Hace un par de años, quizás menos, fui una mañana a renovar mi pasaporte a una oficina del Departamento de Estado en el Viejo San Juan. Estando en espera del turno, se acercó a mí un joven estudiante a quien se le requería un testigo que lo identificara para que le expidieran un pasaporte. Era hijo de un viejo amigo y compañero de los años en que fundamos el PIP. Fui a identificarlo y la funcionaria me preguntó con incredulidad si yo lo conocía desde dos años o más. Le dije que sí. Con ojos inquisidores y una mueca de arpía, me miró fijamente y me dijo lo siguiente: “Sepa usted, señor, que si no es cierto lo que dice, estaría cometiendo un delito FEDERAL” y alargó la voz para subrayar la gravedad del hecho. Solamente me sonreí ante aquel despliegue tan lamentable del complejo aquel de colonizados que embarga a tantos compatriotas. La doña se puso furiosa con mi absoluto desdén por sus amenazas. No sabía la inocente paisana que yo me he pasado la vida violando leyes federales, y por lo menos, desde que soy abogado, con plena consciencia de que las estoy violando.
Hubo una época en que la Corte Federal sirvió de instrumento represivo directo para encarcelar a Don Pedro Albizu Campos y al liderato del Partido Nacionalista. Aquella fue la más clara manifestación del colonialismo brutal a que es ha sometido a Puerto Rico. No hay síntoma más evidente de la tiranía que representa el coloniaje que la utilización ostensible del aparato represivo del imperio en la colonia. Los juicios y sentencias contra los nacionalistas repercutieron en el mundo entero. Desde todos los rincones del planeta, llovieron protestas de gobiernos, instituciones y personalidades a la Casa Blanca, exigiendo la libertad de Albizu y los compatriotas que con él fueron condenados a prisión y destierro por el tribunal extranjero con asiento en San Juan.
No hay duda que Washington rectificó su política de usar la Corte Federal como vehículo de represión de los patriotas boricuas. Si contaba con un engranaje judicial de la administración colonial, no tenía porqué ensuciarse las manos directamente metiendo a la cárcel a los luchadores boricuas. Para eso contaban con una legislatura pelele, que aprobó las leyes de la mordaza, con un gobernador títere, que agitó la histeria, y con unos jueces insensibles, que se prestaron a condenar, en la década de los cincuenta, a veintenas de puertorriqueños por luchar para que su patria sea libre. La Corte Federal se desentendió de la función represiva.
Durante la década de los años sesenta, la nueva lucha de independencia desarrolló en Puerto Rico la práctica del desafío al imperio a niveles masivos. Libramos una lucha intensa contra el servicio militar obligatorio. Cada uno de nosotros, personalmente, violaba las leyes federales cada vez que instábamos públicamente a la juventud a no ingresar en las fuerzas armadas yanquis. Hemos viajado a Cuba y a china, públicamente, cuando estaba prohibido por la ley federal visitar esos países. Invadimos la zona prohibida de los mares que circundan a Culebra, e interrumpimos las maniobras de la Marina de Estados Unidos, en desafío a la reglamentación federal que prohibía tal actividad. Hemos predicado y sostenido públicamente, en discursos y escritos, el derecho de nuestro pueblo a todas las formas de lucha, incluyendo la lucha armada, para arrancarle la independencia a los yanquis.
En 1970, quemamos en Lares cientos de tarjetas del servicio militar obligatorio, en abierto desafío a la ley federal que prohíbe tal cosa. Nunca se nos ha acusado, a pesar de que han tenido siempre, no solamente la prueba para condenarnos, sino la seguridad de que ninguno de nosotros negará jamás ninguna de estas acciones. No lo han hecho porque tomaron la decisión política de no hacerlo. Demostraron así que la ficción puritana de la absoluta adhesión del gobierno yanqui a sus leyes es pura filfa. Como todos los sistemas fundados en al explotación humana, ellos usan leyes cuando les conviene y se abstienen de usarlas cuando no lo consideran beneficioso a sus intereses.
Ahora, el gobierno yanqui está volviendo aceleradamente a la práctica de utilizar la Corte Federal para perseguir y encarcelar a los luchadores de nuestro pueblo. Ya no confían en los tribunales coloniales. Cientos de casos fabricados contra independentistas y socialistas han sido absueltos en las cortes de Puerto Rico durante los últimos quince años. Los yanquis no confían en los puertorriqueños, sean estos populares, republicanos y aunque se autotitulen más norteamericanos que Jorge Washington.
El gobierno de Washington ha optado por abrir la caja de Pandora de su engranaje federal para intentar descabezar de nuevo al movimiento de liberación de nuestra patria. No lo van a lograr. Prepárense los imperialistas yanquis, que serán ellos los enjuiciados y los condenados.
Fragmento del Comentario Político de Juan Mari Brás. Claridad, febrero, 1976.
