Desde siempre y en todas partes del mundo, los órganos legislativos de los gobiernos, llámense congreso, cámara de diputados, asamblea legislativa o de cualquier otra forma, han sido foco de acciones por parte de organizaciones, movimientos, personas en su carácter individual que están a favor o en contra de medidas y políticas públicas que esos cuerpos tienen en sus agendas de trabajo. Puerto Rico es un buen ejemplo de ello. Una de las vías para que los proyectos de ley lleguen a discusión y votación es a través de la administración, generados por la rama ejecutiva con la firma de quien esté ocupando La Fortaleza. La mayoría de las veces se trata de propuestas para implantar promesas de campaña que forman parte del programa del partido gobernante. La otra vía es por iniciativa de uno o más integrantes de la Legislatura, usualmente de la mayoría. El partidismo y la politiquería que impera en nuestro país convierte en milagro que propuestas de las minorías en la Cámara de Representantes y Senado sean referidas a comisiones, atendidas en vistas públicas y finalmente discutidas y sometidas a votación en el hemiciclo legislativo. Esta tendencia excluyente la siguen tanto el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) como el Partido Popular Democrático (PPD). En este aspecto, como en tantos otros, actúan como gemelos idénticos.

El descontento contra las pocas señoras y muchos señores de la Legislatura ha ido en aumento con el pasar de los años. Abundan la mediocridad, la estridencia en el lenguaje, el abuso de poder, los proyectos de ley repetitivos e inconsecuentes, propuestas que atentan contra derechos adquiridos, conductas relajadas y hasta delictivas. Probablemente esto ha influenciado en el intercambio de ganadores cada cuatro años. Sin embargo, este cuatrienio el PNP ha sacado la bola del parque con las bases llenas, símil muy válido en los tiempos de Alex Cora. Antes de que finalizara su primer año de gobierno, el representante Rodríguez Ruiz, fue expulsado de la Cámara por un caso de violencia de género contra una empleada y más recientemente su sucesor ha sido denunciado por el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico por ejercer esa profesión ilegalmente. Samuel Pagán, también del PNP, tuvo que renunciar por actuaciones corruptas.

Sin embargo, considero más peligroso que lo antes señalado, las propuestas legislativas que no responden a necesidades del Pueblo, a la petición de ningún sector y que tampoco forman parte del programa del partido. Las mujeres y la comunidad LGBTTse han visto particularmente afectadas por proyectos defendidos por integrantes de la Asamblea Legislativa que responden a intereses particulares y compromisos con sectores que les apoyaron con su voto y probablemente con aportaciones económicas. Un ejemplo concreto es el borrador para un nuevo Código Civil (Proyecto de la Cámara1654) cuyas implicaciones fueron discutidas por el compañero Osvaldo Burgos Pérez en una columna que escribió para CLARIDAD el 28 de agosto de 2018. La Lic. María Milagros Charbonier, representante a la Cámara que preside la Comisión de lo Jurídico de dicho cuerpo, utilizó la clara necesidad que existe de que el Código que data del 1930 sea revisado para atemperarlo al siglo XXI, para introducir en tan importante cuerpo de ley que incide en todos los aspectos de nuestra vida civil, conceptos de naturaleza teológica que corresponden a creencias religiosas individuales.

Sabido es que esta representante pertenece a grupos religiosos fundamentalistas.

De los 7 libros que incluye la propuesta del Código solo fueron llevados a vistas públicas los de Persona, Familia y Sucesiones, a pesar de que se trata de un cuerpo de ley que debe estar integrado y así debe ser analizado. Las entidades y organizaciones que depusieron, entre ellas la Comisión de Derechos Civiles, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Recinto de Ciencias Médicas, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, el Comité Amplio para la Equidad, la Asociación para el Avance de las Ciencias del Caribe, e inclusive el Departamento de Justicia, hicieron múltiples recomendaciones en sus comparecencias que no fueron recogidas en la propuesta que finalmente fue presentada por la Lic. Charbonier al cuerpo legislativo. El Libro de la Persona y el de Familia penalizan a las mujeres en su derecho a la intimidad y a tomar decisiones sobre su salud sexual y derechos reproductivos al pretender que se reconozca que se es persona desde la fecundación. No cuando se nace y se respira como establece el estado de Derecho vigente. Del mismo modo en el Libro de Familia se pretende revertir la legitimidad de la adopción por parejas del mismo sexo, derecho ya reconocido en la Ley Especial sobre ese tema.

El otro ataque a la equidad de género proviene del Proyecto 950 del Senado de Puerto Rico, el cual está dirigido a menoscabar el derecho al aborto que en Puerto Rico es legal, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos (Roe vs. Wade) y de aquí ( Pueblo vs. Duarte). No por casualidad la autora de este proyecto es la Pastora Nayda Venegas Brown, esencia del conservadurismo y fanatismo religioso. Dicho de una forma ordinaria, la estaca donde los amarran. Las cargas que la propuesta les impone a las mujeres que decidan poner fin a un embarazo son tan limitantes, encarecerían tanto el servicio y limitarían a tal extremo su accesibilidad que sería muy difícil implantar el derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos. Levanta suspicacia el hecho de que el proyecto fuera trasladado de la Comisión de la Mujer del Senado a la de asuntos Federales que está a cargo del presidente Thomas Rivera Schatz. Poco antes de que la propuesta fuera sometida a votación, Rivera Schatz le introdujo varias enmiendas que entre otras restricciones obligaría a las clínicas a contratar especialistas en ginecología y obstetricia. El procedimiento cuya sencillez no requiere tal requisito, encarecería los costos y haría inaccesible el aborto a la mayoría de las mujeres que carecen de recursos económicos. Es de público conocimiento que profesionales de la medicina en distintas especialidades están emigrando hacia Estados Unidos por lo que la contratación requerida sería muy difícil para las pocas clínicas que existen, la mayoría de la cuales están concentradas en la zona metropolitana. Está documentado que las restricciones al aborto no los reducen sino que aumentan los que se realizan en lugares y con métodos no autorizados, poniendo en peligro la salud y vida de las mujeres.

Ambos proyectos tuvieron una fuerte oposición y haciendo gala de las mejores estrategias de activismo, organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos humanos hicieron se hicieron sentir a través de la Alianza Ciudadana sobre Enmiendas al Código Civil y la Mesa de Trabajo sobre Aborto. Esto incluyó una manifestación dentro de las vistas en denuncia por la limitación de los turnos para deponer. Ambos proyectos no llegaron a votación para desmayo de sus proponentes y un respiro temporero para los grupos opositores. Con toda probabilidad volverán a la carga en la próxima sesión legislativa que se convocará en enero. Hemos ganado un poco de tiempo para continuar la labor de educación a la población, reagrupar fuerzas y ganar apoyo para rechazar las legislaciones propuestas. Tendremos la agenda llena pues aunque la legislación que hemos discutido quedó en suspenso, no así el acuerdo al que se llegó con los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que se alimenta del IVU. Existe un consenso entre economistas que el trato compromete tanto a Puerto Rico que continuará asfixiando al Pueblo por más de cuatro décadas. Algo de tanta importancia se legisló sin vistas públicas, como ladrones en la noche. Las voces opositoras se perdieron en la oscuridad. La lucha y resistencia como ha dicho Oscar López Rivera tendrá que continuar.

En la década de 1970 el modelo económico aplicado en Puerto Rico comenzó a dar señales de agotamiento. Los gobernantes recurrieron a tomar prestado para poder continuar respaldando un modelo económico basado en la inversión privada, exenciones contributivas y transferencias federales. Es así que la deuda pública va aumentando, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, hasta llegar a una suma de $72 mil millones, sin considerar la que surge de los sistemas de retiro que haciende a otras $50 mil millones adicionales.

A estos hechos, se añaden decisiones políticas y económicas contrarias al bienestar de la mayoría del país, actos de corrupción, y sobre todo, la ausencia de poder político debido a la realidad colonial que padecemos. Es en este contexto, toma fuerza como respuesta la receta neoliberal que propone la reducción del gobierno, la privatización del sector público y la desregulación. Vemos ya en 1980 los intentos de vender la Telefónica, la venta de las Navieras y la privatización de la administración de los residenciales públicos. En 1990, se venden hospitales públicos y se privatiza el sistema de salud, se vende la Telefónica, tierras agrícolas, hoteles y otros activos.

La llegada del 2000 no trae nuevas noticias, la desigualdad aumenta según se acumula mayor riqueza en manos de empresas y familias adineradas que no residen en el país. Las principales empresas netamente puertorriqueñas son intermediarios de ese capital extranjero que extrae más de 30 mil millones de ganancias cada año de Puerto Rico. Los impuestos al consumo aparecen como alternativa complementaria a tomar prestado.

Para los 2009 representantes de la banca y empresas privadas se unen a los gobernantes para mediante legislación, Ley 7, proponer el despido de 30 mil empleados públicos, congelar los convenios colectivos y reducir beneficios negociados. Surgen las alianzas públicas privadas y leyes para eliminar procesos de permisos. Mientras la deuda pública se dispara en alzada con el apoyo del gobierno federal y se instrumenta con el consejo de bancos y casa de corretaje.

La crisis económica continúa y los asesores traídos de la escuela neoliberal insisten en reducir el gobierno, la privatización, imponer nuevos impuestos y eliminar servicios esenciales en educación y salud. Se aprueba la continuación de la Ley 7, llamada Ley 66. La receta es que la crisis la paguemos los trabajadores. Sigue la congelación en el sector público de todos los convenios, la prohibición de la negociación colectiva, la privatización de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos entre otros.

Así llega la aprobación de la Ley PROMESA al reconocerse la realidad de no poder pagarse la deuda. PROMESA se aprueba con la anuencia y apoyo de los principales partidos en Estados Unidos y Puerto Rico. Bajo en alegado estado de emergencia, imponen una Junta de Control Fiscal que viene a cobrar la deuda a la clase trabajadora y al país. Cambios restrictivos en toda la legislación laboral del sector privado, la propuesta de eliminar y privatizar las agencias de gobierno, la intención de privatizar la industria de la energía con la excusa de buscar formas de energía renovable, la eliminación de escuelas y servicios médicos, la imposición de $1,500 millones en nuevos impuestos, el ataque a la UPR, la eliminación de los sistemas de pensiones del gobierno, la reducción de pensiones, jornadas de trabajo, eliminación de bonos y beneficios negociados y el despido de empleados públicos es la alternativa de PROMESA.

El más reciente atentado contra la clase trabajadora y sus familias es la intención de uniformar una aportación patronal a los planes médicos que suscribimos los trabajadores del sector público. La realidad es que la mayoría de los empleados han logrado cubiertas de servicios y aportaciones patronales superiores a la ley por medio de la negociación colectiva. Por tanto, se propone reducir servicios y salarios al obligar al trabajador a cubrir la diferencia que surja de la alegada “uniformidad” de la aportación patronal.

Aspiramos para nosotros como trabajadores y para nuestras familias la mayor cubierta de servicios médicos. La salud es un derecho, no un negocio. En la medida que el gobierno recurre a los planes privados como intermediarios para sostener el servicio de salud, existe la obligación del patrono de asumir el costo de ese servicio. Eso lo hemos logrado a través de la negociación colectiva.

Hoy, los trabajadores organizados en sindicatos decimos BASTA YA ante este asalto a nuestra salud, contra nosotros y nuestras familias. Esta expresión no es un grito de desesperanza, es una reflexión que nos debe llevar a tomar conciencia de la necesidad de luchar, de organizarnos mejor para Vencer frente a la Junta, la Ley PROMESA y las clases adineradas y gobernantes que no representan los mejores intereses del país.

Otros sectores van reconociendo que nuestro problema es político y lo representa la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. No debe haber duda. Es momento de unidad y de luchar por nuestros derechos.