«La seguridad en el país se está desmoronando”. Así lo expresó William Ramírez, licenciado y director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR, por sus siglas en inglés) en entrevista para CLARIDAD.

El pasado miércoles, 31 de octubre, expiraron los fondos otorgados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por las siglas en inglés), con los que se pagaba el sueldo de 45 bomberos. Ese mismo día el gobierno anunció la extensión del pago de la nómina hasta el próximo 15 de diciembre.

Pero ¿y luego de diciembre? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la partida de $173,000 para extender los 45 contratos?

Christian Sobrino, representante del Gobernador ante la Junta de Control, advirtió que el gobierno pagaría la nómina luego de diciembre con el superávit identificado por el organismo colonial de ser necesario. Que no pondrían la seguridad del país en riesgo.

Según la Junta, el sobrante de $17,000 [superávit] es para pagarle a los buitres mientras que, Sobrino, sostiene que ese dinero sobra luego de pagar la deuda.

Por otra parte, el sargento Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados (APO) aseguró a en entrevista con un periódico del país que de no convertirse en ley el proyecto de la reforma contributiva que garantiza el pago del retiro de los uniformados tendría lugar una renuncia masiva de muchos uniformados.

Según el informe del Monitor de la Policía de Puerto Rico un 65% de los uniformados está en edad de retirarse, por otra parte el juez federal Gustavo Gelpí ordenó crear una nueva academia para febrero de 2019, pero como bien cuestiona Ramírez, habría que ver qué efecto supondría el número de graduados en un año en contraste con los que pudieran retirarse próximamente.

Actualmente quedan unos 9,000 agentes para prestar vigilancia, 500 de ellos a la expectativa de la resolución de la reforma para determinar si abandonan la Uniformada o no. Por un lado están la ofertas tentadoras para trabajar en Estados Unidos y por otro, proliferan las agencias de seguridad privada en la Isla.

Y ante tal panorama y las posibles renuncias de policías y bomberos cabe preguntarse ¿quién va a utilizar los cinco camiones el cuerpo de bomberos, las 120 motoras y las 211 patrullas que deben llegar en los próximos meses?

“Me parece una muestra clara de la improvisación y la falta de planes, de un proyecto viable de parte del gobierno actual”, dijo a este periódico el profesor en criminología, licenciado Carmelo Campos.

“Si por un lado, se hacen gastos estrambóticos y por otro no pueden cubrir ni siquiera la nómina básica de los pocos bomberos que quedan en el país, eso demuestra que hay un desfase entre lo que son las necesidades fundamentales del pueblo, los servicios que tiene que dar el gobierno y lo que ha resultado ser esta administración aun con las restricciones que tiene bajo la Junta” añadió.

Mientras –en el tira y jala de la Junta y el gobierno– la seguridad pública se cae y aumenta la violencia en las calles y los hogares: asesinatos de mujeres; suicidios; actos violentos a plena luz del día en espacios abiertos, etcétera.

“Esos son síntomas del aumento en la criminalidad, parte resultado de la propia crisis socioeconómica que está sufriendo el país”, dijo Campos.

Tanto Ramírez como Campos coinciden en que la falta de policías es uno de los factores que principalmente incentivan a que una persona cometa un crimen.

Campos, sugirió verificar las cifras oficiales sobre la tasa de resolución de los asesinatos durante el último año [es decir de cada 100 asesinatos cuantos se están resolviendo] para medir la efectividad de la policía. Este medio llamó al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en repetidas ocasiones para obtener esas cifras pero nadie respondió.

El otro “issue”

El problema principal de la constante proliferación de agencias de seguridad privada en Puerto Rico –explicó Ramírez– es que tienen entidades privadas haciendo el trabajo de seguridad pública y a ese personal (en ocasiones armado) no le aplican los mismos códigos de conducta de la PPR, lo que puede provocar “un montón de violaciones de derechos constitucionales y ellos no van a responder ante la constitución”, proyectó.

Por ejemplo, el agente privado puede detener a una persona, rebuscar su carro sin tener la orden para hacerlo y, por ende, no le tiene que responder al Estado por esa conducta bajo la cuarta enmienda de la constitución que lo prohíbe. Solo si el agente privado es contratado por el Estado e incurre en violaciones de derecho, es el estado quien debe responder.

Los policías privados protegen a quien les paga (negocios, urbanizaciones adineradas y otras entidades). Para Ramírez, esta situación en particular es más peligrosa porque puede suscitar la persecución por discrímen racial, étnico, clase social, etcétera.

El licenciado alegó que muchas veces se da la contratación de estas agencias de seguridad privada [armada] por comunidades bajo el pretexto de combatir la criminalidad. Sin embargo, la verdadera intención es excluir personas que los residentes de tales comunidades “creen” que no deben estar allí bajo la “presunción” de que pueden incurrir en algún delito.

“Esa privatización en los servicios de seguridad va a ir a los sectores privilegiados que puedan pagar por ellos y va a servir para que personas que esas comunidades [privilegiadas] consideran indeseables sean objeto de hostigamiento y perseguidos por esas fuerzas privadas con la excusa de estar protegiendo esas comunidades”, manifestó por su parte Campos.

Puerto Rico tiene ya un reactor nuclear, a 93 millones de millas de distancia, el sol, un excelente recurso no contaminante, no peligroso, y al día de hoy capaz de competir sin subsidios, con la generación fósil, destacaron por separado dos conocedores del tema de la energía eléctrica ante la propuesta del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, de que se considere la energía nuclear para Puerto Rico.

La propuesta de Jiménez fue hecha pública luego de una reunión que sostuvo con ejecutivos de la industria nuclear estadounidense e ingenieros puertorriqueños. Aunque el Alcalde no ofreció los nombres de las personas con las cuales se reunió, CLARIDAD tuvo acceso a la comunicación oficial donde se anunció la reunión, llevada a cabo en su pueblo el 30 de octubre. Según la comunicación participaron en la reunión las siguientes compañías: GE Hitachi, David Sledzik; Holtec International, Myron M Kaezmarsky; NU Scale Power, José Reyes; PAR Systems, Scott Singer; Westinghouse, Abdull Pulloo; X Energy, Jeffrey Hayper, todos ellos ejecutivos de sus respectivas empresas. Por parte del grupo de ingenieros estuvo: Ángel Reyes, Jesús Núñez, Olgamarie Toledo y Thommy Santiago.

“Hasta el momento tenía una buena impresión del alcalde de San Sebastián, me parecía que era una persona osada pero la osadía tiene que estar acompañada de la sabiduría, si no se convierte en locura y el mero hecho de estar considerando la posibilidad de un reactor nuclear en Puerto Rico eso tiene que levantar muchas banderitas, todas roja”, reaccionó en primera instancia a CLARIDAD, Juan Rosario, ex representante de los consumidores en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la sorpresiva propuesta.

El veterano activista ambiental destacó que este es el momento de hacer transformaciones en la dirección correcta que es la energía renovable y acotó que la industria nuclear tiene un historial probado de que es cara y que es peligrosa. Más aun destacó el que a estas alturas no hay ninguna justificación para el uso de la energía nuclear ya que hay otras tecnologías probadas que son más limpias y producen más empleos “debemos procurar energías que podamos controlar, nosotros tenemos ya un reactor nuclear su ventaja es que está a 93 millones de millas, que es el sol, podemos crear una industria mucho mas limpia y costo efectiva”. Rosario subrayó que cualquier accidente con un reactor nuclear con el tamaño de Puerto Rico resultaría en una “catástrofe apocalíptica”.

En tanto en entrevista por separado el profesor de ingeniería eléctrica del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR-M), doctor Agustín Irrizary, igual dejó establecida su oposición a la energía nuclear.

Irrizary, quien también fue representante de los consumidores en la JD de la AEE enfocó que es importante traer a la atención el contexto histórico en que se desarrolló la energía nuclear. En esa dirección expuso que el uso de reactores nucleares para generar electricidad es un desarrollo atado al programa de EEUU conocido como “Átomos para la Paz” que buscaba ganar el favor de los ciudadanos estadounidenses y sus aliados europeos, en el desarrollo de un “futuro nuclear” que incluía el uso de armas nucleares (supuestamente más baratas que las convencionales) y el uso de tecnología nuclear para “usos pacíficos”. El objetivo original era de propaganda y “gerencia de las emociones del público norteamericano”.

Al igual que Rosario, el doctor Irizarry resaltó el recurso solar que tiene el país, el cual describió que es uno no contaminante, no peligroso, y al día de hoy capaz de competir sin subsidios, con la generación fósil. La generación fósil es más barata que la nuclear cuando se incluyen en el costo de la nuclear los subsidios a ese sector, incluyendo los inmensos costos de almacenar y proteger los desperdicios radioactivos, por lo que no se debe considerar energía nuclear en Puerto Rico.

“Todas las plantas nucleares construídas en Estados Unidos se han construído a sobre costo, se salen de presupuesto por un factor de por lo menos dos. Es decir, por lo menos cuestan el doble de lo que presupuestan originalmente”, indicó el Dr. Irizarry.

Explicó que aún incorporando métodos pasivos de enfriamiento el desperdicio radioactivo requiere almacenamiento y protección durante decenas de miles de años, a lo que afirmó que “ningún gobierno sobre la faz de nuestro Planeta es capaz de asegurar almacenamiento y protección durante decenas de miles de años”.

A esos efectos trajo de ejemplos los accidentes nucleares como los de Chernobyl y Fukushima (algunos piensan en tres incluyendo Three Mile Island en EEUU) y precisó que desde 1952 al 2009 han ocurrido 99 accidentes en plantas nucleares de generación de electricidad en el Mundo. El costo de éstos 99 accidentes excede los $20,500 millones y 56 de los 99 (casi 2/3) han ocurrido en los EEUU.

“Las plantas nucleares de generación de electricidad requieren uranio. Puerto Rico no tiene carbón, ni petróleo, ni gas natural, ni uranio. Cambiar a energía nuclear es cambiar a otra dependencia de combustible que no poseemos y nos causa el grave problema de manejo de desperdicios radioactivos”.

El profesor Irizarry advirtió y denunció el que después del huracán María han aumentado los que visitan a Puerto Rico para “ayudarnos”, pero “en realidad todos buscan vendernos lo que producen como el gran remedio a nuestros mal diagnosticados problemas de energía”.

Éstos de la energía nuclear venden otra supuesta solución. No es solución. No entiendo el endoso del alcalde de San Sebastián. No conozco ningún alcalde de Puerto Rico que sea perito en energía nuclear”.

Mientras por su parte el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón en comunicado de prensa igual cuestionó la alternativa del uso de energía nuclear, por lo que radicó de inmediato el proyecto 1878 para prohibir la generación de energía nuclear y la resolución concurrente 90 para que la Asamblea Legislativa exprese el más enérgico rechazo a las propuestas de establecer una planta de energía nuclear en Puerto Rico.

“En una isla con las características de densidad poblacional, espacio y recursos naturales como Puerto Rico, proponer una operación de energía nuclear es un crimen ambiental y ecológico que atenta también contra la seguridad de los habitantes de este país. La única razón por la cual este tema ha sido traído a la discusión pública en días recientes es porque un grupo de ejecutivos de empresas contaminantes norteamericanas están de visita en la isla cabildeando para vender proyectos que han sido ampliamente rechazados por la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos”, denunció Márquez Lebrón.

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La ruta de la revolución para conmemorar el 68 aniversario del 30 de octubre de 1950, comenzó con un desayuno en el Museo de Nuestros Mártires en el barrio Coabey, en Jayuya.

Tal y como lo había decidido, don Heriberto Marín –participante de la insurrección nacionalista del 1950, en Jayuya– estaba listo para peregrinar hasta el cementerio de dicho pueblo para honrar a sus compañeros de lucha y de una vez celebrar su cumpleaños.

El sonido del tambor marcaba el paso de los cadetes en los predios del Museo Blanca Canales quienes simultáneamente izaron la bandera y cantaron el himno de la Revolución. Una vez la bandera estuvo en la parte más alta del asta comenzó la caminata hacia el casco urbano de Jayuya desde el barrio Coabey.

Luego de cantar el himno los presentes exclamaron:

¡Que viva Puerto Rico libre!

¡Que viva!

¡Que viva Blanca Canales!

¡Que viva!

¡Que viva la revolución de Jayuya!

¡Que viva Don Pedro Albizu!

¡Que viva!

Hasta años recientes la ruta se hacía en caravana, pero la iniciativa de don Heriberto tuvo buena acogida y un significativo grupo de personas llegó hasta Jayuya el pasado martes, 30 de octubre, para acompañarlo a caminar.

“Para esta ocasión coordinamos la actividad con el grupo 33 x Oscar, Casa Albizu y el Museo de los Mártires”, dijo la licenciada Adalina de Jesus Morales del Comité 30 de Octubre.

“A don Heriberto se le ocurrió hacer la caminata desde la Casa Canales hasta el cementerio. Esta idea se unió a la iniciativa del grupo 33 x Oscar que se propone sembrar un árbol en cada municipio como un llamado a la libertad”, añadió.

La siembra del árbol en el Museo de Nuestros Mártires se dedicó al Comando de Jayuya de los cuales han sido identificados solo 34 nacionalistas entre ellos don Heriberto y su primo Edmidio Marín que en aquellos días tenía apenas 15 años.

El 30 de octubre de 1950 estaba lloviendo a cántaros –recuerda don Heriberto– y las lágrimas se confundían con la lluvia; la líder revolucionaria Blanca Canales había proclamado la República de Puerto Rico.

“Haber participado en una Revolución a favor de la Independencia es algo que no he olvidado nunca. Haber proclamado junto a Blanca Canales la República de Puerto Rico fue uno de los momentos más hermosos”.

La insurrección en contra del imperialismo yanqui comenzó a conmemorarse al siguiente año aunque con un poco de dificultad por la persecución y el prejuicio vibrante en tiempos de mordaza. Males que se extienden hasta nuestros días y tienen como consecuencia la amnesia colectiva.

De camino hacia la plaza, un grupo de estudiantes esperaba a las afueras de la escuela Josefina León Zayas, en Jayuya, acompañados por su maestra Olga Cordero Almodovar.

La maestra de matemáticas reclamó que el 30 de octubre es un evento histórico y, por ende, todo el mundo debe saber lo que pasó, sin embargo, ese no es el caso. Almódovar vinculó esta falta al miedo a la represión por una parte y al fanatismo político por otra.

“Si tu eres un educador completo le presentas las diferentes ideas a los chicos y que sean ellos quienes escojan. Deben ser libres pensadores y para eso deben tomar decisiones basadas en conocimiento y no en fanatismos”, sentenció.

Los actos de conmemoración fueron dedicados a Ana Belén Montes, quien cumple una condena de 25 años de prisión tras ser acusada de espionaje en favor de Cuba y arrestada el 21 de septiembre de 2001.

Richard López, vice presidente de la Junta del Partido Nacionalista de Nueva York, manifestó que le gustaría ver más gente joven en las actividades “porque somos los herederos del problema” e instó a las nuevas generaciones a retomar la lucha.

Lamentó que mucha de la realidad histórica se haya perdido dejando muchos en el anonimato ”La revolución vigente es la de Jayuya y a la que debemos darle más importancia porque fue la revolución que nos advirtió sobre lo que se esta viviendo hoy en día e internacionalizó el caso de Puerto Rico”.

La cónsul del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en Puerto Rico, Desirée Vélez Urbina, reconoció que su país se encuentra en una amplia y compleja realidad debido al bloqueo desatado por Estados Unidos. “Estamos atravesando momentos muy difíciles”, expresó Vélez Urbina, ante representantes de organizaciones del independentismo puertorriqueño, invitados a escuchar la intervención del canciller Samuel Moncada -el pasado 5 de septiembre- ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Al agradecer a los presentes por haber aceptado la invitación Vélez Urbina expresó que con la presentación pretendían mostrar “cuales son algunas de nuestras razones de esta amplia y compleja realidad”.

La divulgación de lo expresado por el canciller Moncada en la OEA por parte del Consulado de Venezuela en la Isla se produce luego de que hace unas semanas el gobernador colonial de Puerto Rico, hizo declaraciones públicas en favor de una intervención “humanitaria” en Venezuela, y se reuniera con el opositor venezolano, Antonio Ledesma. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, reconoció que su postura estaba autorizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Frente a esta postura organizaciones independentistas se han unido en la Red de Solidaridad con Venezuela.

La cónsul Vélez Urbina identificó que Moncada, quien ha sido profesor en la Universidad de Oxford, es uno de los principales batalladores en el plano internacional del gobierno Bolivariano. Su presentación ante el Consejo Permanente de la OEA fue luego de dos horas y media de argumentación en contra de Venezuela.

La presentación del portavoz del Gobierno Bolivariano, denunció que el Consejo Permanente de la OEA se ha inhabilitado así mismo para tratar asuntos venezolanos y que se pretende usar ese foro “para darles cabida a los agresores a nuestros intereses nacionales en situaciones que bien pudieran resolverse de manera amistosa, si existiera la buena voluntad”.

En su exposición de porqué la OEA está invalidada y no es el foro confiable para atender la situación de Venezuela, Moncada presentó una serie de seis argumentos. El primero sobre el cual llamó la atención fue el proceder del Consejo en la reunión del 3 de abril de 2017, en la cual se destituyó al presidente en ese momento, el embajador de Bolivia para poder darle paso a una resolución (la Carta Democrática Interamericana ) en contra de Venezuela. Esto fue lo que provocó que Venezuela decidiera separarse de la OEA.

El segundo argumento se trató del ataque el 27 de junio de 2017 mediante un helicóptero que lanzó varias granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y el cual se encuentra cerca de una escuela. Moncada cuestionó cuál fue la respuesta de la OEA a este ataque. “No hace falta estar de acuerdo con el estado Venezolano para condenar al terrorismo, sin embargo, su animadversión contra nuestro gobierno llevó a este Consejo a mantener un escandaloso silencio”, expresó.

El tercer argumento se refirió al atentado contra el presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto 2018, cuando dos vehículos aéreos no tripulados lanzaron explosivos durante un acto oficial. En el atentado siete militares venezolanos resultaron heridos.

El cuarto argumento abordó a la emigración y la situación económica en su país. El canciller denunció que la operación de bloqueo que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra su país, interviniendo con su comercio internacional; con las cuentas financieras, la congelación o retención de sus recursos económicos (es decir dinero) en bancos y entidades comerciales internacionales, el retraso en sus operaciones de compra, el aumento en todos los costos de las transacciones relacionadas con las necesidades del pueblo.

Teniendo a su lado a Andrew Selee, Moncada manifestó ante la OEA: ¿Quieren ver el colmo de la complicidad de la OEA?Escuchamos en esta sesión al señor Andrew Selee, quien es presentado ante esta organización como el Presidente del Migration Policy Institute, quien vino a tratar el tema de la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Cómo ayudar a los venezolanos? Sin embargo, el señor Selee, es un firme partidario de la disrupción de la producción petrolera, e incluso del secuestro total de nuestra factura petrolera. Es partidario de un programa aplicado a Iraq de cambio de petroleo por alimento, que produjo la muerte de 150 mil niños. Ese es el modelo que nos traen aquí. ¿Cuán bajo puede llegar esta organización?

El quinto argumento se refirió a que después de haber provocado la crisis humanitaria y acusar a Venezuela de un estado fallido, ahora quieren militarizar la situación. Por último y en línea con las denuncias de la militarización trajo a la atención las expresiones del embajador de EEUU en la OEA, Carlos Trujillo, de amenazas a la integridad del presidente Maduro, de que ‘se las jugaba si venía al territorio de los Estados Unidos en cumplimiento de sus funciones’. Moncada señaló que estas declaraciones son una violación a los convenios internacionales.

Moncada expresó para concluir ante la OEA que Venezuela estaba dispuesta hablar con sus hermanos latinoamericanos y caribeños, todos los asuntos que sean necesarios dentro del marco del respeto y la buena fe, “pero aquí no”.

Luego de la presentación la cónsul Vélez Urbina, quien es profesora de historia expuso sobre las estrategias y el poder de los medios de comunicación internacionales para influenciar en la política de los países, en particular en el caso de Venezuela, su finalidad expresó es detener el proceso de transformación política, económica y social y desplazar las fuerzas progresistas del poder.