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Luz sobre la Autoridad de Energía Eléctrica

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Por Francisco A. Catalá Oliveras

Especial para CLARIDAD

La misión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es, en su versión más sencilla y sucinta, proveer el servicio de energía eléctrica a sus usuarios de la manera más eficiente, económica y confiable posible sin menoscabo del ambiente. Ciertamente, si en algo hay consenso en Puerto Rico es que tal misión se extravió en el camino hace mucho tiempo. Pero sería insensato recurrir a vías de solución que equivalgan a medicinas peores que la enfermedad.

Esto es, precisamente, lo que advierte el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) en su estudio con fecha del 31 de enero de 2019 titulado “PREPA Privatization Will Hurt Consumers and Slow Economic Recovery”. En síntesis, luego de un excelente análisis, se concluye que la privatización que se ha propuesto para la AEE se traducirá en aumentos considerables de las tarifas y desembocará en una dependencia de senda(“path dependence”) incompatible con la meta de alcanzar un 100 por ciento de energía renovable.

Con mucha frecuencia la discusión pública en torno a los procesos de readecuación del espacio gubernamental y del espacio privado degenera en confrontamientos ideológicos que no arrojan luz sobre los asuntos en controversia. También, abundan los sesgos que obedecen a intereses particulares que tienden a desplazar al interés general. Para contrarrestar tales tendencias resultan útiles trabajos como los del IEEFA, entidad especializada en investigaciones sobre asuntos económicos y financieros relacionados a la energía y al ambiente cuyo financiamiento proviene de organizaciones filantrópicas.

En el estudio citado el análisis parte del examen de la Ley Para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120) que el gobernador firmara en junio de 2018. Esta, junto a la Ley de Alianzas Publico Privadas (Ley 29 de 2009) , provee el andamiaje legal para un proceso expedito de privatización de la AEE. Básicamente, la generación de energía estaría a cargo de empresas privadas mientras la transmisión y distribución le correspondería a un concesionario. Todo esto bajo el palio de de contratos de largo plazo. 

La gran paradoja de dicho andamiaje legal es, según la investigación del IEEFA, que permite un proceso de privatización y contratación carente de transparencia y con numerosas lagunas, análogo al escandaloso historial de irregularidades que ha colocado a la AEE en la triste situación operacional y financiera en la que se encuentra. En otras palabras, no se supera el vicio de contrataciones leoninas inspiradas en arreglos políticos. Además, el proceso luce como un mecanismo para facilitar el desarrollo del uso del gas en lugar de velar por el cumplimiento con las metas vinculadas al tránsito hacia el uso de recursos renovables. En resumidas cuentas, el diseño parece favorecer al interés privado a expensas de los clientes y del pueblo de Puerto Rico.

En la consideración de las políticas públicas, sobre todo cuando se mezclan con intereses torcidos, suelen destacarse, inclusive exagerarse, los beneficios e ignorarse los costos. Para incorporar los mismos en el cuadro contable no se puede hacer caso omiso de los hechos que la realidad dicta. El estudio del IEEFA no pasa por alto la debilidad actual, y en el futuro previsible, de la economía de Puerto Rico. Tampoco quedan fuera de su radar los fondos federales orientados a la infraestructura eléctrica. Pero también incluyen la dinámica del precio del gas, la demanda declinante por electricidad, las restricciones que supone el peso de la deuda, los riesgos que implica el financiamiento en un ambiente de incertidumbre, la intervención de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal y el impacto de un diseño de privatización con un “mínimo de reglamentación de largo plazo y un máximo de interferencia política”, con el costo en corrupción que esto conlleva.

Todos esos factores se incluyen en el modelo del IEEFA para estimar el costo de la privatización. Por ejemplo, en la instancia del financiamiento se anticipa, ante las innegables condiciones de riesgo, un interés alto: 11 por ciento. Por iguales razones se espera la exigencia de altos rendimientos del capital propio(“return on equity”) : 17 por ciento. De hecho, en condiciones de riesgo provocadas por circunstancias críticas se ha llegado a requerir rendimientos de hasta 25 por ciento.

Los costos, claro está, se reflejan en la tarifa que paga el usuario. Si la privatización propuesta se llevara a cabo el estudio de referencia estima que la tarifa para el año 2024 subiría a 27 centavos por kilovatio-hora. Esto es 18 por ciento más alta que la de 22.7 centavos que prevaleció durante el año 2018 y 35 por ciento más alta que la de 20 centavos que establece como meta el Plan Fiscal certificado de la AEE. Tal tarifa de 27 centavos para el 2024 se estima sobre bases reales (dólares de 2018).

Ante tal cuadro, si en verdad se aspira a modernizar, despolitizar y superar arreglos onerosos en el sistema de energía eléctrica, es imperativo explorar alternativas. El estudio identifica varias fuentes alternas de financiamiento. Destaca, entre otras, a la “Rural Utilities Service” del Departamento de Agricultura Federal, ampliamente utilizada por entidades públicas en Estados Unidos. La propia AEE ha recurrido a tal financiamiento en el pasado. Sus intereses están en estos momentos alrededor del 5 por ciento. Las cooperativas de electricidad –tan invocadas en la actualidad– también tienen acceso. 

Si se buscan fuentes de financiamiento menos costosas, si de verdad se reestructura la deuda y se elimina ese peso de carácter insostenible, si se diversifican las matrices energéticas mediante el uso de recursos renovables y si se reorganiza a la AEE para liberarla del lastre político y de las prácticas corruptas, entonces la senda, aunque empinada, sería más prometedora. La privatización propuesta, concluye el estudio, le cierra el paso a tal senda.

Hay que enriquecer la discusión en torno a la AEE. En el expediente, al que se suma el reciente trabajo de la IEEFA, ya se cuenta con varios aportes. Se necesitan más luces y menos sombras…

La hipocresía de la “ayuda humanitaria” de Estados Unidos a Venezuela

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¿Qué hace el gobierno de Rosselló y el PNP sirviéndole
de parapeto al afán intervencionista de Estados Unidos en Venezuela, mientras en Puerto Rico los cadáveres se amontonan
en el Instituto de Ciencias Forenses?

La saga mediática y política de la supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela se ha convertido en una farsa, que mueve más a la indignación que a la risa. Y es que tras los esfuerzos por aparentar preocupación y respuesta rápida a la población venezolana en la frontera con Colombia, hay manipulación, desinformación e hipocresía, y la antesala de una agresión armada contra el hermano país. 

 El gobierno de Estados Unidos pretende hacerle creer al mundo que está preocupado por la situación en que se encuentra el pueblo venezolano. Y el gobierno de Puerto Rico– siempre servil– se presta para hacerle el trabajo sucio de movilizar la supuesta “ayuda”. Pero, como siempre les pasa a los colonizados, lo que han hecho es el ridículo. Primero, el del avión y más recientemente, el del barco, enviados a Venezuela con suministros desde Puerto Rico, e interceptados en medio del mar por las Fuerzas Navales Bolivarianas que, en un acto de defensa de su soberanía como nación independiente, no han permitido que dichas naves violen su espacio aéreo ni sus aguas territoriales. Por eso, tanto el avión como el barco, contratados por el Departamento de Estado de Puerto Rico por órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos, languidecen con su carga en la isla de Curazao, según la historia oficial que podría no ser real. 

Todo el “show” del envío del avión y el barco tiene un objetivo muy específico: desviar la atención de los medios y la opinión pública del verdadero propósito de Estados Unidos en esta coyuntura: una invasión militar a Venezuela que detone un conflicto armado que, a su vez, culmine con el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esto, aunque desaten un baño de sangre entre distintos sectores del pueblo venezolano.

Hasta ahora, sus primeros esfuerzos no han tenido éxito. Primero, porque las Fuerzas Armada Bolivarianas se han mantenido firmes en apoyo a su gobierno legítimo, Nicolás Maduro, y, segundo, por el enorme respaldo que el “chavismo” todavía conserva en millones de venezolanos y venezolanas que no están dispuestos a entregar sus conquistas. Tercero, por la mala imagen que tiene entre el pueblo venezolano la llamada oposición, ahora representada por Juan Guaidó, un ex agitador callejero convertido en “presidente interino” por decreto del aparato propagandístico de Estados Unidos. 

Examinemos la historia del gobierno de Estados Unidos como “fuerza humanitaria”. Para no remontarnos a los tiempos en que lanzaron la bomba atómica sobre dos ciudades japonesas– tragedia que aún pagan con enfermedades y defectos congénitos las generaciones de hoy– miremos sólo los últimos veinte años. 

A Iraq –paraje donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates y donde, según la leyenda, se localizaba el mítico Edén– lo tornaron en ruinas físicas y humanas, con sus tesoros dilapidados y su gente exterminada. Miles de iraquíes muertos y mutilados en una aventura de codicia petrolera, respaldada por la mentira de unas inexistentes armas de destrucción masiva. Éstas resultaron tan falsas como las promesas de reconstrucción, paz y prosperidad en la región que pregonaron los voceros del imperio estadounidense. 

Si a eso le sumamos las incursiones militares mortales en Afganistán, Siria, Libia; el respaldo a la sádica monarquía saudí en su agresión a Yemen y el asedio criminal de Israel contra Palestina, vemos el cuadro completo de un Medio Oriente en llamas y convertido en tierra de nadie, gracias a las bombas, los tanques y los misiles de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Para estas poblaciones sufrientes de millones de seres humanos no ha habido “ayuda humanitaria” desde las arcas imperiales. Son ellas las que encabezan las marchas de refugiados que vagan por Europa y el mundo entero mendigando asilo, y que terminan en cárceles llamadas campamentos, donde se les va la vida sin lograr siquiera una oportunidad. 

O quizá podemos señalar el caso de Haití, país hermano donde las calamidades no cesan, y el más reciente terremoto que los devastó solo ha servido para enriquecer a los mercaderes de la industria de desastres, que siempre encuentran un buen negocio en las tragedias de los demás. Luego del fragor mediático por el terremoto, solo ha quedado la esperanza rota para millones de haitianos que, a duras penas, sobreviven su miseria. 

Peor hipocresía es alegar que les preocupa la supuesta hambruna en Venezuela cuando, ahora mismo, Estados Unidos tiene millones de personas con hambre en su propio territorio. Según datos para 2017 del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés), 12 millones de niños en Estados Unidos confrontan inseguridad alimentaria. Esto representa 15 millones de hogares, el 11.8% de todos los hogares en dicha nación. Entre estos, 5.8 millones de hogares padecen de inseguridad alimentaria severa, lo que significa que quienes viven en dichos hogares pasan hambre con frecuencia. Estos datos devastadores no corresponden a Venezuela, sino al principal país productor de alimentos del mundo, el imperio arrogante que pretende dictarles cátedra alimentaria a todos los demás países. 

En Puerto Rico, colonia principal de Estados Unidos, donde nuestro pueblo apenas se recupera de los estragos provocados por el huracán María, la charada de la “ayuda humanitaria” a Venezuela –en aviones y barcos que se costean con los fondos de esta colonia quebrada– es un insulto más que recibe nuestra gente. ¿Qué hace el gobierno de Rosselló y el PNP sirviéndole de parapeto al afán intervencionista de Estados Unidos en Venezuela, mientras en Puerto Rico los cadáveres se amontonan en el Instituto de Ciencias Forenses? ¿Por qué se gasta dinero del pueblo en suministros y navíos para enviar a Venezuela mientras la gente de Vieques y Culebra desespera por la falta de transporte y el desabastecimiento de víveres y artículos de primera necesidad en los establecimientos de las islas? ¿Por qué– que no sea para distraer de su corrupción e ineptitud– andan jugando a la guerra sucia contra una hermana nación soberana estos “lideruchos” de cartón que dicen representarnos? 

Hipocresía patente y agresión solapada a la soberanía de Venezuela, la pantomima de la “ayuda humanitaria”.

Ojalá el gatillo no se dispare

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Por Manuel de J. González/Claridad

El sábado 23 de febrero la televisión y las redes sociales divulgaron la imagen de un camión prendido en llamas en la frontera entre Venezuela y Colombia. El locutor hablaba de que se estaba quemando “ayuda humanitaria” destinada a los venezolanos. Promotores de esa “ayuda” inmediatamente culparon a los “leales de Maduro” por quemar un camión cargado de suministros. Pocos se fijaron que el camión no estaba en territorio venezolano, sino en el lado colombiano de la frontera y que allí no había militantes ni mucho menos militares de Venezuela. En medio de la histeria, se descartaba lo obvio: que individuos desenfrenados saquearon el camión y luego lo incendiaron para armar otra historia noticiosa a conveniencia contra “el dictador” Maduro. 

¿Qué piensan los periodistas que se han tragado el cuento de la “Ayuda Humanitaria”, así con mayúsculas? Aun cuando la ONU y la Cruz Roja corrieron a desligarse de ese operativo, Puerto Rico y sus “demócratas” siguieron apoyándolo. Ojalá el gatillo no llegue a dispararse, como efectivamente busca el gobierno venezolano, porque si ocurre lo contrario, las manos de estos “demócratas” terminarán salpicadas de sangre.

Mirando las escenas de la frontera entre Venezuela y Colombia vale hacerse esta pregunta: ¿Recuerdan cuántas cuartillas y espacio televisivo se dedicó a condenar los “militantes encapuchados” durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017 y 2018 en San Juan? Para el discurso oficial del gobierno de Puerto Rico y sus auxiliares en la prensa, aquellos jóvenes eran la encarnación del terror. Pues desde el lado fronterizo colombiano vemos ahora mismo a cientos de “encapuchados” o descamisados lanzando bombas molotov, pero en esta ocasión se trata de “defensores de la libertad” o “luchadores contra una dictadura”, según CNN en español. 

Ahí tenemos dos pequeños ejemplos de la enorme manipulación mediática que desde casi todo el mundo se ha montado contra el actual gobierno venezolano. El primer paso, el más importante, de este último esfuerzo dirigido a imponer un cambio de mando en Venezuela fue la proclamación del diputado Juan Guaidó, como presidente de facto o “interino”. Esperaban que, tras esta proclamación, las manifestaciones populares obligaran a los militares a actuar según el libreto, derrocando a Nicolás Maduro. Una vez esa parte del plan fracasó, entró en escena la estrategia de la “Ayuda Humanitaria”. Como en Venezuela la gente “se muere de hambre”, según el libreto, es urgente llevarle ayuda por mar y tierra. En todos los pasos fronterizos almacenaron comestibles como un burda carnada dirigida a los “hambrientos”. 

Hasta ahora esa segunda parte del libreto también fracasó porque las multitudes no han forzado los pasos fronterizos para buscar la “ayuda”, mientras las fuerzas militares impidieron que las hordas movilizadas desde Colombia y Brasil la entraran a territorio venezolano. Esas mismas fuerzas militares detuvieron un barco que, enviado desde Puerto Rico, pretendía atracar a la brava en Puerto Cabello. 

Ante el fracaso de esas dos partes del libreto queda la tercera sobre el tapete. Recientemente el presidente estadounidense Donald Trump dijo que, en cuento a Venezuela, además de un plan A, también tenía “un plan B y un C”. Esa tercera fase, que el troglodita norteamericano llama “plan C”, puede ser la opción militar. La pasada semana el Miami Herald reportó que la flota del Atlántico de la Marina estadounidense estaba desplazando fuerzas hacia el Caribe, incluyendo un portaviones. También se dice que ya movilizaron cinco mil soldados a territorio colombiano. En algunas semanas sabremos si los que dirigen los hilos desde Washington se atreven a lanzar el “Plan C” del que habló Trump. 

Las consecuencias de una agresión militar serían devastadoras. Venezuela no es Granada, ni siquiera Panamá, sino un enorme país en el que una mayoría de la población ha respaldado consistentemente a su actual gobierno. Durante la actual crisis se ha demostrado que esa gran masa poblacional está muy bien organizada no solo en Caracas, sino a lo largo de todo el territorio nacional. No es tarea fácil invadir un país de esas dimensiones en el que un segmento importante de la población está dispuesto a enfrentar a los invasores.

Muchos pensamos que el barco que salió de Puerto Rico –pagado con dinero del quebrado tesoro boricua– era parte del libreto del “Plan C” trumpista. En las redes sociales algunos se refirieron al operativo como “el nuevo Maine” pensando que, como aquel navío que explotó en La Habana en 1898, el barco serviría de excusa para la intervención militar de Estados Unidos. El actual gobierno colonial de Puerto Rico es muy dado al comportamiento infantil (como cuando se inventaron la historia del avión que aterrizó en Caracas), pero cuesta trabajo concluir que pudieron haber pensado que su barco, portando una carta de Guaidó que le “autorizaba” a atracar en un puerto de su país, podía efectivamente llegar a Puerto Cabello sin ser interceptado por las fuerzas navales de Venezuela. Al momento en que escribo se indica que el barco, una vez su tripulación fue advertida por un navío de la Armada, optó por no entrar en aguas territoriales de Venezuela procediendo a llevar su carga a Curazao. Pronto se sabrá si estamos viendo un nuevo papelón del actual gobierno puertorriqueño o ante un eslabón importante de la estrategia gringa. 

Finalmente, resulta irresistible plantearse otras preguntas. Ante estos desarrollos, mientras Mike Pence y Pompeo llegan a Bogotá a trasmitir las últimas instrucciones, ¿cómo se sienten los liberales y hasta “socialistas” de todo el mundo, incluyendo algunos soberanistas puertorriqueños, que tras la autoproclamación de Guaidó corrieron a apoyarlo diciendo que con ello escogían la “democracia”? ¿Qué se siente cuando se camina al ladito de Trump, Duque y Balsonaro? ¿Qué piensan los periodistas que se han tragado el cuento de la “Ayuda Humanitaria”, así con mayúsculas? Aun cuando la ONU y la Cruz Roja corrieron a desligarse de ese operativo, Puerto Rico y sus “demócratas” siguieron apoyándolo. Ojalá el gatillo no llegue a dispararse, como efectivamente busca el gobierno venezolano, porque si ocurre lo contrario, las manos de estos “demócratas” terminarán salpicadas de sangre. 

Una Junta ilegal

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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, que declaró que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF), fueron inconstitucionales tiene una estrategia política, no puede verse sólo como una estrategia judicial. Así lo apuntó en entrevista con CLARIDAD respecto a la evaluación que hacia de la decisión frente a críticas de que ésta reafirma la condición colonial y deja intacta los poderes de la Junta.

La determinación del TAB fue emitida este pasado 15 de febrero y firmada por el juez Juan Torruellas. El licenciado Emmanuelli Jiménez, representante de uno de los demandantes la UTIER (Unión Independiente de Trabajadores de la Industria de Energía Eléctrica), trajo a la atención que cuando se dio a conocer la radicación de la demanda se expuso que esta era una estrategia política de desestabilizar a la Junta y crear un espacio de debilidad que permita ir al Congreso y decir que el problema colonial hay que resolverlo. “Esa es la oportunidad que tenemos y eso es lo que se está planificando hacer”. Resaltó que la decisión permite ganar un espacio de influencia adicional en el Congreso y el Ejecutivo, y “ponemos a Puerto Rico en la tarima si el Congreso, el Ejecutivo escogen no hacer nada se acabó la Ley Promesa porque se desestima el caso de Título Tres, así que tiene que tomar una decisión y si desean continuar con los casos va hacer a base de una nueva junta que podría cambiar totalmente la visión, una diferente a la vieja, una nueva Junta puede cambiar todo lo que hizo la anterior”. 

A juicio de Emmanuelli Jiménez, la decisión tiene unas consecuencias bien importantes; Uno, el hecho de que la Junta sea inconstitucional, es obvio que aclara el aspecto de qué es lo que puede hacer el Congreso bajo la Cláusula Territorial (CT). El juez Torruellas resolvió que aun cuando hay unos poderes bien amplios bajo la CT, esos poderes no pueden ir sobre las disposiciones estructurales de la Constitución de EE UU. Eso significa -explicó- que las disposiciones que arman al gobierno federal, el hecho de que el Presidente sea el que nombre y que el Senado sea el que confirme y no sea al revés como ocurrió con los nombramientos de la Junta -que el Congreso fue el que le sometió los nombres al Presidente – es una disposición estructural porque hace un balance de los poderes. “Yo escojo a mi libre discreción y tu escoges si lo confirmas o no, no puede ser al revés”, recalcó. 

Es claro que a la luz de esta exposición los nombramientos fueron inconstitucionales, pero la defensa que presentaron los opositores, el gobierno de EE UU, la JCF, y otros cuatro opositores entre ellos bonistas, el Comité de Acreedores y el mismo gobierno de Puerto Rico, argumentaron que como la CT es tan poderosa no había que cumplir con esa disposición. Este argumento el juez Torruellas lo descartó diciendo que aun los Casos Insulares resuelven que hay unas limitaciones a la doctrina de lo qué aplica y no aplica y que en el asunto de la cláusula de los nombramientos hay una relación de Ley General y Ley Especial. La Ley General es la CT que dice cómo se administran los territorios pero luego está la especificación de cómo es que se nombran las personas. Según el juez Torruellas una ley general no puede ir sobre una especial. 

Emmanuelli Jiménez, agregó que esto sson asuntos técnicos de interpretación pero que son importantes porque están bien afianzados en el Derecho. Es decir que una ley general cede ante una más específica, mas particular y el Juez entonces determinó que la CT es una ley general y la cláusula de nombramientos es especial, por lo que va por encima de esta primera. 

El otro asunto importante sobre la decisión -explicó- es que lo mismo aplica con los derechos fundamentales de los puertorriqueños que son disposiciones constitucionales especiales no generales. Se refirió a que las disposiciones constitucionales se hicieron en el 1789 y las enmiendas especiales en el 1791, dentro de ese contexto -la decisión del TA dijo – fortalece la visión que se tiene en otros casos como los de las uniones del Fondo Seguro del Estado (FSE) de que la Ley Promesa no puede menoscabar los derechos sustanciales de los puertorriqueños, como lo son el sufragio, la libertad de expresión, la discriminación por raza entre otros. 

Un tercer aspecto importante expuso es que antes de la determinación los miembros de la Junta eran oficiales territoriales y eso es lo que justifica que sea el gobierno de Puerto Rico quien pague los gastos de la Junta. Ahora si esos oficiales son federales, la pregunta que surge es si la constitución de Puerto Rico permite que se gaste dinero en un oficial federal o agencia federal. 

De acuerdo a Emmanuelli Jiménez esto podría tener unas ramificaciones bien importantes en términos de quién es el responsable de la deuda de Puerto Rico. Trajo a la atención el que todavía está pendiente ante la Corte de Reclamaciones de EE UU que es donde se ventilan las reclamaciones de dinero al gobierno federal, esta controversia ya que este tribunal dijo que los funcionarios de la Junta eran federales. Dentro de ese contexto la decisión de Torruellas apoya este caso de que se determine que es el gobierno de EE UU el que tiene que pagar la deuda de Puerto Rico porque fue éste quien la emitió. Si segń la CT el poder reside en el Congreso, el Congreso lo que hizo fue delegar a Puerto Rico el poder de emitir deuda y la fuente originaria es el gobierno de EE UU. 

En cuanto a los nombramientos denunció que ha habido mucha confusión la cual considera que ha sido a propósito tanto de parte de algunos apologistas y de la misma Junta. En esa línea apuntó que si los nombramientos de la Junta vencen en agosto, de todas maneras, el presidente Trump es quien tendría que nombrarlos. Ahora con la decisión los podrá nombrar pero esta vez con el consentimiento del Senado. “¿Qué pasó con los nombramientos anteriores?, se coló Carlos García, José Ramón González, que son parte del problema porque emitieron deuda cuando estuvieron en el Banco Gubernamental luego fueron a Santander eso no hubiera ocurrido si esos nombramientos hubiesen pasado por el examen y consentimiento del Senado porque allí se hubiera denunciado por la lucha política entre demócratas y republicanos de que esos nombres no son buenos”, declaró. 

Continuó que ahora hay otra controversia adicional y es que el presidente tiene que hacer los nombramientos en 90 días, si no lo hace la Junta deja de operar ya que es inconstitucional. Para el representante de varios grupos civiles que han impugnado la Ley Promesa y su JCF con todos los problemas que tiene Trump, con todo el desprecio que tiene contra Puerto Rico y el informe Muelller que va a salir ya mismo y que podría implicarlo en una conducta criminal, Trump, no va a tener espacio ni el Senado para en 90 días confirmar nombramientos a la JCF. 

Más aun considera que esto representa que también la Junta se ha desmoralizado. “Mira esta imagen, cuando hay elecciones en Puerto Rico y el partido en el poder era el PNP y ganan los PPD, ¿qué pasa con todos esos empleados de confianza?, que al otro día de las elecciones están con la cara mas triste del mundo porque saben que se han quedado sin trabajo, pues mira la Junta es igual”. No obstante hizo la anotación que en el caso de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko es agente de la CIA. En esa dirección el licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que la conducta de la Junta de seguir ajustando deudas, llegando a acuerdos, compromisos y hasta dando regaños es una conducta de mala fe, a sabiendas de que es una ilegal, y recalcó que la Junta está actuando de manera muy cuestionable y que aun cuando la decisión del Apelativo la haya validado todavía, está evaluando si pedir consideración o no y acudir al Tribunal Supremo de EE UU. 

Mientras con relación a la acción del gobierno de Puerto Rico que aun cuando concurría con la JCF en su posición de validar los nombramientos, luego de la decisión la coge como una oportunidad para entonces hacer unas movidas y desobedecer la Junta, señaló que si bien en estricto derecho Rosselló no tiene razón, Emmanuelli, lo ve como un acto de resistencia. “Aquí hay que resistir, porque la Junta es dictatorial, es criminal porque viola el derecho internacional y nos somete a un régimen criminal, burdo, eso es lo que debió haber hecho desde el comienzo cuando se impuso la Junta”.

Frente al hecho de que ninguna de las partes hasta el momento ha dicho si apelara la decisión, la Junta tiene 30 días para ello, Emmanuelli Jiménez, expresó que cree que esto sería académico porque sus nombramientos se vencen en septiembre. 

Energía Eléctrica engaña con el uso del gas

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Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En lugar de una transición al uso de la energía renovable, el supuesto borrador del Plan de Recursos Integrados (PRI) que presentó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado 14 de febrero ante la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) condenará a Puerto Rico al uso del gas natural, un combustible fósil tan contaminante como el carbón o el petróleo, que además conllevará a un aumento en la tarifa de la energía por kWh. Más aun, el plan parece tener como fin convertir a la isla en un centro de distribución de gas natural para el resto de El Caribe, en beneficio de las compañías que se alcen con la privatización.

“Llevamos años luchando en contra de la integración de más gas natural. Después de los huracanes Irma y María, entendíamos que se iba a trabajar para mover a Puerto Rico hacia la integración de más energía renovable. Lo que vemos en el plan es que contradice lo que se esperaba y no está alineado con algunas de las metas del Proyecto del Senado 1121, mucho menos con nuestra propuesta de Queremos Sol. Tenemos una oportunidad de hacerlo bien, de ser el ejemplo para el resto del mundo, y lo estamos dejando perder para que otros se beneficien de nuestra gente,” denunció David Ortiz, director de la organización Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC), ante la presentación del documento en la CEPR.

El plan propone la construcción de tres terminales marinos de gas natural: uno en San Juan, uno en Yabucoa y otro en Mayagüez. Es posible que se construya otro en Aguirre, Salinas. Ortiz censuró el que la AEE presente las plantas como una transición al escenario preferido; pero ese escenario lo que hará será demandar una mayor inversión en plantas nuevas para irse de lleno al uso del gas natural. Según la misma AEE, la construcción de las plantas tendría un costo de $180 millones. El director de ELAC afirmó que la realidad es que la AEE quiere hacer esa inversión para convertir la isla en el centro de distribución de gas natural de El Caribe. La idea es venderle el gas a las otras islas y así recuperar la inversión que haría la empresa privada en su construcción.

Otro aspecto que trajo a la luz es que, aunque la AEE actualmente lo niegue, llegará el momento en que necesitará un gasoducto para distribuir el gas natural, ya que no podrá distribuirlo a través de toda la isla mediante camiones. Ortiz relató que cuando estuvieron en la primera presentación del plan, la AEE presentó un mapa que mostraba un gasoducto desde Guayanilla hasta Aguirre, y luego hasta San Juan y Palo Seco. Ante las observaciones de ELAC sobre el mapa, los representantes de la AEE les dijeron: “No miren esa línea; eso no es nada de lo que tienen que mirar ahora”. 

“Es un nivel de pensamiento tan fuerte de que el pueblo es ignorante, que uno no lo puede creer”, expresó Ortiz indignado respecto la conducta de la AEE. La intención de aumentar el uso del gas contradice además la supuesta meta del Gobierno de llegar a 50% de energía renovable para el 2040, ya que el plan preferido solo llegaría al 29% energía renovable para el 2038.

ELAC denunció además que el borrador del PRI fue preparado por la empresa Siemens Industries (SI) y serían sus plantas las recomendadas para ser compradas por la AEE. Ortiz hizo hincapié en que ELAC está en contra de la privatización y en que el uso del gas natural es aun más atractivo para el privatizador. “Van a subir el precio, ninguna compañía va a invertir en un sistema en que va a perder dinero. Van a tener que subir el precio por kWh 27 a 30 centavos, con gas o petróleo, aunque el costo de la compra del gas natural les va a salir más barato”. 

En tanto, la abogada ambiental Ruth Santiago declaró; “Hay que desenmascarar el mito de la transición con gas natural. Puerto Rico ya genera más de una tercera parte de la energía eléctrica con la quema de gas. Está comprobado que el gas envuelve la sustitución de un grupo de emisiones tóxicas por otro”.

Expuso que revaporizar y quemar gas causa un aumento en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de CO2 equivalente. El aumento de estas emisiones con la quema de gas se da porque el gas pasa por un proceso de revaporización o regasificación para cambiarlo de su estado líquido al gaseoso. Una mayor inversión en gasoductos, terminales y plantas nuevas para integrar más gas metano representa un obstáculo para la transición deseada hacia energía renovable.

“Aunque es casi unánime el llamado a la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico con la incorporación de energía renovable, hay divergencia en cuanto a cómo llegar a integrar la energía renovable, principalmente solar, al sistema eléctrico del país,” dijo.

El plan de aumentar el uso del gas natural depende de una exención a las leyes de cabotaje. “El gobierno y la AEE están contando con que van a conseguir esa dispensa porque así supuestamente conseguirían el gas a un precio más económico”, señaló la licenciada Santiago. Señaló que las instalaciones propuestas superarían la necesidad que tiene el país, y coincidió con el señalamiento de que todo este asunto está muy ligado a la infraestructura, producción y explotación mediante el método del fracking (fracturación hidráulica) de la industria del gas metano en EEUU.

En cuanto al gasoducto, la licenciada Santiago hizo la observación de que parece ser que la AEE no tiene una preferencia por un gasoducto al sur o al norte de la isla. Esto está en el plan principal, pero no en el Plan de Acción. El énfasis es en los gasoductos marinos, aclaró. 

La organización Sierra Club fue otra que hizo duras críticas al PRI. En comunicado de prensa indicó que el documento que describe el futuro desarrollo y continuada recuperación de la red eléctrica de la isla en los próximos 20 años contempla la construcción del mayor sistema de almacenaje en baterías en Estados Unidos, además de los tres terminales de importación de gas licuado.“Durante el Huracán María, cientos de personas murieron, simplemente, porque no pudieron mantener su insulina refrigerada o sus respiradores artificiales en funcionamiento”, dijo Adriana González, organizadora de Justicia Ambiental de esa organización.

El Sierra Club señala que el plan energético incluye 2220 millones de vatios (MW) de energía solar y 1080 MW de almacenaje energético. Esto sería una inversión sin precedentes de almacenaje en baterías. Argumenta que, según Bloomberg NEF, toda la red eléctrica de Estados Unidos cuenta con solo 1031 MW de almacenaje. Esta iniciativa también pondría fin al uso de carbón y aceite búnker para generar electricidad, “grandes noticias para la salud pública y la limpieza del aire”, denunció en tono irónico la organización.

Estas no son las primeras denuncias en cuanto a las consecuencias de los planes de la AEE sobre el uso de gas natural. Ya en varios artículos, el Instituto para el Análisis Económico y Financiero (IEEFA, siglas en inglés) hizo las mismas advertencias, desde que el director ejecutivo de la AEE lo anunció en agosto del pasado año. En el primero de sus análisis, publicado en septiembre pasado, los analistas Cathy Kunkel y Tom Sanzillo sentenciaron que las alternativa de las plantas de gas eran un “nuevo y equivocado impulso para una mayor dependencia del gas natural importado para la producción de electricidad”. También adelantaron que el resultado de los planes de la AEE sería en beneficio de la industria del gas natural de EE UU al convertir a la isla en centro de exportación a otras islas de El Caribe. Además pusieron en duda los planes y las alegaciones de la AEE de que podrá generar el 60% de electricidad mediante el uso de gas natural, a la vez que promete reducir las tarifas de electricidad a 16 centavos / kWh. Para IEEFA, ese número es sospechoso porque no incluye el servicio en la montaña de deuda, es decir, la deuda pendiente de la AEE. 

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