Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com 

Ante el anuncio hecho por la secretaria del Departamento de Educación sobre la posibilidad de que para este semestre 30 escuelas se transformen en escuelas de conversion (chárter) padres, maestros y estudiantes han mostrado resistencia representación de sus respectivas comunidades escolares. 

Al momento 14 escuelas han retirado sus propuestas para hacer el cambio, entre estas: la escuela Helida Meléndez (Orocovis); la Miguel Meléndez Muñoz y la Salvador Brau (Cayey); la Agapito López, Petra Mercado y Luz A. Cruz de Santana (Humacao); la Miguel Such y Juan Ponce de León (San Juan); y la Nueva Urbana (Guaynabo). También se unieron otras cinco escuelas del municipios de San Sebastián. 

Aunque las razones para presentar esta resistencia son diversas, la resistencia por parte de padres y madres se fundamenta principalmente en que una gran mayoría de los estudiantes de esas 30 escuelas pertenece al programa de educación especial. Ante eso la pregunta sobre qué pasaría con esta población ya que sería segregada debido a que las escuelas chárter –según la Ley– serían escuelas especializadas en ciencias, matemáticas y deportes. 

“De acuerdo con estas categorías ¿qué harían con los niños de educación especial que no puedan competir en esas disciplinas?” cuestionó Eva Ayala, presidenta y portavoz de Educamos.

Por otra parte, el DE ha reducido considerablemente el presupuesto al programa de Educación Especial. 

Lo que han planteado los padres en la discusión es que un niño de educación especial no cuesta los mismo que un estudiante regular por los servicios que requiere, lo que redunda en un costo mayor. 

“Aquí en PR quieren encajonar a estos estudiante de educación especial dentro de los mismos parámetros del resto de los estudiantes, lo que es discriminar contra esa población”, sostuvo Ayala. 

Además, sugirió que ante estas circunstancias pudiera incoarse algún tipo de caso, sin embargo manifestó que esto sería un poco difícil porque la Ley 85 está hecha a la medida de las privatizadoras. Explicó que en esta etapa del proceso, antes de ir al tribunal se están identificando los fallos en esa ley, evaluando si debe ser eliminada o enmendada sustancialmente.

¿Aumento de sueldo o aumento de dinero para el DE?

Por otra parte, de cara a los cambios propuestos mediante la implemetación de la Ley 85, el personal docente ha planteado que se ponen en riesgo los derechos adquiridos del magisterio y la permanencia. Con estos cambios el maestro dejaría de ser contratado por un periodo estable perdiendo la seguridad de empleo

“El maestro que se vaya a esas escuelas alianzas tendría que pedir una licencia sin sueldo por un periodo de dos años. Lo que también le puede traer un problema porque cuando desee regresar a su puesto es muy probable que ya no exista” 

Ayala, desmintió la propuesta que hizo la secretaria del Educación, Julia Keleher, para eliminar los descuentos indebidos de los maestros y los aumentos de salario. 

Explicó que a los maestros se les está haciendo una auditoría de 10 años hacia atrás en términos de descuento. Se alega que en el proceso hubo unas irregularidades en términos del personal administrativo que no registraron esa asistencia o que la registraron incorrectamente. Cuando la Secretaria se tropieza con eso, los maestros tuvieron que evidenciar que ellos estuvieron presentes pero desde el 2007. Esto es imposible de evidenciar ya que algunas de estas escuelas en las que trabajaron los maestros están cerradas, escuelas que no existen y que los documentos desaparecieron. 

“La Secretaria no nos está haciendo un favor, sino que se dio cuenta de que era una total injusticia y que no había manera de ellos demostrarle al maestro que los maestros estaban equivocados, los que estaban equivocados eran ellos y esos casos iban a llegar al tribunal y allí ella iba a quedar mal parada y por eso decide condonar la deuda” 

En cuanto al aumento salarial, dejó claro que no es ningún aumento, sino un aumento en la jornada laboral. Por normativa del DE un maestro trabaja de 8:00 am a 3:00 pm. Keleher, está planteado que se le aumente hora y media de modo que el maestro empezaría a trabajar de 8:00 a 4:00 pm y a cambio de eso dice que al año el maestro va a recibir $2,900. 

“Cuando nosotros hacemos la matemática y dividimos esa cifra y la distribuimos por horas trabajadas ella le está aumentado al calendario del maestro 30 horas mensuales; cuando uno saca el cálculo resulta que es una reducción en salario y no un aumento”. 

Pero destacó que más allá de la matemática se debe considerar el principio de mérito de los maestros. Por lo que sostuvo que debe considerarse ese principio, los años de experiencia, la preparación del maestros, la preparación en especialidades adicionales y la nota de práctica (cuatro criterios principales que se utilizan para establecer los turnos en el DE).

En su impresión, Ayala manifestó que la secretaria del DE está utilizando la figura del maestro para que se le aumente a través de la JCF el presupuesto en el DE. 

“Keleher está pidiendo que el actual presupuesto del DE sea duplicado. Esto bajo el pretexto de aumentarle el salario al maestro, pero en términos prácticos esa cantidad de dinero que exige la Secretaria es para poder crear la estructura de gerentes escolares y empleados de confianza a los que ella le está dando una millonada.

No hay explicación para que ella diga cerré tantas escuelas, me economicé 15 millones pero entonces gasto más millones en una compañía de valores o una compañía de cámara de seguridad. Entonces ¿se necesitaba el dinero o no?”. 

Marcha en defensa de la educación pública

Este domingo 7 de abril, a las 11:00 am, se llevará a cabo una marcha desde la Plaza Colón hasta La Fortaleza, para rechazar la privatización de las escuelas mediante el modelo de alianza (Chárter), por la defensa de las pensiones de activos y jubilados, el apoyo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), para exigir las permanencias a los maestros y maestras transitorios y la defensa de un sistema educativo público y de calidad.

La marcha es convocada por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) compuesto por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Comité Timón de Madres, Padres y Encargados de Niños de Educación Especial, la Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), EDUCAMOS, la Federación de Maestros de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y UNETE. 

“Reclamamos la derogación de la Ley 85 de falsa reforma educativa, diseñada para privatizar las escuelas y desmantelar el sistema educativo público. Exigimos cero recortes a la educación de nuestra niñez y juventud y al presupuesto de la UPR, que se garanticen las pensiones de los jubilados y un sistema de retiro para evitar que las empleadas y empleados activos queden sin ingresos después de servirle al país. Rechazamos la privatización de las escuelas que convierte a la niñez y juventud en mercancías limitando los servicios que reciben”. (FADEP) 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

Contrario a la impresión general de que la asistencia a las clases pobres a través de programas como, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés) y el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SIS, siglas en inglés) son un desaliento para que las personas trabajen, un reciente estudio revela que estas asistencias representan la posibilidad de un trabajo estable, especialmente para aquellos más cercanos a la línea de pobreza y fortalecen el compromiso con el trabajo. 

El estudio; El impacto de las disparidades en los programas SNAP y SSI sobre la pobreza y el crecimiento económico en Puerto Rico, apunta además a que estas disparidades entre el dinero que se recibe en la isla versus en Estados Unidos, son evidentes y que de haber paridad, esto no solo favorecería a los beneficiarios directos, sino que también a los bancos, a las empresas y la economía en general a través de un efecto multiplicador indirecto. Puerto Rico participa en el SNAP desde el año fiscal 1975, pero en junio de 1982, cesó esta participación y se comenzó a recibir una subvención global que establece las bases del Programa de Asistencia Nutricional (NAP), lo que significó una reducción de fondos. 

Estas disparidades llevan a que aunque el beneficio mensual promedio es menor en Puerto Rico que en EE UU, el ingreso de elegibilidad de las personas es 157% mayor en la isla que en los estados. La investigación revela que en 48 estados de los Estados Unidos, el ingreso de elegibilidad para el SNAP en el 2011 era de $ 1,838 por mes para un hogar de cuatro personas. En contraste en Puerto Rico son $ $713. Aun cuando el costo de vida en la isla es mayor que en muchos estados el beneficio por persona recibido en 2015 fue de $ 125.50 por mes en los estados, mientras en la isla fue de $117.46. 

El resultado de esta disparidad -indica el estudio conducido por el profesor de economía doctor José Caraballo Cueto- es que la mayoría del 63% que están en por debajo de la línea de pobreza en Puerto Rico habrían escapado de la pobreza si hubieran podido complementar sus ingresos con el NAP. Además, de que la paridad en el programa NAP con respecto al SNAP hubiera representado $ 242.7 millones más para el financiamiento otorgado a NAP en 2016. 

La investigación presenta datos que desmiente la crítica de que la paridad en estos fondos crearía dependencia. Los datos revelan que la participación de las personas en el NAP declinó entre los años de 1980 a 2006, este último año que marcó el comienzo de la depresión económica que en la actualidad sufre Puerto Rico. 

En tanto uno de los sectores económicos que más se beneficiarían con la paridad de ambos programas serían los comercios minoristas. De acuerdo a la investigación una paridad en los fondos del NAP tendrían efectos directos e indirectos iniciales para los comercios de $ 368.7 millones en sus ventas. 

En lo que respecta al SSI cuyas transferencias en la isla están dirigidas a las personas más vulnerables, es decir ancianos, ciegos y discapacitados, la Oficina de Contabilidad General (GAO) estimó en 2011 que de haber paridad en estos fondos la isla hubiese recibido casi $ 1.8 mil millones. De acuerdo a los datos recientes disponibles, con paridad en SSI, Puerto Rico habrían recibido hasta $ 2.7 mil millones en 2016, lo que a su vez hubiera reducido la pobreza a 36.4% en 2016, 7.1 puntos porcentuales por debajo del 43.5% registrado. 

“La paridad en el PAN y en el SSI no es un modelo de desarrollo económico, es una reparación de daños”

Por lo tanto- destaca el investigador- con la paridad en el NAP y en el SSI, la tasa de pobreza en Puerto Rico muy probable se habría reducido a un 30% en el 2016. Además la paridad en estos fondos habrían representado $ 3.02 mil millones adicionales en la economía de Puerto Rico; lo que a su vez representa el 4% del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico 2016. En general, este dinero facilitó la creación de 39,026 empleos adicionales, incluyendo 18,012 empleos directos y 21,014 empleos indirectos. 

Los datos de la investigación, patrocinada por la empresa Econométrika, recalcan que de haber paridad en ambos programas en el 2016, el efecto de la producción total, incluidos los efectos indirectos, hubieran estado cerca de los $ 5.56 mil millones. 

En cuanto a los componentes de consumo personal, como alimentos, alcohol / tabaco, ropa y accesorios, y cuidado personal, vivienda, servicios médicos, funerarios, transporte, recreación, educación, ONG no clasificadas en otra parte, viajes al extranjero y compras misceláneas, los fondos habrían significado $3,702 millones adicionales en ventas. La paridad en ambos programas además hubiera ayudado a que la desaceleración del ciclo económico en el 2016 hubiese sido mucho menor. 

Otros sectores económicos beneficiados con la paridad serían la banca, las cooperativas de ahorro y crédito en términos de nuevos depósitos. Se estima que los depósitos en el sector financiero local serían de aproximadamente $ 3,802.59 millones. Esto a su vez mejoraría la oferta monetaria en circulación gracias a los nuevos créditos que se pueden generar. La investigación expresa que no se debe ser pesimista con el mercado de crédito en la Isla, ya que el dinero nuevo total que circularía con paridad en SSI y en NAP podría equivaler a más de $ 5.7 mil millones. 

El estudio concluye que el Departamento de Hacienda, es otro ente que saldría beneficiado con las nuevas actividades económicas creadas por la paridad. Primero el impuesto anual total sobre ventas y uso (SUT, por sus siglas en inglés) podría recaudar alrededor de $ 145.34 millones. 

A preguntas de este semanario respecto a si no consideraba que un aumento en el dinero de estos programas si bien tienen un impacto positivo en los sectores pobres, por otro lado significaba una economía de dependencia, Caraballo Cueto, apuntó que el gobierno de EE UU tiene una responsabilidad con la situación socioeconómica de Puerto Rico y con el desastre post-María esto es una forma de atenderlo. 

“La paridad en el PAN y en el SSI no es un modelo de desarrollo económico, es una reparación de daños que de paso tiene un efecto sobre el sector privado de Puerto Rico. Para superar la depresión se necesita un modelo de desarrollo económico de largo plazo y esta paridad no es incompatible con ese modelo”. 

El investigador principal del estudio y director del Instituto de Investigaciones Inter disciplinarias de la UPR, Recinto de Cayey, rebatió que la versión neoliberal tradicional es que las personas en Puerto Rico no trabajan porque existen estos programas de redes de seguridad. “Hay personas que no pueden trabajar (ejemplo, viejos solos, impedidos físicos, entre otros), por lo que la asistencia del Estado se necesita aun con un modelo de desarrollo. Hay otros que reciben estas transferencias y sí trabajan, pero informalmente para poder complementar sus ingresos bajos. Con la paridad se puede integrar a muchas de estas personas al mercado laboral: al subir el límite de ingresos que una persona puede trabajar se permitiría que las personas complementen sus bajos salarios con estas transferencias”. 

Coincidió con el planteamiento de que es posible aprovechar los fondos para ir cambiando la situación de dependencia y que con ellos la depresión sería menor. Caraballo Cueto fue enfático al señalar que la depresión no la causó las redes de seguridad, ni la paridad es la solución para la depresión, acotó que para eso se necesita un modelo de desarrollo económico, pero ese no fue el objeto de esta investigación. 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

La inconstitucionalidad e ilegalidad de la Junta como ente jurídico y la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos son los litigios radicados ante el tribunal en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El pasado viernes 29 de marzo, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Hato Rey el conversatorio Litigios y la Junta de Supervisión Fiscal. Esta actividad tuvo como propósito atender los siguientes asuntos: ¿Cómo los litigios han ido definiendo esa entidad jurídica? ¿Qué límites se han identificado? ¿Qué controversias están desenvolviéndose?

El conversatorio fue moderado por el profesor de Derecho de la Inter, Carlos Ramos, y junto a él había un panel integrado por los licenciados Rolando Emmanuelli, Roberto Maldonado y las licenciadas Jessica Méndez y Judith Berkan.

El profesor presentó a los panelistas. Acto seguido reclamó la necesidad de más grupos de trabajo permanente que estudien las consecuencias de PROMESA de una manera más intensa y extensa, sugiriendo de tal manera, que los esfuerzos realizados hasta el momento cuestionando la legitimidad y legalidad de PROMESA son individuales. 

Expuso como ejemplos la publicación de artículos de revista y libros y la incoación de pleitos, entre los que se incluyen los expuestos durante la actividad reseñada. No obstante, no ha surgido un estudio sistemático desde la Academia sobre los problemas que representa dicha ley. 

Sin embargo, Emmanuelli aclaró en un aparte con CLARIDAD que la actividad de la revista lleva una dirección correcta en la medida en que está enterando sobre este asunto a los estudiantes de Derecho, que son los que escriben en muchos de los números de la Revista Jurídica de esa facultad. 

La abogada Judith Berkan habló sobre el pleito del Centro de Periodismo Investigativo vs La Junta, en donde los primeros exigen toda la información sobre las operaciones de la Junta en la isla, principalmente en lo que respecta a las comunicaciones (correos entre la Junta, el Congreso y otras entidades gubernamentales). 

Explicó que a pesar de que la JCF ha tenido que divulgar información, ha levantado argumentos de privilegios y de razones para no divulgar información adicional. Es por eso que la licenciada sugirió que la actitud negativa de la Junta para entregar documentos se articula como un esfuerzo para entorpecer esa labor de litigación del CPI.

Los licenciados Emannuelli y Méndez expusieron los casos de los empleados de la Corporación del Fondo de Seguros del Estado y el de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Estos casos, a diferencia del que presenta el CPI (que reclama el derecho de libre acceso a la información), plantean la inconstitucionalidad de PROMESA porque en esencia viola las libertades políticas y humanas de los puertorriqueños, amparándose particularmente en la enmienda 13 de la constitución federal. 

“Nosotros estamos alegando que el Congreso no tiene el poder de imponer una ley como PROMESA; que esa ley, en la medida que priva a los puertorriqueños de las más mínimas garantías civiles y humanas, es inconstitucional”, explicó Emmanuelli durante su presentación. 

Méndez expuso que, según resolvió el Circuito, la Junta es un ente territorial y federal, que se costea con fondos públicos; pero ¿hasta qué punto se pueden utilizar fondo públicos para pagar un ente que, aunque territorial, sus integrantes son esencialmente empleados federales? ¿Es eso constitucional?

Hasta ahora se desconoce si el pago de funcionarios federales es constitucional. En todo caso, el Gobierno tendría que plantear que dejaría de pagar ese ente, para crear una controversia y que el tribunal tenga que adjudicar. Si bien la Junta actúa como si no tuviera restricciones, según la jurisprudencia, sí las tiene; pero es el tribunal quien tiene que establecerlas a medida que los litigios se vayan desarrollando.

En cuanto a los reclamos que presenta el caso de Pinto Lugo, dirigido por el licenciado Roberto Maldonado, estos son más amplios considerando que aquí se cuestiona principalmente el poder que tiene la Junta sobre el Gobierno de Puerto Rico. Según puntualizó el licenciado, no es solo que PROMESA sea inconstitucional, sino que tanto la Junta como sus acciones igualmente lo son. Entre otras cosas, Maldonado expuso los conflictos de intereses que tiene el ente federal y además cuestiona las medidas de austeridad que ese organismo ha tomado en contra del pueblo de Puerto Rico.