Julia Keleher y el gobernador, Ricardo Rosselló, insisten en que están cumpliendo con la transformación del Departamento de Educación. Dicha transformación, lejos de cambios favorables para las escuelas públicas, ha implicado la imposición de medidas que conducen a retrocesos. Lo que habíamos adelantado en los procesos administrativos quedó trastocado con la centralización que implantó la Secretaria de Educación, evidenciando retrocesos en la matrícula de estudiantes,reubicación y nombramientos de maestros, servicios de transportación escolar, aumento en la cantidad de estudiantes por grupo, violación de turnos en el registro de elegibles, violación del derecho de antigüedad, cierre de salones y compra de vagones, maestros sin salón de clases, atropelladas pruebas de dopaje, entre otras.

La matrícula de estudiantes se realizaba en cada escuela por directores, maestros y padres que colaboraban para tener una información más precisa de la matrícula proyectada para el próximo año escolar. Los directores certificaban la matrícula e informaban por línea (internet) al nivel central. Por primera vez, una Secretaria de Educación prohíbe a los directores que intervengan en el proceso y convoca a los padres a matricularse en línea. Tuvo que abrir en varias ocasiones el proceso y finalmente admitir que 18,000 estudiantes no se habían matriculado. A fines del mes de julio le solicita ayuda a los directores escolares que colaboren con la matrícula de estudiantes.

En el proceso de reubicación de maestros y nombramientos, el proceso se iniciaba en cada escuela identificando los recursos humanos necesarios para el próximo año escolar. El Distrito Escolar fiscalizaba el proceso y la Región Educativa realizaba el proceso de reubicación y nombramientos. Por primera vez en la historia, la Secretaria centraliza el proceso de reubicación y nombramientos y pretendía hacerlo todo en línea (vía email). Contrató una compañía privada y cometieron un sinnúmero de errores en la reubicación de maestros violando el derecho de antigüedad en la asignación de plazas y de programas de trabajo. Finalmente, la Secretaria pide ayuda al personal de las Regiones Educativas, las cuales desconocían cómo resolver los errores provocados desde el nivel central. Nunca había ocurrido que, en el primer día de inicio del año escolar, más de 1,500 maestros permanentes no tenían escuelas asignadas y tuvieron que acudir a las regiones educativas a resolver su proceso de reubicación. El mismo día que la Secretaria afirmaba que solo faltaban 800 maestros por reubicar, habían 1,500 en las regiones educativas. En años anteriores, el 100% de los maestros a reubicarse (incluyendo a los de escuelas cerradas) ya estaban ubicados antes del mes de julio.

La primera lección que Keleher y Rosselló deben aprender es que el uso de la tecnología debe ser integrada a los procesos administrativos para complementar, no para deshumanizar y desorganizar. La segunda lección es que el éxito de una verdadera transformación se fundamenta en la participación democrática, no en la dictadura.

El autor es presidente de UNETE.

El cantante puertorriqueño Andy Montañez  será uno de los recipientes del Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación. Andy, recibió la noticia a través de un gran amigo que padece de autismo. Su emoción fue doble, ya que el cariño que ambos se profesan es muy grande. Y la primera reacción de Andy fue enmudecer. “Quedé mudo. Y ahora, al digerir la noticia, estamos celebrando. Para mí es un honor que La Academia Latina de la Grabación haya pensado en mí para tan importante galardón. Es el reconocimiento más hermoso que he recibido. Otro premio más para mi Isla, Puerto Rico”. –expresó el cantante.

La Academia Latina de la Grabación publicó las razones para otorgarle este premio a “El Niño de Trastalleres”. Citamos:

“La salsa puertorriqueña ha sido el seno de muchos cantantes legendarios. Y aún en medio de una competencia tan férrea, Andy Montañez se ha distinguido como uno de los vocalistas más conmovedores y creativos del género afrocaribeño. Tenía 20 años cuando se unió a El Gran Combo, considerada la excelencia en orquesta de salsa, hasta 1981 cuando decidió enfocarse en su carrera como solista. Esa nueva independencia le permitió florecer como compositor y profundizar en un estilo que para entonces era emergente: la salsa romántica. Éxitos como “Casi Te Envidio”, “Payaso”, “Me Gusta” y “La Última Copa”, que estuvieron caracterizados por unos valores superlativos de producción, y sus delicados arreglos musicales, lo establecieron como uno de los cantantes de salsa más exitosos de los 80s. En 2006, recibió el Latin GRAMMY al Mejor Álbum Tropical Tradicional. Siempre dispuesto a explorar nuevas direcciones, Montañez experimentó recientemente con salsatón, género en el que fusionó los campos musicales tropicales con la vibra urbana del reggaetón.”

Andy Montañez se presentará en concierto en Puerto Rico el domingo 16 de septiembre a las 5 p.m., la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes con “Solo Bohemia”.  El 13 de noviembre Andy Montañez estará en Las Vegas para recoger su Premio, como parte de la semana del Latin GRAMM.

Luego de la más reciente vista de seguimiento en la sala del juez Gustavo Gelpí, sobre la Reforma de la Policía, y a seis años de la firma del acuerdo, ya es hora de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Tribunal Federal, comiencen a ser más incisivos en relación con asegurar que se cumpla el acuerdo al que llegó con el gobierno de Puerto Rico. Miembros de organizaciones de la sociedad civil que velan por el cumplimiento de la reforma coinciden en que hay que mantener la atención pública sobre las acciones de la Policía, incluso sobre el mismo Departamento de Justicia Federal y hasta sobre el juez Gelpí.

En un relato sobre lo sucedido en la vista celebrada el pasado 20 de agosto, la directora ejecutiva de la organización Kilométro Cero Mari Mari Narváez contó que, según la Policía, del presupuesto de $20 millones anuales para la reforma, el pasado año fiscal no se utilizaron $15 millones. El dinero fue enviado al Departamento de Hacienda, supuestamente, debido a la aprobación de la Ley 26, de Cumplimiento con el Plan Fiscal, por lo que el dinero ya no está disponible para reformar a la Policía.

La directora ejecutiva de Kilométro Cero desmintió esta aseveración y afirmó que los $20 millones anuales de la reforma están protegidos bajo la ley PROMESA, sección 204. En la vista se reveló además que en el 2014, la Policía gastó $7 de sus $20 millones de presupuesto para la reforma en “gastos de viaje”. Mari Narváez denunció que el Juez hizo una pregunta retórica sobre cómo es posible que se hayan gastado $7 millones en viajes. El Lcdo. Joel Torres, abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), hizo la aclaración de que: “No fueron solo gastos de viaje, honorable Juez. También están incluidos ahí gastos misceláneos”.

Ante la expresión de estos hechos, la directora ejecutiva de Kilométro Cero, censuró que el juez pasó la página diciendo lo obvio: que de ahora en adelante había que ser más claro y riguroso con los presupuestos. “Como siempre pasa, los actos ilegales o indebidos de la Policía no tienen consecuencias”, criticó la activista por los derechos civiles. Otras revelaciones sobre las cuales llamó a la atención fueron las del coronel José Ramírez Ramos, quien está a cargo de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, división encargada de las querellas ciudadanas contra miembros de la Policía. En su presentación, Ramírez Ramos demostró un total desconocimiento sobre el Sistema de Intervención Temprana (Early Intervention System, EIS), que se supone sirva para una detección temprana de conductas irregulares que pudieran desembocar en malas conductas o ilegalidades policiacas.

Después de que Ramírez Ramos hiciera una extensa presentación en la que habló del EIS como si fuera un sistema para determinar las duraciones o términos de las investigaciones, el oficial del Lcdo. Luis Saucedo tuvo que corregirlo y explicar de manera detallada de qué se trata el EIS, tema que está incluido en los informes del monitor federal de la Policía. “Es decir, que básicamente, las personas que se supone implanten y ejecuten la reforma de la Policía, no entienden siquiera algunos de sus elementos más vitales”, expresó Mari Narváez.

La directora ejecutiva de Kilométro Cero denunció, además, que el juez Gelpí se dedicó a deponer por los deponentes y que constantemente preguntaba cosas como: “¿Y verdad que el sistema electrónico de querellas despolitizará completamente a la Policía de Puerto Rico, pues nada de lo que se incluya en esos expedientes podrá eliminarse sin una justificación?”. Sin duda, nos parece que debería evitar preguntas como esas, que dejan mucho que desear sobre un proceso que se supone sea imparcial, transparente y justo.

La activista denunció que al igual que el año pasado, el juez Gelpí adelantó que las conclusiones del informe del monitor federal sobre las acciones de la Policía el 1 de mayo de 2018 no serán para adjudicar responsabilidades, sino solo “para aprender de las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones”.

Ante esta postura del juez, entre otras expresiones, Mari Narváez reiteró su denuncia de que: “La corte federal en Puerto Rico, encargada de ‘reformar’ a la Policía, le está diciendo a los niños y niñas, a las ancianas, a las mujeres y hombres que salieron a ejercer sus derechos, y fueron atacados ilegalmente por la Policía con uso de fuerza excesiva, incluyendo agentes químicos, que eso no importa, que continúen sus vidas como si nada hubiese pasado; que la Policía de Puerto Rico puede hacer lo que quiera con usted y con la Constitución”.

La activista exhortó a los ciudadanos a continuar insistiendo en la defensa de nuestros derechos, a levantar aún más las voces y a documentar de manera minuciosa las ilegalidades de la Policía y a denunciarlas en otros foros.

Por su parte, el licenciado Josué González, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, organización que impulsó la sindicatura, también expresó a CLARIDAD: “La reforma está paralizada. Aun cuando se logró lo que tiene que ver con establecer las políticas y protocolos de todas las áreas de práctica policiaca que antes no existían, parece que la cosa va a quedar ahí”.

González también coincidió en censurar la postura de la Policía respecto al EIS: “Es evidente que la persona que fue por la Policía no entiende que el propósito de ese sistema es una detección de temprana de prácticas abusivas dentro del cuerpo”. Explicó que el programa tiene el propósito de prevenir las prácticas abusivas y hasta de salvar la misma carrera de la persona porque, si se permite que el policía mantenga una conducta abusiva de violaciones, lo más probable es que termine despedido, demandado o hasta preso.

Catalogó de escandaloso lo presentado sobre el uso del dinero de la reforma. Ante la actitud del juez Gelpí sobre lo que tenía que ver con el uso del dinero, el licenciado González reclamó que el juez debió haber sido más incisivo y, por lo menos, allí mismo citar una próxima vista para que la Policía presente un desglose especifico de cómo se están utilizando esos fondos y por qué no se están utilizando completos. Comentó que pese a que el juez manifestó su incomodidad, lo pasó por alto.

Ante la lentitud de la reforma y a la luz de los resultados en el tribunal, cuestionado sobre qué alternativa le queda a los grupos civiles, González reconoció que lo primero hay que denunciar es que ya es hora de que el enfoque vaya al Juez y al Departamento de Justicia Federal. “Yo se lo he dicho directamente a Saucedo: ya tiene que empezar a solicitar sanciones. ahora no es una cuestión de si les interesa o no la reforma. Es obvio que al gobierno de Puerto Rico y a Pesquera (se refiere al secretario del Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera) no les interesa. Pero yo creo que al Juez le debe interesar que su autoridad por lo menos se respete. Si no es la cuestión de la reforma, si ya eso quedó en segundo plano y se quiere hacer una reforma pro forma, por lo menos que haga valer su autoridad”.

González reafirmó que ni a este gobierno ni a ninguno les interesa la reforma y que a base de la postura del juez Gelpí y sobre el informe de los sucesos del 1 de mayo de 2018, es obvio que hay unas deficiencias profundas. A seis años de la reforma hay que empezar hacer más incisivos con el tribunal y el Departamento de Justicia Federal.

“Creo que el hombre aprende más de la adversidad, siempre que no lo destruya, que de la bonanza.” José “Pepe” Mujica.

Luego de que el gobierno reconociera como dato oficial la cifra de 2,975 muertos relacionados con el huracán María, circuló en la redes sociales este tuit de Ricardo Rosselló: “Nuestro dolor tras lo ocurrido por el paso de María, no tiene precedente. Le encomiendo a la Escuela de Arquitectura de la UPR el diseño de un monumento que rinda nuestros respetos a los fallecidos durante la catástrofe.” El texto, escrito por uno de sus publicistas, afirma que lo de “sin precedente” no es la catástrofe propiamente, sino el “dolor” que siente el compungido habitante de la Fortaleza. Luego añade que los fallecidos, a los que quiere ofrecerles respeto, perdieron la vida “durante la catástrofe”. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump tan sólo se limitó a congraciarse por su “fantástica” atención a la tragedia puertorriqueña.

El supuesto dolor de Rosselló –expresado tras diez meses de “la catástrofe” y tras reiteradísimas negativas a reconocer la alta cifra de muertos– no es la mentira más importante contenida en el tuit. La más sobresaliente es la afirmación de que los integrantes de esa fatídica cifra oficial murieron “durante la catástrofe”.

Como se recordará, el huracán nos atacó durante la madrugada y la mañana del 20 de septiembre de 2017 y, cuando concluyeron los vientos, muy poca gente había fallecido como resultado del evento. Mientras se sintió la furia del meteoro casi todo el mundo estaba protegido y cuando se abrieron las puertas de casas y refugios la mayoría sintió alivio.

El problema, señor gobernador, no fue “durante”, fue después. La cifra de muertos incluye a los que no pudieron llamar para pedir auxilio porque en esta isla, que durante seis meses de cada año vive en “temporada de huracán”, nadie previó que el sistema de comunicación se podía afectar. Incluye a los que, pudiendo llamar, nunca fueron escuchados por aquella gran partida de funcionarios que se acantonó en el Centro de Convenciones, con aire acondicionado y refrigerios, a planificar la respuesta. En la cifra están a los enfermos que interrumpieron su tratamiento por falta de energía, mientras la autoridad pública a cargo de proveerla le garantizaba $300 millones a unos buscones del lejano estado de Montana, desperdiciando aquel crucial primer mes después del huracán. Incluye también a los que habitaban en égidas y hogares para ancianos y nadie, NADIE entendió que debieron tener prioridad a la hora de repartir servicios y garantizar atención médica. Entre los 2975 están los que no lograron trasportarse por falta de combustible, mientras la gasolina esperaba en los muelles o en los tanques, y los que no pudieron comprar alimentos o medicamentos porque los pocos lugares abiertos exigían “cash only”, mientras los bancos permanecían cerrados.

El párrafo anterior es tan sólo un resumen de lo que ocurrió durante aquellos primeros meses, cuando el país entero quedó al garete, sin gobierno que funcionara. Ahí está la causa del mal y no en los vientos de María. Los gobiernos a cargo de Puerto Rico, el de allá y el de acá, sencillamente desaparecieron durante el periodo más crucial y el País se convirtió en una especie de jungla social donde sólo sobrevivía el más apto. Los que tenían disponibles recursos suficientes para no depender de la autoridad pública, sobrevivieron más o menos bien. Los demás no.

Esa conducta debiera ser fuente de responsabilidad. Si existiera alguna autoridad pública con capacidad y voluntad de investigar, cada uno de esos actos u omisiones, sería suficiente para configurar el delito de negligencia criminal, según este se tipifica en nuestro ordenamiento. El Artículo 22 del Código Penal define con bastante claridad el tipo de conducta que constituye punible. Veamos: “Una persona actúa negligentemente cuando debió haber sabido que su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el resultado lesivo o la circunstancia prohibida por ley. El riesgo debe ser de tal grado que considerando la naturaleza y el propósito de la conducta y las circunstancias conocidas por el actor, la acción u omisión de la persona constituye una desviación crasa del estándar de cuidado que observaría una persona razonable en la posición del actor”.

No se necesita mucha argumentación para concluir que la autoridad pública, antes y después del huracán, no cumplió con “el estándar de cuidado que observaría una persona razonable”, dejando al pueblo a su suerte. El aparato gubernamental dejó de funcionar cuando más se necesitaba con las consecuencias que ya son “oficiales”. ¿Y ahora qué? ¿Nos contentamos con un monumento a las víctimas promovido por uno de los principales victimarios?

Hasta la fecha nadie ha respondido. Los responsables de agravar el problema de la electricidad se limitaron a renunciar cuando ya la gente se había cansado de señalarlos y desde entonces viven tranquilos. Los demás, ni eso. Pero, aunque se produzcan nuevas sustituciones, nunca llegarán hasta el centro de un gobierno mediocre. El asunto es político, estructural, que no se resuelve cortando algunas cabezas para contentar a la plebe, como hacían en Roma.

Preparémonos, pues, a vivir contemplando un monumento que, aunque se construya para homenajear las víctimas, nos recordará por siempre la conducta criminal de los victimarios.

Los que quedamos vivos podemos “aprender de la adversidad”, como señala Pepe Mujica. Los otros no, a esos la negligencia los destruyó.

Hace seis meses la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dijo que Vieques y Culebra pasarían años conectados a generadores. Que tomaría años de inversión y reparación rehabilitar el cable submarino de los daños provocados por el huracán María.

El pasado 16 de abril –hace 4 meses– la corporación publicó una solicitud de propuesta para atraer la inversión privada a favor de una microred para las islas municipio.

La semana pasada, José Sepúlveda, director de transmisión y distribución de la AEE, reconoció al diario Metro que no se le habían realizado pruebas al cable que energiza a Vieques porque no está en sus planes revitalizar la conexión que discurre entre el municipio de Naguabo y la Isla Nena. Que la razón principal de la AEE para no utilizar el cable no es necesariamente que la parte submarina del cable esté dañada, sino que las subestaciones que conectan la línea a tierra se encuentran en una zona marítimo terrestre, propensa al impacto de los fenómenos atmosféricos.

Sepúlveda también supuso que las terminaciones (los extremos del cable que se conectan con las subestaciones en la costa) pueden tener daños por el choque de las olas, tras la marejada que provocó el huracán. Además, que volver a utilizar el cable requeriría la relocalización de las subestaciones, lo que provocaría, finalmente, tener que mover la línea.

Para Ricardo Santos, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), nada de esto es casualidad. Deliberadamente, la AEE no quiere conectar el cable porque le quieren dar paso al proyecto de privatización de la energía eléctrica en Vieques y Culebra.

En entrevista con CLARIDAD, Santos señaló que reparar la subestación de Punta de Lima, en Naguabo, contrario a lo que dice la AEE, no es cuestión de años, sino de semanas. Se trata de instalar aproximadamente 15 postes que fueron tumbados por el huracán, tirar los cables y hacer la conexión.

Además, explicó que en la subestación de Punta de Lima hay dos cables, uno de 20 años, que estaba funcionando hasta antes del huracán, y otro de 40 años, que está averiado desde antes.

“Lo que nosotros vimos en Punta Lima es que el cable que está averiado lo cortaron a propósito, como para simular un acto vandálico; pero el cable que funcionó hasta antes del huracán está intacto y no le ha pasado nada”, añadió.

El expresidente de la UTIER reclamó que nada más con los $30,000 que la autoridad paga en un mes por mantener apagada la fibra óptica y alquilarle a AT&T una conexión de microondas para transmitir internet y lo que invierte FEMA en combustible diésel en una semana, fácilmente arreglan los postes que hacen falta para reconectar a Vieques. Sin embargo, no lo quieren hacer.

La agencia federal invierte unos 6 mil galones de diésel diarios para mantener encendidos los generadores que iluminan Vieques y Culebra, lo que implica un gasto en combustible que fluctúa entre los $15,000 a $20,000 diarios, según dijo a Metro Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.

Agilizando la privatización

El 27 de agosto, el senado aprobó una resolución para que la Comisión Especial de Energía lleve a cabo una investigación sobre el proceso de facturación actual de la AEE en Vieques y Culebra. Esto, luego de que algunos residentes se hayan preguntado si tenían la obligación de pagar la energía eléctrica, ya que la misma no viene de la Isla Grande ni le cuesta nada a la AEE, sino que se está produciendo con los generadores y el diesel provistos por FEMA.

Sobre este planteamiento, Santos dijo no estar muy seguro, pues si se utilizara ese mismo principio FEMA, estaría invirtiendo de $1,500 a $2,000 millones para restaurar el sistema eléctrico, y eso no presupone que la gente no tenga que pagar la luz.

Ahora, como en la factura hay un renglón que se refiere específicamente a la compra de combustible, es más elocuente el señalamiento contra la AEE de cuestionar cómo se cobra un combustible que la corporación no ha comprado.

Si la medida procede y no se cobra, cuando FEMA no sea quien provea el combustible diesel, se lo van a cobrar a la gente. La pregunta es, ¿si le cobran a los viequenses por producirle su propia energía, cuánto les va a costar? Eso pudiera ser un arma de doble filo.

Santos explicó que actualmente el costo del diesel se distribuye entre el total de abonados. Si se determinara no cobrarles porque la AEE en este momento no está produciendo energía, pues, no se hace. Pero eventualmente, cuando la Autoridad pague por ese diesel, exclusivamente, los viequenses van a pagar el costo de ese combustible. Ahí es donde está centrada la trampa.

Según el expresidente de la UTIER el proyecto consiste en mantener eliminada la conexión con la Isla Grande, para forzar a Vieques a independizarse y, eventualmente, justificar la privatización de la producción de energía eléctrica.

“Si privatizan la energía, el costo va a ser tan alto que la gente pobre no la va poder pagar. Pienso que hay un proceso de gentrificación: las condiciones cada vez más precarias van a obligar a los residentes de Vieques y Culebra a moverse hacia la Isla Grande”.

El proyecto, por el que no se ha reparado el cable y que según la autoridad tomará 5 años, busca combinar la producción de energía solar y las plantas de diesel.

Este proyecto no ha sido discutido con la comunidad. Ismael Guadalupe dijo que, luego de que Santos fuera a Vieques para hablar sobre el cable y escribiera una columna de opinión explicando el problema del cable submarino, Walter Higgins fue a la Isla Municipio y dijo que el cable estaba dañado y que había que utilizar energía de carbón.

Sobre el señalamiento que hace la AEE de que la subestación está en el área marítimo terrestre, Santos dijo que puede estar reflejando cuál es la intención en lo referente a esa playa en Punta de Lima en Naguabo. Es muy probable que también esté en agenda darle esa playa a alguien y que la subestación les esté molestando.