Entrevista al doctor Iyari Ríos González, presidente entrante de la AE.
CLARIDAD
El gobierno de Puerto Rico, tiene los argumentos económicos suficientes para defender la permanencia de la ley 41 del 2022, la llamada Reforma Laboral, frente a un análisis deficiente de la Junta de Control Fiscal (JCF). Así lo entiende la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), la cual dio a conocer su apoyo a la permanencia de la ley y un documentado análisis sobre los argumentos de la JCF.
En entrevista el economista y presidente entrante de la AEPR, doctor Iyari Ríos Gonzalez, expresó que su posición particular es que la postura de la de la JCF respecto a la ley es una ideológica y que vale recordar que cuando se aprobó la ley Promesa en el 2016, luego de creada la Junta una de las primeras acciones que llevó a cabo luego de las elecciones del 2016 fue dirigir una carta en diciembre del 2016 al gobernador saliente Alejandro Garcia Padilla, y al entrante Ricardo Rosselló indicándole que era necesario un conjunto de reformas estructurales para la económica. Una de esas reformas estructurales es una flexibilización de las leyes del mercado de trabajo -que es el término que la JCF utiliza para significar la degradación de los derechos laborales de los trabajadores. Pocas semanas después de la carta se presentó el proyecto de la reforma laboral ley 4 del 2017 lo que resulta interesante -dijo- que eso significa que desde bufetes externos ya se estaba trabajando la reforma.
Agregó que en aquel momento no se hicieron estudios sobre los beneficios de la reforma laboral, sino que se dio por sentado que una mayor flexibilización del mercado de trabajo incentivaba la participación laboral. Esa es la postura que ha tenido por ejemplo instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que señalan que existe una relación directa entre la flexibilización del mercado de trabajo y la participación laboral. Cosa que en el mercado de Puerto Rico -afirmó el economista- no se ha demostrado por lo menos empíricamente con los datos oficiales, porque una vez se aprobó la reforma laboral en enero del 2017 no se han observado cambios significativos en la tasa de participación laboral en Puerto Rico en los próximos años.
De acuerdo al presidente de la AEPR la tasa de participación laboral en el país ha permanecido desde el 2017 hasta el presente mas o menos alrededor del 40% que es una tasa de participación baja. “De hecho se podría argumentar lo contrario que como resultado de las políticas de austeridad que se han aplicado en Puerto Rico y la degradación de los derechos de los y las trabajadoras desde el inicio de la depresión económica en el 2006 hasta el presente en ese periodo de 15 años esa degradación de las condiciones económicas, mas la depresión económica es una reducción en la tasa de participación laboral. En el 2006 era una aproximada de 43% mientras que en el presente es 40% o sea que ha bajado un 3%”.
Ríos González, expresó que la posición de la AEPR es que es importante defender la ley del 2022 y también es importante restituir la totalidad de los derechos y ampliarlos principalmente porque “lo que estamos argumentando es que un trabajador que tenga buenas condiciones laborales, que tenga una seguridad en el empleo, es un trabajador que va a estar mas contento, va a querer preservarlo por lo tanto va a ser un trabajador más productivo y que en ese sentido incluso para el sector empresarial debería estar a favor de mas derechos a los trabajadores se va a ver beneficiado en el aumento de la productividad”.
Precisó que según el Apéndice Estadístico del Gobernador se ha demostrado que la productividad de las y los trabajadores(as) se ha reducido desde el 2014 hasta el presente. “Así que la posición de la AE es que si bien apreciamos que la Ley 41 del 2022 permanezca, también es necesario continuar restituyendo derechos de los trabajadores y ampliar esos derechos a las familias que dependen de sus fuerzas de trabajo en el mercado”.
La Junta exige lo que ella misma no puede presentar
La AEP trajo a la luz que la JCF le exige al gobierno de Puerto Rico unos datos que ella misma no puede ofrecer. Un estudio econométrico que confirme que derogar la Reforma Laboral del 2017 no tendrá un impacto en los recaudos.
“Así que la JCF le está pidiendo al gobierno de Puerto Rico que hagan algo que ni siquiera el propio economista que consulto la Junta puede hacer. A mí eso particularmente me llamó mucho la atención”.
De acuerdo al análisis presentado por la AEPR con los pocos datos disponibles para Puerto Rico, es sumamente difícil precisar de forma econométrica el efecto, si alguno, de la derogación de la Reforma Laboral del 2017 en los recaudos contributivos. Incluso, la JCF tampoco ha logrado proveer dicho estudio. Lo único que han publicado es un documento de power point que el economista estadounidense, Robert Triest le presentó a los miembros de la JSF sobre la ley.
Se debe destacar -exponen los economistas puertorriqueños- que el propio economista contratado por la JCF tampoco pudo desarrollar un modelo econométrico, y en dicho power point reconoce que el ejercicio es sumamente difícil de llevar a cabo. “En otras palabras, la JSF le exige al gobierno una tarea que sus propios consultores reconocen como inalcanzable, y usan el “incumplimiento” para justificar su intromisión en la política pública de Puerto Rico”.
La AEPR apuntó que por otro lado, la presentación de power point del economista Triest es un simple refrito del mismo argumento económico que la JCF ya había delineado desde enero en su Plan Fiscal Certificado 2022, donde le advertía al gobierno que no debía derogar la Reforma Laboral del 2017. La JCF argumenta que el Crédito por Trabajo que estableció el gobierno de Puerto Rico el cual fue ampliado a través del American Rescue Plan, incentivará a más personas a moverse de la economía informal a la economía formal. Este aumento en la participación laboral formal, en cambio, implica mayor actividad económica y mayores recaudos.
Deficiencias en el análisis de la JCF.
La Asociación de Economistas atribuyó que la JCF ha caído en la falacia de prueba incompleta, o por su designación en inglés, cherry picking. Es decir no menciona que estudios científicos en varias disciplinas, incluyendo no solo la economía sino además en la medicina ocupacional y la psicología aplicada, han levantado evidencia que sugiere que mayores beneficios laborales pueden tener un impacto neto positivo, ya que suelen mejorar la satisfacción laboral, salud mental, felicidad, y motivación en los trabajadores y trabajadoras, lo que a su vez eleva la productividad laboral y las ganancias de la empresa. Además en la prensa de negocios (e.g, Forbes, Bloomberg) se ha discutido como cada vez más empresas concluyen lo que estudios científicos sugieren: los costos asociados a mayores beneficios laborales son compensados con el valor añadido por el aumento en la productividad laboral.
La AEPR reiteró que no hay evidencia empírica de que la relación lineal que se establece por el BM entre la flexibilidad laboral y la tasa de participación en el mercado de trabajo formal, y sobre lo cual se apoya la JCF para solicitar la suspensión de la Ley 41-2022, se sostiene en el caso de Puerto Rico.
Ríos Gonzalez, indicó que uno de los señalamientos que hace la AEPR en su análisis es que la JCF escoge de manera muy selectiva cuales son los estudios que se presentan para sostener su posición “y una de las cosas que nosotros sostenemos es que existen también múltiples de estudios que demuestran lo contrario de lo que dice la Junta si vamos a poner todas las cartas sobre la mesa habría que señalar los estudios que sostienen la posición de uno, también hay que señalar los otros”.
Una vez más recalcó que lo que plantea la JCF de que la ley le quita flexibilidad al mercado de trabajo y al quitarle flexibilidad lo que hace es que aumenta la participación laboral tomando en consideración los datos estos demuestran que desde el 2017 la tasa de participación laboral no ha aumentado si la teoría es que cuando se flexibilice el mercado laboral haya un aumento en la participación laboral eso no ha sucedido.
