Por Elena Llorente

La Unión Europea debe cambiar. Esta es una de las banderas principales, levantadas tanto por la derecha como por el centro derecha y los progresistas, en la campaña electoral de las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pero claramente en lo que hay que cambiar y cómo hacerlo, no están de acuerdo. Los hecho vividos en los últimos cinco años, es decir, desde las últimas elecciones europeas de 2014, han influido seguramente en esta necesidad de cambio. Se habla del terrorismo en primer lugar     –por los atentados en Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, España y Finlandia–, pero también de las migraciones (casi dos millones de migrantes llegados a Europa entre 2014 y lo que va del 2019, según la ONU) y el Brexit, es decir la discutida salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que todavía no se ha concretado pero ha causado ya no poca inestabilidad.

Para el derechista ministro del Interior y viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, el tema migratorio es fundamental como también lo es para sus colegas de Austria, Hungría y Polonia, que lo consideran uno de los principales males de estos tiempos. Pero el partido de Salvini, La Liga, también brega por cambiar reglas que han perjudicado a países como Italia, referidas a los bancos, la economía y el trabajo.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) que también forma parte del gobierno, coincide con Salvini en materia migratoria, pidiendo una redistribución de los migrantes en Europa, pero también dice NO a la austeridad impuesta por Europa a algunos países, a los paraísos fiscales y a los privilegios y pide un salario mínimo europeo, como hacen algunos partidos de centroizquierda.

La ultraderecha de Fratelli d’Italia, por boca de su candidato el ítalo-argentino y bisnieto del dictador Benito Mussolini, Cayo Julio César Mussolini, dice no estar “contra las migraciones” sino “contra la invasión” de los migrantes. Y dirigiéndose siempre sobre el tema migrantes contra otro argentino, el papa Francisco, lo invita a no interferir en “cuestiones internas de un país soberano” como Italia y a abrir las puertas del Vaticano “que están muy bien cerradas y protegidas por altos muros” para recibir a los migrantes.

Mussolini, cuya madre es argentina, nació en Argentina en 1968 donde su familia se había refugiado después de la Segunda Guerra Mundial y tiene pasaporte argentino. Militar de la marina italiana de larga data, Mussolini después pasó a trabajar en varios países como representante de la fábrica de armas italiana Oto Melara. Si es elegido, espera poder entrar nada menos que en la Subcomisión de la Defensa del Parlamento Europeo, lo que en algunos países podría ser impedido por existir “conflicto de intereses” dada su relación con un fabricante de armas. Según él, la primera cosa por hacer en el Parlamento Europeo es reducir sus gastos y su burocracia, eliminando una de sus dos grandes sedes en Europa (Estrasburgo y Bruselas).

Para los sectores de centro derecha, como Forza Italia, el partido fundado por Silvio Berlusconi que hoy, a los 82 años, se presenta de nuevo como candidato, “Europa debe ser cambiada pero no destruída”, explicó el actual presidente del parlamento Europeo, Antonio Tajani, exponente de Forza Italia, porque “sólo una Europa unida puede contener los avances de Usa, China y Rusia”.

Según los partidos progresistas como el Partido Democrático se trata de hacer cambios en Europa que permitan crear una suerte de “gobierno económico europeo” que corrija los desequilibrios entre los distintos países, y que incentive el trabajo, creando entre otras cosas, una asignación europea de desocupación y un salario mínimo común, y poniendo en acto un importante plan de inversiones. Sobre el tema inmigración, es necesario según el PD, reformar el convenio de Dublín, un acuerdo sobre temas migratorios firmado en 1990 pero que entró en vigor recién a partir de 1997. Este acuerdo es uno de los puntos más álgidos de la discusión en Europa, sobre todo por los países anti-inmigrantes y pese a que, según los expertos, un conjunto de estados con baja tasa de natalidad como Europa, necesitará millones de inmigrantes en los próximos años para aumentar su producción y pagar sus jubilaciones. 

A mediados de 2018, Italia comenzó a rechazar a los barcos que recogían a migrantes en el mar Mediterráneo y cerró sus puertos por orden del ministro Salvini que quería obligar a otros países europeos a recibirlos. En vez de buscar un acuerdo de desembarco regional para garantizar un sistema justo y compartir la responsabilidad entre los países de la UE, los líderes europeos se centraron en crear las llamadas plataformas de desembarque fuera de la UE y llevar allí a las personas rescatadas y procesar en esos lugares sus solicitudes de asilo. Italia y la UE hicieron acuerdos con Libia para que la guardia costera de ese país detuviera a los barcos con migrantes y se los llevara de vuelta. Pero con la guerra actual en Libia –el país desde donde partía la mayoría de los migrantes africanos dirigidos a Europa– y después de las denuncias de organismos de derechos humanos contra muchos militares y civiles implicados en el tráfico de seres humanos, las cosas empezaron a tambalear.

De las elecciones –que no en todos los países europeos se realizan el mismo día sino que varían entre el 23 y el 26 de mayo– unos 400 millones de personas mayores de 18 años, podrán votar. Pero hasta ahora, no toda la gente tiene las ideas claras. Italia tiene derecho de elegir 73 parlamentarios sobre un total de 751.

Según algunas previsiones realizadas por la empresa Quorum-You Trend y publicadas por la TV Sky, en el último mes Salvini habría perdido un punto de ventaja, pasando del 33,2 de los electores que pensaban votarlo en abril, al 32,1% en mayo. El M5S se habría mantenido consiguiendo en abril y en mayo el 22,3 y 22,2%. El centroizquierda del PD y su aliado “Somos Europeos” habría pasado del 21,1% en abril al 21,4% en mayo y Fratelli d’Italia del 5,2% al 5,3% mientras Berlusconi habría perdido algunos puntos, pasando del 9,9% al 9,5%. Pero estas son sólo previsiones que, dependiendo de cómo hayan sido hechas las encuestas, pueden ser realmente significativas o no.

El otro tema son las alianzas que cada partido hará dentro del Parlamento Europeo, lo que podría dar más o menos fuerza a sus propuestas de cambio. Salvini, de su parte, espera poder aliarse con los partidos de derecha alemanes, holandeses, de Hungría y Austria, así como Vox de España, Marine Le Pen de Francia, y Nigel Farage del Reino Unido, entre otros, que según algunas previsiones podría obtener buenos resultados. Pero el panorama en este sentido se verá claro después de las elecciones.

Reproducido de www.pagina12.com.ar

Por Amira Hass

En esta columna pido a mis lectores, así como a mis editores, que recuerden que las acciones del ejército de Israel y sus armas civiles, la Administración Civil y las milicias de colonos, que se informan por separado y están aparentemente desconectadas, son parte de una continuidad sistemática.

Muy brevemente mencionaré las cuestiones sobre los que he informado recientemente y a las que volveré en el futuro. Les pido que las coloquen en un vector de escala ascendente.

Un informe de principios de abril de la ONG de derechos humanos Yesh Din nos recuerda que la ley de expropiación, también conocida en un lenguaje blanqueado como la ley de regularización (apelando a la autorización retroactiva de los puestos de avanzada israelíes y la construcción ilegal en los territorios ocupados), no es la único de su tipo. Durante el último período de la Knesset hubo un salto transformador en el proceso de anexión de jure, no solo de facto, de Cisjordania. Se propusieron 60 proyectos de ley que contenían elementos claros y fundamentales que exigían extender la ley israelí al territorio ocupado. Ocho se promulgaron como ley, junto con la Ley Básica sobre el Estado de la Nación del Pueblo Judío. Pero durante los últimos años también hubo un salto transformador con respecto a cuatro áreas clave que he cubierto:

– Puestos de avanzada. Desde fines de 2016, se han establecido 16 nuevos puestos de avanzada además de los construidos en bases militares abandonadas. Para no arriesgarse a más desalojos de tierras palestinas de propiedad privada, los nuevos puestos de avanzada se han construido en las orillas de las “tierras de propiedad estatal”, como se ve en un análisis realizado por el investigador independiente Dror Etkes, y en una investigación de MichalPeleg, un activista del grupo de derechos humanos Ta’ayush, publicada el 9 de marzo en la revista en línea (hebreo) Siha Mekomit (la hermana de 972mag).

Muchos de los residentes de estos puestos de avanzada poseen ganado. Mientras sus rebaños pastaban y aterrorizaban las aldeas palestinas -con la ayuda del ejército- estos colonos armados han podido extenderse en áreas mucho más grandes que las ocupadas por las villas y centros comerciales de las colonias. Una planificación cuidadosa, grandes sumas de dinero y el modus operandi similar de los puestos de avanzada apuntan a una mano guía oculta. 

– Procedimientos relativos a las familias “mixtas”: hace aproximadamente dos años y medio las restricciones a las parejas palestinas se volvieron más estrictas. Por un lado, desde el año 2000 Israel ha congelado la “unificación familiar” (que según los Acuerdos de Oslo debía haber otorgado el estatus de residencia permanente a los cónyuges no residentes de los residentes palestinos de Cisjordania y Gaza). Por otro lado, Israel les está dificultando obtener o extender visas de visitantes y también prohíbe a esas personas acceder al trabajo.

Las visas no se extienden porque los cónyuges no residentes trabajaron para ganarse la vida, se les considera residentes ilegales en sus propios hogares y, por lo tanto, se les obliga a abandonar el país (es decir, Cisjordania) y se van al extranjero de forma permanente o por períodos prolongados o son deportados en el aeropuerto (como sucedió a Elaine Zoughbi de Belén).

– Legislación militar. Dos órdenes militares, originalmente destinadas a impedir la construcción de puestos de avanzada de los colonos, se han aplicado en los últimos años a los palestinos: la orden de “demarcación” Nº 1539, que exige la demolición de edificios en ciertas áreas, y la orden Nº 1797, relacionada con la eliminación de nuevas estructuras. Se ha creado así una falsa simetría entre los ladrones y los robados: los ladrones reciben permisos de construcción de la Administración Civil para una voluminosa construcción en las colonias. Los puestos de avanzada que construyen sin permisos solo son complementos que se aprobarán de manera retroactiva.

Pero esa misma Administración Civil prohíbe a los palestinos construir en tierras en las que han estado viviendo con sus familias, cultivándolas y cuidando de sus rebaños, durante años. En tales casos, la construcción por fases es una necesidad: un aula, un inodoro, una tubería de agua, un panel solar. Las órdenes aceleran la destrucción de las comunidades palestinas, eluden la legislación jordana y eliminan los derechos humanos de los palestinos.

– La “zona de costura”. En los últimos tres años, la Administración Civil ha iniciado cambios cínicos en los procedimientos relacionados con la expedición de permisos de entrada para los palestinos cuyas tierras agrícolas están bloqueadas entre la barrera de separación y la línea verde del 4 de junio de 1967 -en la vasta área de La Ribera Occidental- llamada la zona de costura. Estos cambios han llevado a una disminución drástica en el número de personas que reciben permisos para cultivar sus tierras. Los años de trabajo jurídico del Centro Ha Moked para la Defensa de las Personas, los testimonios recopilados por Machsom Watch contra la ocupación de base popular y la investigación de Haaretz han revelado una de las formas más nefastas de robar tierras.

Por un lado la Administración Civil y el Defensor General Militar imponen la división artificial de las tierras familiares, según el número de supuestos herederos del propietario registrado (por ejemplo, un abuelo que falleció o un padre anciano). Esto ocurre mientras la familia considera la tierra de su propiedad colectiva, cultivada por algunos de los miembros de la familia en beneficio de todos. Entonces, por ejemplo, una parcela de 2.5 acres (10.000 metros cuadrados) se dividirá en 8 porciones hipotéticas (sin demarcación concreta) si hay 8 hermanos y hermanas.

El tamaño de la parcela determina el número de permisos emitidos. A los niños no se les dará un permiso para ayudar a sus padres después de que la tierra se divide artificialmente porque es “demasiado pequeña”. Deja que el padre trabaje solo.

Por otro lado, si la tierra después de ser parcelada de forma coercitiva es menor de 330 metros cuadrados, no es de “necesidad agrícola” según una nueva invención de la administración civil, respaldada por sus expertos legales militares. Para tal tierra pequeña no se emite un permiso regular.

¿Entienden esto? En cinco o diez años, decenas de miles de dunams se dividirán artificialmente en parcelas “no aptas para la agricultura” de 5 metros cuadrados o de 80 centímetros cuadrados, según el número de hijos, nietos y bisnietos de cada familia que posee tierra y nadie recibirá un permiso para trabajar la tierra.

Desafortunadamente, hasta ahora, todavía no he podido transmitir a mis lectores o editores el enorme alcance del peligro y la profundidad del engaño incluido en estas regulaciones.

La violencia legal infligida por los pastores hebreos y los procedimientos complicados que prohíben el cultivo de la tierra están devorando constantemente los ya reducidos espacios palestinos. Las órdenes de demolición y demarcación y las extrañas regulaciones sobre “familias mixtas” son manipulaciones demográficas que conducen a la expulsión de las Áreas A y B -bajo el control total y parcial de la Autoridad Palestina, respectivamente y en las cercanías- de agricultores y pastores cuyos movimientos en su propia tierra están tan restringidos, y de familias agotadas por la tortura burocrática.

Existe una fuerte correlación entre los saltos transformadores de los procedimientos militares, burocráticos y la violencia de los puestos de avanzada, una correlación que corresponde al objetivo de los proyectos de anexión que salen de la Knesset pero que logran más que ellos.

Reproducido de www.rebelion.org

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

Por Mirko C. Trudeau

A los fracasos de inteligencia y las erróneas evaluaciones políticas sobre la realidad venezolana, las retóricas bélicas contra Irán, las amenazas a México por la crisis migratoria y a China en medio de una guerra económica, mientras la Marina de EEUU asaltaba un carguero norcoreano, se suma la crisis constitucional ante la negativa de la administración de Donald Trump a colaborar con el Congreso y el resurgimiento del fantasma de un juicio político al presidente.

Desde el fallido golpe de Estado del 30 de abril contra el gobierno venezolano, apoyado explícitamente por el régimen de Trump, analistas y políticos se sorprendieron por los fracasos de inteligencia y evaluaciones políticas erróneas del trío de halcones integrado por el secretario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el encargado especial para Venezuela, Elliott Abrams, quienes insistían que derrocar al gobierno venezolano iba a ser fácil y rápido. Pero el presidente constitucional Nicolás Maduro sigue en el poder.

Los principales medios de prensa estadounidenses señalan que el propio Trump está frustrado y duda sobre la estrategia agresiva hacia Venezuela, e incluso se queja de haber sido engañado sobre qué tan fácil sería sustituir a Maduro con el opositor Juan Guaidó. Fuentes oficiales filtraron a la prensa que lo ocurrido el 30 de abril ha dejado a un lado la opción de una respuesta militar estadounidense y que ahora se está considerando un plazo más largo para lograr el objetivo de un cambio de gobierno en el país sudamericano.

Pompeo y Bolton han insistido ante los medios en que no hubo ninguna falla de inteligencia, que siguen apoyando a Guaidó, y que estas cosas a veces toman su tiempo. Pero analistas de Washington señalan que los días de Pompeo al frente de la cancillería están contados, luego que no lograra mantener a sus cómplices y aliados en la lucha contra Venezuela, que van buscando soluciones pacíficas, más allá de las presiones, chantajes (incluso del FMI y del banco Mundial) y amenazas bélicas.

El terrorismo mediático fue parcialmente derrotado por la realidad, y los planes estadounidenses van llevando a profundas crisis a sus aliados latinoamericanos: los militares colombianos y brasileños se han opuesto a participar en aventuras militares (y menos aún ser carne de cañón de los intereses estadounidenses), mientras las profundas crisis sociales y económicas corroen a otros gobiernos neoliberales de la región, chantajeados por los préstamos del Fondo Monetario Internacional (por ejemplo, se teme que Mauricio Macri no pueda terminar su mandato).

Por su parte, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, advirtió nuevamente que Estados Unidos está en una crisis constitucional por la negativa del régimen de Trump a cooperar con las investigaciones y controles legislativos, en un enfrentamiento que ya involucra al mismo hijo del presidente, conminado a presentarse ante un comité del Senado.

El New York Times insistió en que el caos se ha apoderado de los altos funcionarios de la administración Trump, tras el fracaso de los planes golpistas. «Mientras que la administración comenzó de manera segura en Venezuela, reuniendo a decenas de países en contra del presidente venezolano, los críticos dijeron que su respuesta se había vuelto caótica a medida que la crisis se extendía», señaló. John Bolton acusó a militares venezolanos de abandonar el plan, y el secretario de Estado, Mike Pompeo endilgó la responsabilidad en los gobiernos ruso y cubano.

Para el medio esta actitud evidenció el «desespero» ante el fracaso, llevando a estos funcionarios a contradecir a la misma CIA que «ha concluido que Cuba está mucho menos involucrada y su apoyo ha sido mucho menos importante de lo que creen los altos funcionarios de la administración».

Desde que el “autoproclamado” Juan Guaidó decidió nombrar un “embajador” para que ocupara la sede diplomática de Venezuela en Washington, un colectivo internacional denominado Code Pink se instaló en esa porción de territorio venezolano, para defender la legalidad consagrada en el derecho internacional, específicamente lo establecido en la Convención de Viena del año 1961.

“Los asedian, agreden, bloquean y hasta les cortan la electricidad. ¿No les suena conocido? Es la misma estrategia ilegal del imperialismo contra el pueblo venezolano”, dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza, en clara alusión al asedio a la embajada de Cuba durante el golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2002.

El texto desaparecido del Departamento de Estado

Seis días antes del fallido golpe del autoproclamado «presidente interino» Juan Guaidó, junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de EEUU publicó un texto informativo titulado: «Fact Sheet: U.S. Actions on Venezuela« en el que confesaba y celebraba como parte de sus «logros» los gravísimos ataques y daños a la economía de Venezuela. Tras apercibirse de que el texto evidenciaba el papel central de la administración Trump en el intento de golpe y de la naturaleza incriminatoria de su publicación, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página.

 La periodista Anya Parampil, del sitio web The Grayzone, publicó una copia completa del informe eliminado, que refuta cualquier afirmación de que Guaidó sea independiente de Washington, ya que el Departamento de Estado encabezó su lista de logros o «resultados clave» con respecto a Venezuela, el hecho de que Guaidó haya «anunciado su presidencia interina (…) en enero».

El documento, se jactaba sádicamente de que la política de EEUU había impedido que el gobierno venezolano participara en el mercado internacional y había llevado a la congelación de sus activos en el extranjero y que unos 3,2 mil millones de dólares de los venezolanos habían quedado congelados.

También presume que gracias a sus políticas “la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736 mil barriles por día en marzo (una caída del 36% de la producción en dos meses), reduciendo sustancialmente” los ingresos del gobierno y celebra que «la empresa de refinación Citgo ahora esté bajo el control del gobierno interino».

Grupo de Contacto: hay que negociar

En Costa Rica, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, integrado por países de la Comunidad del Caribe (Caricom) Bolivia, México, Ecuador, Uruguay, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, se reunió con el objetivo de seguir abordando la situación en el país suramericano, donde recientemente grupos de la extrema derecha intentaron dar un golpe de Estado y generar violencia.

La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró el rechazo a una intervención militar, tal como han amenazado voceros del gobierno estadounidense, y destacó la necesidad de encontrar una solución pacífica a la situación. “Los recientes acontecimientos son el resultado de la desesperación y la falta de un horizonte político… y confirman la urgente necesidad de un proceso político y pacífico que lleve a una solución democrática y venezolana enmarcada en la Constitución de Venezuela”, dijo.

 Mogherini fue mucho más cauta que en meses anteriores, separándose de la presiones de Washington a sus “aliados”, e indicó que la comunidad internacional y los países regionales deben encontrar una solución “venezolana” dejando atrás la injerencia. “Sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar, pero creando las condiciones para que surja un proceso político”, explicó.

También el canciller español Josep Borrell, criticó al presidente Donald Trump por comportarse como un “cowboy dispuesto a desenfundar” contra Venezuela, e insistió en que Madrid rechaza “las presiones que bordean las intervenciones militares”, porque “esa no es la solución para Venezuela”.

Reproducido de www.alainet.org

El autor es economista-jefe del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)