Luego de la más reciente vista de seguimiento en la sala del juez Gustavo Gelpí, sobre la Reforma de la Policía, y a seis años de la firma del acuerdo, ya es hora de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Tribunal Federal, comiencen a ser más incisivos en relación con asegurar que se cumpla el acuerdo al que llegó con el gobierno de Puerto Rico. Miembros de organizaciones de la sociedad civil que velan por el cumplimiento de la reforma coinciden en que hay que mantener la atención pública sobre las acciones de la Policía, incluso sobre el mismo Departamento de Justicia Federal y hasta sobre el juez Gelpí.
En un relato sobre lo sucedido en la vista celebrada el pasado 20 de agosto, la directora ejecutiva de la organización Kilométro Cero Mari Mari Narváez contó que, según la Policía, del presupuesto de $20 millones anuales para la reforma, el pasado año fiscal no se utilizaron $15 millones. El dinero fue enviado al Departamento de Hacienda, supuestamente, debido a la aprobación de la Ley 26, de Cumplimiento con el Plan Fiscal, por lo que el dinero ya no está disponible para reformar a la Policía.
La directora ejecutiva de Kilométro Cero desmintió esta aseveración y afirmó que los $20 millones anuales de la reforma están protegidos bajo la ley PROMESA, sección 204. En la vista se reveló además que en el 2014, la Policía gastó $7 de sus $20 millones de presupuesto para la reforma en “gastos de viaje”. Mari Narváez denunció que el Juez hizo una pregunta retórica sobre cómo es posible que se hayan gastado $7 millones en viajes. El Lcdo. Joel Torres, abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), hizo la aclaración de que: “No fueron solo gastos de viaje, honorable Juez. También están incluidos ahí gastos misceláneos”.
Ante la expresión de estos hechos, la directora ejecutiva de Kilométro Cero, censuró que el juez pasó la página diciendo lo obvio: que de ahora en adelante había que ser más claro y riguroso con los presupuestos. “Como siempre pasa, los actos ilegales o indebidos de la Policía no tienen consecuencias”, criticó la activista por los derechos civiles. Otras revelaciones sobre las cuales llamó a la atención fueron las del coronel José Ramírez Ramos, quien está a cargo de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, división encargada de las querellas ciudadanas contra miembros de la Policía. En su presentación, Ramírez Ramos demostró un total desconocimiento sobre el Sistema de Intervención Temprana (Early Intervention System, EIS), que se supone sirva para una detección temprana de conductas irregulares que pudieran desembocar en malas conductas o ilegalidades policiacas.
Después de que Ramírez Ramos hiciera una extensa presentación en la que habló del EIS como si fuera un sistema para determinar las duraciones o términos de las investigaciones, el oficial del Lcdo. Luis Saucedo tuvo que corregirlo y explicar de manera detallada de qué se trata el EIS, tema que está incluido en los informes del monitor federal de la Policía. “Es decir, que básicamente, las personas que se supone implanten y ejecuten la reforma de la Policía, no entienden siquiera algunos de sus elementos más vitales”, expresó Mari Narváez.
La directora ejecutiva de Kilométro Cero denunció, además, que el juez Gelpí se dedicó a deponer por los deponentes y que constantemente preguntaba cosas como: “¿Y verdad que el sistema electrónico de querellas despolitizará completamente a la Policía de Puerto Rico, pues nada de lo que se incluya en esos expedientes podrá eliminarse sin una justificación?”. Sin duda, nos parece que debería evitar preguntas como esas, que dejan mucho que desear sobre un proceso que se supone sea imparcial, transparente y justo.
La activista denunció que al igual que el año pasado, el juez Gelpí adelantó que las conclusiones del informe del monitor federal sobre las acciones de la Policía el 1 de mayo de 2018 no serán para adjudicar responsabilidades, sino solo “para aprender de las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones”.
Ante esta postura del juez, entre otras expresiones, Mari Narváez reiteró su denuncia de que: “La corte federal en Puerto Rico, encargada de ‘reformar’ a la Policía, le está diciendo a los niños y niñas, a las ancianas, a las mujeres y hombres que salieron a ejercer sus derechos, y fueron atacados ilegalmente por la Policía con uso de fuerza excesiva, incluyendo agentes químicos, que eso no importa, que continúen sus vidas como si nada hubiese pasado; que la Policía de Puerto Rico puede hacer lo que quiera con usted y con la Constitución”.
La activista exhortó a los ciudadanos a continuar insistiendo en la defensa de nuestros derechos, a levantar aún más las voces y a documentar de manera minuciosa las ilegalidades de la Policía y a denunciarlas en otros foros.
Por su parte, el licenciado Josué González, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, organización que impulsó la sindicatura, también expresó a CLARIDAD: “La reforma está paralizada. Aun cuando se logró lo que tiene que ver con establecer las políticas y protocolos de todas las áreas de práctica policiaca que antes no existían, parece que la cosa va a quedar ahí”.
González también coincidió en censurar la postura de la Policía respecto al EIS: “Es evidente que la persona que fue por la Policía no entiende que el propósito de ese sistema es una detección de temprana de prácticas abusivas dentro del cuerpo”. Explicó que el programa tiene el propósito de prevenir las prácticas abusivas y hasta de salvar la misma carrera de la persona porque, si se permite que el policía mantenga una conducta abusiva de violaciones, lo más probable es que termine despedido, demandado o hasta preso.
Catalogó de escandaloso lo presentado sobre el uso del dinero de la reforma. Ante la actitud del juez Gelpí sobre lo que tenía que ver con el uso del dinero, el licenciado González reclamó que el juez debió haber sido más incisivo y, por lo menos, allí mismo citar una próxima vista para que la Policía presente un desglose especifico de cómo se están utilizando esos fondos y por qué no se están utilizando completos. Comentó que pese a que el juez manifestó su incomodidad, lo pasó por alto.
Ante la lentitud de la reforma y a la luz de los resultados en el tribunal, cuestionado sobre qué alternativa le queda a los grupos civiles, González reconoció que lo primero hay que denunciar es que ya es hora de que el enfoque vaya al Juez y al Departamento de Justicia Federal. “Yo se lo he dicho directamente a Saucedo: ya tiene que empezar a solicitar sanciones. ahora no es una cuestión de si les interesa o no la reforma. Es obvio que al gobierno de Puerto Rico y a Pesquera (se refiere al secretario del Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera) no les interesa. Pero yo creo que al Juez le debe interesar que su autoridad por lo menos se respete. Si no es la cuestión de la reforma, si ya eso quedó en segundo plano y se quiere hacer una reforma pro forma, por lo menos que haga valer su autoridad”.
González reafirmó que ni a este gobierno ni a ninguno les interesa la reforma y que a base de la postura del juez Gelpí y sobre el informe de los sucesos del 1 de mayo de 2018, es obvio que hay unas deficiencias profundas. A seis años de la reforma hay que empezar hacer más incisivos con el tribunal y el Departamento de Justicia Federal.
