CLARIDAD
“En lugar de preocuparnos, debemos ocuparnos, para que el dinero vaya a donde debe de ir”, apuntó la presidenta de la sindical magisterial UNETE, Liza Fournier Córdova, respecto a las repercusiones que pueda tener en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) la eliminación del llamado Departamento de Educación Federal (DEF) de Estados Unidos.
El electo presidente, Donald Trump, anunció en días recientes que una de sus primeras acciones al llegar a Casa Blanca será eliminar el DEF y dejar los asuntos de la educación en manos de los estados. En el caso de Puerto Rico, varios líderes magisteriales y un exsecretario de Educación coincidieron en señalar que esa posibilidad afectaría servicios del DE, como lo son la educación especial, los servicios de tutorías, de alimentación, educación vocacional y hasta las Becas Pell.
La presidenta de UNETE indicó que casi el 46 % del presupuesto del DE son fondos federales. Al hablar de ‘ocuparnos’ se refirió a que el Departamento no entre en gastos como, por ejemplo, que en el mes de septiembre pagó a una empresa privada $96 mil por unas pruebas de Educación Especial que no se pudieron utilizar y eliminar los puestos de confianza tanto a nivel central como en las oficinas regionales (ORE). Resaltó que la prioridad deben ser los estudiantes y los maestros en las comunidades escolares. Vale traer a la atención que hace unos meses se supo que la actual secretaria del DE, Yanira Raíces, tiene 93 empleados de confianza con una nómina de $8 millones anuales.
Sobre si una reducción en fondos federales puede atajar el establecimiento de escuelas chárter, Fournier Córdova indicó que en los planes de la gobernadora electa Jenniffer González se habla de las escuelas chárter, por lo que reparó en que si hay recortes, “mucho menos puede haber dinero para esas escuelas que no cumplen con los reglamentos del Departamento”.
Por su parte, el exsecretario del DE César Rey Hernández, señaló que aunque se piensa que el DEF es uno perpetuo, este fue creado en el 1979, y que el presidente Reagan fue el primero que intentó ejecutar una acción como la que está proponiendo Trump.
Comentó que la iniciativa de Trump, que está en su proyecto 2025, al cual dedica 44 páginas de 900, lo que pretende en teoría es descentralizar, acabar con la burocracia y buscar cómo simplificar ahorrarse dinero. Esto tiene unas implicaciones como el que todos los fondos federales que llegan a los departamentos de educación de los estados cubre programas para migrantes, educación especial, pobreza, alimentación, tutorías. “Afecta a la rueda de abajo de la población infantil y adolescentes, incluyendo la universitaria, porque afecta a las Becas Pell. En el caso de Puerto Rico, la población bajo los niveles de pobreza de menores de 18 años es de 62 % eso quiere decir que el impacto mayoritario será a la gente más pobre”.
El doctor Rey Hernández apuntó que cuando fue secretario del DE (2001 al 2004), la aportación del DEF a Puerto Rico era de mil millones. En la actualidad, la aportación al presupuesto es tres veces más, casi cuatro mil millones. No obstante, llamó la atención a que en el caso del DE ese dinero, que es discrecional del Gobierno federal, tiene varios problemas: primero, porque aquí el Departamento ha sido la ATH de partidos políticos; dos, tiene un historial de dos secretarios confinados por corrupción; tres, porque es la mina en donde algunas gentes se hacen millonarias. A su juicio, con ese historial que tiene Puerto Rico va a ser cuesta arriba defender ese dinero.Tampoco dejó pasar por alto el papel que tiene la Junta de Control Fiscal sobre el presupuesto del país, por lo que podría darse la situación de transformar los fondos federales en vales educativos, lo que de ocurrir sería una privatización de la educación.
Aun así, expresó dudar si los republicanos y los demócratas vayan a poner en riesgo la educación de sus estados, considerando que ya se intentó una vez por parte de Reagan y no lo logró. Aclaró que aun suponiendo de todas maneras que el Congreso reduzca la asignación de sus fondos, no es que cada estado vaya a manejar su departamento con el dinero que tenga. Destacó que es evidente que no se enviaría el mismo dinero y que, comoquiera, es un atentado contra la educación que afectaría a las poblaciones más desventajadas. En el caso de las Becas Pell, en Puerto Rico, el 90 % de los estudiantes dependen de ella.
Por último, expuso el contrasentido que representa la propuesta debido a que, si el propósito es mejorar la educación, la flexibilidad que cada estado asuma puede afectar la educación. Dio como ejemplo que en un año en Estados Unidos se han censurado unos diez mil libros.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, dijo que todavía no se podía tomar una posición porque no está claro cómo será la propuesta. Reconoció que se ha presentado antes y que tiene que ir al Congreso, que una reducción de fondos afectaría a los estudiantes menos aventajados, a las escuelas vocacionales y todo lo que tiene que ver con las estructuras de las escuelas públicas. Lo más que le preocupa, indicó, es el proceso de descentralización, ya que la eliminación afectaría los fondos para el proyecto IDEAR y afirmó no querer entrar aún en juicios valorativos de la propuesta.
