CLARIDADES:El anexionismo moderno
Si bien la victoria electoral del Partido Nuevo Progresista en las elecciones de 1968 sirvió para aglutinar el conjunto de fuerzas estadistas dispersas, no fue hasta mediados de los años setentas que se comenzó la preparación de un nuevo proyecto. El PNP aprovechó políticamente las dificultades del modelo de desarrollo bajo el modelo de Operación Manos a la Obra, proponiendo la estadidad en círculos decisionales de Washington, como alternativa a la crisis territorial. De un lado, las dificultades económicas de Puerto Rico, derivadas de la crisis mundial del petróleo, se manifestaron como una crisis política del Estado Libre Asociado. El Partido Popular Democrático enfrentó dificultades de apoyo interno, en su gestión administrativa, de 1973 a 1976; y obstáculos en la metrópoli para su propuesta de Nueva Tesis para guiar el Estado Libre Asociado por un rumbo de mayor autonomía. De otro lado, el PNP tomó ventaja del creciente flujo de fondos federales que arribaron a Puerto Rico para financiar el área de política social. ¡La estadidad es para los pobres! fue el primer manifiesto del anexionismo isleño en su esfuerzo por rediseñar las consignas movilizadoras del proyecto.
La victoria del PNP, en las elecciones de 1976, creó las oportunidades para esbozar un proyecto abarcador. El PNP se armó de un nuevo fundamentalismo ideológico, avalado por la masividad del apoyo electoral, estimulado por las preocupaciones metropolitanas con la suerte de Puerto Rico, y apoyado por la capacidad para convocar, desde las riendas del estado, a un sector profesional y tecnócrata para repensar salidas a la crisis. Ese esfuerzo estuvo dirigido por Carlos Romero Barceló.
La propuesta de anexión, ¡Estadidad Ahora!, fue el inicio de un nuevo proyecto en la vida política del anexionismo isleño. La idea de estadidad, que se fue dibujando, fue una idealización basada en la habilidad del territorio para crear una economía de estado; una estrategia política fundada en el examen del proceso de anexión de los territorios en el sistema federal; y la idea de igualdad de minorías étnicas en la organización política metropolitana, que pretendió dar respuesta a las interrogantes de índole cultural que se presentaron como obstáculo desde las vistas de la Comisión del Estatus a principios de los sesentas. Bajo el liderato de Romero Barceló, se crearon rupturas importantes en el estadismo, que apuntaron hacia la formulación de un nuevo proyecto económico. El gobierno del PNP inició cambios en la estrategia de desarrollo económico dirigido a la transformación de economía de territorio a economía de estado, reduciendo la dependencia en el mecanismo de incentivos industriales y promoviendo el desarrollo de agricultura moderna de exportación. Además, para mediados de los setentas, el PNP había creado, por fin, su primera teoría de integración política, en al visión de la estadidad como un derecho a ser exigido por los ciudadanos americanos de Puerto Rico.
En su esfuerzo por lograr redefiniciones urgentes, el PNP debió lidiar con el problema de la identidad colectiva de los puertorriqueños. Históricamente, el pensamiento anexionista había soslayado la cuestión cultural; pero en el pensamiento anexionista moderno no pudo escapar la importancia del asunto.
Fragmento del artículo El anexionismo como proyecto histórico de Arón Gamaliel Ramos,edición 2577, En Rojo 2008
La prohibición del Glifosato en Vietnam y la remembranza de las guerras químicas
Por Félix Aponte Ortiz
Especial para CLARIDAD
El pasado 10 de abril de 2019, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam anunció la decisión de prohibir la importación y el eventual uso de yerbicidas que tengan en su contenido químico el compuesto glifosato. El glifosato es el componente principal del yerbicida que comercialmente se distribuye con el nombre de Roundup. La decisión de Vietnam se toma un mes después en que un jurado en California determinó se compensara con $80 millones a los demandantes en el caso de Hardeman v. Monsanto, en un juicio llevado a cabo en un tribunal del Distrito Norte de California. Edward Hardeman alegó y demostró en corte que el cáncer que padece del tipo linfoma no-Hodgkin es producto de su exposición al glifosato contenido en el Roundup. El pleito de Hardeman, relacionado al glifosato, es el segundo que se resuelve en contra de Monsanto pues en agosto de 2018 un jurado, en la Corte Superior de San Francisco, falló a favor del jardinero escolar Dewayne Johnson, también afectado por un linfoma no-Hodgkin. En el veredicto a favor de Johnson el jurado ordenó a Monsanto compensar al afectado con $289 millones, suma que luego se redujo a $78 millones en un proceso apelativo. Los casos de Hardeman y de Johnson son los primeros de otros miles que están pendientes de radicación o de solución en los tribunales de los EE.UU.. Un día después que el ministro vietnamés hizo público su determinación contra el uso del glifosato, el secretario del Departamento de Agricultura federal, George Ervin Perdue, emitió una declaración mostrando insatisfacción por la decisión tomada en Vietnam. Comunicó mediante la página oficial del Departamento de Agricultura lo siguiente: “We are disappointed in Vietnam‘s decision to ban glyphosate, a move that will have devastating impacts on global agricultural production. As I’ve often said, if we’re going to feed 10 billion people by 2050, farmers worldwide need all the tools and technologies at our disposal.”
Perdue, así como varias entidades organizadas y financiadas por las empresas productoras de yerbicidas a nivel internacional, hizo alegatos de que el glifosato como sustancia química resulta altamente beneficioso para los agricultores vietnamitas y que, científicamente, no se ha producido evidencia de que este compuesto sintético sea nocivo a la salud humana. La expresión pública de Perdue a través de los medios oficiales gubernamentales muestra claramente su alineación unilateral con la propaganda de las corporaciones que producen estos compuestos químicos (Monsanto-Bayer y otros). Refleja, además, la insensibilidad histórica que tienen los actuales dirigentes ejecutivos de los EE.UU. sobre Vietnam después de haber agredido a esta nación durante décadas usando todo tipo de armamento bélico, incluyendo una sostenida agresión química mediante la asperjación de decenas de millones de galones de yerbicidas y desfoliantes altamente tóxicos. La toxicidad de estas sustancias ocurre con exposición a concentraciones de millonésimas de gramos por litro de solución (parte por billón-ppb). Esta agresión química incluía, prominentemente, el uso del denominado Agente Naranja, mezcla de compuestos tóxicos en la que se incluía la dioxina. La dioxina es una de las sustancias sintéticas más tóxicas que ha producido la humanidad.
En noviembre de 2018 el US Government Accountability Office (GAO) publicó el informe Agent Orange-Actions Needed To Improved Accuracy and Communications of Information on Testing and Storage Locations. En ese informe se señala que desde los años 1940 a los 1970 la Fuerzas Armadas de los EE.UU. desarrollaron y probaron múltiples yerbicidas dentro de los EE.UU. y distintos países en el Mundo. A esos yerbicidas denominaban: “Tactical Herbicides” que incluía, además del Agente Naranja, otros Agentes que denominaban “Púrpura, Rosado, Azul y Blanco”. Estos nombres derivaban del color de una cinta metálica que colocaban en los contenedores de estas sustancias (drones de 55 galones). Los yerbicidas “tácticos”, según el GAO, se desarrollaron con la intención de utilizarse en los conflictos bélicos, primero en Corea y luego en Vietnam. La operación militar de asperjación en Vietnam la identificaban como como “Operation Ranch Hand” que duró de 1962 a 1971. En esa “operación” Ranch Hand se aplicaron más de 20 millones de galones de desfoliantes y yerbicidas en Vietnam, así como algunas actividades menos intensas en Laos y Cambodia. Se estima que la “Operación” cubrió un área de más de cinco millones de acres (sobre 20 mil kilómetros cuadrados) de área de bosques y sobre 500 mil acres de áreas cultivadas en productos de consumo humano.
El denominado Agente Naranja se produjo por primera vez en el 1964 y dice el GAO que de ese solo compuesto evidenció el transporte de 12.1 millones de galones para su uso en Vietnam entre 1965 y 1970. Los yerbicidas tácticos se diluían y mezclaban con combustible de avión (jet fuel o JP-4; una mezcla en partes iguales de keroseno con gasolina) y se asperjaban mediante el uso de aviones y helicópteros. El JP-4 se considera, a su vez, una sustancia tóxica pues su composición contiene una mezcla de benceno, tolueno, metil-benceno y xileno, sustancias que, en su totalidad, se consideran cancerígenas. El aerosol del agente Naranja mezclado con el JP-4, así como los otros defoliantes utilizados en Vietnam se asperjaron en, al menos, el 20% del territorio de lo que entonces se denominaba Vietnam del Sur. Una cantidad considerable de los tóxicos se asperjaron sobre el delta del Río Mekón. La asperjación de estos “yerbicidas tácticos”, según la Fuerzas Armadas Norteamericanas, se llevaba a cabo con dos objetivos primarios: (1) desmontar la vegetación arbórea para poder detectar y atacar las fuerzas armadas del Vietcon y (2) destruir las plantaciones agrícolas que suplían alimento al “ejército enemigo”. Pero la asperjación táctica se hacía sobre los propios soldados norteamericanos y la población vietnamita generando múltiples incidencias de cáncer y serias enfermedades a miles de seres humanos, incluyendo a cientos de miles de sus propios soldados. De hecho, se ha estimado que más de dos millones de soldados norteamericanos que participaron en la agresión militar contra Vietnam fueron “rociados” con agente Naranja y los otros “yerbicidas tácticos”. La asperjación de esa sustancia, además de afectar la salud de los soldados, también contaminó los suelos y las aguas de Vietnam. Debe recordarse que Puerto Rico se utilizó como sitio de experimentación del uso del Agente Naranja para su eventual aplicación y uso en Vietnam. En esa operación en Puerto Rico participaron funcionarios del Departamento de Agricultura federal y del gobierno colonial local junto a las Fuerzas Armadas. Se aplicaron esas sustancias en predios forestales de Guánica, Cabo Rojo, Mayagüez y Río Grande.
Paradójicamente, la empresa Monsanto, la misma que desarrolló el glifosato que se mercadea como Roundup y otros muchos yerbicidas, es la misma empresa que participó en la producción y utilización de los “yerbicidas tácticos” utilizados en la guerra química contra el Pueblo Heróico de Vietnam. Como daño colateral, los productos de Monsanto también afectaron la salud y comprometieron la vida de decenas de miles de norteamericanos y puertorriqueños que participaron en esa agresión al pueblo vietnamita. Y en esos procesos bélicos de “guerra química” también participaron el Departamento de Agricultura federal y el Servicio Forestal adscrito al mismo. Un caso notable de esa paradoja fue la situación que experimentó el Almirante Elmo R. Zumwalt, que fue el almirante a cargo de la Fuerzas Navales en Vietnam del Sur durante la guerra que ordenó la asperjación del Agente Naranja. El Almirante Zumwalt tenía bajo su mando un hijo con su mismo nombre que fue oficial naval en Vietnam quien estuvo expuesto a la asperjación del agente Naranja y murió de cáncer a los 42 años producto de la contaminación con el Agente Naranja. Este hijo fallecido de Zumwalt tuvo también un hijo que nació con defectos congénitos que han limitado su desarrollo físico personal. La historia de estos Zumwalt está contenida en un libro que publicaron con el título “My Father, My Son” de la cual se hizo una serie televisiva con el mismo nombre.
La guerra química que todavía prevalece sobre la humanidad en forma de yerbicidas tóxicos, como el glifosato que produce y distribuye Monsanto-Bayer, nos recuerda vívidamente la terrible experiencia del Agente Naranja y otros tóxicos en Vietnam. El glifosato y otros productos similares se utilizan masivamente en el Mundo y en Puerto Rico en los cultivos de muchos alimentos que todos consumimos. El poder económico y político de las empresas que producen y distribuyen estas sustancias tóxicas que comprometen nuestra salud, sigue con igual vigencia tal como ocurrió durante la guerra en Vietnam. Los mismos actores institucionales, corporativos y públicos, continúan con su práctica de ocultar la verdad científica y de engañarnos con propaganda e información fraudulenta. Tenemos que estar atentos y educarnos para también liberaremos de ese “coloniaje intelectual” que promueve el llamado “establishmenmt” industrial corporativo de los plaguicidas y el de los productores y distribuidores de alimentos. Debemos ser capaces como Pueblo para reclamar nuestra soberanía política y tomar decisiones valientes como las que ha asumido el Ministro de Agricultura de Vietnam en contra del glifosato. Se nos va la vida en este letargo de subordinación colonial.
Editorial: A exigir acciones claras de la Comisión Estatal de Elecciones
Uno de los pocos asuntos de política pública recientes que ha contado con el consenso de amplios sectores en Puerto Rico fue el establecimiento del conteo electrónico de votos en las elecciones, práctica que se inició en los comicios de 2016. A pesar de las objeciones legítimas de algunos respecto al elevado costo de las máquinas –$32.5 millones por 5, 070 máquinas– y la actitud poco amigable y servicial de la compañía que las vendió, Dominion Voting Systems, lo cierto es que el experimento funcionó, el conteo fue instantáneo y transparente, y le otorgó una mayor seguridad al elector o electora que emitió su voto.
Para los próximas elecciones generales de 2020, peligra el voto electrónico porque a las máquinas adquiridas al son de decenas de millones, no se les dio el almacenamiento ni el mantenimiento adecuado, y ahora hay cerca de mil de éstas no aptas o inservibles. Esto ha generado alarma entre los actores políticos y demás potenciales candidatos, por las implicaciones que tiene regresar al antiguo sistema de “contar cruces y palitos”, y por la imagen negativa, de dejadez e ineficiencia, que tal descuido proyecta. Recordemos que tan cercano como el 2012, mediante el sistema manual se le escamotearon 12, 000 votos a la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño al Senado, María de Lourdes Santiago, en dichas elecciones; votos que se rescataron más tarde mediante recuento.
Con las máquinas de votación ha pasado como con tantos otros asuntos en el gobierno de Puerto Rico. Se autorizan desembolsos millonarios para obras o compras, que luego se deshacen en deterioro ante los ojos del pueblo que las pagó. Esa actitud de desprotección e indiferencia hacia los bienes públicos ha sido uno de los factores para la imagen de fracaso que proyecta el gobierno colonial de Puerto Rico, tras décadas de despilfarro de fondos que se cubrían con deuda, y de falta de acción para darle el mantenimiento adecuado, y asignarle los recursos necesario a instalaciones y equipos, y a la prestación pronta y eficiente de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño.
El derecho al voto es un pilar de la llamada democracia liberal. Es la única oportunidad que tienen los electores de un país de expresar su opinión sobre aquellos a quienes se les encomendó la tarea de gobernar. Por eso, entrar a la modernidad con un sistema electrónico de votación que le da mayores garantías al pueblo de seguridad y transparencia, supuso un paso importante para el proceso electoral en Puerto Rico. En cualquier otro lugar, un sistema así hubiese sido razón para el alborozo. Aquí se estrelló contra la indiferencia y la dejadez de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dependencia custodia de las máquinas de votación y encargada de protegerlas, almacenarlas y darles mantenimiento.
La CEE es asunto aparte, y se ha convertido en una madriguera de intrigas y malos manejos imposible ya de reformar. Durante este cuatrienio, las facciones en pugna dentro del gobernante PNP han develado públicamente en la CEE las raíces de su discordia, con el enfrentamiento entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la presidenta de la CEE, Norma Burgos, una protegida del gobernador Ricardo Rosselló que llegó a la CEE a controlar los procesos en beneficio de la administración incumbente y sus aliados, y a “limpiar la casa” de la influencia del presidente senatorial.
En ese desmadre, no debe sorprender a nadie que las máquinas de votación hayan corrido la misma suerte que los furgones de FEMA que fueron robados del estacionamiento de la CEE llenos de suministros donados para los damnificados del huracán María. La diferencia es que el saqueo de los furgones le rindió beneficios a quienes lo orquestaron, mientras que las máquinas de votación, cuyo robo no beneficiaba a nadie –pero cuyo mantenimiento óptimo es necesario para su operación certera– se almacenaron a la carrera, en condiciones no aptas, causándole daño a cerca de mil de éstas.
En esta edición, CLARIDAD publica un trabajo de los periodistas Cándida Cotto y Giancarlo Vázquez, dándole seguimiento a esta controversia y auscultando las medidas que contemplan los partidos y la Legislatura para remediar la situación, y así garantizar que no se afecte el conteo electrónico de votos durante los próximos comicios.
Regresar al conteo manual sería una admisión de fracaso muy difícil de explicar para la CEE. Crecerían las dudas sobre la certeza de los resultados y este pueblo no necesita más incertidumbre. La compra millonaria de más de 5,000 máquinas de votación por $32 millones debe ser suficiente para que el conteo electrónico de votos se instale para quedarse en el sistema electoral puertorriqueño. Volver a las “cruces y los palitos” solo beneficiaría al partido que más funcionarios electorales reclute, y en eso el PNP siempre lleva la delantera, sobre todo cuando controla el gobierno, como en esta ocasión. Nuestro pueblo debe ser firme en exigir respuestas y acciones claras de la CEE –y del gobierno de Puerto Rico– para garantizar el conteo electrónico de votos en las próximas elecciones.
En peligro el conteo electrónico para las próximas elecciones
Por Cándida Cotto y Giancarlo Vázquez
La voluntad del pueblo expresada en las urnas, la democracia, está en peligro para las próximas elecciones ante la inseguridad de que no se puedan utilizar las máquinas del conteo electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por su mal estado debido a la falta de mantenimiento. A seis meses de la celebración de las primarias, apenas a un año y unos cuantos meses para la celebración de las próximas elecciones generales, la amenaza de que se tenga que regresar al conteo de votos “palito a palito” está muy presente.
El pasado dos de mayo, la senadora Zoé Laboy Alvarado radicó una resolución (RS 1083) para que se investigue el estado de las máquinas de escrutinio electrónico y qué mantenimiento se les da, para saber si estarán disponibles en el próximo ciclo electoral. La resolución revela que las máquinas que se compraron en el 2015 por la cantidad de $38.2 millones a la empresa Dominion Voting Systems (DVS) y fueron utilizadas en los siguientes procesos electorales hasta el 2017 no han recibido el mantenimiento preventivo necesario. En octubre del 2018, personal de DVS viajó a la isla para evaluar el estado de las máquinas; pero se fueron sin realizar el trabajo al conocer que la CEE no les pagaría parte de una deuda de $5.2 millones. Más tarde, la Comisión les pagó $2.6 millones, por lo que todavía adeuda $2.6 correspondientes al año fiscal 2017-2018.
La resolución revela además que en marzo pasado, 36 de 450 máquinas examinadas no pasaron la prueba de carga. Estas 36 se suman a otras 612 que tampoco pasaron esa prueba en agosto de 2018. Otra cantidad indeterminada de las máquinas tiene hongos. El total de máquinas compradas es de 5,070.
En entrevista con CLARIDAD, la senadora Laboy Alvarado indicó que su preocupación por la situación surgió de su experiencia de años participando en elecciones, que le ha llevado a reconocer que el uso de estas maquinas significó para Puerto Rico una etapa nueva en las elecciones. Resaltó que esto fue así tanto para las personas que trabajaban en el escrutinio, que tenían que estar de madrugada en los colegios electorales, como para la que gente decía que no necesariamente se contaban los votos con exactitud. “Creo que el uso de esas máquinas vino a salvar la democracia, a que la voluntad del pueblo fuera más segura. Obviamente, no estoy sugiriendo que en las elecciones anteriores no se hiciera, pero me parece que el escrutinio fue bien bueno para Puerto Rico”.
La senadora por el partido de mayoría comparó su experiencia de trabajo con el Gobierno federal (Gobierno de E.E. U.U. en PuertoRico) y con el Gobierno estatal. El Gobierno federal invierte “mucho, mucho dinero” en el mantenimiento de los bienes inmuebles y muebles, atención que no presta el Gobierno estatal. Reclamó que cree mucho en el mantenimiento y que cuando vio en las noticias que a las máquinas no se les estaba dando mantenimiento, la situación le preocupó “porque yo creo que sería dar para atrás en la democracia de nuestra isla si esas máquinas no se pueden utilizar en las próximas elecciones”.
Laboy Alvarado se comprometió a que si en efecto las vistas reflejan que las máquinas no podrán usarse hará lo mismo que hizo con los safekit (se refiere a las pruebas de ADN de casos de violación almacenados por años en Ciencias Forenses) e insistirá en que se busquen las partidas para su mantenimiento. A preguntársele si había compartido su preocupación con la comisionada electoral del PNP, confesó que no había hablado con nadie. La senadora insistió en que su objetivo con la resolución es que la situación se atienda a tiempo y que se pague lo que haya que pagar para su uso.
Responsabilizan a la Junta de Control Fiscal y a Edificios Públicos
Al ser consultada, la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) licenciada María de Lourdes Santiago narró a CLARIDAD que cuando se aprobó la utilización del sistema de conteo electrónico de votos, la Autoridad de Edificios Públicos –dueños de los edificios que utiliza la Comisión– se comprometió realizar mejoras en el edificio de operaciones electorales para garantizar unas condiciones óptimas de almacenamiento de las máquinas; pero que, a pesar de que la CEE cumplió con su obligación de pagar la renta y cumplir con los términos estipulados, Edificios Públicos no hizo su parte y no realizó la remodelación.
Confirmó que las máquinas no están en un ambiente con temperatura controlada que pueda evitar la humedad la propagación de hongos y otros efectos. Llamó la atención a que no solo las máquinas están almacenadas de manera inadecuada, sino que el estado en el que se encuentran los edificios en los que opera la CEE es pésimo.
Santiago denunció que la deuda con DVS depende de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Junta de Control Fiscal (JCF) y que, en la medida en que el dinero esté disponible, la CEE puede cumplir con sus obligaciones. Reveló además que durante el año fiscal anterior se dispuso que no se pagaría ni un centavo para los locales alquilados para la Junta de Inscripción Permanente (JIP), por lo que esa deuda permanece y sus reclamantes están haciendo fila junto con los demás acreedores del gobierno.
La comisionada electoral del PIP, exsenadora y candidata a la gobernación, trajo a la atención el que los organismos gubernamentales tienen que ceñirse en sus gastos a lo que apruebe la Legislatura en la Resolución de Presupuesto, por lo que si no hay una partida para determinado asunto no se puede atender. Explicó que en el caso del pago a DVS, para que se libere el dinero, la Comisión depende de la voluntad de la JCF y el empeño que le ponga la Administración en ejercer presión sobre esa reclamación.
“Hay que tener mucho cuidado con lo que parecería contribuir a proyectar que las máquina no van a estar hábiles para el conteo de votos porque parecería que hay gente que quiere regresar al conteo manual”.
Advirtió de que eso podría darle cierta ventaja al partido de mayoría, que tiene todas las agencias, los municipios, el mayor número de empleados y la posibilidad de movilizar más funcionarios de colegio. Señaló que esa no es una preocupación en el vacío ya que en las elecciones de 2012 (última elección que se hizo con conteo manual), la noche del evento, a su candidatura le robaron casi 12 mil votos que aparecieron en el recuento.
“Nosotros no tenemos ninguna objeción a las investigaciones — dijo refiriéndose a la RS 1083— ni a la resolución sombrilla de Rivera Schatz; no obstante, lo importante es que si se quiere un proceso electoral limpio y transparente, para eso se requieren recursos”. Santiago reiteró que se debe evitar regresar a los tiempos en que el conteo de votos dependía solo de los funcionarios de colegio.
La comisionada del PIP recalcó que es importante tener las máquinas hábiles para el 2020 y no propagar la idea de que debemos volver a contar palito a palito. A su juicio eso es un retroceso para los partidos de oposición. “Ese daño no es especulativo”, sostuvo.
Un acto de irresponsabilidad
En tanto, uno de los candidatos de las pasadas elecciones a quien el uso de las máquinas le garantizó el conteo de los votos recibidos, el ahora senador independiente José Vargas Vidot, denunció sobre la situación: “A mí me parece que esto es un acto de absoluta irresponsabilidad. Aquí no se establecen las prioridades. Las decisiones que se toman en política pública pueden ser por acción o inacción. Una inacción es una política pública, de manera que a mí no me cuadra ese asunto de que dejaron de pagarle los $5.2 millones. No me cuadra que las máquinas tenían hongo, que las baterías se dañaron, porque esa compañía le da servicio a Canadá, Mongolia, Filipinas y a otros 37estados”. Reparó en que uno de los pocos estados que se ha quejado hace un tiempo de problemas con el equipo es Nevada.
Vargas Vidot calificó la situación como una de dejadez e incluso la atribuyó a la cantidad de votos que él sacó “porque saben que las máquinas dan un potencial inmenso a cualquier expresión de reclamo de una democracia participativa. De verdad, siento que a esta altura del juego, en un estado tan tecnocrático y burocrático, este acto de inacción total es concebido por alguien que está provocando una crisis innecesaria”.
Agregó que pediría ser coautor de la medida (RS 1083) ya que le parece muy acertado lo que está presentando la senadora.
Guarda silencio comisionada electoral del PNP
Por su parte, la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, se abstuvo de hacer expresiones relacionadas con este asunto. Lo que hizo fue sugerir, a través de su ayudante Alberto Fraderas, llamar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para obtener una opinión al respecto.
La semana próxima: CLARIDAD conversa con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones
2015
– Se compraron las máquinas por la cantidad de $38.2 millones a la empresa Dominion Voting Systems (DVS) y fueron utilizadas en los siguientes procesos electorales hasta el 2017 no han recibido el mantenimiento preventivo necesario.
2018
– Personal de DVS viajó a la Isla para evaluar el estado de las máquinas; pero se fueron sin realizar el trabajo al conocer que la Comisión Estatal de Elecciones no les pagaría parte de una deuda de $5.2 millones. Más tarde, la Comisión les pagó $2.6 millones, por lo que todavía adeuda $2.6 correspondientes al año fiscal 2017-2018.
Marzo 2019
– 36 de 450 máquinas examinadas no pasaron la prueba de carga. Estas 36 se suman a otras 612 que tampoco pasaron esa prueba en agosto de 2018. Otra cantidad indeterminada de las máquinas tiene hongos.
El total de máquinas compradas es de 5,070.
Datos recogidos en la resolución RS1083 de la autoría de la senadora Zoé Laboy.
CLARIDAD