Especial para CLARIDAD
La semana pasada el pueblo puertorriqueño siguió con sumo interés el activismo del magisterio para hacer valer con valentía y dignidad su exigencia de “un salario justo y un retiro digno”, así como condiciones de trabajo apropiadas a la importante misión que llevan a cabo de educar a nuestra niñez y juventud, para que hagan de la sociedad puertorriqueña una por la cual sintamos orgullo. Otros sectores de la clase trabajadora, como el cuerpo de bomberos, de emergencias médicas y del Departamento de la Familia, también levantaron sus voces y se lanzaron a la calle, destacando sus coincidencias, pero también sus particularidades. Creo no equivocarme al señalar que amplios sectores de la población les respaldaron.
Pero, no solo en el sector público había protestas y justas demandas. También Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) fue objeto de un paro laboral por los dos sindicatos que agrupan a su empleomanía. Durante cuatro años la Unión Independiente de Empleados de Servicios Legales y la Unión de Abogados y Abogadas del programa que le ofrece representación legal en casos civiles a las personas de escasos recursos económicos, han enfrentado la intransigencia de la Lcda. Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva de la corporación y su cuerpo de administradores. De la mano de dos abogados contratados en un costoso bufete patronal, Santini Colberg se ha distanciado dramáticamente de la justicia que, a través del equipo que allí labora, SLPR reclama en los foros legales para la clientela empobrecida y socialmente vulnerable que representan. Han arrastrado los pies en las negociaciones y de paso, la Lcda. Santini ha asumido posturas muy parecidas a las del gobierno que con la cínicamente llamada “reforma laboral”, menoscabó derechos alcanzados por quienes trabajan en el sector público. Ejemplo de los que la directora ha intentado menoscabar son las cláusulas relacionadas con días por enfermedad y vacaciones, traslados, el procedimiento de querellas, la reducción del bono de Navidad a $600.00, mínimo que establece la Ley y de otros bonos negociados. La administración de SLPR está empeñada también en aumentar el salario de reclutamiento para las abogadas y abogados que comenzarán en la corporación, pero el aumento que ha ofrecido en la mesa de negociación para las compañeras y compañeros que tienen a cargo los trámites legales, entre quienes se encuentran personas con largos años dando lo mejor de sí por la clientela, no excede los $400.00. Aunque en SLPR no existe, y no ha sido reclamada por la gerencia, una crisis o quiebra económica como la que utiliza la Junta de Control Fiscal que está rigiendo en Puerto Rico, la dirección ejecutiva y su comité negociador emulan a ese repudiado organismo al pisotear los derechos de gente que está organizada sindicalmente hace más de cuatro décadas.
Lo que escribo no me lo ha contado nadie. Mi jubilación es muy reciente, después de 44 años de servicio en SLPR. Cuando comencé, se estaba negociando el primer convenio colectivo, el cual se ha caracterizado por ser muy progresista y haber servido de referencia para las negociaciones de otras uniones y también para reivindicar derechos en el sector público, especialmente en las cláusulas para promover la equidad de género. Conozco por experiencia propia los desmanes de la gerencia en SLPR durante estos cuatro años de negociación colectiva y los atropellos que ha cometido, no solo para hacer justicia salarial, sino por las condiciones opresivas de trabajo. Las abogadas y abogados, así como el personal paralegal, tienen una sobrecarga de casos, múltiples requisitos para documentar el trabajo que realizan, al mismo tiempo que, como en el sector gubernamental, la gerencia recurre a la contratación de secretarias y técnicos a través de agencias privadas que les pagan una miseria, especialmente a las primeras, pero se llevan una gran tajada de dinero de SLPR. Con estas contrataciones debilitan a la Unión Independiente de Empleados de SLPR porque las personas contradas no forman parte de la unidad apropiada. Mientras tanto, la Junta de Directores que preside el Lic. Heriberto Quiñones, parece mantenerse al margen de toda la controversia, en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores que sostienen al Programa con su labor y también de la clientela, que sin duda se afecta con el ambiente de tensión y la falta de una solución al conflicto laboral existente durante tanto tiempo.
El paro laboral en Servicios Legales continúa esta semana. La Ave. Ponce de León, Esquina Sagrado Corazón, a la altura de la Parada 26 de Santurce, donde ubica la oficina central de la corporación, será el escenario en el que los dos sindicatos que exigen justicia para las matrículas, manifestarán su activismo para lograr la firma de los convenios colectivos. Contarán con mi solidaridad y participación. Espero que también con la de la gente que lee CLARIDAD.
