la JCF radicara las demandas, en entrevista con Armando Santiago Pintado, miembro del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), este argumentó que la posición de la Junta de mantener en confidencialidad a las entidades que participaron de las emisiones ilegales es para proteger conflictos de intereses internos. A pesar de haber encontrado salvaguardas para no revelar la identidad de las personas, la Junta misma ha tenido que reconocer que estas desempeñaron un papel en la emisión de deuda ilegal. “Nosotros estamos segurísimos, no cabe duda a base de las investigaciones que hemos hecho de información que es pública, que entre los nombres que van a surgir por fraude, emisiones de deuda ilegales, transferencias fraudulentas e insolvencia del Gobierno están incluidos los nombres de Carlos García, de José Ramón González, de algunos de los socios de negocios de José Carrión y de alguno de sus familiares. Estos son hechos y sabemos que hay nombres y personas que ellos están tratando de proteger por ser ellos mismos o sus familiares y socios”.
De hecho, entre los demandados, la JCF no incluyó al Banco Popular. Algunas de las entidades demandadas son: Bank of New York Mellon, Jefferies, UBS Securities, Northern Trust, ANB Bank, Union Bank, Barclays, Bank of America–Merryl Lynch, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, RBC Capital, Santander Securities, UBS Financial Services of Puerto Rico, Morgan Stanley, Ramírez & Co. (Samuel A. Ramírez & Co.), Mesirow Financial, VAB Financial, Raymond James, Scotia MSD, TCM Capital, BMO Capital.
La ilegalidad de las emisiones responde a que fueron hechas en exceso del límite constitucional, a sabiendas por los funcionarios del mismo gobierno de que las entidades que tomaron parte –bancos, bufetes legales, asesores financieros– conocían de la incapacidad del Gobierno para poder tomar prestado, entre otros delitos. La JCF reconoció que la emisión de estos bonos contribuyó a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) violara su deber fiduciario.
Santiago Pintado describió esta participación del Gobierno como una fraudulenta, a la vez que trajo a la atención que no existía, ni existe voluntad para esta fiscalización. Una de las pocas agencias que podrían investigar las transacciones de emisiones de bonos del Gobierno para hacer un estudio real es la Oficina del Contralor (OC), pero esta nunca ha hecho ni siquiera una auditoría financiera de la deuda. La primera y única auditoría que ha hecho la OC fue publicada en el 2016, sobre COFINA, cinco años después de su última emisión de bonos. La auditoría no encontró ni hizo ningún tipo de detección de si la deuda era ilegal, si cumplía con parámetros o estándares legales constitucionales. Se limitó a un ejercicio matemático de la cantidad que se tomó prestado, lo que se tenía que pagar y las fechas de pago.
Otro aspecto sobre el cual llamó la atención es que en la OC tampoco nunca se ha registrado un solo contrato de los bancos que participaron en esas emisiones, esto pese a que se sabe que desde el 1998 desde el BGF se hicieron más de 116 emisiones de bonos y el banco nunca radicó copia al contralor de los contratos contraídos para estas emisiones.
Lo peor de esta situación es que no se sabe a dónde fue a parar el dinero de estas emisiones, afirmó el investigador. Explicó que al momento de las emisiones, se supone que el Gobierno tuviera unos controles financieros que pudieran hacer un rastreo del dinero; pero ese dinero no se ha rastreado de manera adecuada. “No podemos estar seguros de que el dinero se invirtió en el país”. Reveló que lo que el Frente Ciudadano ha encontrado en sus investigaciones es que en los últimos años de las emisiones de deudas el dinero no llegaba al Gobierno de Puerto Rico. El dinero era dinero que estaba en papel que decía que el Gobierno de Puerto Rico lo tenía, que se le iba a transferir al Gobierno; pero en realidad, el mismo documento de la emisión de deuda decía que el dinero se le estaba dando la banca para pagar a su vez el dinero que el Gobierno les debía, o el que se le prestó o el que se le condicionó.
Es decir, la banca se estaba pagando a sí misma el dinero que había prestado. Una de estas situaciones ocurrió con la última emisión de bonos que hizo el gobierno de Puerto Rico en el 2014, emisión que la JCF también reconoce que fue ilegal, ya que el 100% se hizo para pagar a la banca. Ese dinero – denunció el portavoz del FCAD– no terminó en el país, ni siquiera en manos del Gobierno. La porción más grande se usó para pagar deuda vieja del BGF porque, si no, el banco se hubiese ido en insolvencia, y si el banco se iba en insolvencia, como terminó sucediendo, y los funcionarios del banco seguían aceptando depósitos del gobierno, estarían incurriendo en delito. En fin, el propósito de la emisión fue evitar que los ejecutivos del BGF fueran a la cárcel.
¿La demanda de la JCF cancela cualquier otra demanda que pueda presentar otro grupo?
Santiago Pintado explicó que hasta ahora el entendido generalizado es que el deudor es quien único puede presentar demandas para recuperar dinero que se le defraudó. Ese deudor es el Gobierno, el pueblo de Puerto Rico, que está siendo representando por la JCF. En la reciente vista, un grupo de acreedores acusó a la Junta de no querer demandar a la gente que tiene que demandar para recobrar el dinero, por lo que le solicitó a la jueza que pusiera a la Junta en sindicatura para ellos actuar en calidad de deudor. La jueza denegó la petición, pero les permitió ser codemandantes con la JCF. La intención es que los demandados entre ambos puedan llegar a acuerdos y la Junta no tenga el control de las negociaciones.
Hay otro grupo de acreedores que le solicitó a la jueza que una vez se revele la lista de los nombres que van a ser demandados, después de un periodo de tiempo que estipule el tribunal, ellos entonces tengan el derecho a presentar sus propias demandas para evitar transferencias fraudulentas que les impida recuperar su dinero.
¿Qué tan sólida puede ser la demanda de la JCF si está basada en el informe sobre la deuda que hizo Kobre & King, el cual no es una auditoría?
Oficialmente, el informe de Kobre & King (K&K) es la única investigación que ha reconocido la Junta. Lo que sugiere el trámite legal público es que ha habido un intercambio de información entre el Comité de Acreedores No Asegurados, que es el comité que ha estado llevando la batuta de que la deuda es ilegal. “Parece que han estado intercambiando información y llegando a negociaciones. En ese comité hay personas que tienen información mucho más confiable que la de K&K, que han estado llevando a cabo sus propias investigaciones y son parte también del análisis que hace el informe que sacó la Auditoria para el Crédito Público en el 2016. No es K&K la única fuente, aunque oficialmente es lo único que se ha reconocido”, delató respecto a la JCF.
Al coincidir con el señalamiento de que la demanda se puso muy tarde, Santiago Pintado apuntó que eso es parte de lo que encarece el litigio. Expuso que el Gobierno y la Junta debieron haber hecho una auditoría antes de sentarse a negociar, la cual iba a revelar que había deuda ilegal, “pero el Gobierno y la Junta se fueron a la quiebra sin estar preparados, fueron al tribunal a improvisar a un proceso”. Una prueba de esta improvisación es que aun cuando la quiebra se radicó en el 2017, el último estado financiero auditado del Gobierno era del 2015; todavía no han sacado los del 2016. “Están pasando mucho trabajo tratando de esconder algo”, comentó sobre la demora. No fue hasta este lunes seis de mayo que el gobierno anunció que se disponía a entregar el estado financiero del 2016.
En fin, la estrategia de la Junta y del Gobierno de no tener de antemano una auditoría, de esperar hasta el último día para demandar a la vez que se sienta a negociar, no es en definitiva la mejor estrategia para proteger el dinero del pueblo de Puerto Rico.
