Por Mildred Santiago Ortiz 

Especial para CLARIDAD

El cooperativismo… considera el problema social como un grave desorden que ha venido precisamente por no haberse usado extensamente y fielmente la filosofía y los métodos cooperativos.  

Antulio Parrilla Bonilla 

En estos días se discute en la legislatura la revisión de la Ley de Condominios de Puerto Rico. La original Ley 104 fue creada en 1958 y sus enmiendas más significativas fueron introducidas hace más de 15 años. En un país con un territorio limitado se impulsó este régimen de propiedad horizontal con mayor impacto en las áreas urbanas.  

Esta nueva ronda de enmiendas se centra en varios aspectos, como: la búsqueda de flexibilidad para manejar situaciones, su actualización y cambios que se enfocan en la gobernanza y los procesos. Todos estos asuntos se hicieron patentes a raíz de las experiencias vividas luego del paso del Huracán María.  

No obstante, mientras la legislatura trata de lidiar con los graves problemas que presenta ese régimen de vivienda, otra historia se escribe en las comunidades de vivienda cooperativa. 

Recordemos. El régimen de vivienda cooperativa cobró relevancia en nuestro país para mediados de la década del 40. En muchos lugares del país, principalmente en áreas urbanas, la gente se organizaba de forma cooperativa para adquirir solares y desarrollar sus viviendas.  Fue en la década del 70 que toma auge el establecimiento de cooperativas, la mayoría en edificios multipisos, con fondos provenientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). La Administración de Fomento Cooperativo, hoy Comisión de Desarrollo Cooperativo, junto al movimiento cooperativo propiciaron la gestación de estas cooperativas con una hipoteca común con financiamiento entre 30 y 40 años y con interés muy bajo. Para principios del nuevo siglo los líderes del sector de vivienda cooperativa, organizados en la Liga de Cooperativas iniciaron el proceso de discusión interna que culminó con la aprobación en el año 2002 de un articulado (35 A) en la Ley General de Cooperativas (Ley 239) dirigido a robustecer ese modelo viabilizando la posibilidad de optar por la creación de cooperativas de titulares. Esto permite a los socios la tenencia de títulos individuales sin abolir el régimen de comunidad cooperativa.   

Desde entonces en las trece comunidades cooperativas existentes se han desarrollado procesos educativos para dilucidar todos esos conceptos. De esas comunidades, cinco han optado por la conversión al modelo de cooperativa de vivienda de titulares mediante el voto de dos terceras partes, según lo dispone el estatuto. Una de estas, la Cooperativa de Vivienda de Titulares Jardines de Valencia, ya culminó el proceso y sus socios son tenedores de sus correspondientes títulos de propiedad.  En la Cooperativa Jardines de San Ignacio los socios expresaron abrumadoramente la preferencia del título de propiedad y a su vez optaron por mantener el modelo de tenencia colectiva para aquellos socios que así lo deseen.  

Ante la discusión pública sobre las enmiendas propuestas en el esquema privado de propiedad horizontal, es pertinente destacar algunos aspectos que subrayan la fortaleza del modelo cooperativo de vivienda. Algunos que podemos destacar son: la toma de decisiones, los procesos de organización social autogestionaria regida por valores y principios cooperativos, la ausencia de lucro individual, el control democrático de los socios, la obligación de educar y capacitar a los miembros de sus estructuras y la existencia y composición de los cuerpos directivos. Mención aparte merecen las reservas creadas con fines específicos y que han facilitado la solución de muchos de los problemas de la estructura física sin necesidad de imponer las famosas y detestables derramas.  

Desde el cooperativismo y ante la apremiante necesidad de vivienda adecuada propiciamos el fortalecimiento del sector de cooperativas de viviendas mediante el desarrollo de estos procesos participativos y la construcción de nueva vivienda cooperativa de tenencia colectiva, tal como se hizo en la década del 70. Además, debemos identificar oportunidades para la construcción de nueva vivienda con los fondos federales que se anuncian, bajo el modelo cooperativo.    

No podemos finalizar sin instar a los residentes de las comunidades que se rigen por la Ley de Condominios a que consideren la conversión al modelo de cooperativas de titulares. El articulado de la Ley 239 que ampara el régimen cooperativo (35 A) establece los parámetros para esa conversión. Lo citamos para convidarlos a su estudio y consideración.  

Artículo 35A.48.-Conversión al Régimen de Cooperativas de Viviendas de Titulares 

Cualquier propiedad de viviendas registrada en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico podrá convertirse a vivienda cooperativa de titulares siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  

(1)Se apruebe una enmienda a las cláusulas de incorporación y el reglamento interno, aprobando la conversión al régimen, cumpliendo con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al ente jurídico de que se trate. De no existir requisitos para la aprobación de enmiendas a los documentos constitutivos del orden la enmienda deberá ser aprobada por más de dos terceras partes (2/3) del total de los propietarios.  

(2)La Cooperativa, Asociación o grupo de propietarios someterá un plan de conversión junto con las enmiendas aprobadas a sus documentos constitutivos a la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) para su aprobación. Dicho plan de conversión será remitido por la cooperativa en un término que no excederá de noventa (90) días luego de ser aprobado. La Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) luego de haber recibido los documentos requeridos, tendrá un término que no excederá de sesenta (60) días para su evaluación y notificar su determinación a la cooperativa. De la CDCOOP entender que se necesita información adicional por parte de la cooperativa, este requerimiento se deberá realizar en o antes de treinta (30) días luego de haber recibido la documentación. La cooperativa tendrá un término no mayor de treinta (30) días para someter dichos requerimientos. Bajo ninguna circunstancia, este proceso de evaluación excederá de setenta y cinco (75) días por parte de la CDCOOP.  

(3)El plan de conversión atenderá los siguientes asuntos: 

a.una relación de las acciones y actividades efectuadas, proyectadas y en proceso para asegurar de la decisión informada de los socios; 

b.la manera en que la cooperativa, asociación o grupo de propietarios saldará o renegociará las hipotecas u otras obligaciones de índole económica que pesen sobre la propiedad o el inmueble;  

c.la manera cómo se proveerá para establecer los costos y pagos de los servicios comunes bajo el régimen cooperativo; 

d.la manera cómo se proveerá para establecer las reservas dispuestas en esta Ley y las aportaciones que hará cada socio; 

e.cualquier otro asunto que por reglamento se disponga para asegurar un plan de transición justo, equitativo y viable.[1]  

Podríamos comenzar la transformación al modelo cooperativo por comunidades pequeñas y con la experiencia ir fortaleciendo los procesos. Antes y después de los huracanes que nos devastaron, muchos habitantes de condominios privados enfrentaban situaciones extremadamente difíciles. Desde el cooperativismo les extendemos la mano y les invitamos a vivir el modelo que miles conocen y atesoran. 

Por María de Lourdes Guzman

Especial para CLARIDAD

A poco más de dos años de haberse instalado el gobierno de Ricardo Roselló, quien durante su campaña hizo constante referencia al Plan para Puerto Rico como panacea para la solución de todos nuestros problemas, este ofreció su tercer mensaje sobre el estado del país. El gobernador trató de lucir combativo y triunfante. Mas, ante lo que ha sido un gobierno caracterizado por los desaciertos, la improvisación, la corrupción y la mediocridad, sus publicistas parecieron aconsejarle que comenzara el mismo aceptando la comisión de varios errores, garrafales, por cierto, durante el pasado año. Entre estos, mencionó la cantidad de personas fallecidas tras el paso del huracán María, la que el propio Roselló encubrió cuando por varios meses y, haciendo oídos sordos a lo que otros, como la alcaldesa de San Juan denunciaban, respaldó a su Comisionado de Seguridad, Héctor Pesquera quien, con gran insensibilidad y prepotencia, porfiaba entonces, que solo ascendían a 64. 

Roselló, con aire mesiánico y voz estridente, procedió a mencionar como un logro de su administración, el plan de salud Vital, secuela del desastre que implantó su padre, Pedro Roselló, con la reforma de salud que mantiene un colosal déficit el presupuesto del país. Sin embargo, nada dijo en cuanto al problema recurrente que representa un sistema de salud cuyo presupuesto controlan las aseguradoras, quienes lo administran para su propio beneficio, menoscabando el derecho de la población médico-indigente a un servicio de salud digno. El sistema de salud prevaleciente, que solo existe en EEUU y Puerto Rico, ha propiciado un ingente éxodo de médicos, sobre todo especialistas, convirtiendo el derecho esencial a la salud en uno inaccesible a la población médico-indigente. Ninguno de los gobiernos, incluyendo el suyo, ha tenido la voluntad de enfrentarse a ese monstruo del que es víctima el país. 

Los maestros y los policías, utilizados insistentemente por los partidos como balón político, fueron de particular atención en el mensaje de Roselló. A los maestros transitorios se les ofreció permanencia. No faltó la oferta de tabletas y computadoras a los estudiantes. No obstante, nunca mencionó la súbita renuncia de Julia Keleher, la joya de la corona de su administración, ni la investigación federal sobre su desempeño como secretaria del Departamento de Educación, la inversión de 902 millones de dólares en contratos en su agencia, ni la misteriosa reunión que sostuvo con ella y su hermano, Jay Roselló, como enlace para el establecimiento de escuelas charter, y socioen un bufete al que la propia Keleher contrató tras el paso del huracán Maria. Sin decir como lo logrará, ofreció a los policías cotizar para el seguro social y protección a sus pensiones. Mas, no mencionó las renuncias masivas en la policía provocadas, precisamente, por las gravosas condiciones de empleo y salario, el despojo inmisericorde de sus pensiones de retiro, el desempeño incompetente de su protegido, Héctor Pesquera, ni su sorpresiva renuncia. 

Ante el furor que ha causado entre los galleros la prohibición aprobada en el Farm Bill estadounidense, para la celebración de las peleas de gallos, Roselló propuso como paliativo, utilizar las galleras para centros de apuestas y juegos con máquinas electrónicas. Las críticas no se hicieron esperar. La lastimosa propuesta resultó irrisoria para algunos y una afrenta para otros.

La situación sobre el transporte de la Isla Grande a las islas municipio de Vieques y Culebra resaltó luego del cambio de terminal del pueblo de Fajardo al de Ceiba. Este cambio que procuraba implantar la ruta corta, fue objeto de un sinnúmero de críticas por haberse establecido sin coordinación previa con los residentes de las islas municipio y por las condiciones existentes al momento de inaugurarse dicho terminal. Aun cuando Roselló ha calificado dicho cambio como uno que se ha traducido en un mejor servicio, la deficiencia en el mismo es el resultado de largos años de abandono y desidia por parte de los gobiernos que se han turnado en el poder y para cuya mejoría su gobierno ha recurrido a la privatización, habiendo invertido 15 millones a la compañía privada Puerto Rico Fast Ferries. No obstante, los reclamos de los residentes dados sus muy particulares necesidades de transporte, continúan, en parte porque el gobierno concede prioridad a las necesidades del sector turístico, por encima de aquellas de los residentes de Vieques y Culebra. Por otro lado, el gobernador omitió referirse a la urgente necesidad de la descontaminación de los terrenos de Vieques y Culebra, la quema abierta de municiones en Vieques, que resulta totalmente perjudicial a la salud física y emocional de sus habitantes, la clausura de su único hospital, la falta de acceso a servicios de salud dignos y el cierre de su única escuela vocacional. 

Ante las quejas de diversos sectores del país en cuanto a los injustificados recortes al presupuesto de nuestra universidad, Rosello recurrió a anunciar un plan, copiado de su padre, para proponer una universidad gratuita. Frente a los masivos recortes a su presupuesto, que la colocan en una difícil posición para operar, los aumentos en las matrículas, en los créditos y la eliminación de los beneficios de exención de matrícula a diversos sectores estudiantiles, esta propuesta “de abrir puertas a los que hoy se les niega la oportunidad”, no solo constituye un cinismo sino un descaro, mientras al mismo tiempo le niega a los sectores menos aventajados el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad que ofrece la UPR. Nadie puede cuestionar que la UPR ha sido víctima de constantes ataques del gobierno del PNP, que ve en nuestra más importante universidad el desarrollo de un pensamiento crítico que amenaza la implantación de las políticas neoliberales de un gobierno que solo persigue privilegiar a los sectores que ellos representan y a los que pertenecen. 

No faltaron los estribillos que pretendían crear imágenes ilusorias hacia la “transformación” del país que Roselló ha prometido para lo que le queda de este cuatrienio. Frases como el “estado posibilitador” y “vamos por más”, se repetían constantemente para enardecer a la audiencia cautiva que se mantiene fiel aun ante los continuos desaciertos que han caracterizado al gobierno de Roselló. En su afán de dibujar un país ficticio, omitió mencionar la corrupción rampante, el empobrecimiento del país, la alarmante violencia de género, los efectos nefastos de la reforma laboral, la emigración contínua, el abuso con la UPR y el Centro Médico, mientras se asigna más presupuesto a la Fortaleza y al Departamento de Estado, la desprotección de importantes reservas naturales, la creciente crisis en salud mental y el fiasco del avión y la barcaza con provisiones para Venezuela, mientras Vieques enfrentaba una seria carencia de suministros. Su mensaje demostró la gran desconexión que tiene su gobierno de la realidad de nuestro pueblo que ha vivido, en carne propia, el fracaso de su plan. 

Por Yoryie Irizarry/Columnista Invitado

La Senadora Zoe Laboy Alvarado, consciente del deber indelegable del estado de proteger a niños y niñas y jóvenes menores de prácticas dañinas, presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de las “terapias” de “conversión” o “reparativas” contra las comunidades LGBTQ en Puerto Rico. Nada extraño o novel en el proyecto, 16 estados y Washington D.C. ya han prohibido este tipo de terapias. Está ampliamente documentado que estas terapias no solo no funcionan, sino que causa daños y sufrimientos que durarán décadas para sobrevivirlos. También está documentado que no todos los niñas y niños sometidos a esta práctica sobreviven este tipo de maltrato. La tasa de suicidio de menores cuyos padres trataron de cambiarle la orientación sexual es el doble de la de menores LGBT. En el caso de menores sometidos a las “terapias con terapistas o “lideres” religiosos es el TRIPLE. Las comunidades LGBT y organizaciones aliadas respaldaron el proyecto. El proyecto de Zoe Laboy no fue aprobado, fundamentalistas religiosos y sus parásitos en la legislatura trabajaron en contra de la aprobación del proyecto. La unión entre politiqueros y mercaderes de la religión pudo más que el deber de proteger a lxs menores.

El problema de las mal llamadas terapias de conversión, o “reparativas” no es nuevo. Es un mal que venimos combatiendo hace tiempo. En Puerto Rico para los 90 un amigo mío fue drogado y secuestrado por su padre. Despertó en una de esas clínicas. Cuando no pudo más con las terapias, que incluían técnicas de aversión además de la inculcación de que estaba mal, que había que repararlo, que valía menos que los demás, pudo convencer al “terapista” de que estaba curado y pudo volver a su hogar. Vi a un joven lleno de vida, alegría y creatividad, de repente exhibiendo conductas auto destructivas, drogas en exceso, licor en exceso, le tomó tiempo poder aprender a amarse de nuevo. Hoy día es un profesional, con esposo y es quien cuida de su anciano padre, en un despliegue de perdón y amor del que no sé si yo pudiera ser capaz. Mi amigo tuvo suerte, muchas otras y otros jóvenes no sobrevivieron, se suicidaron.

En un despliegue asqueroso de lo que llamamos “doublespeak” el Gobernador Rosselló quien se había pronunciado a favor de la prohibición presentó un proyecto (P.del S. 1254) anunciando que el proyecto es producto del diálogo y consenso para prohibir las terapias de conversión y proteger a menores. El gobernador mintió. Una leída al proyecto demuestra lo contrario. Esto es así porque a pesar de que el proyecto cita a la American Psychological Association, American Counseling Association y la American Psychiatric Association (APA) luego de advertir contra algunos de los daños que las terapias causan, procede a eximir de cumplir con la prohibición al sector religioso. Quiero aclarar que es un sector religioso bien particular quien está detrás de esta legislación, es un sector fundamentalista y politiquero, que se dedica (porque aumenta los recaudos económicos) a oponerse a los derechos civiles de todas y todos los ciudadanos aun cuando no sean de su feligresía. Es un sector odioso que consistentemente ha expresado su odio a las comunidades LGBTQ y que no tiene problemas con mentir y propagar mitos y mentiras para sembrar miedo y desinformación entre padres y madres preocupadxs por que tal vez no saben como apoyar a su hija o hijo LGBTQ, porque quieren que sus hijxs crezcan sin sufrir, y que desconocen el terrible daño que sus hijas e hijos sufrirán en estas “terapias”. 

El proyecto está lleno de contradicciones y falsedades. La primera contradicción es que el proyecto se necesita precisamente para prevenir el maltrato institucional de estas iglesias fundamentalistas a nuestrxs niñxs. Los profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogxs, trabajadorxs sociales y demás todos ya tienen prohibido hacerlo por las agencias reglamentadoras y de hacerlo corren el riesgo de perder sus licencias. No se puede hacer un proyecto de derechos humanos y excluir a las iglesias de su cumplimiento. El gobierno de Rosselló ha tirado nuestras niñas y niñas en el altar del oportunismo político y la búsqueda desesperada de votos y el favor de esos sectores que discriminan, que nos odian. 

Una falsedad o media verdad escuando dice en el proyecto que“…no existe evidencia de que las instituciones religiosas y de bases de fe incurran en ningún tipo de tratamiento de descargas eléctricas, incluyendo las terapias electroconvulsivas o la estimulación magnética transcraneal…” Rosselló no cita que estudio si alguno él llevó a cabo para comprobar esto, dudo que lo haya hecho. Pero la falsedad reside en que estas dos, no son las únicas formas de terapia que existen, la posición de las organizaciones y agencias que él mismo proyecto cita es que TODAS las terapias y esfuerzos para cambiar la orientación sexual hacen daño, llevan al suicidio, crean conductas auto-destructivas. Incluso, el grupo Exodus International, por años el más conocido recurso, defensor de las terapias de conversión y fundador del movimiento “ex–gay” se desbandó cuando su presidente Alan Chambers salió del closet, anunció que las terapias de conversión son un fraude y le pidió perdón a toda persona a quien le hubieran causado daño y dolor en 2012. En 2013 también salió del closet John Paulk el otro homosexual “convertido” más conocido, también denunciando las terapias como un fraude. 

Falsedad: Autoriza a los negocios religiosos a actuar sobre el “ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa”. El ejercicio de la religión no da permiso para maltratar o torturar niñas y niños. El estado está abdicando sus deberes para con los niños y niñas (aunque no votan) si implementa ese racional.

Falsedad: Excluye a los padres de cumplir con el proyecto de derechos humanos (no dice nada de las madres) alegando que están “en el ejercicio de su derecho fundamental a la Patria Potestad.” Olvida el gobernador ese derecho no es absoluto. Por disposición del Código Civil “La patria potestad conlleva la obligación de ejercerla responsablemente, como un buen padre (o madre) de familia.^[1]” 

 Además, algunas de las razones para privar, restringir o suspender  de la patria potestad a los padres y madres es cuando por acción u omisión ponen a sus hijos o hijas a sufrir daño o prejuicio predecible, a la salud física, mental o emocional del menor^[2]. Y cuando se “permite o tolerar que otra persona incurra en esa acción que causa prejuicio a la salud física, mental o emocional del menor.”

¿Qué más puedo decir, que no han dicho ya tantas otras personas, para que comprendan la magnitud del daño que causan a nuestras comunidades estas terapias de conversión (¿o reparativas, o “estudio bíblico” como algunas iglesias las han disfrazado? ¿Qué podemos hacer para que la gente en general entienda lo importante de derrotar estos proyectos? Debemos seguir luchando contra esta injusticia. La historia está de nuestro lado.

El autor es abogado y activista. 

^[1] Véanse el Artículo 166 del Código Civil.

^[2] Véanse Artículo 166 a del Código Civil