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Llevarán protesta contra AES ante sus accionistas

Por la Redacción/CLARIDAD

La Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas Tóxicas, llevará sus denuncias hasta los propios accionistas de la AES, este jueves 18 de abril, con una manifestación durante la celebración de su asamblea en Arlington, Virginia, (EU). 

La joven Mabette Colón Pérez, de la organización Comunidad Guayanesa Unidos por tu Salud, resaltó la importancia de la manifestación que realizarán cerca de las oficinas centrales de AES.

“Ante la incertidumbre que tenemos los residentes de Guayama, sobre la responsabilidad que el gobierno de Puerto Rico impondrá o no a la AES, por el daño crítico al ambiente y a la salud de nuestra gente que ha causado durante tantos años, vamos a decirle a los hombres y mujeres que invierten su dinero en esa empresa, y que obtienen ganancias millonarias, que tienen que asumir su responsabilidad por la contaminación y el envenenamiento que han causado, y que seguiremos luchando hasta que cierren su planta de carbón y recojan sus maletas y se vayan de mi país”. 

En tanto Janette Albino Teissonniere, líder del Campamento contra las cenizas de Peñuelas, comentó que la lucha contra la AES continua, aunque desde hace casi dos años no se transportan cenizas a los vertederos peñolanos.

“Gracias a la lucha en la calle, pudimos detener el depósito de la basura tóxica de AES cerca a nuestras comunidades. Pero, la planta de carbón sigue encendida contaminando a la gente de Guayama y las cenizas siguen enterradas en otros pueblos, poniendo en peligros el agua y la salud de más personas. La lucha de Peñuelas, es la lucha de todo Puerto Rico. Y hasta Virginia vamos a decirle a AES que no le tenemos miedo y que no damos un paso atrás”, manifestó.

Según se informó la representación de la Resistencia RCC que viajará a Virginia, aprovechará el viaje para sostener otras reuniones, foros y visitas. 

“Vamos a visitar las oficinas de varios Congresistas en Washington DC para seguir buscando apoyo a nuestra lucha, al igual que sostendremos una reunión con personal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para discutir asuntos relacionados a la planta de AES. Si se convirtiera en algo real el deseo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de terminar con la quema de carbón para el año que viene, cosa que es incierta, hay que asegurarnos que AES no quede impune, y que no sea recompensada por envenenar y matar a las personas con su contaminante empresa, con otros contratos millonarios”, aseguró Timmy Boyle de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sureste (ACASE).

La actividad cuenta con el apoyo de varias organizaciones de la diáspora como, Vive Boriken, A Call for Action, el Frente Independentista Boricua de New York, CT Puerto Rican Agenda, y la Diáspora en Resistencia. Se espera que miembros de estas organizaciones participen de la actividad, al igual que miembros de la Iglesia Luterana Hope and Annandale de Virginia, Sierra Club y Earthjustice de Washignton DC. 


Ley sobre energía renovable: ¿Un engaño más?

Por Cándida Cotto Hernández/ CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al margen de las críticas respecto al proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentadas tanto en Puerto Rico, así como en la reciente vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Estados Unidos (EEUU), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Política Pública Energética, que se supone establece la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Ahora habrá que ver si en efecto el proceso de privatización lo permite.

El anuncio de su firma se dio este pasado jueves 11 de abril, y según el gobernador: “Hemos diseñado un marco regulatorio para adaptar nuestro sistema energético a uno resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todos los consumidores”. De acuerdo con lo que ordena la ley, la privatización debe proveer una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable.

La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario, mediante una alianza público-privada (APP), en o antes del 31 de diciembre de este año. El decreto ordena a la AEE transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o Alianza público privada (APP) y determina que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación. Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor de cinco años.

Además, las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala y deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.

La nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (full retail net metering) para los participantes del Programa de Medición Neta. Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible –que utilice una fuente renovable de energía– puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.

Las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala y deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.

En cuanto al ente regulador, el Negociado de Energía de Puerto Rico, se anunció que se le aumentará el presupuesto a $20 millones, se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular, mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.

La ley también crea un Fideicomiso de Energía Verde, que se supone promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores. El Fideicomiso estará encargado de establecer programas o dar apoyo financiero a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos. La entidad, además, apoyará a empresas municipales de energía, así como a comunidades solares, microredes en comunidades aisladas y comunidades de bajos y medianos ingresos; también favorecerá el financiamiento de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o microempresas. 

La ley facilita que los proyectos de energía renovables hagan uso del proceso expedito de permisos dispuesto en la Ley 76-2000. Además, ordena reemplazar el 100 por ciento del alumbrado público por luces LED o renovables para el 2030. En cuanto a los trabajadores, la ley –se supone–, garantiza que ningún empleado de la AEE pierda su empleo.

Para el activista ambiental y exrepresentante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, Juan Rosario, habrá que ver si en efecto los intereses privatizadores van a dar margen a que se pueda establecer la política pública de la nueva ley de producir mediante la energía renovable. Al poner en duda que se alcancen los objetivos, apuntó a que se está hablando de crear un mercado de entre $15 a $20 millones en lo que es la restauración del sistema. Además, no se van a vender los activos de la AEE, sino que se va a usar el modelo de las APP, lo que a su juicio es peor que una venta porque el privatizador se queda con la ganancia. Tampoco favorece a que el privatizador dé paso a los otros modelos de pequeña escala, como proyectos cooperativos, comunitarios, etc. Al igual que otras voces, Rosario denunció que el país no ha tenido una discusión de cuánto gas natural se necesita. Esto es uno de los puntos más criticados del Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE, que se concentra en el uso de gas natural.


Cuando la derecha se queda sin cartas

Por Marco Teruggi

Estados Unidos convocó por tercera vez desde enero una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la cuestión Venezuela. Su objetivo esta vez era lograr que Juan Guaidó fuera reconocido como presidente interino del país. El objetivo fue planteado por el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, como primer gobierno en tomar la palabra: “ha llegado el momento que las Naciones Unidas reconozcan a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y sentar a su representante en este órgano”.

El diagnóstico sobre el cual construyó su pedido fue el reconocimiento de la Asamblea Nacional como única institución legítima, y Guaidó como presidente hasta nuevas elecciones. Sobre eso trazó la narrativa en la que busca apoyarse Estados Unidos para justificar sus nuevos ataques:“Venezuela es un Estado fallido, tal y como nos enseña la historia, los Estados fallidos no tienen límites: terroristas, narcotraficantes e incluso Hezbolá están aprovechando para asentarse allí”. Ambos argumentos eran conocidos.

Así como se anticipaba que esa sería la posición norteamericana, también otras decisiones de gobiernos parecían definidas como en las reuniones anteriores. Tal fue el caso de la Federación de Rusia, que, a través de su embajador ante el Consejo, Vasily Nebenzia, se opuso a la “injerencia de Estados Unidos en otros Estado”, denunció los ataques sobre la economía, el robo que se le realiza a Venezuela por diversas vías, y el cinismo norteamericano “porque por un lado se les agarra del pescuezo con sanciones, pero al mismo tiempo hablan de una asistencia internacional (…) La situación política solo podrá resolverse mediante un diálogo nacional, pero Guaidó no está dispuesto a esto porque no ha recibido instrucciones en ese sentido”, afirmó.

El gobierno de la República Popular China también abogó por un diálogo entre partes: “China se opone a la intervención militar en Venezuela, y al uso de la ayuda humanitaria con fines políticos. Las sanciones unilaterales solo exacerbarán la vida cotidiana de las personas, y no llevarán la paz al país”, afirmó el embajador Ma Zhaoxu. 

Varios países compartieron una postura común, como Francia, Alemania, Reino Unido, quienes ratificaron el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado, y afirmaron que, “como presidente interino en pleno respecto de la Constitución, podría organizar comicios libres y transparentes”. Una solución en la línea del Grupo Internacional de Contacto, con el desconocimiento de Maduro y una resolución diseñada desde el exterior.

Venezuela, en voz del embajador Samuel Moncada, denunció el ataque diseñado y aplicado desde EE.UU., con la “destrucción económica deliberada, la agresión con uso de instrumentos financieros, presiones indebidas, uso de posición dominante en los mercados”. La solución, afirmó, “no debe ser intervencionismo o donaciones por parte de los criminales ni conferencias de donantes que ocultan el saqueo cometido, debe ser devolución del dinero, cese del bloqueo, cese de los sabotajes a nuestras infraestructuras, cese de la amenaza de intervención militar”.

El resultado final fue el que era predecible: similar a las dos reuniones anteriores, sin acuerdo posible, con bloques alineados sobre las mismas posiciones. La reunión convocada por EEUU parece haber sido para mantener el tema en agenda internacional, profundizar la narrativa en torno a la crisis humanitaria y el Estado fallido. No era posible llegar al resultado alcanzado el martes en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde por 18 votos a favor fue reconocido el enviado por Guaidó en lugar del representante de Venezuela. Una victoria “pírrica” que socava la institucionalidad de la OEA, así la calificó el canciller de México, Jorge Lomónaco.

Durante el día, mientras se desarrollaba el Consejo de Seguridad, la derecha venezolana había convocado a la segunda jornada de la “operación libertad”, con puntos de protestas en diferentes partes de la capital y del país. El resultado fue una nueva confirmación de la tendencia al descenso en la capacidad de convocatoria de la oposición alrededor de la figura de Guaidó, la incapacidad para construir una expectativa que logre entusiasmar a la población opositora. El mensaje ha entrado en zona de crisis, en particular por la distancia entre lo prometido y la traducción en hechos concretos.

Los próximos pasos en la agenda norteamericana están marcados por la visita que hará Mike Pompeo a Chile, Paraguay, Perú, Colombia, incluida la ciudad fronteriza de Cúcuta, el día domingo. Pompeo, quien repitió ayer que “el régimen de Maduro representa una amenaza para Estados Unidos”, buscará acuerdos del orden de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático. La posibilidad de la salida a través de la intervención ha quedado fuera de las posibilidades planteadas por todos los aliados de EE.UU.

Tal fue el caso en España, donde Elliot Abrams se reunió el miércoles con representantes del ejecutivo, como José Manuel Albares, asesor diplomático del gobierno, y Juan Pablo de Laiglesia, secretario del Estado español en cooperación internacional, quienes manifestaron “la necesidad de una salida democrática a la gravísima crisis que sufre el país” y que “la actual situación en el país caribeño requiere una solución política, pacífica y democrática que excluya categóricamente el uso de la fuerza”.

En ese contexto de dificultad de la estrategia golpista de encontrar pasos de avance, el gobierno de Venezuela afianzó públicamente su trabajo de cooperación en una reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su presidente, Peter Maurer, señaló la voluntad de avanzar en el trabajo conjunto, desde la perspectiva de un plan de ayuda que sea apolítico, neutral, sin adentrarse en definir el carácter o no de “crisis humanitaria” en el país. Las zonas priorizadas serán Caracas, la frontera con Colombia y el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.

El trabajo conjunto entre el gobierno y la Cruz Roja resulta importante por dos dimensiones centrales: la primera, construir respuestas a dificultades que existen el país, tal como se ha hecho en cooperación con el gobierno de China quien, el 29 de marzo, hizo llegar un cargamento de 65 toneladas de medicinas al país. En segundo lugar, porque quita una carta a la narrativa de la derecha, que afirma que el gobierno estaría bloqueando todo tipo de ayuda social. Y el problema de la derecha es su falta de cartas luego de tres meses de iniciado el nuevo mandato de Maduro que ya no reconocen como presidente. Parecen haberse quedado sin movimientos que dar. Por eso Pompeo, Abrams y Pence han asumido nuevamente la delantera pública.

Reproducido de www.pagina12.com.ar

La Ley Helms-Burton: Una historia silenciada

Por Ricardo Alarcón de Quesada

La trampa

Desde que comenzó este año el Departamento de Estado norteamericano ha emitido varios anuncios sobre la suspensión parcial de la aplicación de algunos aspectos de un capítulo de la llamada Ley Helms-Burton. Lo ha hecho con el estilo tramposo, fraudulento, característico de los actuales gobernantes, con la clara intención de crear incertidumbre y confusión, propósito para el cual cuentan, como es habitual, con los medios que se supone debían dedicarse a informar.

 Ante todo hay que decir que en rigor se trata de un aspecto secundario de la mentada Ley, adefesio pseudojurídico que viola groseramente el Derecho Internacional, cuya ilegalidad y agresividad en nada cambian, apliquen o no la tan cacareada suspensión. Se trata de abrir o no, ahora, la posibilidad de presentar demandas ante tribunales norteamericanos por actos realizados fuera de su jurisdicción, en este caso en el territorio de la República de Cuba. Como quiera que tales litigios pudieran afectar a empresas extranjeras con inversiones en la Isla, el asunto provocó el rechazo de otros países y condujo a que la Unión Europea presentase en 1996 una denuncia formal ante la Organización Mundial de Comercio. El asunto se selló entonces cuando Washington se comprometió a suspender la acción ante sus tribunales lo cual han hecho, religiosamente, cada seis meses Clinton, W. Bush, Obama, incluso Trump.

Fue un ejercicio repetido durante más de veinte años hasta que el pasado 16 de enero se anunció que esta vez la suspensión sería por 45 días. Cuando tal plazo se venció en marzo hicieron saber que lo prorrogarían por otros 30 días aunque agregando que a partir del 19 de ese mes permitirían la presentación de demandas ante sus Cortes contra unas 200 empresas cubanas arbitrariamente incluidas en una lista confeccionada por Washington. Nuevamente en abril extendieron el plazo por dos semanas, hasta el primero de mayo manteniendo la excepción contra las entidades cubanas.

Ya en 1996 Fidel Castro había anticipado que la claúsula suspensiva era una “tomadura de pelo”. Desde el pasado enero, veintitrés años después, el señor Pompeo aparece, en pose dubitativa, “deshojando la margarita” burlándose de todo el mundo especialmente de sus aliados europeos convirtiendo en papel mojado el compromiso suscrito con ellos.

Este rejuego sirve, sobre todo, para desviar la atención de lo fundamental, aquello de lo que apenas se habla y a lo que quisiera referirme confiando en la benevolencia de los lectores de Por Esto!

La Helms-Burton tiene cuatro Capítulos o Títulos. El Primero convierte en Ley todas las medidas, que hasta entonces eran decisiones ejecutivas y conforman el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y lo amplían y tratan de extenderlo por todo el planeta. La infame política, así Codificada, sólo podría ser eliminada por una decisión de ambas Cámaras del Congreso.

El Segundo describe, con cierto nivel de detalle, lo que ocurriría a partir de la hipotética derrota de la Revolución cubana como consecuencia de la guerra económica. Habría lo que llaman “período de transición” durante el cual se produciría el desmantelamiento de todas las instituciones de la sociedad cubana y el país quedaría bajo total dominio norteamericano. Para que nadie pueda dudarlo el proceso estaría dirigido por un funcionario norteamericano designado por el Presidente de Estados Unidos al que la Ley pudorosamente denomina Coordinador para la transición en Cuba. Este verdadero procónsul fue designado por W. Bush aunque nunca llegó a cumplir su encomienda en la Isla. Tuvo que dedicarse a promover fuera de Cuba el Plan para la transición que Bush, cumpliendo con la Ley, presentó al Congreso en 2004 y en una versión ampliada en 2006 y que nadie ha derogado.

A todo lo largo del Título II se repite con machacona insistencia que para la eliminación del Bloqueo y las futuras relaciones con una supuesta Cuba post-revolucionaria una condición indispensable será la devolución de sus propiedades a quienes las perdieron el primero de enero de 1959 (tema al cual deberé regresar más adelante).

En adición a lo antes expuesto la Helms-Burton agregó un Título III que establece la posibilidad de promover acciones legales ante tribunales norteamericanos contra empresas o personas que usen de cualquier modo propiedades reclamadas por quienes, alegadamente, eran sus dueños o sus descendientes

Hasta aquí, con el Título I y el Título II, la Helms-Burton es un texto que pisotea el Derecho Internacional de punta a cabo. Su carácter extraterritorial es más que obvio pues el archipiélago cubano no forma parte del territorio bajo la jurisdicción de Washington.

En adición a lo antes expuesto la Helms-Burton agregó un Título III que establece la posibilidad de promover acciones legales ante tribunales norteamericanos contra empresas o personas que usen de cualquier modo propiedades reclamadas por quienes, alegadamente, eran sus dueños o sus descendientes. Este Título incluye un artículo que permite al Presidente suspender el inicio de tales acciones por períodos semestrales, tema al cual dediqué la parte inicial de este escrito.

Finalmente el Título IV, aplicado ya en varias ocasiones, niega el visado para entrar a Estados Unidos a empresarios y a sus familiares que utilicen propiedades objeto de reclamación.

La Helms-Burton, recuerda la advertencia que muy temprano nos hiciera Carlos Manuel de Céspedes. El Padre de la Patria cubana, en 1870, descubrió que “el secreto” de la política norteamericana era “apoderarse de Cuba”. Gracias a Helms y a Burton los designios del Imperio aparecen a la luz del día. Que puedan hacerlos realidad es, desde luego, algo bien diferente. Desde Céspedes hasta Fidel los cubanos han demostrado que sabrán luchar hasta el fin y que jamás volverán a ser esclavos de nadie.

Reproducido de ¡Por Esto!


El robo de las exenciones

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Ninguna de las dos medidas que se discuten en el Senado que tienen que ver con incentivos y créditos contributivos, contienen elementos fundamentales de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Así lo advirtió la organización Espacios Abiertos (EA), en vista pública ante la Comisión de Hacienda del Senado, respecto a los proyectos, PS 1013, Código de Incentivos de Puerto Rico y el PC 1880, Sistema de Créditos Contributivos Integrados.

En la ponencia presentada por el analista “senior” de Política Pública, de EA, Daniel Santamaría Ots, aun cuando dijo que Espacios Abiertos apoya el uso de incentivos contributivos como herramientas para el desarrollo económico, llamó la atención a que es necesario que el gobierno permita que se divulguen y discutan los gastos fiscales, o los incentivos contributivos, como también se conoce a estos beneficios económicos que otorga el gobierno. 

Es indispensable la participación ciudadana en la elaboración de cualquier ley de incentivos que tenga un impacto en el fondo general, y que para que la gente se involucre en la discusión deben tener fácil acceso a todos los documentos que ambas leyes generen desde el inicio del debate.

Los incentivos o gastos fiscales incluyen las siguientes diez categorías: las Exclusiones; Exenciones; Deducciones; Tasas preferenciales; Diferimientos de obligaciones contributivas; Acuerdos finales; Decretos Contributivos; Estímulos Monetarios; Subsidios; y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el gobierno de Puerto Rico. Santamaría Ots continuó señalando, que los incentivos contributivos o gastos fiscales son programas similares a los de gastos públicos gubernamentales, lo que quiere decir que son catalogados como un gasto del gobierno realizado a través de su código de impuestos, y a su vez representan una pérdida de ingresos para el fisco.

Frente a estos elementos trae a la atención que desde hace tiempo a nivel mundial los gobiernos divulgan y discuten cuáles son estos gastos fiscales y su discusión sirve como herramienta presupuestaria. En el caso de Estados Unidos, desde la década de los ‘70, 49 de los 50 estados y el Distrito de Colombia divulgan su informe público de gastos fiscales. La mayoría de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también lo divulgan. En el caso de Puerto Rico -señaló Santamaría OTS- todavía no existe esa herramienta y ninguno de los proyectos en discusión tampoco lo contemplan. 

Debemos decir que EA mantiene un pleito judicial frente al gobierno por el acceso a esta información y aun cuando el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI) falló a favor de la organización, el gobierno acudió al Tribunal Apelativo en busca de una revocación. 

Para atender esta falta en ambos proyectos (PS 1013 y PC 1880) EA formuló cuatro recomendaciones para que el pueblo pueda tener acceso y beneficiarse de toda la información sobre la cual se está legislando. La primera es que el Código de Incentivos debe divulgar el Informe Anual de Efectividad de Incentivos y el Reporte Presupuestario de Incentivos Económicos. Por parte del Sistema de Créditos Contributivos Integrados se debe presentar un informe público anual sobre cualquier venta de créditos contributivos.

La segunda recomendación es que ambas medidas legislativas deben evaluar en su totalidad las leyes de incentivos contributivos que existen en Puerto Rico. Tercero se debe justificar por qué se mantienen y se siguen incentivando leyes que arrojan un retorno negativo de la inversión. Y cuarto que ambas medidas deben divulgar anualmente la totalidad del gasto en incentivos que, según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), asciende a unos $7,462 millones al año lo que representa el 86% del presupuesto del Fondo General.

En relación al PC 1880 sobre la venta de créditos contributivos, Daniel Santamaría Ots, recalcó que la plataforma propuesta por el proyecto de ley solamente divulgaría $250 millones y mantendría oculto un presupuesto que según reveló el propio DDEC, asciende a unos $7,462 millones.

En tanto la ley sobre el Código de Incentivos solamente divulgaría entre $450 y $500 millones al año, dejando oculto también unos $7,462 millones. El código de Incentivos que está proponiendo el gobierno, omite el análisis de 18 leyes de un total de 76 leyes y programas, lo cual constituye una falta de transparencia.

A juicio de EA esto mantiene fuera del ojo de la gente a cuánto ascienden y qué costo y beneficio público, privado y social tienen estas leyes y programas para el pueblo de Puerto Rico.

Santamaría Ots recalcó que es indispensable la participación ciudadana en la elaboración de cualquier ley de incentivos que tenga un impacto en el fondo general, y que para que la gente se involucre en la discusión deben tener fácil acceso a todos los documentos que ambas leyes generen desde el inicio del debate.

El fin del análisis presentado por EA, incluyendo su pleito en los tribunales se desprende de su planteamiento de que el gobierno de Puerto Rico tiene más gastos fiscales mediante sus medidas de exenciones contributivas a diversas sectores como las compañías de transgénicos, manufactura, hoteles y otras que los que otorga a los individuos.